El lunes 12, un par de días después de que un cuarto de millón de personas desfilaran por las calles de Berlín para expresar su rechazo al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (Ttip, por sus siglas en inglés), el tratado de libre comercio que están negociando actualmente Estados Unidos y la UE, y al Ceta, su equivalente entre los europeos y Canadá, el Observatorio Corporativo Europeo (Ceo) daba a conocer un nuevo documento que alerta sobre los peligros que corren los servicios públicos en caso de que ambos acuerdos se firmen. Estos tratados de libre comercio, dice el documento “Los servicios públicos bajo ataque”, “ponen incluso en peligro los derechos de los ciudadanos de acceder al agua, la salud o la energía, en aras de los beneficios de las corporaciones”. El Ttip y el Ceta no sólo abrirían las puertas a las empresas trasnacionales en estas áreas sino que contendrían reglas que impedirían que los estados den marcha atrás, y les “atarían las manos” si quisieran, por ejemplo, remunicipalizar servicios que hayan pasado a manos privadas. Pía Eberhardt, portavoz del Ceo, dijo al diario digital español Público que entre esos servicios estaría la educación. La Comisión Europea, señaló la activista, “ha pedido flexibilidad a los 28” países de la Unión para “abrir la educación a los mercados”. “Es lo que vamos conociendo, de a poco, porque el secretismo que rodea a las negociaciones es total y nos manejamos con filtraciones”, comentó el eurodiputado español Miguel Urbán. “Hemos podido poner algunos frenos al tratado con Estados Unidos, y hay cierto estancamiento en las discusiones; (aun así) las grandes empresas continúan haciendo lobby y los poderes políticos y financieros que apoyan estos acuerdos se las ingenian para avanzar, con sigilo, pero avanzan”, dijo otro europarlamentario, del Bloque de Izquierda de Portugal.
Eberhardt asegura que la Comisión Europea actúa de mala fe cuando afirma que “en ningún momento las actuales negociaciones comerciales con Estados Unidos pondrán en peligro los servicios públicos ni supondrán su privatización”. Aunque no haya disposiciones explícitas que obliguen a un Estado a vender tal o cual empresa pública, existen mecanismos en los acuerdos de libre comercio –en estos dos y en todos los que se están negociando– por los cuales las trasnacionales gozan de facilidades para colarse. Un caso es el de las “listas negativas”. Un país tiene libertad para incluir los sectores que quiera en esas listas, pero el resto de los socios también tiene libertad para aceptar o no esa opción, y fundamentalmente, “todo aquello que no se incluya desde el principio en una lista será susceptible de ser privatizado, sin marcha atrás posible”, señala el Ceo.
Uno de los dispositivos de estos tratados que más rechazo ha provocado en organizaciones de la sociedad civil europea es el Isds, un mecanismo de protección de inversiones que blinda a las empresas frente a los estados. En setiembre último la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, introdujo algunas modificaciones en ese mecanismo, con el sentido de “dar mayores garantías de imparcialidad” en la resolución de controversias entre estados y empresas, ya que los adversarios de los Tlc señalaban que la experiencia acumulada demuestra que en la inmensa mayoría de los casos los tribunales que entienden en estos litigios fallan en favor de los privados. El Ceo estima que las garantías ofrecidas no son tales y llama la atención sobre otro hecho: si bien el Ttip está estancado, por la resistencia que ha levantado, no es el caso del Ceta, que ha avanzado sin mayores obstáculos porque nadie le ha prestado demasiada atención al involucrar a Canadá, un país que no suscita en principio las mismas suspicacias que Estados Unidos. “No hay que olvidar –dice Eberhardt– que si se ratifica el Ceta las trasnacionales estadounidenses con filiales en Canadá podrán demandar a los estados europeos.” El Ceta ya fue firmado, y entrará “en estado de ratificación” en 2016. “Hay en ambos tratados ‘huellas claras’ de influencia de los mismos lobbies corporativos, entre ellos la poderosa patronal europea Business Europe o el Foro Europeo de Servicios, donde se encuadran compañías como British Telecommunications y el Deutsche Bank”, afirma Público citando el informe de la Ong. “El hecho de que el 83 por ciento de las reuniones –oficiales– de la Comisión Europea hayan tenido como interlocutores a las multinacionales, los e-mails filtrados en los que Bruselas les pide ‘sugerencias’ y aportaciones con respecto al Ttip, o las declaraciones públicas de estas empresas, permiten al Ceo afirmar que la relación de Bruselas con los lobbies es bidireccional, y que la Comisión los ‘estimula de forma activa’ para que participen en la redacción del acuerdo”, concluye el diario español.
La manifestación berlinesa de rechazo al Ttip contó con el apoyo de decenas de asociaciones, de algunas centrales sindicales, de partidos de la izquierda de la izquierda e incluso de la seccional socialista de la ciudad. La rama berlinesa de la socialdemocracia alemana se opone a la dirección nacional del partido, que gobierna en coalición con los democristianos dirigidos por Angela Merkel y que globalmente respalda la firma de los tratados de libre comercio negociados por la UE. Para los próximos días se espera que las marchas contrarias a los acuerdos se extiendan a otros países europeos. En España, varias ciudades gobernadas por alianzas “de unidad popular”, entre ellas Barcelona, se declararon simbólicamente “libres de Ttip”.
