La nueva fuerza política en el Estado, la coalición Cambiemos (hegemonizada por el Pro y acompañada por la Unión Cívica Radical y otras fuerzas) ha construido un gabinete de gobierno a imagen y semejanza de la fuerza social hegemónica, con ministros y secretarios de Estado que son en su mayoría ex directivos de corporaciones trasnacionales. Se despliega una novedosa “Ceocracia”.
El gobierno está decidido a desactivar las principales barreras del proyecto neodesarrollista (nacido en 2002) sin superar sus límites. Las barreras a superar son el déficit fiscal y externo (ambos crecientes), la inflación elevada, y el estancamiento e inestabilidad económica crónica. Los límites que prevalecerán son la industrialización trunca, la redistribución del ingreso estancada, y la prevalencia de la precarización extendida de las condiciones de vida y trabajo; todos ellos expresión de un proceso de desarrollo dependiente en el capitalismo periférico.
El neodesarrollo emergente de la crisis neoliberal pone al mercado (es decir, al gran capital) como principal articulador de la sociedad, a la vez que ubica al Estado como garante de las condiciones institucionales y de infraestructura económica y social que permitan la producción, apropiación y uso capitalista de la mayor plusvalía social posible. Nació a comienzos de los dos mil como respuesta a la crisis neoliberal dando cuenta tanto de sus facetas políticas como de las nuevas bases estructurales. Estas últimas fueron consolidadas en el tridente de la trasnacionalización periférica del capital, el extractivismo contaminante y la financiarización de la vida. Su faceta distribucionista (apoyada desde el Estado en su primera etapa por el kirchnerismo) fue la consecuencia de la necesidad de recuperar el control social, de contener y desarticular las demandas más radicales surgidas del seno de la lucha contra el neoliberalismo, garantizando una nueva gobernabilidad capitalista.
El gobierno del Pro viene a intensificar el ciclo neodesarrollista, creando nuevas condiciones para valorizar sus bases estructurales. El principal objetivo de mediano plazo es recuperar el crecimiento económico. Ello permitirá ampliar la base de legitimación del gobierno si es acompañado de una mejora, aun si es un leve “derrame”, en la situación económica de las familias trabajadoras. Un aumento en el empleo aparecerá como una bocanada de aire fresco, por limitado, precario o mal pago que sea, en comparación con cuatro años de estancamiento.
Para lograrlo, el gobierno del presidente Macri busca desarmar los desequilibrios que bloquean la acumulación de capital. El gobierno anterior había comenzado en este camino a partir de 2011 con un proceso de ajuste heterodoxo, que se aceleró en 2013 con la devaluación del peso y el re-endeudamiento externo. Sin embargo, ese cambio en la política económica del kirchnerismo chocó con sus preceptos distribucionistas y debilitó sus bases de apoyo. De ahí que su aplicación haya sido dispar e inconsistente, capaz de evitar el estallido de las contradicciones acumuladas, pero incapaz de relanzar el crecimiento.
Nueva política, “más justa” para el capital. El nuevo gobierno busca crear condiciones macroeconómicas “más justas” para el capital para arrancar un ciclo inversor liderado por las trasnacionales. Las primeras medidas buscan desmontar las restricciones a la entrada y salida de capitales (generando como consecuencia instantánea la devaluación del peso) y eliminar y reducir los impuestos a las exportaciones. Se busca incentivar las exportaciones primarias que son la principal fuente de dólares, mientras se crean condiciones para acelerar el ingreso de capitales sin restricciones a su salida y se recupera la capacidad de endeudamiento externo.
El impacto inmediato ha sido reducir el costo en dólares de la fuerza de trabajo, haciendo caer también el poder de compra de los ingresos del trabajo. La devaluación y la suba de precios internos acentuarán la incidencia de la pobreza y el hambre, en tanto la pérdida salarial provoca una caída en el consumo popular y en la producción de bienes de consumo masivo. Ello podrá ser compensado por el aumento de las exportaciones de alimentos y del consumo suntuario de las fracciones sociales beneficiadas por la redistribución del ingreso. En el mediano plazo, la inversión podrá subir en función de una mayor tasa de ganancia y el aumento de esa demanda. En los próximos meses la caída en el consumo de las masas acentuará el estancamiento y la pérdida de puestos de trabajo. Hacia fines de 2016 la economía podría volver a crecer, aunque al costo de una mayor desigualdad y más conflictividad. Para el gobierno entrante la pregunta es si esto alcanzará para ganar legitimidad social y política para ampliar su capacidad hegemónica. Con ese objetivo en mente, las políticas sociales universalistas, pero básicas, serán ampliadas (como viene ocurriendo desde hace años, con el apoyo del Banco Mundial y el Bid) para que garanticen niveles mínimos de ingresos pero obliguen al pueblo trabajador a seguir concurriendo masivamente a un mercado de trabajo precarizado.
Más allá del corto plazo. El proyecto de intensificación desarrollista debe ser acompañado por varios elementos que lo harán potencialmente viable como proyecto de desarrollo capitalista en la periferia, al menos hasta la próxima crisis.
Desde lo estructural, el gobierno proyecta medidas que promuevan la inversión, dando carnadura a la veta desarrollista que lo constituye. No será meramente un gobierno neoliberal, sino un gobierno que buscará crear las condiciones normativas e institucionales que permitan, con el apoyo fundamental del Estado, relanzar el crecimiento en un marco capitalista. No asistimos al ajuste estructural neoliberal sino a la intensificación del neodesarrollismo.
Desde el Proyecto Belgrano (un proyecto de infraestructura de trasporte y energía, enmarcado en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, Iirsa) hasta la política de comunicaciones (que pretende abrir a las trasnacionales un campo fértil para inversiones en tecnologías de la comunicación y la información); desde la continuidad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (con la permanencia del ministro kirchnerista Lino Barañao) en favor de las asociaciones público-privadas con fondos y recursos públicos, hasta la creación del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Energía y Minería para apuntalar el desarrollo del saqueo de las riquezas naturales, pasando por una nueva política de precios en los servicios públicos privatizados que elevará las tarifas y quitará regulaciones para inducir a la inversión. Estas iniciativas pretenden alimentar un shock de inversiones que propulsen el crecimiento.
Esta política sólo será exitosa en sus propios términos si logra reducir la inflación y mantener el dólar caro como garantes de la competitividad. Esto supone, primero, contener la emisión monetaria (reduciendo el gasto público) y encarecer el crédito para ajustar la demanda y, en paralelo, contener las demandas salariales para que los salarios suban en 2016 por debajo de la inflación. Con relación al primer punto, si bien la emisión monetaria no causa la inflación, sí puede favorecerla, pues crea condiciones de demanda adecuadas a su desenvolvimiento. En relación con el segundo punto, si bien los salarios no son la causa de la inflación, su contención sí puede ser un eficaz medio para su reducción (como ya ocurrió en 2014 cuando los salarios subieron por debajo de la inflación y ésta se redujo diez puntos porcentuales en sólo un año, al costo de una significativa caída en el consumo popular).
Por último, mucho depende de la evolución favorable de la coyuntura regional y global, algo que parece poco probable. Con Brasil sumido en recesión y los principales actores de la economía mundial con crecimiento bajo (Estados Unidos, Europa) o descendiendo (China), el contexto global no favorece las posibilidades de expansión de una economía altamente dependiente.
El gobierno que se inicia avanza con pies de plomo, en un nuevo marco, hacia la profundización del neodesarrollo capitalista en Argentina. Todo ello a un elevado costo social y –es de esperar– con un creciente costo político. Las luchas sociales contra la intensificación capitalista son incipientes. Los movimientos políticos y sociales populares están despertando de la desarticulación y letargo provocados por el kirchnerismo. El futuro se acerca, despacio pero viene.
* Doctor en economía y en ciencias sociales. Profesor Unlp. Investigador Cig-Idihcs/Conicet-Unlp. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Militante de la Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana (Comuna) en el Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional.
