Más allá de las abultadas exoneraciones tributarias –que le significan al Estado una renuncia de aproximadamente 200 millones de dólares anuales– y de los exiguos salarios mínimos que figuran en los laudos (véase Brecha, 15-I-16), varios casos de gestiones problemáticas en la enseñanza privada han cobrado notoriedad en los últimos meses. El caso del colegio Varela fue el más resonante, quizá por su larga historia, sus importantes dimensiones y por su vertiginoso desenlace.
Cuando el 30 de diciembre se les comunicó a los 432 funcionarios que serían enviados al seguro de paro, prometía ser el principio del fin. Fue entonces que comenzaron las negociaciones entre el sindicato y la dirección de la institución para que los daños fueran los menores posibles. Pero a medida que los días pasaban el horizonte se oscurecía. El 14 de enero la Sociedad Uruguaya de Enseñanza (Sue), propietaria del colegio, reunida con representantes de los trabajadores, anunciaba la cesación de pagos y el inminente cierre.
Aparecieron entonces otros actores: los padres de los estudiantes, con el apoyo de los ex alumnos, ofrecían un proyecto alternativo de gestión, bajo el cual el colegio podría reabrir en tiempo y forma antes de que la Anep le revocara la habilitación. El lunes último, luego de dialogar con los padres, devenidos en protagonistas de la historia, y aceptar sus condiciones de control sobre la gestión, la Sue aprobó el proyecto, y el 1 de febrero el Varela reabrirá, en medio de las dudas sobre cuáles serán los pasos a seguir.
Abriendo el juego. El colegio nacido hace más de 70 años es propiedad de la Sue, cuyos integrantes deben tener antigüedad en la institución, ser presentados por otros miembros y además abonar una cuota. Los padres y funcionarios en pocos casos llegan a formar parte de este grupo, pero el proyecto aprobado por la asamblea de socios de la Sue plantea cambios en los requisitos para su integración, con el fin de flexibilizar la entrada de nuevos actores.
La importancia de la transformación reside en que hasta el momento los padres pueden dialogar y asesorar a la comisión directiva de la institución, pero no tienen incidencia formal. “Una nueva comisión interina fue elegida el lunes, luego de que la que gestionaba hasta ese momento presentara su renuncia”, explicó a Brecha Ignacio Porras, vocero de la Comisión de Padres. Pero esa nueva directiva no está integrada por ellos. “De todas maneras el diálogo con el grupo nuevo es bueno, mantuvimos varias reuniones y sé que los que son ex alumnos los conocen”, apuntó Porras. Consultado sobre la posibilidad de que el colegio Elbio Fernández absorbiera al Varela, explicó que eso nunca se terminó de negociar: “Fue un traspié de la comisión directiva en un intento por salvar algo que no se va a dar, más allá del interés del Elbio”.
El proyecto de los padres, aprobado por la asamblea de la Sue, implica una reestructuración del funcionamiento, con la posible eliminación de un abundante número de cargos de confianza, una reducción de la masa salarial de alrededor del 29 por ciento y un control de la gestión contable. Además propone eliminar el alquiler de uno de los locales de la costa y tramitar una extensión del plazo de pago de las deudas con el banco Heritage.
La propuesta, basada en el estudio de los padrones de los inmuebles y en los balances hasta diciembre de 2015, tiene como escenario posible un alumnado de aproximadamente 900 jóvenes y niños y una importante captación de los “congelados” –alumnos cuyas familias han pagado la anualidad e incluso más años–. Este tipo de familias pagarían durante 2016 y el derecho generado por el pago se gozaría en 2017.
CONTENTOS PERO CAUTELOSOS. Así se encuentran los trabajadores sindicalizados del Varela, según comentó a Brecha Rocío Hernández, representante del colectivo. La posibilidad de mantener los puestos de trabajo “es una alegría, pero la propuesta a ciegas, como está, no podemos ni criticarla ni defenderla”, dijo en referencia a la falta de detalles sobre la forma de solventar el proyecto durante el año.
Los posibles despidos y la reducción de la masa salarial también les inquietan, pues no se ha establecido el número de funcionarios que se necesitarán por no saber con certeza cuántos alumnos tendrá la institución. “Hasta el momento tuvimos una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), pero fue introductoria. Definiciones no hay”, contó Hernández, y anunció que hoy se realizará una nueva reunión.
El seguro de paro es otra de las cuestiones irresueltas. Según las normas vigentes, las instituciones educativas no pueden enviar a sus docentes al seguro de paro durante el receso de verano. Como esto no se cumplió, la mayoría de los funcionarios no lo cobra. A esto se suma el hecho de que varios profesores trabajan en la educación pública, lo que también les imposibilita cobrar el seguro. A propósito de esto Hernández dijo que tramitaron una excepcionalidad que contemple estos casos, y el Ministerio de Trabajo lo aceptó, aunque hasta ayer el Bps no había recibido la orden de pagarles.
Lilián Gilardoni, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, admitió su preocupación por la incertidumbre y habló sobre las reducciones salariales: “No vamos a aceptarlo, lo que sí puede darse es un préstamo que hagan los trabajadores de su sueldo, pero que se pague más adelante”. Además recordó que hay aspectos que se están olvidando, como es el caso del edificio de la costa que dejarían de alquilar. “No es posible porque por un tema de horarios y espacios la Anep no te mantiene la habilitación si el instituto no cuenta con los recintos correctos, por tanto algo más van a tener que alquilar, y ese gasto no está contemplado”, dijo, para luego subrayar el desconocimiento sobre qué cargos van a ser eliminados. A propósito de esto, Porras, de la Comisión de Padres, apuntó hacia los cargos medios de coordinación y no hacia los docentes ni la mayoría de los funcionarios: “Nosotros queremos cuidarlos, ellos nos apoyaron y nosotros vamos a hacer lo propio. Nuestros hijos los quieren porque ellos los cuidan, en algunos casos les tienen adoración”.
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Llamando a las puertas de Novick
Inversiones frustradas
Hay quienes piensan que una forma práctica de salvar a una empresa es mediante la inyección de capitales, a través de un inversor que crea que a pesar de los momentos de crisis esa institución tiene futuro. El representante de la Comisión de Padres Ignacio Porras descartó esta posibilidad por dos motivos: porque no han aparecido interesados y porque tampoco es “deseable” recurrir a medidas que no sean estrictamente necesarias e involucren a más actores.
Pero antes de que la nueva directiva de la Sue coordinara con el grupo de padres mucha agua había corrido bajo el puente. Liliana Gilardoni (Sintep) contó a Brecha que luego de que el colegio se declarara en cesación de pagos, un inversor interesado se comunicó con ellos para ofrecer alrededor de 3 millones de dólares a tasas de interés muy bajas. “Nos pareció muy raro, en lo primero que pensamos fue en el lavado de dinero”, apuntó. Y no estaban mal rumbeados: “Le pasamos el contacto al grupo de padres, y una de las madres, abogada dedicada a los temas de lavado, terminó averiguando que el tipo tenía antecedentes”.
Pero la Sue también hizo sus propios movimientos con el objetivo de captar interesados. El rumor de que el empresario devenido en político Edgardo Novick estaba por comprar parte del colegio empezó a trascender en círculos de la educación, e incluso se habló de la vinculación del dirigente y el colegio con la masonería. Consultado por Brecha, el líder de la Concertación reconoció que fue contactado por alguien de la Sue para convencerlo de hacer esa inversión, pero que “la conversación duró 30 segundos”. El ex candidato a intendente explicó que no tiene ninguna vinculación con el Varela y que rechazó rápidamente la propuesta: “No quiero hacer más negocios, ni con el Varela ni con nada. De ahora en adelante voy a dedicarme totalmente a la carrera política”.
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