Del conjunto de medidas dado a conocer por el Poder Ejecutivo, la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Caja Militar), dependiente del Ministerio de Defensa, fue de las pocas que no recibió cuestionamientos y hasta es señalada como positiva tanto en el Frente Amplio (FA) como en el Pit-Cnt. En parte porque ha sido largamente reclamada, prometida y esperada.
El historial de intentos comenzó en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti con la aprobación de la ley 16.713, que creó el actual sistema previsional. En su primer artículo establecía, amparado en el principio de universalidad, que el Ejecutivo debía enviar al Parlamento proyectos de ley que establecieran nuevos regímenes para las cajas estatales (Policial y Militar) y paraestatales (Bancaria, Profesional y Notarial). La Caja Militar –y sus privilegios– es la única que no se ha intervenido hasta ahora. En 2002 el ex presidente Jorge Ba-tlle remitió una iniciativa que, entre otras cosas, ponía topes a las jubilaciones y pensiones, pero nunca fue aprobada.
En el primer gobierno del FA, Tabaré Vázquez concretó las reformas previsionales de la Caja Bancaria y de la Caja Policial con la aprobación de dos leyes en 2008, pero dejó pendiente la Militar. Durante la siguiente administración frenteamplista, el entonces ministro de Defensa Luis Rosadilla afirmó, en un borrador interno al que accedió Brecha en noviembre, que la modificación de la Caja Militar “es una tarea que el actual gobierno tiene el compromiso de encarar”. Pero mediante una orden expresa el ex presidente José Mujica la postergó por un período más, luego de que Eleuterio Fernández Huidobro asumiera como titular de la cartera, puesto en el que permanece.
En octubre, ya en la actual administración, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, defendió la reforma durante una comparecencia en la Comisión de Presupuesto del Senado, unos días después de que el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, la calificara de “inaceptable” en una comunicación “interna y reservada” de la que informó El País, basado en los contenidos de un borrador publicado por Búsqueda.
El lunes 30 el ministro de Economía, Danilo Astori, aseguró que el proyecto de reforma de la Caja Militar está “avanzado” y que el objetivo es que la ley quede aprobada este año. En 2015 el aporte de rentas generales a dicha caja fue de 400 millones de dólares, lo cual, en palabras del titular del Mef, “excede las posibilidades del país y de esta etapa que está viviendo”. Las respuestas desde filas militares han sido, hasta el momento, cautas. Abordado por la prensa, el encargado de comunicaciones del Ejército, Yamandú Le-ssa, dijo la semana pasada que “la tarea” se está realizando a través del mencionado Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, y que “se confía en las gestiones que está realizando el Mdn”.
El titular interino de Defensa, Jorge Menéndez, declaró que la reforma general de la Caja Militar regirá desde el 1 de enero de 2017, y también que constituirá un proyecto de ley “aparte” de la rendición de cuentas, lo cual fue ratificado ayer por Vázquez. “El objetivo (…) es hacerlo en un tiempo acotado, que sea similar a los tiempos de la propia rendición, y en este momento existe un equipo trabajando, integrado por Economía, Trabajo y las propias propuestas del Mdn, y también de la caja de retiros militares, porque esta debe ser una reforma de carácter inclusivo, que tenga en cuenta todas las posibilidades. (…) Obviamente el objetivo es hacer una reforma que sirva al Estado y a la sociedad uruguaya en su conjunto. Cuando hablo de la sociedad, hablo de todos los uruguayos”, valoró Menéndez.
MODIFICACIONES. La asistencia financiera a las jubilaciones militares –400 millones de dólares en 2015, según el Mef– creció casi siete veces entre 2000 y 2014; y cuatro veces desde el primer gobierno del FA, de acuerdo a los datos aportados a Brecha por la Contaduría General de la Nación (véase cuadro). Una de las propuestas del Mef para reducir en el corto plazo tamaño déficit es aplicar un nuevo impuesto a las pasividades de los uniformados, simultáneo al impuesto de asistencia a la seguridad social (Iass). De acuerdo a la información recabada por Brecha, es similar al Irpf por su aplicación progresiva, y su monto no imponible es, en principio, equivalente al del Iass, es decir, 26.720 pesos, aunque “el espíritu” es apuntar a las pasividades más altas.
De este modo Rentas Generales buscará recaudar entre 35 y 50 millones de dólares: alrededor de un 10 por ciento de los dineros que anualmente debe volcar para financiar el sistema jubilatorio de los militares. En filas del gobierno se establece un paralelismo entre esta nueva carga impositiva y la contribución pecuniaria de los pasivos bancarios, creada para favorecer a su Caja en la reforma de 2008. Al menos una parte del Ejecutivo parece estar dispuesto a incluir el nuevo tributo en la rendición de cuentas y no en el proyecto general de reforma, lo cual será considerado en el Consejo de Ministros del lunes.
Estos y otros privilegios castrenses están previstos en las denominadas “leyes comparativas”, aprobadas en distintos gobiernos (incluido los frenteamplistas), que el Mef pretende derogar como segunda medida para reducir el déficit de la Caja Militar en el corto plazo, y recaudar de esa manera un estimado de entre 3 y 10 millones de dólares.
Para la disminución del gasto en el largo plazo hay varias propuestas sobre la mesa, pero aún no hay acuerdo en el grupo de trabajo, conformado por Economía, Defensa y Trabajo. Una de las que generan resistencia es la de mantener la bonificación que permite computar siete años por cada cinco de servicio, por riesgo de la función, sólo para aquellos mandos que lo ameriten (efectivos que participan en misiones de paz, se desempeñan como buzos o paracaidistas), como se establece para los policías.
Otros aspectos en discusión son cómo se realizará la transición entre el actual régimen y el nuevo, y cuáles son los requisitos generales para el retiro, en particular la edad y los años de servicio. No obstante, se buscará utilizar criterios similares al sistema previsional de civiles y policías. En ese sentido, una posibilidad es que el monto jubilatorio sea un promedio salarial de los cinco últimos años de servicio. También se maneja establecer un tope –como tiene el resto de los pasivos uruguayos– que rondaría los 70 mil pesos, incluso por encima del límite de la jubilación común de los civiles, fijada, de acuerdo al sitio web del Bps, en 53.448 pesos.
