“Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”, sostenía en uno de sus párrafos la “Carta abierta a la junta militar” que Rodolfo Walsh alcanzó a despachar el 25 de marzo de 1977, en un buzón de correo en el cruce de las avenidas Callao y Entre Ríos, en Buenos Aires, minutos antes de caer por una ráfaga de ametralladora. Las copias llegaron a manos de corresponsales extranjeros y medios locales y hoy constituye una joya periodística de los años de plomo en Argentina.
Este sábado se cumplen 40 años del asesinato de quien es considerado creador del género periodismo de investigación en Argentina. Antes de ser acribillado por marinos de la Esma, Walsh dirigía la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla) donde junto a un pequeño grupo de colaboradores daba a conocer las atrocidades de la dictadura militar. Pero fue con su trabajo Operación Masacre, sobre los fusilamientos de militantes peronistas en 1956, que se convirtió en periodista de investigación. En 1959 ya estaba en Cuba para la fundación de la agencia Prensa Latina al amparo del Che Guevara y de su amigo Ricardo Masetti.
Una prosa ascética y vigorosa caracteriza las obras de Walsh, como Un kilo de oro, ¿Quién mató a Rosendo? y los cuentos policiales Variaciones en rojo.
“Ese periodismo de investigación que hacía Walsh está lejos de lo que hoy proponen los grandes medios concentrados”, señala a Brecha Eduardo Jozami, autor de Rodolfo Walsh. La palabra y la acción, la biografía más completa sobre el periodista.
“El legado periodístico de Rodolfo hoy está del lado de las organizaciones sociales que buscan visibilizar lo que el gobierno no quiere mostrar”, apunta Jozami.
Y es que desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, sus funcionarios se han empecinado en restarle importancia a la memoria del golpe del 24 de marzo de 1976. Primero fue el director del teatro Colón, Darío Lopérfido –ya despedido– quien aseguró que “no hubo 30 mil desaparecidos. Esa cifra fue inventada por los organismos de derechos humanos”. Después el jefe de la Aduana, Juan Gómez Centurión, un ex militar cuya frase “no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras” generó estupor. También cargó contra la cifra de desaparecidos, desmintiendo a la justicia de los últimos 32 años: “no hubo un plan sistemático de desaparición de personas”. El último intento oficial fue el decreto de Macri para cambiar la fecha del aniversario del golpe y trasladarla al lunes 27 de marzo, pero la presión de los organismos de derechos humanos lo obligó a desistir.
“Este gobierno está mostrando la poca simpatía que tiene por la fecha y por los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país”, señala Jozami, también referente de la centroizquierda, los organismos de derechos humanos y docente de la Universidad de Buenos Aires. “Macri está midiendo hasta dónde puede avanzar y arrasar con la memoria, por eso este viernes el acto va a ser también una medida para mostrar al gobierno la fortaleza del movimiento que impulsa la consigna memoria, verdad y justicia”, agrega.
Este viernes en todo el país se conmemoran los 41 años del golpe militar, con actos en todo el país. En Buenos Aires los organismos de derechos humanos, partidos políticos de centroizquierda e izquierda, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una concentración en la Plaza de Mayo bajo la consigna “Son 30 mil y fue un genocidio”. Un eslogan cuya contundencia refleja la férrea oposición al posicionamiento del actual gobierno.
En la misma semana del aniversario del golpe el Ministerio Público Fiscal dio a conocer el informe sobre la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad desde 2006, en el que queda clara una disminución de las condenas en los últimos dos años: de cada diez imputados sólo tres tienen sentencia y uno solo la tiene confirmada por la Cámara de Casación. Según el documento publicado el martes 21, sobre 2.780 acusados entre militares y civiles, sólo 750 fueron condenados y ya hay 1.149 imputados en libertad contra 1.049 que permanecen detenidos a la espera de juicio. “Esta política de liberar a los imputados fue inaugurada por el gobierno de Cristina Fernández, y profundizada por Macri. Cualquier militar con certificado médico sale de la unidad carcelaria y se va a su casa sin más trámite”, señala a Brecha, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh.
El sábado 25 de marzo la agrupación Hijos-Buenos Aires marchará a la que fuera la última casa de Walsh en la localidad de San Vicente, 30 quilómetros al sur de la capital, para recordarlo. “La casa se mantiene casi intacta como en los días que la habitó mi padre. Al día siguiente de su muerte, los marinos llegaron hasta la casa, la bombardearon, se llevaron todos los muebles y los papeles y escritos de mi padre entre los que se encontraba el cuento ‘Juan se iba por el río’, que nunca pudimos recuperar. Hoy la casa está usurpada por la familia de un policía bonaerense que en esos días cumplía servicio en una comisaría de la zona”, agrega Patricia Walsh.
