Todo indica que el empresario y político Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson (Cam-virey SA), volverá este viernes a Uruguay. A diferencia del primer anuncio, que no cumplió, esta vez fuentes judiciales sostienen que su entrega es un hecho. Como sea, dado el avance de la investigación, es difícil que su declaración lo salve de un procesamiento.
La noticia sobre el regreso del prófugo desde Estados Unidos explotó ayer al mediodía entre la prensa apostada frente a la sede penal de décimo turno de Maldonado. El juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli interrogaban a más indagados en el marco de unas treinta denuncias contra Sanabria por apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo y estafa. El magistrado está abocado a definir “coautorías”, porque sobre la responsabilidad de Francisco Sanabria no parece haber dudas, según los testimonios y la documentación procesada en el último mes, indicaron a Brecha fuentes de la investigación. Además, la prueba recabada permitió determinar que connotados políticos y profesionales de Maldonado depositaban sumas superiores a las autorizadas para el pago de facturas o expensas. Es el caso del dirigente nacionalista Rodrigo Blás, operador inmobiliario que además preside la Junta Departamental y el Partido Nacional en Maldonado, y del diputado colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), secretario general del Partido Colorado y de quien Francisco Sanabria fue suplente hasta que renunció, horas antes de fugarse a Miami.
Blás fue mencionado por trabajadores del cambio como un asiduo “cliente Vip” que no hacía transacciones por ventanilla sino que tenía acceso al denominado “tesoro” de la casa cambiaria. La inmobiliaria Blás Propiedades –que maneja el edil desde la muerte de su padre, varios años atrás– integra el listado de depositantes del cambio con más de 50 mil dólares, a los que aludió el presidente del Bcu, Mario Bergara, cuando compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado, el 16 de este mes. La documentación compromete al dirigente herrerista, destacada figura de Luis Lacalle Pou en Maldonado, quien en 2014 fue denunciado por la Dgi ante Crimen Organizado por defraudación tributaria a través de su inmobiliaria. El caso permanece congelado desde que el abogado Enrique Moller interpuso un recurso ante un tribunal de apelaciones, que aún no se expidió.
En tanto, los testimonios también complican al diputado Germán Cardoso, uno de los primeros en declarar ante la justicia. El legislador se presentó voluntariamente ante el juez y el fiscal para ponerse “a su disposición”, negar su participación en los negocios de Sanabria y deslindar las operaciones del cambista de la actividad política. Sin embargo, días después trascendió que Francisco Sanabria fue el principal contribuyente en su campaña electoral, y en la última semana varios testigos relataron a Souto que Cardoso era otro de los visitantes que accedían al “tesoro” y hacían depósitos en el cambio. Aunque estos hechos quedan fuera de la investigación de la sede penal fernandina, si se prueban delitos precedentes de lavado de activos, el expediente pasará a la justicia especializada en crimen organizado en Montevideo, donde probablemente los legisladores deban dar cuentas, levantamiento de fueros mediante.
Por lo pronto, en las próximas horas todo se circunscribirá al regreso del empresario prófugo. Apenas aterrice en el Aeropuerto de Carrasco, Sanabria será detenido por la Policía y conducido a la sede penal de Maldonado, que tendrá 48 horas para expedirse.
