Durante las administraciones frenteamplistas (2005-2015), la Idm batalló contra privados, prácticamente sin apoyo del gobierno nacional, en casi veinte litigios judiciales por la propiedad de padrones ubicados sobre la costa. Su política sentó jurisprudencia: las leyes establecen que la franja costera de 150 metros de ancho es una zona de dominio público y como tal no puede ser objeto de derecho de propiedad por parte de los particulares, salvo excepciones vinculadas con el momento en que las tierras pasaron de dominio estatal a dominio privado.1 Sobre esa base, la administración de izquierda ganó juicios millonarios –el leading case es Punta Colorada, donde desde hace décadas estaban en disputa 18 hectáreas costeras– y aspiraba a seguir el mismo camino con otros litigios y recursos administrativos en curso cuando perdió el gobierno, en 2015.
Sin embargo, con la llegada del nacionalista Enrique Antía a la Idm, esa política de defensa del espacio playero público cambió, según surge de expedientes municipales y judiciales a los que Brecha accedió. El criterio economicista que enuncia el intendente blanco, desde el inicio de su gestión, prima también en estos casos: prefiere detener las demandas o recursos contra la Intendencia para negociar con los privados, al argumentar que no hay chances de ganar. De hecho, los abogados municipales que hicieron punta con buenos resultados en anteriores administraciones (liderados por la avezada abogada nacionalista Bethel Rodríguez hasta su fallecimiento, en 2012) han sido asignados a casos de menor envergadura, y las transacciones extrajudiciales se remiten a funcionarios de confianza del intendente.
La tónica del actual gobierno es que las transacciones extrajudiciales se hagan en reserva, sin dar cuenta a la Junta Departamental y dilatando la publicación de sus resoluciones por el mayor tiempo posible, según ha denunciado la oposición en el Legislativo.
El resultado más reciente de esta política tomó estado público el martes 25, en la Junta. El edil colorado Eduardo Silvera informó que la Intendencia volverá a emitir la planilla de contribución inmobiliaria a cuatro padrones costeros (924 a 927) en Edén Rock, balneario ubicado en inmediaciones de la boya petrolera de José Ignacio. La resolución fue firmada por Antía el 2 de junio a cambio de que el presunto propietario Jorge Cristian Rey desistiera de la “demanda declarativa” que presentó contra la Idm en 2011, sostuvo el edil. Para Silvera, que es abogado, Rey tenía “ínfimas” chances de ganar porque había otros juicios similares con fallos favorables a la Intendencia. De hecho, días después de esa resolución, dos sentencias judiciales a las que accedió Brecha dieron razón a la Idm en acciones similares iniciadas por padrones contiguos a los de Rey, también en Edén Rock: una de primera instancia salió el 16 de junio y desestimó el reclamo de Axis Investment Corp por el padrón 928; la otra, definitiva y fechada el 15 de ese mes, rechazó la pretensión de los sucesores de Miguel Teubal por el padrón 929.
Respaldado por su bancada y por la del Frente Amplio, Silvera sostiene que todavía es posible anular la decisión de Antía sobre el reclamo de Rey. Una alternativa es que el Ministerio de Economía, también demandado como propietario estatal, insista en el dominio público de los padrones. Esta semana hubo maratónicos contactos para que la cartera responda dentro de los plazos legales. Otra chance en evaluación es ampararse en el artículo 303 de la Constitución, que permite a los ediles impugnar decisiones “ilegales” del gobierno departamental ante la Cámara de Diputados. Así que, en estos días, los partidos de la oposición de Maldonado están abocados a recuperar esas ocho hectáreas de faja costera de Edén Rock.
MISTERIO EN MACRILANDIA. Entretanto, una acción “declarativa de propiedad” presentada en 2013 por la firma Rocío SA contra la Intendencia y varios ministerios por una fracción del padrón 2598, ubicado junto al complejo Terrazas de Manantiales, fue archivada el 7 de julio, según revela el expediente 290-78-2013 consultado por Brecha en el Juzgado Civil de Sexto Turno de Maldonado. Las actuaciones estaban suspendidas desde noviembre de 2016 a pedido de la Intendencia y de la empresa demandante, que presentaron un escrito conjunto. “Encontrándose en trámite administrativo tratativas entre ambas partes tendientes a la autocomposición extrajudicial del litigio en curso, ambas partes entienden pertinente solicitar a la sede la suspensión del curso de los plazos de este proceso por el lapso de treinta días”, indica el documento firmado en octubre de ese año por la abogada Cecilia Freira en representación de Rocío SA y por el abogado Guillermo Ahlers en representación de la Idm.
Lo llamativo del caso es que en el expediente municipal, a cuyas actuaciones también accedió este semanario, abundan los informes de las divisiones Notarial, de Catastro y de Jurídica respecto a que la fracción reclamada por los Macri –identificada como “Terreno L” y parte del padrón 2598– está ubicada dentro de la faja de ribera especial de 150 metros y por tanto es de dominio público. Incluso, siempre de acuerdo a la documentación, la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, dejó sentado que la detención del juicio se hacía “por orden verbal” de Antía.
Por otra parte, antes de interrumpirse el proceso judicial, los abogados de la Intendencia habían demostrado que la demanda presentaba errores e incluso en una audiencia complementaria el presidente de Rocío SA, Juan Ramón Garrone, admitió que el reclamo no correspondía. Garrone –directivo de la empresa Iecsa SA, que perteneció al clan Macri hasta marzo de este año y es investigada en Argentina por presunta evasión y coimas por obras públicas–2 declaró por Rocío en la sede civil fernandina el 28 de marzo de 2016.
A la luz de los hechos documentados, este semanario llamó y dejó mensajes a Graziuso para conocer los términos de la negociación, pero la jerarca no contestó. Tampoco el intendente quiso referirse al tema: “Ni idea del asunto. Haz tu trabajo tranquila”, respondió a esta cronista en un mensaje de texto.
VIAJE HACIA EL MAR. Cabe contextualizar que el litigio de Rocío SA contra la Intendencia tiene antecedentes administrativos y judiciales vinculados a los intereses de Odelpark SA, propietaria del Selenza Village & Hotel, que se desarrolló al norte de la ruta 10, en predios contiguos a los adquiridos hace décadas por el multimillonario ítalo-argentino Franco Macri. Y para eso hay que hacer un poco de historia.
El padre del actual presidente argentino plantó bandera en 1976 con la compra de tierras circundantes al manantial que fluye a la altura del kilómetro 164 de la ruta 10. Los terrenos ubicados al norte y al sur de la ruta fueron adquiridos a través de Socma SA, firma madre del grupo empresarial de los Macri. Dos años después, Franco Macri fraccionó y vendió padrones ubicados al sur a la firma Rocío SA, creada especialmente por él para tal fin. Allí, construyó el complejo residencial Terrazas de Manantiales, que fue autorizado por la Intendencia en 1984 y se convirtió rápidamente en un emblema del balneario, tanto por su arquitectura de ladrillos vistos como por las fiestas findeañeras de la familia que, por décadas, congregarían al jet set argentino. Hacia el año 2000 el magnate edificó, al norte de la ruta 10, un resto-pub de enormes dimensiones que denominó Cultural Manantiales y al que trasladó las espectaculares fiestas donde los famosos invitados siguieron desfilando bajo flashes de las revistas del corazón y fuegos artificiales. Pero el lugar estaba llamado a un mejor negocio y en 2005 el grupo comenzó a desarrollar el fraccionamiento y condominio Terrazas del Cultural. Al frente del emprendimiento estaba Martín Rodríguez Etcheto, quien en Argentina dirigía la desarrolladora inmobiliaria Creaurban SA, otra empresa del grupo Macri de la cual se desprendieron en marzo pasado.3
En 2007, atraídos por el boom de emprendimientos inmobiliarios al este del arroyo Maldonado, llegaron a ese enclave la ex modelo Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier (Vamagra SA) con el Grupo Rayet, de España, interesados en explotar una franquicia de los hoteles Selenza. Parte del proyecto edilicio dependía del “Terreno L” que en los planos aparecía como propiedad de Rocío SA. Por allí debía pasar la tubería a través de la cual Selenza extraería agua de mar para su exclusivo centro de talasoterapia y allí, además, desembocaría un pasaje peatonal subterráneo diseñado para que los usuarios del complejo llegaran a la playa sin atravesar la muy transitada ruta 10. Así que, según consta en los expedientes consultados por Brecha, en octubre de 2010 Odelpark SA presentó un escrito solicitando a la Idm que se expidiera sobre la naturaleza del terreno. Esa fue la primera vez que los abogados de la Intendencia comenzaron a hurgar en las escrituras y títulos de Rocío SA, de acuerdo a la documentación consultada para este artículo, para concluir que el “Terreno L” era de dominio público. Así que los Mazza-Gravier, amigos y seguidores de Mauricio Macri, tuvieron que resignar tanto el pasaje subterráneo como el centro de talasoterapia del Selenza, que habían promocionado por lo alto.
No obstante, el debate por la propiedad del predio continuó. Para el verano de 2012 la Intendencia autorizó la construcción de una pasarela de madera que conducía al parador desmontable del Selenza y que cruzaba por la fracción playera en cuestión. Entonces Rocío SA planteó una “acción de posesión y cese de turbación” para que el gobierno departamental quitara la estructura que invadía la presunta propiedad del condominio Terrazas de Manantiales. Las inspecciones oculares y los alegatos de ambas partes –integradas al expediente 279-78-2013– se sucedieron durante el verano, pero la jueza no llegó a expedirse porque la estructura se levantó al final de la temporada y Rocío SA desistió de su acción. Casi enseguida, el 12 de abril de 2013, la firma radicó la demanda por “declaratoria de propiedad” archivada el mes pasado por la jueza María Constanza Farfalla tras vencerse los plazos para mover el expediente. Funcionarios judiciales explicaron a Brecha que el litigio podría reabrirse si alguna de las partes se lo propone antes de cumplir el año de suspendido (en noviembre próximo), aunque está claro que la intención del Ejecutivo Departamental es negociar. Entretanto, meses atrás los desarrollistas del Selenza volvieron a sondear la posibilidad de retomar el viejo proyecto hacia el “Terreno L” pero, de acuerdo a información recabada por este semanario entre fuentes de la Junta, Antía dijo “nones”. No porque crea que esa fracción es pública, sino porque también el empresario Sergio Grosskopf había propuesto una pasarela subterránea para el proyecto que levantará –con excepciones a la normativa– en Playa Mansa y le fue denegado. Como el intendente no contestó al requerimiento de Brecha, no fue posible confirmar este extremo ni develar las condiciones de la misteriosa negociación con la empresa del grupo macrista Rocío SA.
- Véase “La guerra de las playas”, Brecha, 9-VIII-13.
- Véase La Nación, 14-XII-16.
- Véase “El primo del presidente Macri vendió todas sus empresas en el país”, Infobae.com, 17-III-17.
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Casualidad o no
El abogado Hugo Álvez, que en 2016 reingresó a la Intendencia de Maldonado (Idm) tras un dudoso arreglo extrajudicial con Antía, patrocinaba a privados que todavía exigen la propiedad de predios en balneario Buenos Aires. Se trata del grupo Lenore SA, coorganizador de la polémica fiesta Corona Sunset realizada el verano pasado sobre las dunas.
El equipo de elite armado por Antía en Asuntos Legales tiene en sus filas al abogado Hugo Álvez, destituido en 2012 por Óscar de los Santos y reintegrado en junio de 2016, tras firmar con el intendente blanco, casualmente, un acuerdo extrajudicial que hoy está en la mira de una comisión investigadora de la Junta Departamental por presuntas irregularidades. Ese convenio implicó una indemnización de casi 600 mil dólares para Álvez, a cambio de retirar la “acción reparatoria patrimonial” que había iniciado contra la Idm al ser separado del cargo. Del expediente municipal surge que la administración no negoció el monto: contempló todos los puntos reclamados por el funcionario, incluyendo una importante suma destinada a honorarios de sus abogados, entre los que figura el actual prosecretario de la Idm, Álvaro Villegas.
Álvez es convencional nacional del sector lacallista Aire Fresco y convencional departamental de la lista 20, que llevó como candidato a la Intendencia al empresario inmobiliario Rodrigo Blás, actual presidente de la Junta, denunciado ante crimen organizado por evasión fiscal en la venta de un fraccionamiento.
Mientras batallaba para volver a la Intendencia, Álvez patrocinó a empresarios que todavía reclamaban la propiedad de predios sobre la costa de Balneario Buenos Aires. “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, repetía en rondas mediáticas, como representante de Lenore SA. Este grupo empresarial, integrado por inversores argentinos y uruguayos, compró cientos de padrones en la zona, pero la administración de Óscar de los Santos se negó a emitirles planilla de contribución inmobiliaria a los ubicados dentro de la faja de 150 metros. En setiembre de 2013, Álvez dijo a El País y a FM Gente que Lenore pretendía negociar la restitución de la planilla a cambio de entregar a la Idm tierras gratuitas para regularizar predios ubicados al norte de la ruta 10. “A todo el mundo le conviene que esto se resuelva de esta forma y no con un juicio, que es el camino más largo”, advirtió entonces.
Cuatro años después, Lenore SA encuentra a su ex patrocinante como figura destacada en el área de Jurídica y quizás ese vínculo previo explique por qué Antía autorizó y defendió con tanto énfasis la megafiesta Corona Sunset de enero pasado, contra la opinión de la Dinama: Lenore SA figura como “propietaria” de la playa donde se realizó el espectáculo que dañó tres cuadras de dunas. Ante la negativa de los jerarcas municipales a atender los llamados y mensajes de Brecha, fue imposible establecer en qué se encuentran las tratativas por la propiedad de tierras sobre la costa de Balneario Buenos Aires que patrocinaba Álvez en forma particular.
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