Vista de lejos, la situación en Israel y Palestina, con la creciente ocupación y colonización israelí de los territorios palestinos, se nos manifiesta en incidentes más o menos violentos que los medios refieren. De vez en cuando el conflicto, que lleva 70 años de existencia, toma la forma de actos de resistencia de los palestinos, seguidos de represalias del ejército israelí. Entre dos episodios de enfrentamientos, la lucha sigue bajo formas variadas y pacíficas. Junto a numerosas organizaciones políticas, en la sociedad civil palestina existen Ong que trabajan con asociaciones internacionales, como Amnistía Internacional, por citar la más conocida. Esta actividad se desarrolla bajo la amenaza especialmente perversa de la detención.
TRIBULACIONES DE SALAH HAMOURI. El 23 de agosto pasado Salah Hamouri, un militante de 32 años de la Ong Addameer (“Conciencia” en árabe) festejaba la culminación exitosa de sus estudios de abogacía. La noche siguiente el ejército israelí lo detuvo en su casa en Jerusalén Este con el pretexto de pertenecer a “una organización política enemiga”, y por ende prohibida, y lo condujo a un centro de detención. Un juez interrogó a Hamouri durante apenas 20 minutos, y luego quedó detenido en condición de aislamiento. No se presentaron ningunas pruebas precisas en su contra.
Mientras Salah Hamouri clamaba por su inocencia, a sus abogados no se les permitió conocer el expediente con la acusación, con el argumento que las pruebas son “secretas”. Comenzó entonces una interminable espera por la decisión del juez, que fue constantemente postergada. Mientras, los abogados de Salah recibieron una promesa de puesta en libertad bajo fianza, por la que Salah debía ser liberado el martes 29 de agosto. Ese día, cuando su padre pudo reunir la suma de la fianza, por orden del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman (de extrema derecha), el tribunal ordenó que Salah estuviera en “detención administrativa” durante seis meses. Luego, el martes 5 de setiembre se supo que un juez había rechazado la orden del ministro y decidido infligir a Salah tres meses de cárcel. Así seguía tardando la decisión, hasta que el desacuerdo entre este juez y el ministro fuera zanjado por la Alta Corte de Justicia, que finalmente resolvió retirarse del caso y dejarlo a una corte de Jerusalén. El 18 de setiembre pasado la suerte de Salah quedó sellada. Fue condenado a seis meses de detención administrativa.
EL COMPROMISO DE UN MILITANTE. La trayectoria de Salah es aquella de un militante que, junto a muchos otros, protesta contra la ocupación israelí, y también la de un investigador que trabaja en Addameer y se ocupa de personas perseguidas y condenadas por la policía, el ejército, los servicios de inteligencia y la justicia militar. Hace más de 15 años que el poder israelí se ensaña con este muchacho que, tal como es su derecho, se rehúsa a la ocupación de los territorios de Palestina, la colonización que desmantela la continuidad territorial del país y la anexión solapada de Jerusalén Este.
Palestino por su padre y francés por su madre, Salah tiene documentos de residente de Jerusalén. A los 15 años, cuando estalló la segunda Intifada, participó, como tantos otros, en actos de protesta y en manifestaciones contra el ejército. Cuántas imágenes habremos visto de estos enfrentamientos. Durante una manifestación tuvo la suerte, si es posible decirlo así, de haber sido nada más que herido por las balas. A los 16 años por primera vez vivió en carne propia la detención administrativa, al ser condenado a seis meses. A los 19 lo detuvieron de nuevo y pasó cinco meses en prisión. Durante este período agitado logró concluir la secundaria, aprendió a hablar hebreo y comenzó sus estudios de derecho, aunque con dificultad.
Pero en 2005 el ejército se las ingenió para impedir que Salah siguiera su combate, acusándolo de haber tenido la “intención” de matar al rabino Yossef Ovadia, fundador del partido ultrarreligioso Shas. Salah juró su inocencia y, a pesar de la ausencia de pruebas, fue condenado a 15 años de cárcel. Para acortar su pena, se vio obligado a declararse culpable, por lo que le redujeron la condena a siete años de prisión.
En 2012 se produjo un canje de detenidos palestinos por el soldado Gilad Shalit, que tiene la doble nacionalidad franco-israelí. Shalit había sido secuestrado en junio de 2006 por un comando palestino en el sur de la Franja de Gaza, y se encontraba detenido por Hamas, que tenía la idea de canjearlo por presos en Israel. La diplomacia francesa multiplicó, desde el principio, los contactos para la liberación de Shalit, por su condición de ciudadano francés. El caso de Salah, merece destacarse, no tuvo el mismo apoyo oficial. Cuando finalmente fue liberado en un intercambio, sólo le quedaban tres meses de condena por cumplir. A su salida se casó con Elsa, la hija de Jean-Claude Lefort, animador del comité para su liberación, que había acompañado a su padre a visitarlo en la cárcel repetidas veces. Hoy Elsa y Salah tienen un hijo.
El encarnizamiento contra Salah siguió y afectó también a Elsa, que trabaja en el consulado de Francia en Jerusalén: Israel le prohibió la entrada al país. Esto sucedió durante el embarazo de Elsa y, a pesar de las acciones de sus abogados, todavía no puede ingresar al país. Su expediente jamás fue presentado y, según diplomáticos franceses, está “vacío”.
Hoy Salah se encuentra encarcelado sin que se sepa nada sobre su futuro.
Hasta el 23 de agosto pasado él colaboraba abiertamente con Addameer, seguía sus estudios de derecho, viajaba a menudo a Europa para dar conferencias sobre la situación de los detenidos en Israel y para encontrarse con su esposa y su hijo. Si realmente representaba una amenaza para la seguridad de Israel, no se comprende por qué tardaron cinco años en darse cuenta de eso. Más bien queda claro que las autoridades israelíes buscan forzarlo a mudarse a Francia para deshacerse de él, cosa que ni él ni Elsa aceptan.
LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA. El caso de Salah nos sirve para reflexionar sobre la lógica represiva de la detención administrativa. Esta práctica fue implantada por los británicos en 1917, durante el Mandato de la Sociedad de las Naciones sobre Palestina. Primero fue utilizada contra los palestinos que se oponían a la llegada masiva de judíos que migraban a Palestina, en conformidad con la declaración Balfour (1917).1 Luego, fue aplicada contra los judíos que combatían la presencia británica con el fin de instaurar un Estado independiente, y contra la lucha de grupos árabes. Esta práctica también fue empleada más tarde en Sudáfrica, durante el apartheid, y en numerosas dictaduras y casos de represión colonial. Israel repitió simple y llanamente el sistema instaurado por los británicos.
La detención administrativa es un arma poderosa cuya arbitrariedad hace que se cierna sobre la población, los militantes y las Ong la amenaza permanente de ser detenidos. Como lo hemos señalado, no exige que se formulen cargos, y las infracciones o los delitos no son tipificados con precisión. Basta una sospecha que se base en “pruebas secretas”, para que se prohíba al detenido conocer de qué se lo acusa. Ante la ausencia de juicio, el detenido no puede defenderse.
Además, la detención administrativa a menudo se basa en una supuesta “intención” de cometer un acto reprensible. La sospecha de una “intención” de actuar, las acusaciones que permanecen secretas y las penas de prisión arbitrariamente renovables conforman un paquete que contribuye a mantener un estado de guerra que rechaza las perspectivas de paz. Los efectos buscados son obvios: toda acción cívica y social se desarrolla en un clima de inseguridad y corre el riesgo de ser considerada como un delito.
Es admirable que, a pesar de estas formas de represión sistemática, una parte importante de la sociedad palestina siga luchando por sus derechos. Tal es el caso de Salah Hamouri.
En Israel hay 500 Salah Hamouri.
Su familia, sus amigos y camaradas siguen luchando en Francia y en otros lugares para que las autoridades francesas ejerzan sobre Israel las debidas presiones para su liberación.
* Profesor emérito de filosofía de la Universidad de Poitiers (Francia), tío de Salah Hamouri.
- La “declaración Balfour”, llamada así por el apellido del secretario de Estado británico para los Asuntos Extranjeros, aseguraba al barón judío Lionel Walter Rothschild el compromiso del gobierno británico de facilitar la creación de un “foco nacional para el pueblo judío” en Palestina.
(Traducción revisada por Alma Bolón.)
