El pasado martes 10 de octubre el ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) de Brasil, Blairo Maggi, anunció la suspensión por tiempo indefinido de la importación de lácteos desde Uruguay. El argumento brasileño señalaba la posibilidad de que Uruguay triangulase productos lácteos (comprados a terceros y luego exportados a Brasil). El objetivo era llevar a Uruguay a negociar cuotas, tal como lo hizo con Argentina.
Rápidamente el tema generó repercusiones políticas que iban desde la preocupación por los impactos de la decisión en el sector lácteos de la producción nacional hasta el cuestionamiento a posicionamientos asumidos por el gobierno uruguayo frente a la agenda política del gobierno de Michel Temer, el relacionamiento político bilateral y la pertinencia del Mercosur como plataforma de inserción internacional de Uruguay.
JUGUEMOS EN EL BOSQUE. Para entender esta decisión del Mapa brasileño conviene dar una mirada al escenario político doméstico de Brasil, ya que la distribución de las preferencias de los legisladores y el poder de los sectores corporativos son algunas piezas clave para comprender decisiones como la suspensión del ingreso de los lácteos uruguayos. La política exterior no solamente se juega en la dimensión externa sino que está condicionada por las coaliciones de apoyo del gobierno, sus recursos de poder, factores institucionales y además vincula juegos políticos internacionales con dinámicas políticas internas, y también con la lógica electoral que ya se viene instalando en Brasil.
El ministro Maggi tomó esta decisión luego de reunirse con representantes del Frente Parlamentario de la Agricultura (Fpa), liderado por el diputado Nilson Leitão (Partido de la Social Democracia Brasileña, Psdb, por el estado de Mato Grosso). El jerarca cedió a las presiones de un lobby empresarial que no es otro que el sector productivo al que pertenece y que es el núcleo duro de su electorado. Maggi, gaúcho de nacimiento, fue senador y gobernador del estado de Mato Grosso, y en 2014 la revista Forbes señalaba a su familia como la séptima más rica de Brasil y a él como el segundo político con mayor fortuna personal. Apodado el “Rey de la Soja”, se integró al cuarto partido más importante del sistema político brasileño, el Progresista, ubicado en la centroderecha, y en 2016 asumió la titularidad del Mapa en el gobierno de Temer. Actualmente está acusado de corrupción, y ocupó un lugar polémico en la operación “Carne fraca”, ya que “desburocratizando” las fiscalizaciones sanitarias facilitó la posible colocación de productos cárnicos adulterados en los mercados doméstico e internacional por parte de la empresa Jbs, cuyo presidente global es Joesley Batista, quien facilitó grabaciones de sus conversaciones, entre otros, con el presidente Temer, siguiendo un acuerdo con la justicia, de delación premiada.
Esta empresa, Jbs, es un ejemplo de la relación entre dinero y política, y una muestra del poder del lobby agropecuario brasileño: donó aproximadamente 160 millones de dólares para las elecciones de 2014, contribuyó con más de 167 diputados federales que asumieron sus mandatos en 2015, y fue la mayor aportante en las campañas de los tres candidatos presidenciales más relevantes en esa contienda electoral: Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), Aécio Neves (Psdb) y Marina Silva (Partido Socialista Brasileño, Psb).
¿LOBBIE ESTÁ? El sector agropecuario representa un cuarto del Pbi brasileño. Su influencia viene desde los tiempos coloniales y fue clave durante toda la historia política de Brasil. Por ejemplo, durante la primera república (1889-1930) San Pablo y Minas Gerais se cartelizaron en el poder creando la llamada “política do café com leite”, nombre recibido por los productos que identificaban a las elites de ambos estados. Los donos da terra son una constante en la constelación del poder en Brasil. Tampoco estuvieron fuera en los gobiernos del PT. Kátia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura y senadora del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) por el estado de Tocantins, ocupó el Mapa en tiempos del segundo gobierno de Rousseff. Esta decisión erosionó el apoyo del Movimiento de los Sin Tierra al gobierno del PT.
Temer es un presidente débil frente a un sector productivo agropecuario fuerte. En mediciones de setiembre, su aprobación popular alcanzó apenas el 3,4 por ciento, y su desaprobación el 75,6 por ciento. A esto se suman algunas características del sistema político brasileño. La ya conocida, y problemática, relación entre dinero y política. Empresarios ricos financian campañas de los políticos, quienes por las características del sistema electoral personalizan sus campañas teniendo a sus electores como principal base de apoyo a quien responder, debilitándose así los partidos. El presidencialismo de coalición hace que el presidente necesite formar una base aliada en el Congreso que le dé gobernabilidad. En un sistema multipartidario, con más de 25 partidos1 en las cámaras, tejer alianzas es la clave para mantenerse en el poder. Temer lo sabe y no puede cometer el error de perder apoyos.
El presidente distribuyó ministerios como forma de cohesionar a los partidos de su base aliada, y tiene en el “Centrão” el corazón de su vital apoyo legislativo. Hace casi un lustro este grupo cobró una nueva dinámica en la Cámara de Diputados bajo el liderazgo de Eduardo Cunha (Pmdb de Rio de Janeiro), el principal operador del juicio político de Rousseff, actualmente preso. Esta agrupación está compuesta por diputados de más de una decena de partidos, todos ellos de carácter conservador, que han logrado articular votaciones mayoritarias. Por ejemplo, la de Cunha como presidente de la Cámara por 267 votos en 513. Las reglas importan, tres quintos de los votos (308) es el número clave para aprobar enmiendas constitucionales. Blairo Maggi es uno de los integrantes del Centrão que tiene un lugar en el gabinete.
El Centrão incluye a diputados que se agrupan en cuatro de las bancadas suprapartidarias más importantes del Congreso, todas ellas con agendas conservadoras. La evangélica, la de los grandes empresarios, la que impulsa políticas de seguridad y la tenencia de armas, y la ruralista. La primera defiende los valores de la “familia tradicional brasileña”, se opone al aborto y al matrimonio igualitario, entre otros asuntos. La segunda impulsó el reciente proyecto de reforma laboral, y la tercera propone una agenda de seguridad pública de “mano dura”. Los ruralistas, el Fpa, son una pieza de mucha importancia tanto como soporte como de aporte a los votos necesarios en el Congreso.
El Fpa representa los intereses del sector del agronegocio e incluye a más de 200 diputados. El día antes de ser sometida a votación la posibilidad de realizarle un juicio político a Temer, quien necesitaba 172 votos para frenar la iniciativa, el Fpa organizó un almuerzo con el primer mandatario como forma de mostrar su peso en el Congreso. La agenda ruralista ha sido recogida por el actual gobierno brasileño, quitando intereses, financiando deudas de los grandes productores con el Estado, entre otras medidas de incentivo para el sector. Entre sus principales objetivos, el Fpa busca impulsar la expansión de la frontera agrícola. Esta acción tiene múltiples impactos. La concentración de la tierra y el desplazamiento de agricultores familiares, conflictos con quilombolas,2 agricultores sin tierra, y la demarcación de tierras indígenas. Brasil aportó en 2016 un cuarto de las muertes en conflictos rurales a nivel mundial. A esto debe sumarse que el avance de la frontera agrícola implica la desforestación y afecta una zona estratégica como la Amazonia. A estos problemas ambientales se suma la utilización de agroquímicos y semillas transgénicas.
ESTÁ DESAYUNANDO. El lunes 16 de octubre el ministro de Trabajo brasileño, Ronaldo Nogueira, también accedió a los pedidos del Fpa al reducir el concepto de “trabajo esclavo”, yendo a contramano de los impulsos de las Naciones Unidas en este terreno. La Oit no tardó en pronunciarse en contra. Este posicionamiento, como los relativos a temas ambientales, impactan directamente en la política exterior brasileña, particularmente en el ámbito multilateral. Varios académicos han analizado la política exterior brasileña en clave de construcción de autonomía, entendida como capacidad de implementar decisiones basadas en sus propios objetivos.
En los años anteriores al gobierno de Temer, Brasil utilizó la participación en los foros multilaterales como forma de construir autonomía y proyectarse como actor en el sistema internacional. De esta forma se colocó como un promotor de la agenda ambiental, de los derechos humanos, y particularmente en la lucha contra el trabajo esclavo, entre otros asuntos. El papel de los lobbies, como el del agronegocio, pone en jaque esta estrategia internacional de Brasil. El caso de los lácteos uruguayos es sólo una muestra de su poder frente al gobierno de Temer. El avance de su agenda y cómo afecta aspectos de la política internacional es un asunto serio que no puede perderse de vista.
* Doctor en ciencia política, Universidad de la República.
- El número puede ascender a 35 dependiendo de la forma en que se contabilicen.
- El término proviene de la lengua africana kimbundu, perteneciente a la familia lingüística bantú. Los quilombos, antes de la abolición de la esclavitud en 1888, eran comunidades de esclavos fugitivos que se organizaban a partir del uso común de la tierra. Estas comunidades se mantuvieron luego de la abolición de la esclavitud.
