El pasado domingo 1 de abril murió el general retirado guatemalteco Efraín Ríos Montt, dictador de su país entre marzo de 1982 y agosto de 1983. No terminó sus días como deseaba sino siendo el único ex jefe de Estado en la historia de América Latina condenado por la perpetración de un genocidio.
Gozaba del privilegio de la prisión domiciliaria, eso no debe obviarse. Tampoco olvidar que la sentencia de 80 años quedó sin efecto jurídico diez días después de ser leída por los jueces aquel histórico 10 de mayo de 2013, tras mediar una interpretación tendenciosa de la Corte de Constitucionalidad que integraban magistrados vinculados al poder económico y militar y que consideró que el juicio debía repetirse.
Sin embargo, antes de que ello sucediera y en sucesivas instancias entre marzo y abril del mismo año, el ex dictador fue llevado a los tribunales de justicia apenas perdió su inmunidad parlamentaria. Eso se consiguió gracias a la acción incansable de los sobrevivientes de las masacres perpetradas por el Ejército. Esas intensas jornadas obligaron a que Ríos Montt escuchase más de un centenar de testimonios provenientes de indígenas –en su amplísima mayoría mujeres– de la comunidad Maya Ixil que recordaron con valentía aquel pasado de horror y sangre. Su reclamo de justicia era necesario para que “nuestros hijos no vuelvan a vivir lo que nosotros vivimos”. El ex jefe de Estado, responsable y perpetrador, apenas esbozó algún gesto. Lo que sí evidenció fue su falta de entereza: dijo no tener conocimiento de los hechos y peor aún, sus abogados se encargaron de emplear astucias jurídicas cuestionando los procedimientos de una sentencia que testimonio tras testimonio evidenciaba pleno conocimiento, responsabilidad e intencionalidad.
LAS ATROCIDADES. Entre otros muchos horrores que se recordaron a viva voz en ese juicio, Ríos Montt fue responsable del asesinato de 1.771 indígenas; de los desplazamientos forzados de otros 30 mil pobladores así como de la aplicación generalizada y minuciosa de la tortura y la violación sistemática de mujeres adultas, niñas y ancianas. En palabras de un soldado guatemalteco que participó en los operativos, la orden fue clara: “acabar hasta con la semilla”. Las operaciones recibieron varios nombres: Ceniza 81 o Victoria 82 por ejemplo. La estrategia uno solo: “tierra arrasada”. Ello supuso, señala un historiador, el incremento de los asesinatos mensuales que treparon de ochocientos a más de seis mil como promedio. Crímenes por los que el general retirado nunca pudo ser procesado.
GUATEMALA, UN CASO EMBLEMÁTICO. Aunque escalofriante, ninguno de los datos anteriores sorprende: para el Ejército, además de “indios” eran “comunistas”. Esa extendida cultura de anticomunismo trasnacional cimentó, no sólo en Guatemala sino en toda América Latina, regímenes abusivos de los derechos humanos.
El de Guatemala constituye un caso significativo: allí el ciclo de violencia estatal contrarrevolucionaria se inició en 1954, con el golpe militar ejecutado por la CIA junto a los militares anticomunistas guatemaltecos y sus aliados regionales para deponer a Jacobo Árbenz. Este último, como presidente constitucional, fue el promotor de una recordada Reforma Agraria que hirió a la empresa de capitales estadounidenses United Fruit Company pero cuyos efectos trascendieron ampliamente las fronteras de su país. Dichos sucesos antecedieron al desafío hemisférico de la Revolución Cubana; y fue allí en Guatemala donde las prácticas de desaparición forzada masiva se iniciaron en 1966.
Desde mediados de los cincuenta, Guatemala estaba en guerra, en un enfrentamiento despiadado por “extirpar” el “virus maligno” que se había adueñado del país durante los gobiernos de Arévalo y Árbenz. El fanatismo ideológico, primitivo, se convirtió desde entonces en la ideología estatal. Elocuentes fueron a este respecto, las palabras que un ministro de la “liberación” le expresó al embajador chileno: “Somos una dictadura y hacemos lo que nos da la gana”.
PRÁCTICAS GENOCIDAS. Es sabido que los contextos represivos habilitan la posibilidad de masacres en sus diversos tipos. También pueden dar lugar a prácticas genocidas e incluso, como fue el caso, al acto mismo de genocidio por el que Ríos Montt fue condenado, lo que equivale a subrayar algo que el Tribunal de Justicia pudo constatar en 2013: la intencionalidad manifiesta de eliminar a un grupo de personas sin que en ello exista carácter fortuito.
Si bien no había comenzado la guerra anticomunista, el general recientemente muerto fue un resultado elocuente e inocultable de la misma. Nacido en 1926 y egresado en 1950 de la Academia Militar vivió de cerca la traición militar cuando el golpe del 54.
La violencia genocida desplegada por sus subordinados mientras fue jefe de Estado debe ser interpretada, contextualizada y analizada desde sus raíces.
Además, fue en el contexto de una Guatemala “liberada” del comunismo, que Ríos Montt se convirtió en uno de los miles de militares de ese país que transitaron por la Escuela de las Américas en Panamá recibiendo cursos de adiestramiento e instrucción por parte de Estados Unidos. Sus méritos eran entonces indudables y para 1973 los repetidos ascensos fueron coronados con el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. Por eso, cuando tomó las riendas del poder luego de un golpe de Estado en 1982, la violencia indiscriminada y paranoica llevaba casi tres décadas atormentando el país y había sido plenamente consolidada como parte de la ideología estatal.
Pese al horror de esa historia o precisamente por él, cobra un singular sentido el hecho de que haya sido en su propio país que el genocida fuese sentenciado, mediando presiones de todo tipo –políticas, empresariales y militares– sobre los jueces, testigos y familiares que brindaron sus valientes testimonios. Un hito histórico para Guatemala y un ejemplo para la comunidad internacional, pero por sobre todo, fue una elocuente manifestación de vigencia y rebeldía de pueblos ancestrales que, desde el siglo XVI, resisten desplazamientos forzados.
