El proyecto Maldonado, Ciudades Inteligentes se gestó en 2014 por iniciativa de la Comunidad Israelita Punta del Este-Maldonado (Cipemu), presidida entonces por el empresario Rolando Rozenblum, con apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado. A través de Cipemu entró en escena la firma Noa Security (Noa Group Ltd), contratada para diseñar un proyecto de videovigilancia con tecnología israelí para Punta del Este y la capital departamental. El documento titulado “Consultoría para el proyecto Ciudad Inteligente, Punta del Este-Uruguay”, al que Brecha accedió, fue presentado en agosto de aquel año a las autoridades de la Cámara Empresarial de Maldonado bajo “restricción de divulgación y utilización de los datos”. En plena campaña electoral a la Intendencia, la propuesta llegó a casi todos los candidatos del departamento de la mano de Rozenblum y del presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra de Brum.
En esa época Rozenblum era conocido en Maldonado como dueño de la constructora Casa Valor (Damertir SA) y activo dirigente de la comunidad israelita en Punta del Este, aunque no pocos empresarios y políticos sabían que, además, era un prófugo de la justicia brasileña. Rolando y su padre, Isidoro, fueron a una cárcel de Curitiba en 2006, acusados de malversación de fondos, evasión fiscal, falsificación ideológica y “corrupción activa” a través del grupo empresarial familiar Sundown. Luego los condenaron a diez y cinco años de prisión, respectivamente, al tiempo que les embargaron bienes e incautaron propiedades en Suiza por unos 10 millones de dólares.
Mientras cumplían prisión en un hospital penal, por problemas de salud, los Rozenblum escaparon hacia Uruguay. Los pormenores del caso –que estaba a cargo de Sergio Moro (el mismo juez que puso tras las rejas a Lula da Silva y a numerosos empresarios y políticos brasileños en el marco de la operación Lava Jato)– fueron publicados por la revista Época en enero de este año. El artículo informa que la causa por corrupción fue anulada en 2008 por el Superior Tribunal de Justicia porque, según los ministros, Moro excedió ampliamente los plazos legales para ejecutar escuchas telefónicas sobre los acusados; sin embargo, el Ministerio Público brasileño interpuso un recurso para revocar esa decisión y está pendiente su resolución. El resto de los delitos prescribieron, tras permanecer años congelados por la huida de Rozenblum y la ausencia de un tratado de extradición entre Uruguay y Brasil.
No obstante, aún siguen en trámite causas contra los Rozenblum en otras materias, de acuerdo a los expedientes electrónicos publicados por la justicia brasileña y consultados por Brecha para este artículo. Hace apenas una semana el portal judicial actualizó el avance de varios procesos en material laboral y tributaria, por los cuales a fines de mayo se intimó a miembros del grupo Rozenblum –entre ellos Rolando y su padre– a pagar unos 400 millones de reales acumulados por deuda fiscal de numerosas empresas del grupo. La justicia les advirtió que, de no afrontar la deuda, tendrán que presentar bienes para ser embargados.
Por lo menos hasta mediados de 2016 pesó sobre el empresario un pedido de captura internacional de Interpol, según consignó el semanario Búsqueda al tomar una nota publicada por Veja en setiembre del año pasado. La revista brasileña afirmó, entonces, que los Rozenblum habían escondido en Uruguay unos 300 millones de reales con los cuales pudieron reinsertarse en el mundo empresarial. Sin embargo, los negocios del empresario en el sector de la construcción de Maldonado jamás fueron cuestionados y nunca faltaron autoridades departamentales y nacionales para cortar la cinta inaugural de las viviendas de interés social promovidas por Casa Valor. Igualmente bienvenido fue el proyecto educativo del International College de Punta del Este, del que Rozenblum es socio y para cuya multimillonaria construcción consiguió apoyo logístico de la Intendencia y del Ejército (esto último ameritó una investigación interna en la fuerza castrense, cuyo desenlace se desconoce).
No es de extrañar este “hacer la vista gorda” a los antecedentes del empresario en un departamento cuya industria de la construcción se desarrolló, durante décadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. No en vano la nueva ley integral contra el lavado de activos, que rige desde enero de este año (véase nota de Mauricio Pérez), incluyó a las empresas constructoras entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central (Bcu), al tiempo que ya en 2017 funcionarios de la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft) comenzaron a reunirse con promotores de la construcción en Punta del Este para advertirles que debían cumplir con la “diligencia” de investigar el origen del dinero aportado por los inversores. Incluso hay empresarios y políticos que, por lo bajo o en declaraciones de prensa, aseguran (casi lamentan) que la ley antilavado aleja inversores y traba el avance de millonarios proyectos edilicios en el balneario.
Tanta influencia social tenía Rozenblum en Punta del Este que, como dirigente de Cipemu y mientras mantenía su residencia forzada en el balneario bajo pena de ser capturado por Interpol si salía del país, llegó a entregar placas de reconocimiento al jefe departamental de Policía, Erode Ruiz, y al subjefe Víctor Trezza (por cierto, este jerarca pasó a retiro en marzo de 2017 para asumir al mes siguiente como subdirector general de Tránsito y Transporte de la Intendencia, con un grado 11 en el escalafón de cargos de confianza de Antía).
Su compleja situación judicial en Brasil tampoco inhibió a Rozenblum de aportar fondos a las campañas de los aspirantes a la Intendencia en 2014. Según constató Brecha al repasar las declaraciones juradas que los candidatos presentaron a la Corte Electoral, el empresario figura con una donación de 125 mil pesos para la campaña departamental del nacionalista Rodrigo Blás (actual presidente de la Junta de Maldonado) y 106 mil pesos para la de Enrique Antía, en este caso a través de Damertir SA. Es imposible saber, por esta vía, si otros candidatos también financiaron parte de su campaña con fondos de Rozenblum, ya que Blás y Antía fueron los únicos que completaron de principio a fin el formulario de la declaración jurada.
Con todo, ese mismo año Rozenblum logró que la novel embajadora de Israel, Nina ben-Ami, llegara a Maldonado para entrevistarse con la directiva de la Cámara Empresarial y visitar la Jefatura de Policía, con el ánimo de sondear la propuesta de seguridad impulsada por Cipemu a través de Noa Security. Antía ya había hecho de la seguridad un tema central de su programa de gobierno y tomó la iniciativa con la idea de extenderla a todo el departamento.
En marzo de 2015 el entonces candidato Antía presentó este plan al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aprovechando un Consejo de Ministros realizado en Maldonado. En esa instancia Bonomi remarcó que la cartera no tenía recursos para ejecutar la iniciativa y que, de todos modos, el gobierno departamental no podía embarcarse en algo así porque, por mandato constitucional, la política de seguridad recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo.
Tras su triunfo en las elecciones de mayo, Antía volvió a la carga con el proyecto de “ciudades inteligentes”, y aunque fustigaba al Frente Amplio por heredarle “un agujero financiero”, propuso al gobierno nacional que la ciudadanía de Maldonado costeara los 20 millones de dólares de inversión que requería el proyecto promovido por el gobierno de Israel. “Tuvimos cantidad de ofertas, de intermediarios que proponían contactarnos con empresas o que decían haber vendido sistemas a diferentes ciudades, hasta que la Cámara Empresarial nos invitó a una reunión con la Cipemu y alguien de Elsec (nombre comercial de Elbit Systems)”, recordó el director general de Planeamiento de la Intendencia, Roberto Chiacchio, durante una entrevista concedida a Brecha en 2016 para explicar los alcances del nuevo plan de seguridad.
La existencia de un convenio entre Uruguay y el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat) le allanó el camino. Según el jerarca, “el Ministerio de Defensa (israelí), a través de la embajadora, ratificó que Elsec era la adecuada” para ejecutar el plan. El gobierno departamental se amparó en una disposición del Tocaf que justifica la compra directa cuando “las circunstancias exijan que la operación se mantenga en secreto”, y así Elbit Systems pasó a tener voz y voto en la gestión de la seguridad pública departamental: no sólo vendió los equipos y programas informáticos al gobierno departamental sino que sus técnicos participaron activamente, junto a funcionarios del Ministerio del Interior, para definir la estrategia de vigilancia.
Un “contrato marco y complementario” entre la Intendencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior fue el paso previo al acuerdo que firmaron el gobierno departamental y Elbit el 3 de junio de 2016, sin ningún proceso licitatorio. A esa altura estaba en pleno auge la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (Bds) “contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí” en Gaza. Mientras los portales solidarios con la causa palestina (como Rebelión) informaban sobre las cuantiosas pérdidas que experimentaban las empresas militares israelíes y sus subsidiarias en numerosos países a causa de las protestas, en este rincón de Uruguay el gobierno de Israel respaldó un jugoso contrato para Elbit –una de las más cuestionadas por los activistas– y al mismo tiempo utilizó el proyecto para expandir sus intereses comerciales en América Latina. En medios locales y nacionales Rozenblum se jactaba de haber sido el artífice del negocio “para el bien de la sociedad”.
***
Meses después de la firma del contrato entre la Intendencia y Elbit, volvió a escena la firma Noa Security, aquella contratada por la Cámara Empresarial de Maldonado para elaborar la propuesta de videovigilancia en plena campaña electoral. El presidente de esta empresa, Avi Staroselski, concedía entrevistas a medios nacionales y extranjeros para abundar en las bondades del sistema de Maldonado y ensalzar las capacidades de su empresa para dar respuesta a los problemas de seguridad en diferentes países.
En febrero de 2017, por ejemplo, el portal argentino Infobae destacó el “plan global de seguridad de Maldonado” en una crónica de la periodista Muriel Balbi, enviada al flamante Centro de Comando y Control Unificado instalado en la capital departamental. “El diseño e implementación estuvo a cargo de las empresas israelíes Noa Security –con experiencia en países como Honduras– y Elbit System, una de las principales fabricantes de materiales electrónicos de defensa del mundo y que tiene a su cargo parte de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México”, relató la cronista.
A continuación, Balbi reprodujo parte de una entrevista en la que Staroselski, “experto israelí en seguridad y antiterrorismo de Noa Security”, explicó “las ventajas de las nuevas tecnologías en materia de seguridad” y se refirió a los estudios y diagnósticos previos a la instalación de las cámaras en Maldonado. “Esto nació de un acuerdo con Noa Security, nuestra empresa. Nosotros elegimos a Elbit System para que fuera el integrador. Esto estuvo sobre la base de un acuerdo entre países”, sostuvo Staroselski, en alusión al convenio de cooperación entre los gobiernos de Israel y Uruguay en que se enmarcó el contrato entre Elbit y la Intendencia.
Hasta ese momento ningún jerarca departamental o nacional había mencionado públicamente a Noa Security como parte del contrato. Por eso el edil emepepista Joaquín Garlo, quien junto a otros integrantes de la bancada frenteamplista llevaba meses reclamando a la Intendencia los detalles de la compra directa a Elbit, presentó un pedido de informes para conocer “las vinculaciones de la empresa Noa Security Solutions en la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia de Maldonado”. El director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio, encargado de coordinar el proceso de compra e instalación del programa Maldonado, Ciudades Inteligentes, en representación de la Intendencia, le dio una respuesta sorprendente: “esta dirección general no tiene ninguna información sobre la empresa citada”. De acuerdo al documento, al que Brecha accedió, tampoco el subdirector general de Asesoría Notarial halló rastros de Noa Security: “de la documentación sobre la contratación de Elbit Security no surge vinculación alguna” con esa empresa, contestó Eduardo Suárez.
Sin embargo, Staroselski seguiría saliendo en los medios como principal promotor del sistema aplicado en el departamento. En noviembre pasado Infobae envió al periodista Germán Padinger a una “demostración sobre las capacidades” del centro de monitoreo construido en el viejo Círculo Policial de Maldonado, a la que también asistieron otros medios extranjeros convocados por la embajada de Israel. “Potenciado por las empresas israelíes Noa Security Solutions y Elbit Systems, el Centro de Comando y Control Unificado del departamento uruguayo de Maldonado utilizará 1.200 cámaras para aumentar la seguridad”, señalaba el artículo en su encabezado. Otra vez Staroselski oficiaba como vocero, en su calidad de presidente de Noa Security. “Su empresa, que en parte representa a la empresa de defensa israelí Elbit Systems, también trabajó activamente en la capacitación de los agentes que operan el centro”, escribió Padinger para el portal, demostrando que, aparentemente, estaba más empapado del papel de Staroselski que la propia Intendencia.
También el periodista Luis Aguilar, del canal panameño Telemetro, viajó a Maldonado para asistir a esa “demostración” en el centro de monitoreo; entrevistó a Staroselski y produjo otra pieza propagandística de Noa y Elbit. El enviado complementó su cobertura con un segundo informe, centrado en una entrevista realizada en Montevideo a la embajadora Nina ben-Ami sobre “Israel y su aporte en América Latina”, tomando como ejemplo el caso de Uruguay.
Claramente, los artículos de prensa y entrevistas televisivas realizadas en esa ocasión oficiaron como piezas publicitarias de las empresas israelíes, que utilizaron el centro de monitoreo del Ministerio del Interior (costeado por la ciudadanía de Maldonado) como vidriera para promocionar “sus capacidades” en otros países del continente. Las notas de prensa evidenciaron, además, que el gobierno departamental no estaba siendo transparente en cuanto a la participación de empresarios israelíes, particularmente de Avi Staroselski.
***
En enero de este año un tribunal de apelaciones en lo civil obligó a la Intendencia a entregar a la bancada frenteamplista de la Junta de Maldonado datos económicos sobre el contrato con Elbit que hasta entonces se resistía a mostrar, alegando que se ponía en riesgo la seguridad pública. Al revisar el expediente, el edil Garlo pudo establecer que Avi Staroselski forma parte de Galemin SA, firma que preside el abogado Marcelo Sapiro y que oficia como subcontratista de las empresas seleccionadas para instalar el sistema de videovigilancia: Sureste Construcciones, que recicló el viejo Círculo Policial donde se encuentra el centro de monitoreo, y J T de León, que instaló la infraestructura eléctrica del sistema. La primera surgió de un llamado a cotización entre tres firmas convocadas por Elbit y cobró 795 mil dólares por las reformas; la segunda, seleccionada en forma directa para instalar la infraestructura de electricidad, es propiedad de un habitué de las cenas organizadas semanalmente por Cipemu y cotizó 2.430.000 dólares. Ese dinero, de acuerdo al contrato con Elbit al que accedió el edil Garlo, corrió por cuenta del gobierno departamental y llevó el presupuesto total a 21.725.000 dólares.
Además de nexo entre las citadas empresas y Elbit Systems, Staroselski preside la Cámara de Comercio Uruguay-Honduras (Ccuh), creada en la misma época en que la empresa israelí concretó su negocio en Maldonado. El secretario de esta nueva gremial es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, en tanto la tesorería está a cargo del empresario Álvaro Padín, propietario de Bethel Spa y esposo de la diputada suplente del Partido Nacional Lourdes Rapalín.
Un repaso de las actividades de la Ccuh consignadas en el usuario de Facebook de la institución y en medios de prensa hondureños revelan que este grupo empresarial ha desplegado una intensa agenda en el país centroamericano y mantiene una estrecha relación con el presidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional, de Honduras), reelecto en noviembre pasado bajo denuncias de fraude. De hecho, la directiva de la Ccuh asistió en pleno a la ceremonia de asunción del mandatario y fue recibida por varios miembros de su gabinete. Entre éstos se destaca el general Fredy Díaz Zelaya, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas hondureñas de 2015 a 2017 y designado en febrero pasado como ministro de Defensa para el segundo período del presidente Hernández. El jerarca castrense tuvo un rol fundamental en el proceso de fortalecimiento de las fuerzas armadas de su país, iniciado durante el anterior gobierno de Hernández, que cuajó en julio de 2016 a través de un acuerdo marco entre los gobiernos de Honduras e Israel por una inversión de 209 millones de dólares.
La principal abastecedora de equipos para las fuerzas de tierra, mar y aire (armas a control remoto, embarcaciones de primera generación y una escuadrilla de aviones no tripulados, entre otros) es Elbit Security, de acuerdo a los medios hondureños relevados por Brecha. En enero pasado este jerarca militar recibió en su casa a Staroselski, Padín y Pereyra, como directivos de la Ccuh, confirmó este último a Brecha. “El rol de Staroselski como empresario en Honduras es mucho más importante que el que tiene en Uruguay, y es un hombre muy respetado”, dijo Pereyra, para explicar que fue el israelí quien en 2016 propuso a empresarios de Maldonado y del Piso 40 del World Trade Center armar una gremial específica para probar negocios con Honduras, país donde opera a través de Noa desde hace varios años.
El empresario de Maldonado enfatizó que desconoce el tenor de las conversaciones mantenidas entre Staroselski y el ministro de Defensa hondureño en las diferentes misiones, y prefirió destacar las oportunidades que, gracias a la iniciativa del israelí, esperan a los uruguayos en rubros diferentes a los de la seguridad. Sin embargo, fuera del gobierno las misiones empresariales de los orientales no son tan bien vistas. Particularmente crítico ha sido el analista político Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras, quien en febrero pasado –poco después de la última visita del grupo– denunció “una conspiración desde el interior de la Oea y la mafia uruguaya” para entorpecer las investigaciones anticorrupción en aquel país. “Altos empresarios uruguayos interesados en invertir en seguridad estuvieron en Honduras el año pasado. ¿Desde cuándo los uruguayos han querido venir a invertir en el país más inseguro del triángulo norte y del continente? ¿Quién fue el que los trajo? Hay que investigar a Avi Staroselsky. ¿Qué representa este señor en la venta de armas a Honduras? Acá hay negocios, y el periodismo de investigación debe ahondar en el tema”, lanzó Meza, durante una conferencia en la que acusó al secretario de la Oea, Luis Almagro, de poner obstáculos al trabajo de la Misión de Apoyo en la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih), dependiente de la propia Oea. Brecha consultó a Meza sobre estos dichos, pero éste declinó profundizar en el tema. Tampoco Staroselski acusó recibo de los mensajes enviados.
[notice]Resultados inciertos
El Ministerio del Interior no tiene ninguna evaluación sobre el impacto del sistema de vigilancia de Maldonado en los índices de delincuencia del departamento, informó a Brecha el vocero de la cartera, Fernando Gil. Sin embargo, adelantó que “próximamente” el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad se abocará a esa tarea. Por lo pronto, el funcionario ministerial enfatizó que las últimas estadísticas de Maldonado revelan un incremento en las rapiñas durante el primer semestre de este año en comparación con igual período de 2017. La información sobre el departamento se conocerá oficialmente a principios del mes próximo, cuando el organismo creado en mayo y que funciona en la órbita de la Presidencia revele los registros de todo el país.
En agosto pasado el intendente Enrique Antía afirmó que el sistema ya mostraba resultados exitosos porque en el primer semestre de aplicación los arrebatos en la vía pública bajaron “un 60 por ciento, y los robos un 40 por ciento”. Sin embargo, en un pedido de informes solicitado posteriormente por el diputado y ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, el ministerio consideró “prematuro” hacer evaluaciones y remarcó que todavía faltaba colocar buena parte de las 1.200 cámaras que la Intendencia compró a Elbit por 18,5 millones de dólares y para cuya financiación (parcial) creó una tasa que pagan todos los habitantes, tengan o no videovigilancia en su barrio.
El ministerio también señaló al diputado que las cámaras de Maldonado costaron “tres veces más” que las adquiridas mediante licitación pública por la cartera para otras zonas del país. En este punto, el ministerio se desmarcó del proceso de compra directa y enfatizó que su intervención se circunscribió a los aspectos estratégicos y técnicos de la instalación del sistema. En estos años Antía siempre remarcó que todo el proceso contó con el aval del gobierno nacional y que, de hecho, el presidente Tabaré Vázquez designó a su hermano, el subsecretario Jorge Vázquez, para atender personalmente el caso de Maldonado. Sin embargo, fuentes consultadas en el ministerio insistieron en que el hermano del presidente nunca participó en las negociaciones empresariales.
[/notice]
