En campaña
En un documento reciente un grupo de universitarios exhorta a “unir esfuerzos en la construcción de una coalición amplia que permita continuar varios cambios en curso y plantearse desafíos de escala aun mayor” en la Universidad, mientras estima que “no podemos seguir divididos en oposiciones que no alcanzan el porte para establecer alternativas antagónicas”. Por esto, convoca a “impulsar, sobre la base del acuerdo de un programa común, cambios profundos que las dificultades de gobernabilidad de la institución han postergado por mucho tiempo”, y, dado que el “país tiene una larga tradición en la construcción de amplias coaliciones o movimientos en pos de los cambios”, llama a no permitir que “diferencias menores o pequeñas luchas de capilla nos paralicen”.
El documento, acto seguido, ilustra algunos puntos programáticos que considera han sido iniciativas, logros o “cuasi-logros” del actual rectorado, para culminar declarando que los autores apoyan “la reelección del rector Markarian sobre la base de la conformación de una coalición amplia de actores universitarios y en el marco de un acuerdo exigente que procure profundizar las transformaciones en curso e impulsar otras que la Universidad sigue necesitando”.1
Entre los motivos de esperanza en el logro de esa coalición, además de las tradiciones del país, los autores evocan otro documento reciente elaborado por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.2
Ambos documentos inauguran formalmente la campaña electoral en la Universidad, campaña que se solapa con la nacional y a la que parece que estos dos textos intentan responder con el conjuro de una coalición, que desde ya buscara cancelar el trasiego de nombres-candidatos.
No obstante, si procurar evitar ese trajín de apellidos es loable, esto no necesariamente se logra declarando, en el mismo acto, la inauguración de la campaña y la clausura de la discusión, gracias a una supuestamente amplia coalición instaurada por el apego unánime a una tradición nacional.
El debate o el silencio
No discutiremos aquí cuánto acallamiento de otras voces impone esa identificación de la nación con la coalición, aun menos nos pronunciaremos en torno a cualquier nombre de candidato. En cambio, intentaremos mostrar la fecundidad de la discusión, que ninguna apelación a un supuesto ser nacional amigo de coaliciones debería coartar o desanimar. Si en tiempos de avance de perspectivas, mecánicas y discursos homicidamente capitalistas, la Universidad de la República, que por encomienda constitucional debe ocuparse del conocimiento, renuncia a debatir, ¿quién debatirá?
Tanto más que el documento de Adur evocado, más que una plataforma como lo indica su título, es una lista de tareas a realizar, algunas de ellas de extrema dificultad conceptual, epistemológica y política, pero que, al rehuirse el debate, quedan trivializadas.
Así, por ejemplo, el punto 6, en que se propugna “la discusión y aprobación de una nueva ley orgánica para la Universidad”, es indicativo de una forma de angelismo, al suponer acuerdos en donde no los hay. En efecto, enviar la ley orgánica, que rige la vida de la Universidad, para que el Parlamento decida cómo deberá gobernarse esta institución supone haberse hecho y haberse respondido, en debate abierto y contradictorio, varias preguntas. Por ejemplo: ¿el Parlamento que tendrá entre sus manos la autonomía universitaria consagrada por la actual ley orgánica es un Parlamento comprometido con la vigencia de este principio? ¿No se trata acaso de un Parlamento que creó universidades e instituciones privadas de autonomía (la Utec, la pretendida Uned)? ¿Acaso la bancada parlamentaria del FA, “para acercar posiciones” (sic Ivonne Passada) con la oposición, no se dispone a presentar un nuevo proyecto de creación de la Uned que resigna los restos de simulacro de autonomía y cogobierno que tenía el anterior, rechazado por la oposición?3 ¿No se trata de un Parlamento que intenta socavar la autonomía técnica y retacea el presupuesto de la educación, en particular el de la Universidad de la República? ¿No se trata de un Parlamento que, teniendo las potestades constitucionales para hacerlo, hasta ahora nada dijo sobre la llamada “ley mordaza”, decreto del Ejecutivo que pretende anular la autonomía universitaria, prohibiendo las investigaciones autónomas sobre el agua y la vida acuática? ¿Hay, hoy, en la Universidad de la República, a sesenta años de las luchas por la aprobación de la ley orgánica que materializaron y formalizaron su autonomía, suficiente conciencia y suficiente deseo de defender ese bien precioso? ¿Cuánta mella hizo, entre los universitarios, una prédica adaptativa que, antes que reclamar autonomía y espíritu crítico, pide empleador al precio que sea? Y además, los problemas que pretenden resolverse con el envío al Parlamento de la ley orgánica ¿acaso no pueden resolverse de otro modo, de haber real voluntad de resolución? ¿No existen informes jurídicos de la propia Universidad en ese sentido?
¿Y los cambios ya realizados?
No obstante, ambos documentos abogan por una nueva ley orgánica al interpretar que “las dificultades de gobernabilidad de la institución han postergado por mucho tiempo los cambios profundos”, y al sostener que “necesitamos una nueva ley orgánica” que permita “transformar (la) estructura académica”.
Sin embargo –y esto muy poco se menciona–, la estructura académica universitaria sufrió cambios profundos en las últimas dos décadas. El proceso de adecuación universitaria a la lógica de la economía –proceso naturalizado, aceptado como inevitable, promovido por las autoridades propias y por los sucesivos gobiernos progresistas– rige estos cambios. Comenzamos refiriéndonos a los ocurridos en las funciones docentes.
Cuando incesantes empujes capitalistas globales buscan vaciar la enseñanza, en cada uno de sus niveles, de sus contenidos disciplinares, ¿qué significa un estatuto del personal docente que pretende emparejar el enseñar-investigar con el gestionar, buscar financiaciones, llenar formularios, responder cuestionarios hasta la náusea, ser sensible socialmente, etcétera? Entre otras cosas, significa institucionalizar la creciente “proyectivización” en la práctica cotidiana del universitario, hoy ya sujeto a continuos llamados para proyectos de investigación, para carreras, para el desarrollo de departamentos, para arreglos edilicios, para mejora de las condiciones de trabajo, para financiar cursos, para reparar cisternas, etcétera. Por esta lógica privatizadora, acorde a la norma thatcheriana que suprime los colectivos y sólo deja individuos compitiendo para lograr sus fines y su supuesto bienestar, desaparecen las definiciones de políticas (que sólo alcanzan la existencia cuando son colectivas), al tiempo que con la desaparición del debate se disuelven los colectivos académicos. Cada vez más, en esta feudalización, hay dueños de espacios académicos que son de por vida encargados de “emprendimientos” tales como departamentos y hasta carreras. Así como sucede fuera de la Universidad, la “proyectivización” frenética produce cierta ilusión de participación democrática –como cuando en cada tirada de dados las chances se renuevan para todos–; sin embargo, como también sucede fuera de la Universidad, los dados están cargados y suelen ganar siempre los mismos, nominal o funcionalmente hablando. Contrariamente a lo que cierta propaganda ideológica difunde, en lugar de una épica del riesgo y del desafío heroico ínsita en “la ciencia”, se impone la miseria de la lucha canina por el hueso. Esto no sólo pudre la vida de los universitarios: más dramáticamente, lesiona el conocimiento mismo, sometido a mil acomodos, compromisos y condicionamientos, en aras de la supervivencia de los docentes.
En esta lógica de ilusorios llamados de libre aspiración se basó el desarrollo reciente que tuvo la Udelar en el interior del país. Sus consecuencias nefastas son notorias en estas nuevas instituciones, que (salvo excepciones) no han terminado de consolidarse académica ni administrativamente, a diez años de los primeros llamados.
Comparablemente, los cambios habidos en los estatutos y ordenanzas4 respecto de las compensaciones salariales docentes establecen un régimen de desigualdad por el que son beneficiados, luego de concursar interna o externamente por proyectos habilitantes y no pocas veces por designación directa, algunos docentes que terminan mejorando sustancialmente sus salarios y condiciones de trabajo, con relación a otros que realizan básicamente las mismas tareas.
Los cambios en la enseñanza y en los docentes que enseñan
Otro cambio decisivo en el papel del docente universitario sucedió con la aprobación de la llamada “ordenanza de grado”, que consolidó la separación entre la enseñanza y la investigación. Ahora, de la enseñanza se encargan las comisiones de carrera, que en su constitución y dependencia jerárquica se separan de los espacios de creación de conocimiento: institutos, departamentos y cátedras. Esto también contribuye a separar a los docentes entre los que están “para enseñar” y los que están “para investigar”. Esta creciente tendencia disminuye las exigencias de la enseñanza y aísla a los investigadores, dificultando su recambio.
En este proceso que confluye con otros –por ejemplo con la “curricularización de la extensión”, la creditización de las materias y el desarrollo de los espacios de formación integral (Efi)–, la enseñanza, sobre todo en los primeros años, crecientemente queda en manos de docentes de formación inespecífica. La figura del docente investigador, que pasa por un concurso en un área determinada de conocimiento y que luego enseña e investiga en ésta, se difumina y sobre todo pierde relevancia en la formación de los estudiantes.
A este respecto, se echa en falta un análisis de la mercantilización de la enseñanza, especialmente la enseñanza pública, sometida a lógicas traídas del mundo de la empresa e impuestas por los organismos internacionales: mediciones constantes, productivismo, obtener más por menos aunque no se sepa bien qué es el más y sí se sepa qué es el menos (dinero). Sobre todo, se echa en falta un análisis que se pregunte, más allá de consensos jubilosos sobre las bondades de la educación y de los requerimientos estadísticos, en qué mundo y para qué mundo la Universidad está enseñando, quiénes son hoy los “amigos de la educación”, según la vareliana expresión, y quiénes sus enemigos.
En el documento pro coalición se destaca que “la Universidad ha continuado ampliando el número de estudiantes (…) en clara contraposición con los preocupantes procesos de mercantilización que se vienen concretando en otros países”.
Más estudiantes, sí, por supuesto. Pero ¿con cuáles sentidos? La respuesta automática –“para una educación de excelencia”– no es respuesta, puesto que oculta el conflicto tras un sustantivo altisonante y una declaración de buenas intenciones. Hoy es un lugar común pedir el acceso para todos a una enseñanza de calidad.
La bondad del pedido no puede velar la extrañeza de la situación, vinculada con dos hechos mayores. Por un lado, la multiplicación y trivialización de títulos y carreras, junto con la imperativa exigencia de titulación para ingresar al mercado de trabajo (ya no seremos peluqueros, sino licenciados en ciencias de la cabellera; ya no seremos payasos de circo, sino licenciados en ciencias circenses5), tienden a anegar desde dentro la idea de Universidad y su vínculo propio con una tradición organizada como conocimientos disciplinares en constante reconsideración crítica. Por otro lado, la multiplicación de estudiantes que necesitan hacerse de un título universitario (de grado o posgrado) abrió las puertas (también en nuestro país y no sólo en la región, como se sostiene en el documento pro coalición) al jugosísimo mercado de la educación, que ofrece endeudamiento a la mayoría y oportunidades de negocio a la minoría. Véanse así, en el mundo iberoamericano, los vínculos escabrosos entre las universidades españolas (por ejemplo, Salamanca) y el Banco Santander,6 o entre la Anep y Fundación Telefónica, devenida experta en pedagogías y didácticas, en particular en la formación docente en Uruguay.7 (Y así todo cierra y asfixia: la autonomía y el cogobierno que el FA niega a las universidades que crea los entrega a Upm o a Fundación Teléfonica.) En Uruguay ese proceso avanza no sólo con las universidades privadas sino también con los cursos de posgrado de la Udelar en los que, gracias a subterfugios legales, es creciente el cobro de jugosas matrículas.
La “ampliación del número de estudiantes” pide también otros análisis. Porque lo que se ve en el ámbito universitario, es decir bajo la etiqueta “Universidad”, es la profundización de la misma desigualdad social: barrios para pobres y barrios para ricos, seguridad para pobres y seguridad para ricos, salud para pobres y salud para ricos, transporte para pobres y transporte para ricos, comida para pobres y comida para ricos, universidades para pobres y universidades para ricos. Esto no sucede exclusivamente en Estados Unidos o en Chile; también sucede en Uruguay, y en la Udelar, como pasa en Francia con las actuales políticas de Macron, destinadas no a excluir estudiantes de las universidades, sino a aceptar y a seleccionar, estipulando quién va adónde, dirigiendo a los “incluidos” hacia carreras de fácil tránsito y escaso valor intelectual, mientras quienes no necesitaban ser incluidos porque lo eran desde siempre, naturalmente, se dirigen hacia carreras de mayor exigencia y potencial rédito. He aquí la jugarreta de “la inclusión”, por la que uno queda incluido en el afuera, afuera que puede ser el de seudouniversidades o el de seudocarreras universitarias dispensadas por verdaderas universidades.
Entonces, ¿acaso no corresponde que los docentes de la Universidad de la República debatan sobre cómo viene produciéndose la adaptación global de la enseñanza nacional a las pautas político-económicas dictadas por organismos-bancas internacionales, uno de cuyos pilares es la adaptación universitaria al llamado “proceso de Bolonia”? ¿Acaso hay, dentro de la Universidad de la República, un consenso coaligado acerca de las bondades de este proceso? ¿O acaso reina la idea de que Bolonia es cosa del pasado de nuestra Universidad?
A nuestro juicio, estas preguntas son la piedra bienhechora con la que tropezamos impidiéndonos caer en formas de angelismo, impidiendo que todo cierre en el mejor de los mundos posibles. Estas preguntas se corresponden con lo que el documento pro coalición nombra “crispaciones” y “dificultades importantes para lograr cambios con el ritmo y profundidad requeridos”, y para lo que hace “llamados a la responsabilidad”, etcétera.
La “capacidad de soñar” y la pesadilla de ser el país
Afortunadamente la realidad universitaria es más rica de lo que suponen los autores de los documentos, pues sucede que, con matices y solapamientos, se perfilan sin embargo dos perspectivas. En el procesamiento de algunas de las iniciativas inexplicablemente trabadas, según los autores (y para cuyo destrabe ellos apuestan a un acto moral volitivo consistente en “recuperar la capacidad de soñar que se dé las herramientas para anticipar un futuro especialmente desafiante”), se materializan profundas diferencias conceptuales sobre la enseñanza terciaria y sobre la relación de la Udelar con el gobierno nacional, en manos de una amplia coalición, dice el documento, “con larga tradición en pos de los cambios”.
Estas dos perspectivas fueron notorias cuando la discusión del financiamiento del Plan de Reformulación del Hospital de Clínicas, y también lo son en las asordinadas objeciones a diversas iniciativas: a la transformación del docente en un empresario-administrador-animador, a la trivialización y vaciamiento de contenido de la enseñanza, a las adaptaciones normativas que tienden a menguar los claustros, a la desaparición de la Universidad como espacio académico y político integrado, independiente y generador de pensamiento y saber.
Las que se describen como dificultades en la implantación de algunas iniciativas reglamentarias creemos que son las bienvenidas resistencias al avance de una concepción mercantilista de la enseñanza superior, en un entorno de tradición casi secular de enseñanza pública.
Hasta tanto no se abra la discusión sobre estos asuntos, los avances reglamentarios y normativos serán difíciles y, sobre todo, serán letra muerta, amenaza espectral que compele a repetir y a callar.
Parece fundamental encontrar para estos temas un marco interpretativo que propicie un análisis político (no exclusivamente electoral universitario o nacional) que, más allá de postular el peligro del “retroceso”8 de los gobiernos progresistas, afine el pensamiento crítico e interrogue esos “avances” y “retrocesos”, disociándose de la matriz interpretativa gubernamental.
- “Una coalición universitaria amplia para profundizar los cambios”, en https://profundizarloscambios.wordpress.com
- “Documento propuesta de Plataforma de Adur para la elección de rector/a aprobado por la XVIII Convención”, en www.adur.org.uy/images/Plataforma_rector_2018.pdf
- Véase www.elobservador.com.uy/fa-presentara-nueva-propuesta-crear-universidad-educacion-n1257139
- Por ejemplo en el artículo 38 del estatuto del personal docente (1996) o en la ordenanza del régimen de dedicación compensada docente (1998).
- 5. Los ejemplos provienen de The Triumph of Emptiness, de Mats Alvesson (Oxford University), profesor de la Universidad de Lund que en 2012 denunció la deriva del sistema universitario sueco a través de, entre otras cosas, la proliferación de carreras y diplomas.
- En Montevideo se reparte publicidad para que los estudiantes vayan a hacerse de diplomas obtenidos con cursos de cuatro días en la Universidad de Salamanca, financiados mediante la venta de rifas (“¡Con sorteos independientes para cada curso y más chances de ganar!”, se anuncia), o préstamos de Santander Universidades. Este proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, que lo declaró “de interés educativo”. Los estudiantes de grado de Salamanca reciben noticias de su escolaridad a través de su cuenta en el Banco Santander.
- Véase www.fundaciontelefonica.uy/reddidactica/
- Dice la plataforma de Adur: “La Universidad, en el marco del respeto del pluralismo y la diversidad de ideas, debe ser activa participante en la defensa de la justicia, la igualdad y la libertad. Ello implica denunciar todas las formas de retroceso y los atropellos en nuestros países hermanos”.
