Un candidato populista que construye su campaña con fórmulas demagógicas y vacías necesita golpes de efecto para gobernar. Frente a los obstáculos y complejidades que se presentan en el cotidiano de cualquier gobierno de un país como Brasil, los líderes populistas se aferran a maniobras grandilocuentes que les garanticen apoyo popular. El nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comienza a formar su gabinete fiel a este estilo polémico.
A comienzos de mes el mandatario electo hizo pública la designación del juez Sérgio Moro como futuro ministro de Justicia. Entre las primeras declaraciones a la prensa tras su nombramiento, Moro dijo el pasado domingo al programa televisivo Fantástico que, como ministro, él no ocupará un cargo político, sino técnico. Lo cierto es que la forma en que desde 2014 lideró la operación anticorrupción Lava Jato fue clave para el surgimiento del futuro gobierno de Bolsonaro.
Su designación ha levantado reacciones desde todos los flancos. Muchos juristas, como el ex ministro de Justicia del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias, o el ex presidente del Tribunal Superior Federal, Ayres Britto, critican el malabarismo político de Moro, argumentando que compromete la credibilidad de la operación Lava Jato, su continuidad y su supuesta neutralidad partidaria. Algunos, incluso, ya comparan a Moro con Antonio di Pietro, el famoso juez que lideró la operación anticorrupción Manos Limpias en Italia y que en 1996 aceptó el cargo de ministro de Obras Públicas en el gobierno de Romano Prodi.
Por supuesto, las mayores críticas vienen del Partido de los Trabajadores (PT), que el pasado lunes 5 ya pidió un hábeas corpus para el ex presidente Lula da Silva. Alega que la designación de Moro como ministro comprueba que el juez fue parcial y que la prisión del ex mandatario obedeció al motivo político de impedir su candidatura en la contienda de 2018. Desde el impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff, la máquina comunicativa del PT insiste con el discurso del golpe, apuntando a la partidización de la operación Lava Jato y a la politización del proceso. Sus militantes, obviamente, repiten esta consigna, así como muchos juristas que ven defectos graves en los procedimientos de un operativo marcado por la polémica. La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffman, escribió en Twitter apenas conocido el nombramiento del futuro ministro de Justicia: “Ayudando a elegir, ayudando a gobernar”. Para los petistas, la designación de Moro corrobora la hipótesis de que sufrirían una persecución política y Lula sería un preso político. El periódico británico The Times resumió bien esta lógica: “Jair Bolsonaro promete alto cargo al juez que metió en la cárcel a su rival”.
El propio Moro contribuyó a aumentar la polémica con su accionar de los últimos días. En vez de apartarse inmediatamente de su cargo en la judicatura, ha pedido vacaciones mientras integra el equipo de transición de Bolsonaro. Un comportamiento poco ortodoxo. Sin embargo, la mayoría de la población recibió con beneplácito el nuevo papel del juez, por lo que, como ministro, contará con una base de apoyo social amplia. Una de las cuestiones que más favorecieron a la victoria del ex militar fue el populismo anticorrupción y la exaltación de la Lava Jato como agenda que debería transformarse en política de Estado.
Esta retórica anticorrupción siempre ha ido acompañada del antipetismo, el cual ha sido un elemento crucial para construir la figura política de Bolsonaro. Y Moro es reconocido por ser el juez que metió en la cárcel a las principales figuras del PT, incluido Lula. Así que Lula en la cárcel y Moro como ministro de Justicia son la victoria más contundente que podría esperarse para quienes apoyaron el argumento de campaña de Bolsonaro, trillado hasta el agotamiento, de que el PT es el partido más corrupto de Brasil.
En verdad, la designación de Moro simboliza el triunfo del “lavajatismo”, un tipo de lucha anticorrupción que tiene marcas un tanto cuestionables. Primero, el juez es conocido por carecer de un respeto estricto a las garantías penales. Recordemos, por ejemplo, la polémica grabación de la entonces presidenta Dilma Rousseff hablando con Lula en marzo de 2016, bajo la suposición de que conocía los esquemas de corrupción relacionados con Petrobras. Nunca antes un presidente en el cargo había sido grabado sin su conocimiento. Todavía más problemático que eso, Moro autorizó que la cadena Globo trasmitiese el audio en el horario de mayor audiencia, provocando una enorme conmoción social meses antes de la votación del impeachment, e inclinando, claramente, a la opinión pública contra Dilma.
La teatralización de la justicia tal vez sea la principal de estas marcas “moristas”. El magistrado ha enfatizado en varias ocasiones que los medios de comunicación y la opinión pública juegan un papel muy importante en las operaciones anticorrupción. Sus continuas filtraciones a la prensa durante estos últimos años han sido muy criticadas porque, lejos del papel tradicional de una justicia cautelosa y prudente, inflamaban a una sociedad ya muy polarizada.
En ese marco, Moro fue presentado en incontables ocasiones como el superhombre que combatía incansablemente a la corrupción y era por tanto un símbolo de ética y honestidad. Ante los ojos del público brasileño se construyó su figura como la de un juez travestido de héroe, de salvador, representante de una justicia mesiánica, frente a los políticos corruptos que representarían el mal a ser suprimido. Una visión moralista cuya consecuencia más peligrosa ha sido el aumento de la antipolítica entre la población y la aversión a los políticos tradicionales.
El espectáculo que la Lava Jato ofrecía diariamente en la prensa ha dejado la sensación de que todos los políticos tradicionales son corruptos, lo que lleva inmediatamente a la necesidad de un outsider, alguien que no represente al sistema, esta vez encarnado por la figura de Bolsonaro. La lucha anticorrupción, fundamental en un país como Brasil, se transformó en un instrumento de criminalización social de la política que acabó favoreciendo al populismo bolsonarista.
Además, Bolsonaro pretende imponer en su legislatura una lógica de “ahorro ministerial” fusionando diversos ministerios para disminuir el tamaño de la máquina pública brasileña. Una de sus propuestas es fusionar la cartera de Justicia con la de Seguridad Pública, recién creada por el actual presidente, Michel Temer, en el contexto de la intervención federal de carácter militar en Rio de Janeiro. Moro heredará las dos.
Algunas posturas del futuro ministro pueden llevar a enfrentamientos con el Supremo Tribunal Federal (Stf). Según anunció, su prioridad al frente del ministerio será el combate contra la corrupción y el crimen organizado, pero sus métodos para llevarlo a cabo son muy discutidos. El envío a prisión de los acusados sin que los procesos hayan agotado todos los recursos judiciales, y su relación promiscua con la prensa serán motivos de choque con los magistrados del tribunal más importante de Brasil.
Moro trae bajo el brazo un paquete de medidas que busca atacar los crímenes de corrupción implementando una agenda más punitiva que flexibilice el proceso penal. O sea, penas más duras y menos garantías penales, con la idea de que la cárcel acabará con la corrupción. El Congreso tendrá que aprobar este paquete, pero varios ministros del Stf ya han declarado que podrían considerar inconstitucionales algunas de
sus propuestas.
La actividad política es ahora vista entre los brasileños como naturalmente sucia, obscena o indecente, y esta es la razón por la que partidos y personajes clásicos del escenario político nacional sufrieron derrotas históricas en las elecciones. La Lava Jato potencia esta visión. Pero sin política no hay democracia.
* Doctora en ciencias sociales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Federal de San Pablo.
