El primer año de actividad de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad –que se cumplió el sábado 23– estuvo signado por un dictamen histórico. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de cinco militares por los delitos perpetrados contra los hermanos Anatole y Victoria Julien.
En 25 carillas, el fiscal detalló uno de los crímenes más emblemáticos de la última dictadura. Los niños fueron secuestrados junto con sus padres en Buenos Aires y trasladados clandestinamente a Uruguay en octubre de 1976, en el denominado “segundo vuelo”, y permanecieron recluidos en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), en bulevar Artigas y Palmar. La presencia de los niños allí, donde ahora está la Institución de Derechos Humanos, fue confirmada por varios ex presos políticos vinculados con el PVP.
Más adelante, los hermanos fueron trasladados hacia Chile y abandonados en la plaza Bernardo O’Higgins, de Valparaíso. El 29 de diciembre de 1976, el diario El Mercurio publicó una fotografía de ambos en esa plaza. Los niños fueron internados en una casa cuna de Playa Ancha, donde permanecieron tres años, hasta que fueron adoptados por un matrimonio chileno. Su identidad y su historia se descubrieron en 1979.
Cuarenta y dos años después, el fiscal Perciballe vinculó el crimen con el Plan Cóndor e imputó a José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente por dos delitos de privación de libertad, con dos delitos de supresión de estado civil y dos delitos de abandono de niños. También solicitó la extradición de Manuel Cordero, actualmente detenido en Argentina.
Los imputados “privaron ilegítimamente de la libertad a los hermanitos, a quienes pese a su corta edad mantuvieron cautiverio en distintos centros de detención clandestinos. No obstante, como forma de ocultar tal accionar, procedieron a suprimir su identidad al trasladarlos a un país donde éstos eran desconocidos y concomitantemente los expusieron a graves peligros al abandonarlos en un lugar público”, escribió.
En 2009, el juez Luis Charles condenó a seis militares (incluidos los cinco imputados por Perciballe) y dos policías por 28 delitos de homicidios, en la causa del segundo vuelo. Entre las víctimas, estaban Roger Julien y Victoria Grisonas, padres de Anatole y Victoria. La denuncia penal por el caso de los hermanos también apuntaba a varios funcionarios de la Cancillería uruguaya de la época; esa línea sigue investigándose.
