Con más de 3 mil casos reales por año, el Consultorio Jurídico de la Udelar es una asignatura por la que tienen que transitar obligatoriamente los estudiantes de derecho, además de una actividad de extensión que busca garantizar el acceso a la justicia de personas con bajos ingresos.
Una veintena de personas se sobrepone al calor en la salita de espera, al fondo de uno de los pasillos que nacen a la entrada de la Universidad. Un estudiante de camisa y gafas se pasea entre la gente con una carpeta gorda de color. Hay una pequeña fila en la ventanilla y unos pocos que aguardan su turno afuera, en el corredor. Desde sus sillas, quienes permanecen a la espera pueden posar los ojos en las fotocopias de las notas de prensa pegadas en las carteleras: “Los futuros abogados que le ganan juicios millonarios al Estado”; “Alumnos de Derecho tras la acción judicial por presos desnutridos”; “Unas 1.400 personas reciben asesoramiento legal gratuito”; “Investigan si hay ‘trata laboral’ en seis casos de domésticas”.
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar trabaja con población de bajos ingresos. Para que el consultante sea atendido, debe contar con un salario nominal de no más de 30 unidades reajustables, unos 34.800 pesos. El servicio, que constituye una materia obligatoria para los estudiantes avanzados de derecho y una herramienta de extensión universitaria,1 atiende más de 3 mil casos al año, en los que trabajan 70 docentes y unos quinientos alumnos. “La agenda se abrió el 25 de febrero y estamos completos hasta julio”, explica su director, Hugo Barone, quien se excusa: “El rol que tiene el consultorio de puerta de acceso a la justicia por parte de la población vulnerable tiene que conciliarse con la lógica pedagógica, no hay capacidad de resolver un volumen de casos tan importante como el que tiene una defensoría.”
Los casos son llevados adelante por grupos integrados por docentes y procuradores (estudiantes de derecho con un título intermedio), que luego de interrogar al consultante discuten el diagnóstico. De esta forma, establecen cuál es el problema jurídico y qué solución puede buscarse. El patrocinio de quienes acuden al servicio es asumido por la Udelar. Para los alumnos, la práctica dura el año curricular. Si el trámite se prolonga más tiempo, los consultantes continúan (en la mayoría de los casos, luego del receso de los cursos), atendiéndose con otros procuradores. Si bien la mayoría de los casos se atiende en el edificio central de la Udelar, el consultorio también tiene presencia en barrios periféricos de Montevideo y en algunos departamentos del interior del país: cuenta con oficinas en el Cerro, Sayago, 40 Semanas, Las Acacias y La Unión; también en los departamentos de Salto y Maldonado.
El proceso de anclaje en los barrios se desarrolló en 2005, a la par de la profundización del trabajo con la sociedad civil organizada, cuando el servicio estableció convenios con diversas instituciones y organizaciones. Ese año, quien fue el director del Consultorio Jurídico y más tarde el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte, detectó un debe en materia de los cometidos extensionistas. “18 de Julio y Eduardo Acevedo queda lejos para la realidad actual de Montevideo”, ilustra Barone, que cuenta que en aquella época se detectó la necesidad de que el consultorio “salga de su zona de confort, que es estar en una institución, un ámbito físico que lo reconoce desde hace décadas y décadas, para acercarse más a la comunidad”. Actualmente, el servicio mantiene convenios con la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, la Ong dedicada al trabajo con la población migrante Idas y Vueltas, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, la Liga de Amas de Casa y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
Fue también la década pasada cuando, en el seno del consultorio, se desarrolló la Clínica de Litigio Estratégico. Por medio de esta institución, afirma Barone, “la Universidad busca temas en los que el sistema de justicia está muy exigido, porque implican una polémica social de importancia”. Los derechos de la población carcelaria y de los migrantes, y el acceso a la vivienda y a los medicamentos de alto precio son algunos de estos tópicos. La clínica, que es a la vez una asignatura opcional de la carrera, trabaja en conjunto con los equipos que llevan adelante el patrocinio judicial en el consultorio y con el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos de la facultad, que también depende del servicio jurídico.
Los datos de 2017, los últimos sistematizados, indican que alrededor de 70 por ciento de las personas que llegaron al consultorio lo hicieron por cuestiones de familia, como pensiones alimenticias, tenencias, sucesiones o divorcios. Hubo, también, varios casos sobre temas administrativos, especialmente referidos al acceso a beneficios del Banco de Previsión Social. Sin embargo, cuestiones de volúmenes económicos muy comunes a nivel del derecho civil (promoción en tema de vales, cheques, ejecuciones o hipotecas) no se trabajan frecuentemente desde el consultorio, lo que se explica por los bajos ingresos de los consultantes, sostiene el director.
Ante la consulta de Brecha sobre si hay condicionamientos éticos para rechazar casos, Barone no titubea: “Efectivamente”. “Viene un consultante, un hombre privado de libertad, y dice que quiere tener contacto con sus hijos. Tiene un discurso coherente, plantea que sus hijos quieren verlo, pero, cuando se realiza el cruzamiento de datos para llegar a ver cuál es la situación, se detecta algo que el consultante no dijo, que es que está preso por el homicidio de su mujer, la madre de sus hijos. Hay un análisis del equipo, y en esas situaciones no se actúa”, ilustra, echando mano de un ejemplo de la realidad.
El porcentaje de los casos perdidos es bajo, indica. “También hay una cantidad de casos que, al no ser contenciosos, no se ganan ni se pierden”. “Si estamos hablando de una emergencia habitacional, a veces lo necesario es ganar tiempo para que se active una solución de vivienda y no cuestionar un desalojo por falta de pago.”
Barone explica que Uruguay tiene una de las redes de consultorios gratuitos más grandes de la región en relación con sus habitantes, por lo que el servicio jurídico de la Udelar no es el único que busca garantizar el acceso de la población vulnerable a la justicia. Aunque insiste en que el fin principal del consultorio universitario es formar a los estudiantes, la realidad social con la que se compromete no es ajena al objetivo pedagógico: “Que los futuros abogados ‒dice‒ se formen siendo garantes del acceso a la justicia de la población que de otra forma no tendría acceso a ella es toda una definición política. Después, cada uno seguirá su periplo profesional como considere”.
1. La extensión universitaria es uno de los tres pilares de la Udelar, junto con la enseñanza y la investigación. Se dedica a las actividades que desarrolla la institución en el medio, en interacción con otros actores sociales.
[notice]Viejos debes y nuevas acciones jurídicas en materia de vivienda
La Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos ha detectado un importante déficit en materia de vivienda y se encuentra negociando convenios con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que aportarán a la financiación de grupos especializados en el tema.
Entre otras leyes que no se cumplen, el artículo 45 de la Constitución establece que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa”. Barone señala que la normativa uruguaya es muy distinta a la de la región en asuntos como el arrendamiento y la propiedad de la tierra, y que cuenta con un sistema de defensas que otros países no tienen, así como exigencias a los propietarios. Pero también hay normas, en palabras de Ceretta, que “vulneran derechos” y son una “vergüenza a nivel internacional”, como las referidas al delito de usurpación o la ley de faltas.
El consultorio ya ha presentado recursos de amparo por acceso a la vivienda y patrocina casos como el de los vecinos que se resisten al desalojo del complejo Verdisol. Las acciones que se desarrollarán en relación con la vivienda impactarán en el accionar del sector público y afectarán intereses de privados, afirman desde el Consultorio Jurídico de la Udelar. Quienes coordinan el servicio opinan que las repercusiones alcanzarán a las que han tenido los amparos por el acceso a los medicamentos de alto precio.
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