El 22 de marzo los mandatarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, además del embajador de Guayana en Chile, firmaron la llamada Declaración de Santiago. Mediante este documento los estados implicados declaran su voluntad de revitalizar y fortalecer la integración de América del Sur a través del llamado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).
Esta nueva iniciativa nace de los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Sebastián Piñera, de Chile, y se plantea como reemplazo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuestionada bajo el planteamiento de ser concebida con parámetros ideológicos.
CRISIS DE LA UNASUR. Para buscar los orígenes de la crisis de aquel organismo hay que remontarse al período en el cual la caída de los precios de los commodities en el mercado global comenzó a afectar las economías sudamericanas. Entre los años 2014 y 2015 los consejos ministeriales y sectoriales de la Unasur –espacios temáticos de discusión y articulación de consensos– comenzaron a paralizarse, vaciando de contenido este espacio de integración regional.
El discurso de la soberanía nacional y la conformación de la Patria Grande encontró su contradicción en las políticas hiperextractivistas auspiciadas por el progresismo latinoamericano, lo que hizo que se incrementara la dependencia de estos países respecto al mercado capitalista mundial. Terminado el “boom de los commodities”, y por lo tanto el excedente económico, ningún gobierno progresista continuó apostando por la integración regional.
En este sentido, la parálisis de la Unasur deviene de antes del fin del ciclo progresista en el subcontinente, si bien es un hecho que el cambio de clima político que ha sufrido la región ha terminado de apuntillar esta iniciativa. En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidían suspender su participación en este organismo por tiempo indefinido, justificando su decisión con base en la falta de “resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”, tras haber transcurrido 270 días sin acuerdo respecto al nombramiento de un nuevo secretario general que reemplazara a Ernesto Samper. Cuatro meses después Colombia anunciaría su salida definitiva y en marzo del presente año Ecuador haría lo mismo.
De esta manera, atrás iban quedando un conjunto de iniciativas inconclusas y declaraciones de intenciones sin aplicación auspiciadas a lo interno de esta iniciativa regional. Entre ellas el Banco del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional y la posibilidad de montar una corte penal regional para luchar contra los delitos transnacionales, así como medidas destinadas a erradicar la pobreza o acuerdos para la adquisición interregional de fármacos genéricos con el fin de negociar en bloque un buen precio.
En paralelo y desde una lógica antagónica, los países con gobiernos no progresistas de la región –Chile, Colombia y Perú– más México lanzaban en 2011 la iniciativa Alianza del Pacífico con el propósito de generar un nuevo espacio de integración, en este caso con enfoque meramente comercial y con claro perfil liberal. Esta iniciativa no era menor, pues los pocos países inicialmente involucrados sumaban el 40 por ciento del Pbi de América Latina. En la actualidad se hallan en proceso de incorporación a este espacio países latinoamericanos como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá.
CUESTIONADO DESDE LA MISMA DERECHA. El nacimiento de Prosur es forzado y no responde a un proceso diplomático entre los países de la región, sino más bien a coyunturas políticas internas de sus auspiciadores. Tanto Duque como Piñera sufrían fuertes caídas de popularidad en sus respectivos países durante la primera quincena de enero, cuando posicionaron públicamente esta iniciativa.
Según el presidente Iván Duque, el Prosur “no tiene ningún tipo de raíz política, institucional, ni económica”, tratándose simplemente de una “fuerza de coordinación”. Pese a la declaración anterior, este espacio nace excluyendo desde su origen a la República Bolivariana de Venezuela, a la que se le vetó la posibilidad de formar parte de esta iniciativa. Sería el ex presidente Juan Manuel Santos quien, pocos días después de la fundación de Prosur, pondría en cuestión la falacia oficial respecto a la carencia de criterio ideológico al interior de este nuevo espacio sudamericano: “Me parece que Prosur, o esto que están creando, es lo mismo: Unasur al otro lado. Si fracasó uno, va a fracasar el otro… lo importante es tener un proceso de integración en América Latina que sea efectivo”. En todo caso, el formato con el que nace el Prosur implicaría más su existencia como un foro de alto nivel –espacio para el debate de mandatarios sudamericanos de países con gobiernos de perfil conservador– que como una organización multilateral cuyo objetivo esté anclado a la integración regional.
El cuestionamiento a Prosur no sólo llega de los espacios ideológicamente más anclados a la izquierda convencional hoy en crisis, que definen este invento como un espacio de desintegración regional al servicio de los espurios intereses estadounidenses, recurrido discurso de quienes tienen poco o nada que decir. Son los propios voceros de sectores empresariales sudamericanos –que indudablemente comparten con los gobiernos fundadores del Prosur su ideología conservadora e incluso ultraconservadora– quienes expresaron su cuestionamiento a la nueva iniciativa con las siguientes palabras: “Una mala idea para reemplazar otra mala idea”. Por poner tan sólo un ejemplo, diversos sectores gremiales del capital chileno expresaron durante la cumbre fundacional del Prosur, en Santiago de Chile, sus críticas a este proceso manifestando que este nuevo organismo podría terminar opacando la “exitosa” iniciativa de integración comercial impulsada por el mismo Sebastián Piñera en su primer gobierno, en referencia a la Alianza del Pacífico.
En definitiva, si en algo aciertan los lobbies empresariales es en considerar que no es necesario tener dos instancias que avanzan, en esencia, hacia el mismo objetivo. Es decir, la defensa de sus intereses corporativos.
En definitiva, y más allá de posiciones ideológicas, la construcción de bloques regionales es una respuesta de la que se dotaron los estados –más allá del ideario político con el que comulguen sus coyunturales gobiernos– en diferentes espacios geográficos del planeta para hacerle frente a la globalización. En este sentido, la falta de institucionalidad en los países de la región deriva en que, en lugar de intentar subsanar iniciativas de integración regional en mal estado de salud, nuestros gobiernos hayan ido impulsando diferentes proyectos que opacaron y dificultan el accionar de los anteriores. Así hemos asistido a la conformación de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), la Comunidad Andina de Naciones (Can), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celag) y ahora el Prosur. Sin duda, América Latina debe tener el récord mundial de iniciativas de integración regional fallidas y la nueva apuesta auspiciada por los gobiernos conservadores de la región no tendrá como destino un final diferente a las anteriores.
