El paso del tiempo tiene la virtud de permitir la reflexión, y por tanto ejercitar la sabia actitud de la rectificación. Cuando se trata de un militar, más aun. El 8 de abril, cuando asumió como comandante en jefe del Ejército –en sustitución del general José Ariel González, quien a su vez había sustituido al general Guido Manini Ríos–, el general Claudio Feola, en un intercambio con periodistas, se permitió responder de la siguiente manera a la pregunta ¿usted repudia los hechos del terrorismo de Estado?: “No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”.
Con una crisis aún no resuelta, que tuvo como detonante las confesiones de José Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro, las críticas de Manini Ríos a la justicia y el escándalo de los miembros del tribunal de honor que no vieron deshonor en la comisión de 28 asesinatos, las declaraciones del flamante comandante eran lo último que le faltaba al presidente Tabaré Vázquez en esa partida de truco que, como se sabe, gana el que mejor miente.
Cuarenta y cinco días después el general Feola tuvo la oportunidad de rectificar aquel paso en falso que se alineaba con la interpretación del honor del tribunal: el sábado 18, en la conmemoración del Día del Ejército, afirmó: “Rechazamos enfáticamente los excesos y desvíos del pasado. No estamos al servicio de ocultarlos ni de justificarlos”. En un mes y medio el comandante pudo confirmar la existencia de los crímenes y “rechazarlos enfáticamente”,aunque no explicó cómo los confirmó.
De todas formas, al rectificarse volvió a meter la pata. Los crímenes del terrorismo de Estado fueron, en su óptica, “excesos y desvíos. Advertimos que los hubo como una amarga consecuencia de un terrible e indeseable enfrentamiento entre hermanos”. Corto de visión, el general Feola no previó que sus dichos podían ofender a la impresionante multitud que dos días después desfilaba en silencio por 18 de Julio, bajo lluvia. No se sabe qué es peor. Si calificar los crímenes como “excesos” (es decir, “cantidad que excede o sobra de una cosa con respecto a otra que se toma como referencia”), y en ese caso determinar cuántos asesinatos, desapariciones y violaciones eran para el Ejército la norma no excedida; o si justificar la represión salvaje y continua como guerra entre hermanos; esa guerra costó 200 desaparecidos, otros 200 asesinados y 7 mil torturados. La “guerra”, en todo caso, fue desigual: en el otro bando, en el Ejército, hubo 11 muertos, y uno de ellos víctima del estrés que le provocó la lucha antisubversiva, según la relación del personal en actividad caído en acto de servicio en la década del 70, solicitada por la doctora Azucena Berrutti en 2007.
La repulsa a los dichos fue generalizada, excepto entre aquellos que días antes habían bloqueado en el Senado las venias para el pedido de pase a retiro de cuatro generales. La senadora Mónica Xavier y la precandidata Carolina Cose coincidieron en rechazar el concepto de “guerra” para el terrorismo de Estado, y denunciar este otro intento de reducir la responsabilidad de Estado a la teoría de los dos demonios. La ex diputada Macarena Gelman afirmó a Montevideo Portal: “El tiempo nos ha enseñado que cuando han hablado nos han mentido sistemáticamente”, y reclamó que el Estado tenga un rol activo en la investigación de los crímenes. Elena Zaffaroni, referente de Madres y Familiares, comentó: “Siguen heredando las mismas palabras y los mismos eufemismos para referirse a los crímenes que se cometieron. No fueron una casualidad, fue una política que se usó en esos años de dictadura, y las mismas actas revelan que los jefes dieron la orden para la desaparición de Gomensoro”.
El propio ministro de Defensa, José Bayardi, tomó distancia de los dichos de Feola, pronunciados en su presencia y en la del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Tabaré Vázquez. En conferencia de prensa dijo que no compartía los términos del discurso, pero aclaró: “Cada uno expresa una lectura de la realidad como la entiende. Conocía el discurso de forma previa y me pareció importante que, de alguna manera, (el comandante) catalogara las situaciones como las entendiera. Yo lo hice de otra manera, pero no le impongo a nadie lo que tiene que decir”. Esa “libertad de expresión” no es común en una institución que se ciñe a la verticalidad del mando y a la obediencia debida, de modo que, si no se interpreta como una debilidad, al menos se toma como una concesión a lo delicado de la coyuntura.
Pero, además, ¿qué quiso decir el ministro cuando afirmó que le “consta” que el general Feola “está haciendo lo posible para darles respuesta a los temas de derechos humanos que quedan por resolver”? ¿Eso quiere decir que el comandante está averiguando efectivamente dónde están enterrados los desaparecidos? ¿Está ubicando los archivos del Sid, del Ocoa y de la compañía de contra-información para poner al descubierto los secretos que guarda la impunidad? Y si no lo está haciendo, ¿se le dio la orden de que lo haga?
El compromiso de dar respuesta a los hechos del pasado ha sido la frase reiterada a la que aludía Gelman, reiterada por todos los comandantes del Ejército desde que el Frente Amplio (FA) accedió al gobierno. Antes los comandantes no se sentían en la obligación de dar testimonio, porque los gobiernos no se lo pedían. Pero, invariablemente, la frase tenía acotaciones. “No hay tumbas de desaparecidos. El Ejército no tiene más datos para aportar” (general Carlos Daners, 2001-2003). “Esos hechos le han dolido y le han costado mucho a la sociedad y también al Ejército” (general Ángel Bertolotti, 2005-2006). “¿Perdón a qué? ¿Qué hice yo para pedir perdón?” (general Carlos Díaz, 2006). “El Ejército no puede ni debe seguir respondiendo institucionalmente por deudas que no le corresponden, de quienes con odio, venganza, incredulidad y revisionismo mantienen al país anclado en el pasado” (general Jorge Rosales, 2006-2011). “No tengo conocimiento de ningún pacto de silencio para encubrir delitos dentro de la fuerza que comando, pero aun desconociendo si ha existido o existiera hasta la actualidad dicho pacto, desde este momento doy la orden de su revocación inmediata” (general Pedro Aguerre, 2011-2014). “No hay más para decir sobre los desaparecidos” (general Juan Villagrán, 2014-2015).
Otros comandantes, incluidos Daners, Carlos Berois, Guillermo de Nava, Juan Rebollo, Juan Curutchet, Raúl Mermot, Fernán Amado, Juan Geymonat y Santiago Pomoli, emitieron una declaración: “Quienes suscriben declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos de servicio cumplidos por los integrantes del Ejército, como compromiso solidario e intransferible”. De modo que poner en cuestión aquellos hechos, como lo hizo Feola, era dar marcha atrás.
A partir de la confesión de Gavazzo y todas sus derivaciones, la relación gobierno-Fuerzas Armadas entró en el escenario más delicado desde que el FA es gobierno. El intento de pase a retiro de siete generales, que algunos calificaron de “zarpazo” a la cúpula militar, engendró nuevas situaciones que la Presidencia intentó resolver con su acostumbrada táctica de gambetas. El pedido de venias dejó en evidencia el compromiso de una oposición política con la impunidad y un coqueteo que recuerda las genuflexiones de 1972-1973. Pero, inseguro de doblar la apuesta, el gobierno accedió a mantener en sus cargos a los generales cuya confianza había retirado, en lugar de pasarlos a disponibilidad. Puesto que éstos no se sintieron moralmente cuestionados (en otros tiempos no hubieran dudado en tomar la iniciativa de pasar a retiro), el mando supremo no se atrevió a mantenerlos en disponibilidad. Consultado al respecto, el ministro Bayardi prefirió no abundar en la cuestión. Además, no se sabe si fue autorizado el acto político realizado en avenida Italia y Abacú, el mismo sábado, en recuerdo de los cuatro soldados caídos, donde las imágenes de la televisión mostraron a un general Manini de civil, a algunos con uniforme, y una especie de guardia de honor que vestía ropa de fajina, en torno al pequeño monumento. De ahí que fuera coherente con esa postura el aceptar –y dar su visto bueno– al contenido del discurso del general Feola. El gobierno evita cualquier nueva confrontación con los oficiales del Ejército, aunque lo más probable es que se interprete como una debilidad. ¿Y cuál ha sido históricamente la reacción militar ante la debilidad civil?
