Ciudad de Guatemala, agosto de 1954. El gobierno democrático que presidía Jacobo Árbenz había caído a finales de junio gracias a un golpe militar financiado por la Cia en coalición con el ejército local y las dictaduras vecinas. Numerosos documentos conservados en archivos centroamericanos y caribeños permiten confirmar que se trató de un encuentro de agendas entre el norte global y el sur local: el ejemplo guatemalteco de reparto de tierras, leyes sociales avanzadas y política exterior independiente no debía cundir. Aquella mañana lluviosa, mientras se gestionaba el primer asilo político masivo de la historia latinoamericana ‒cerca de ochocientos dirigentes se asilaron para salvar su vida en numerosas embajadas‒, los reclamos se sucedían en diversos frentes. Ante uno de los nuevos jerarcas, el ministro de Educación impuesto por los golpistas, acudieron el vicepresidente de la Unión de Universidades Latinoamericanas ‒ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala‒ y su secretario general. Estaban preocupados por el acoso al cuerpo docente en general ‒tras el golpe fueron destituidos más de 5 mil maestros y profesores‒ y, sobre todo, por la decisión del dictador Castillo Armas de eliminar la subvención ya acordada a la Unión de Universidades Latinoamericanas. Habían trascendido insólitos rumores y, por ello, los universitarios solicitaron la reunión. El jerarca estaba nervioso, pues no tenía argumentos. Fue entonces que culminó abruptamente el encuentro con una contundente afirmación: “Somos un gobierno de dictadura y hacemos lo que nos da la gana”.1 La cruda expresión ayuda a conectar pasado y presente de un país que, por momentos, parece detenido en el tiempo, en ese eterno trauma del emblemático año 1954.
UN EDIFICIO EN RUINAS. Vayamos por partes. Primero, debe señalarse que nada indica que alguno de los candidatos que finalmente competirán en la contienda de este domingo 16 pueda conseguir las mayorías necesarias para evitar una segunda vuelta.
Segundo, el tránsito hacia las urnas ha estado plagado de candidaturas impedidas de participar por muy diferentes razones: desde vínculos con el narcotráfico hasta amplísimas redes de corrupción extendidas en el país. Entre todos los que finalmente han sido obligados a desistir, destaca nítidamente el caso de la ex fiscal Thelma Aldana, presidenciable del denominado Grupo Semilla, integrado mayormente por dirigentes jóvenes agrupados originalmente gracias a la incansable labor del sociólogo Edelberto Torres Rivas, fallecido a fines de 2018. Aldana, que capitalizaba una buena imagen al haber acompañado decisivamente exitosas investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fue impedida de postularse al considerarse que su presentación del documento denominado “finiquito” electoral estaba fuera de plazo. Más allá de ello, no debería desestimarse ‒como han advertido numerosos politólogos, periodistas y abogados independientes‒ que el freno fue parte de un acuerdo entre cúpulas de una elite política, empresarial y militar que, sin duda, se ha sentido amenazada por las investigaciones de la propia Aldana y la Cicig, que han llegado a erosionar su poder histórico en las estructuras más altas de la sociedad. Ello equivale a decir, siguiendo la ilustrativa descripción del citado Torres Rivas ‒quizás el intelectual centroamericano más influyente del siglo XX‒, que la justicia había conseguido llegar hasta los diminutos pisos 4 y 5 de una estructura social cuyas aberrantes diferencias han tendido a agravarse aun más en los últimos diez años.
Tercero, el sinuoso camino no puede entenderse sin destacar una vez más lo que ha sido un proceder presidencial nítidamente enfrentado a la justicia, lo que ha llevado al mandatario Jimmy Morales a enfrentarse y desconocer pronunciamientos locales e internacionales en repetidas ocasiones. En ese camino, corresponde recordar el empeño en evitar el avance de las investigaciones de la Cicig ‒que lo incluían a él, a su hijo y a su hermano, estos dos últimos procesados‒, con encendidos discursos, rodeado de numerosos militares contrainsurgentes. El acoso presidencial incluyó la prohibición del ingreso al país al comisionado de la Cicig y también de la propia Aldana, exiliada forzosamente tras reiteradas amenazas, que en Guatemala suelen pagarse con la vida. Para proceder con tanta indiferencia respecto de la Onu y las condenas de sectores demócratas del Congreso de Estados Unidos, Jimmy Morales ha tenido varios apoyos. En el plano externo, se ha recostado en Donald Trump ‒con quien consiguió una foto y unos escasos cinco minutos de reunión‒, Israel y el secretario de la Oea, el uruguayo Luis Almagro, formando parte del denominado Grupo de Lima y condenando con firmeza a Venezuela. Esto último tuvo su punto de ridículo más alto cuando un pequeño avión partió del aeropuerto de la Aurora, en la capital guatemalteca, con “ayuda humanitaria” para el vecino venezolano, en el marco del montaje diseñado en su momento desde Colombia: Guatemala tiene los peores índices de América Latina en desnutrición crónica y aguda, agravada aun más en la niñez indígena.
LA HISTORIA BAJO AMENAZA. Un cuarto componente debe añadirse en este panorama: las amenazas de boicot a las elecciones expresadas por las Patrullas de Autodefensa Civil (Pac), oscuro resabio de la guerra contrainsurgente que ensangrentó el país entre 1954 y 1996. Su número no es menor: se calcula que las integran más de medio millón de ex combatientes. El gobierno, que necesita de su concurso en las elecciones ‒debe recordarse que no es obligatoria la participación ciudadana‒, apuró el pago de un bono atrasado, parte de lo que las Pac cobran por sus servicios durante una guerra civil en la que se asesinó a cerca de 200 mil personas y se desapareció a entre 50 y 70 mil, incluidos 5 mil niños.
Una quinta consideración sobre el ambiente de la Guatemala actual incluye las graves tentativas del Poder Ejecutivo de apoderarse del Archivo Histórico de la Policía Nacional, el más extenso descubierto en América Latina, con casi 8 mil metros lineales de documentación, unos 80 millones de páginas entre el último tramo del siglo XIX y finales del XX. Numerosos países y organismos internacionales han colaborado para financiar el notable trabajo de un conjunto de especialistas que, desde 2005 hasta el día de hoy, 12 de junio de 2019, han conseguido digitalizar la friolera de 23.631.511 folios.2 Más relevante que el número ha sido que, como resultado de las labores incansables de los archivistas e investigadores, se han colocado al servicio de la justicia numerosas evidencias escritas con las que pudieron probarse y enviarse a prisión por delitos de lesa humanidad ‒incluido el genocidio‒ a varios militares de alto rango retirados. Los esfuerzos del gobierno por evitar el avance de otras muchas causas pendientes cuya fuente primordial proviene del citado archivo no son nuevos: a las drásticas reducciones de personal les siguieron más tarde la no renovación de contratos ‒incluido el de su director‒ y la visita de un grupo comando que, a bordo de jeeps, llegó en forma amenazante al lugar reclamando acceder a los discos duros. La premura del gobierno ‒que no ha podido evitar que el trabajo continúe adelante, pues son numerosos los voluntarios que prosiguen sin cobrar‒ parece encontrar explicación en que la asociación de veteranos militares retirados ha sido un fuerte baluarte para Morales.
VARIAS FAMAS Y UNA ESPERANZA. A la luz de lo antes expuesto, las elecciones de primera vuelta muestran un panorama de difícil pronóstico, en el que asoman varios nubarrones. Con chances de obtener un lugar en la disputa por la segunda vuelta, está la ex primera dama Sandra Torres, de la Une, cuyo ex presidente Álvaro Colom está procesado por corrupción. También tiene posibilidades el cuestionado empresario Alejandro Giammattei, rodeado ‒como señala una investigación periodística reciente‒ por una “colección de criminales”. Tampoco pueden descartarse los eventuales apoyos a la candidatura del ex diputado, diplomático y abogado Edmond Mulet, que en los años ochenta integró una red de adopciones ilegales de niños.
En las filas de lo que podría denominarse “fuerzas cercanas a la izquierda”, ha sorprendido Thelma Cabrera, candidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Cabrera es una mujer maya mam de 49 años, oriunda de una de las aldeas más pobres de Retalhuleu, a 195 kilómetros de la capital. Su candidatura nació en asambleas comunitarias y cuenta con el respaldo del Comité de Desarrollo Campesino, que desde 2008 lucha contra los intentos de criminalizar una resistencia que consideran legítima, en tanto denuncian el carácter abusivo de las empresas eléctricas privadas que operan en el país y cuyas facturas por el servicio de energía están alejadas de las posibilidades de pago de la población local. El pasado 8 de junio, mientras cerraba su humilde campaña, Cabrera dijo: “Hemos sido gobernados por militares, por empresarios, por académicos y por un comediante últimamente. Hoy, los pueblos decidimos desde la resistencia al poder y nuestros territorios” que “vamos a luchar” por una “Asamblea Constituyente, Popular y Plurinacional. Ante un Estado fallido y podrido, tenemos que construir un Estado a través de la participación de los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizos”. El reto que suponen sus propuestas parece simbolizar, una vez más, el miedo eterno de blancos y ladinos al indio organizado.
1. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, embajada de Chile en Guatemala, “Asuntos políticos. Informe sobre situación en Guatemala”, Oficio Confidencial número 56/18, Guatemala, 17 de setiembre de 1954.
2. Diecisiete millones de ellos se encuentran en el sitio que mantiene la Universidad de Texas. Disponible en: https://ahpn.lib.utexas.edu/es. Dos documentales importantes sobre el archivo son Tengan los ojos puestos en Guatemala, de Gabriela Martínez Escobar, 2013, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hD2IP5QrSK8, y La isla. Archivos de una tragedia, de Uli Stelzner, 2009, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=s2hmiLdJLD0&app=desktop.
