Hace ya más de una década, en un pueblo del otro lado del charco llamado Gualeguaychú, un puñado de niños cantaban por televisión, compungidos y a coro, una canción tan desafinada como memorable que relataba una triste historia: la muerte de Papá Noel debido a la instalación de las papeleras. Como introducción, antes de la canción, una señora relataba lo lamentable de lo inminente: ese año sería nuestra última Navidad.
Más cerca en el tiempo, de este lado del charco, una discusión similar vuelve a cobrar fuerza. Si bien algunas preocupaciones pueden resultar atendibles y algunos argumentos, pertinentes, se entremezclan de tal manera –con tergiversaciones, errores conceptuales, barbaridades técnicas, maniqueísmos flagrantes, mates gigantes, ataúdes y gente encadenada a sillas playeras en el medio de una plaza– que la discusión termina bajando demasiadas veces al nivel de barra brava, con la impostura como método principal de discusión. Esto se detalla muy bien en el artículo de opinión de Marcelo Aguiar Pardo (véase Brecha, 23-V-09).
En cualquier país del mundo, y tal vez más en uno como Uruguay –pequeño, abierto y lejano–, resulta muy difícil resumir en pocas palabras el impacto que tiene la inversión privada más grande de su historia. Sin embargo, sabiendo que dejaré de lado algunos aspectos, y procurando aprovechar el espacio lo mejor posible, me gustaría transmitir tres puntos relevantes asociados a esta inversión: 1) reflexionar acerca del vínculo que tiene con una estrategia de desarrollo; 2) ubicarla como una oportunidad para el desarrollo de infraestructura de calidad que Uruguay necesita, y 3) mencionar que la cuenta global entre los ingresos y egresos asociados al proyecto cierra para el Estado.
LA INTEGRACIÓN DA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO. Como es de público conocimiento, la negociación, en el marco de la legislación uruguaya, fue un largo proceso de tres intensos años. Una parte sustancial de este proceso estuvo relacionada con la voluntad de inscribir el proyecto en un marco más amplio de desarrollo del país, por lo que se estructuraron ocho grupos de trabajo que construyeron propuestas desde esta perspectiva. El camino que hemos recorrido en estos años, no sin desafíos y contradicciones, promueve un crecimiento económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental, impulsando una visión transformadora con un fuerte anclaje territorial. Los resultados de este camino implican el período de crecimiento económico con redistribución más largo de la historia registrada. Pero hablemos de algunos desafíos.
En términos macroeconómicos, el proyecto incrementará de forma permanente el Pbi en el orden de dos puntos porcentuales. Incrementará en más de 1.000 millones de dólares anuales, lo que llevará a que Uruguay se ubique en los dos primeros exportadores del producto en el mundo. La cadena de valor asociada generará una recaudación adicional de tributos de 120 millones de dólares anuales (sin contar los impuestos de la etapa de construcción). El proyecto generará un promedio de 3 mil puestos de trabajo en la construcción de la planta de celulosa y aproximadamente otros 3 mil se requerirán para la rehabilitación del ferrocarril, rutas, viviendas y la construcción de la nueva terminal portuaria. Durante la fase de operación, generará unos 4 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, y entre 3.500 y 4 mil puestos de trabajo inducidos.
Adicionalmente, este movimiento económico se da en aquellas zonas más rezagadas del país en términos de pobreza, ingresos y necesidades básicas insatisfechas. La implementación del proyecto incrementaría el Pbi per cápita de la zona entre un 10 y un 15 por ciento. La cadena forestal-maderero-celulósico se ha constituido en uno de los principales complejos agroindustriales nacionales impulsores del crecimiento, dinamizando y diversificando las exportaciones, generando empleo de calidad en el interior del país e incorporando conocimiento en las actividades productivas. Por todo esto, la cadena posee un elevado potencial para incrementar la contribución al desarrollo nacional.
A su vez, el proyecto impulsa la generación de proveedores nacionales de bienes y servicios en la cadena de valor, y se constituyó un fondo de innovación sectorial que permitirá desarrollar un centro tecnológico forestal maderero en Tacuarembó y un centro tecnológico en bioeconomía, proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y programas de formación en operaciones forestales, transformación química y física de la madera, productos derivados y nuevas líneas de negocios, un centro de desarrollo empresarial y un programa de desarrollo de proveedores nacionales.
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. Una particularidad de este proyecto, que lo diferencia de otras inversiones, es que ya desde la etapa de formulación y por su propia escala no sólo justifica la utilización de infraestructura existente, sino que abre la oportunidad de generar nuevas. Esto ha sido leído por algunos actores como un problema, cuando en realidad debería verse como una oportunidad, derivada del esfuerzo de incluir este proyecto en una estrategia de desarrollo con fuerte arraigo territorial. La escala de la inversión privada y sus características justifican desde el punto de vista económico el desarrollo de ciertas infraestructuras, que además quedan a disposición de otras actividades económicas.
¿De qué infraestructuras estamos hablando? En primer lugar, de un largo anhelo nacional: el regreso del tren al paisaje productivo nacional. El proyecto abre la oportunidad de concretar la rehabilitación de la vía férrea entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros. El Ferrocarril Central transportará la totalidad de la celulosa generada en la planta, utilizando el 50 por ciento de su capacidad. En segundo lugar, el proyecto implica inversiones en el puerto de Montevideo, reduciendo el costo de transporte por tonelada y mejorando la competitividad de las exportaciones. Ambos proyectos se complementan con un viaducto en la rambla portuaria, que mejoraría la circulación de transporte de carga en la entrada al puerto. Dicho viaducto es una iniciativa preexistente, que se alinea con nuevas iniciativas en materia de infraestructura. Tercero, se propone la renovación de rutas, reforzando puentes y realizando el mantenimiento de estas vías, que cuentan con mejores desempeños en términos de eficiencia en el mantenimiento de rutas.
UNA CUENTA QUE CIERRA. Además de las conexiones existentes entre el proyecto y una estrategia de desarrollo nacional, y la oportunidad para dar un salto en la infraestructura, la cuenta para el Estado cierra. Un ejercicio detallado, que incorpora una evaluación financiera de ingresos y egresos del proyecto con un horizonte de 30 años, fue remitido al Parlamento en diciembre de 2018 y puede encontrarse en el sitio de Presidencia.1 Simplificando de forma extrema, y sólo a los efectos de contarlo en dos párrafos (un complejo ejercicio), me permito resumirlo de la siguiente manera: podemos pensar que el proyecto para el Estado se reduce a un gran ingreso y dos grandes egresos. Como ingreso, la recaudación tributaria: 120 millones de dólares de recaudación (fuentes privadas hablan de 170 millones, pero se tomó un escenario base conservador) durante la operación de 30 años. Como egresos, 150 millones de pago de la participación público privada (Ppp) ferroviaria durante 15 años, más una inversión total en infraestructura vial de 180 millones al inicio del período. Si se condensan estos flujos de fondos, se obtiene un valor actualizado neto positivo, del orden de los 600 millones de dólares para el ciclo de vida del proyecto. Y continúa siendo positivo en distintos escenarios. De esta forma, el flujo de ingresos y egresos desde el punto de vista del gobierno es entonces positivo. Es decir, además de generar infraestructura, que estará disponible para otros sectores productivos, generar empleo e impulsar la dinámica económica; la cuenta cierra desde el punto de vista estrictamente financiero.
En síntesis, el proyecto de inversión representa una gran oportunidad para el desarrollo de Uruguay, impactando sobre todo de manera relevante en una región históricamente rezagada. Además, contribuye sustantivamente con el desarrollo de capacidades de los trabajadores y de los empresarios, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, del desarrollo regional, de la diversificación de la matriz productiva, del desarrollo de la infraestructura, del posicionamiento internacional de Uruguay y de la inserción internacional competitiva.
* Politólogo y economista. Subdirector de la Opp.
1. Los documentos del expediente enviado al Parlamento se encuentran en https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/informe–gobierno–upm2.