En junio de 2016 el entonces aún presidente de Colombia Juan Manuel Santos indicaría en el Foro Económico Mundial realizado en la ciudad de Medellín: “Tenemos información amplísima de que ellos (las FARC) están preparados para volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural”. Eran los momentos previos al plebiscito por los acuerdos de paz que se realizaron el 2 de octubre de ese mismo año y en el que el No se impondría por medio punto porcentual sobre los partidarios de terminar con la guerra.
Tras la victoria uribista en aquella consulta popular que puso en vilo estos acuerdos alcanzados entre el gobierno de Santos y el mayor de los grupos insurgentes levantado en armas desde 1964, la primera reacción de las FARC fue la aparición en La Habana de sus dos principales dirigentes, Rodrigo Londoño –alias Timochenko– e Iván Márquez, quienes indicaron: “Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”. Tres años después de aquellos episodios, el pasado 30 de agosto, varios comandantes acompañados por una veintena de disidentes de la guerrilla desmovilizada hacían despertar a Colombia con un video emitido en la madrugada que confirmaba las sospechas de muchos durante los últimos meses: un sector de las FARC vuelve a la guerra.
En el centro del video, Iván Márquez, tras de él, un cartel de fondo que dice “Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer”, y a su alrededor otros comandantes de rango medio, como Jesús Santrich, Aldinever Morantes, Iván Merchán –alias Iván el Loco–, Henry Castellanos –alias Romaña–, Enrique Marulanda y Hernán Darío Velásquez –alias el Paisa–. Márquez, con pistola al cinto y leyendo un largo y grandilocuente comunicado en el que se marca una línea de tiempo desde Simón Bolívar hasta nuestros días, indica: “Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de fundación de las FARC) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión (…). Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”.
UNA RUPTURA ANUNCIADA. La lentitud en su aplicación y el escaso cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en la capital cubana han sido una constante durante todo este período posguerra. Las FARC enfocaron su negociación en la creación de lo que llaman “Territorios Campesinos”, zonas que serían territorios de propiedad de la colectividad manejados por líderes comunales. Sin embargo, hasta el momento, la reincorporación económica, social y política de los miles de militantes de la guerrilla fariana avanza extremadamente despacio. En paralelo, y según el Instituto Kroc, una de las instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de lo acordado en La Habana, el acceso al uso de la tierra mediante la formalización masiva de pequeñas y medianas propiedades rurales no supera el 3 por ciento; los programas de desarrollo con enfoque territorial tienen una aplicación estimada del 9 por ciento; los planes nacionales para la reforma rural integral se han consolidado tan solo en un 4 por ciento, y los programas de sustitución de cultivos ilícitos con tratamiento penal diferencial llegan a no más de 12 por ciento.
En lo referente a la participación política, las FARC pactaron que, en 16 de las zonas más afectadas por el conflicto, el Estado crearía circunscripciones transitorias de paz donde regirían condiciones especiales. En la actualidad, la aplicación de la ley de garantías y promoción de la participación ciudadana para movimientos y organizaciones sociales se estima implementada en un 13 por ciento; la implementación de consejos territoriales para la reconciliación y la convivencia apenas llega al 17 por ciento; la formulación de planes de atención inmediata no supera el 10 por ciento, y la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios mediante la promoción de la democratización del uso del espectro electromagnético no se ha realizado.
Si a lo anterior se le suma las dramáticas cifras, validadas por la Defensoría del Pueblo, sobre los 480 líderes sociales y 150 guerrilleros desmovilizados que han sido asesinados desde enero de 2016 –momento del alto el fuego–, no queda otra que reconocer que Iván Márquez tiene razón a la hora de denunciar que en Colombia los acuerdos de paz están siendo incumplidos y que se repite un proceso similar al que ya ocurrió con la Unión Patriótica. Esa formación legal de izquierda, tras su fundación en 1985 por miembros desmovilizados de las FARC y el Partido Comunista de Colombia tras los acuerdos de paz negociados con el gobierno de Belisario Betancur, sufrió un proceso de exterminio que implicó el asesinato a manos de paramilitares y de fuerzas de seguridad de entre 3 mil y 5 mil de sus integrantes.
Ahora bien, viendo la composición de la comandancia disidente congregada en torno a Márquez, la vuelta a las armas de este reducto fariano –el 90 por ciento de los desmovilizados se mantiene, hasta el momento, fiel al acuerdo de paz– bien parecería una salida individual para algunos de sus protagonistas. Ese es, en primer lugar, el caso del propio Iván Márquez. Este comandante lleva enredado en las FARC cerca de medio siglo y en los años ochenta se sometió a los mencionados acuerdos de paz con Betancur, dejando las armas y siendo investido como congresista de la República. Tras el intento fallido de la Unión Patriótica por democratizar Colombia, Márquez volvería al monte y participaría en diferentes procesos de paz, y sería el jefe negociador en La Habana. Tras la muerte del comandante en jefe guerrillero Alfonso Cano, en 2011, disputó internamente su dirección frente a Rodrigo Londoño, Timochenko, y quedó definitivamente relegado al segundo puesto de la estructura de mando.
Pese a distinguirse dentro de la guerrilla como un líder más político que militar, Márquez tiene 73 procesos pendientes. Entre ellos, la masacre de La Chinita, en la que el 23 de enero de 1994 el V Frente de las FARC asesinó a 35 civiles durante una fiesta popular en Apartadó, en el Urabá antioqueño. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos lo acusa de “establecer las políticas de las FARC” para “dirigir y controlar la producción, manufactura y distribución de cientos de toneladas de cocaína”. Según evolucionen esos procesos, en caso de detención podría ser extraditado.
Algo similar sucede con Jesús Santrich, quien protagonizara el más grande entuerto judicial pos acuerdos de paz. Por sus condiciones físicas y su pérdida de visión casi completa, su aporte a la guerrilla es más ideológico que militar, aunque fue impulsor de la radio clandestina de las FARC y dirigente del Bloque Caribe, subdivisión militar de la insurgencia que operaba en el norte del país. Tuvo un papel destacado como negociador en La Habana y fue detenido en abril de 2018, acusado de narcotráfico, de forma muy discutible y controvertida, por Estados Unidos. Consciente del riesgo de ser extraditado, pasó a la clandestinidad a comienzos de julio pasado y sobre él existe una orden de captura internacional (véase “Sin ánimo de cumplir”, Brecha, 26-VII-19).
Otros comandantes en discordia son Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. El Paisa comandó durante más de dos décadas la principal fuerza de elite del grupo insurgente y fue uno de los hombres de confianza del Mono Jojoy, líder del Bloque Oriental de las FARC. Tiene una decena de condenas por homicidios y terrorismo, además de 27 condenas por secuestro. Se le acusa, entre otros, del asesinato en el año 2000 de quien fuera presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de Colombia y miembro del Partido Liberal, Diego Turbay Cote, y de su familia; del secuestro en 2002 de la ex congresista Gloria Polanco y sus hijos, cuyos esposo y padre fueron asesinados en 2005 tras no poder pagar el rescate; del secuestro y asesinato en 2009 del gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, o de atentados como el coche bomba en el club El Nogal, en 2003, en Bogotá, en el que fallecieron 36 personas y 200 quedaron heridas. En paralelo, Romaña tiene abiertos más de 70 procesos en su contra por delitos relacionados con secuestro, terrorismo, narcotráfico y homicidios.
Ni el Paisa ni Romaña apoyaron inicialmente el proceso de paz, y se incorporaron a las negaciones de La Habana cuando estaban ya bastante avanzadas. De igual manera y pese a los acuerdos establecidos en función de la justicia especial para la paz, ambos podrían terminar declarando en el Palacio de Justicia, según cómo evolucione cada uno de sus procesos judiciales.
LA VIABILIDAD DE LA VUELTA A LAS ARMAS. Pese a que está todavía por verse la capacidad de convocatoria de Iván Márquez y su grupo entre los guerrilleros desmovilizados, pocos son en Colombia quienes piensan que sea viable rearticular a las FARC al día de hoy. La vuelta a las armas del grupo disidente encabezado por Márquez aparece como un proyecto llamado al fracaso y desfasado respecto a la realidad actual del país. Colombia, a pesar de la violencia que emana de su oligarquía rural y que se ceba sobre dirigentes sociales comunitarios e insurgentes desmovilizados, vive la fase final de una historia que la ha acompañado durante más de medio siglo. Si para algo valió el acuerdo de paz fue para concienciar a gran parte del país de que la guerra, sea impulsada desde un bando o desde el otro, no es una salida. De acuerdo con datos de la reciente Encuesta Mundial de Valores, a más del 70 por ciento de los colombianos le preocupa que continúe la guerra interna.
Las propias FARC habían negociado la paz en 2016 forzadas por su debilitamiento paulatino, que mucho tiene que ver también con la colaboración de la inteligencia estadounidense en el conflicto. Desde los sucesos de Angostura de 2008 (cuando un bombardeo militar colombiano a un campamento de retaguardia en Ecuador asesinó al comandante guerrillero Raúl Reyes), la detección de computadoras conectadas y dispositivos electrónicos móviles permitió localizar a los escuadrones de la guerrilla, modalidad con la que se la golpeó notablemente.
Ahora, se estima que los liderados por Márquez podrían movilizar inicialmente a entre 1500 y 2 mil insurgentes de los 13 mil desmovilizados de las FARC contabilizados por el Alto Comisionado de Paz. Buena parte de esa minoría propensa a volver a las armas estaría aún en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde fueron acogidos los guerrilleros al comenzar el proceso de desmovilización. La mayoría de los farianos, sin embargo, ocupa ya nuevas áreas de agrupamiento, a las que se han ido con sus familias en busca de asegurar su subsistencia económica. Esas cifras coinciden con diversos informes internacionales auspiciados por Naciones Unidas que establecen que, en los procesos de desmovilización de grupos insurgentes, entre el 10 y el 15 por ciento de sus miembros termina volviendo a las armas.
Por otro lado, Márquez anunció en su grabación que las restituidas FARC guerrilleras buscarán aunar esfuerzos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo armado de orientación marxista-leninista que aún mantiene su actividad militar en determinadas zonas selváticas de Colombia, especialmente en territorios aledaños a la frontera con Venezuela. Dado el cierto apoyo que durante los últimos años ambos grupos guerrilleros han recibido desde Caracas, cabe pensar que desde el Palacio de Miraflores se les ve como posibles aliados estratégicos en caso de que la República Bolivariana sufra algún tipo de intervención militar extranjera.
Al mismo tiempo, el mensaje de Iván Márquez busca cambiar algunas formas farianas clásicas, aunque sin por ello modernizarse. Márquez dice, por ejemplo, que el objetivo de las nuevas FARC no es atentar contra la policía o las fuerzas armadas, sino contra la mafiosa oligarquía colombiana. Tal cual se decía en un comunicado del M-19 –grupo insurgente adscripto al socialismo democrático y desaparecido en marzo de 1990– a finales de 1987: “Guerra a la oligarquía, paz a las fuerzas armadas”. Nada nuevo bajo el sol.
La negociación de los últimos acuerdos de paz en Colombia duró más de seis años y conllevó la redacción de un documento de más de 300 páginas, que en la práctica se ha incumplido. El propio presidente Iván Duque ha manifestado en múltiples declaraciones su escasa voluntad por darle vigor al proceso de paz. Pese a los incumplimientos gubernamentales, el paso dado ahora por el reducto de comandantes disidentes liderados por Márquez beneficia precisamente a los opositores a los acuerdos de 2016, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe. El pasado jueves 29, apenas conocido el regreso a las armas de Márquez, Uribe hizo un llamado inmediato a derogar todos los pactos en materia de justicia transicional y a la quita del rango constitucional al acuerdo de paz.
