Las madres y padres de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en la noche del 26 al 27 de setiembre de 2014 tomaron como un rayo de esperanza la reunión que mantuvieron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), hace poco más de dos semanas. En enero de este año, se echó a andar la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada a partir de uno de los primeros decretos firmados por Amlo al asumir la presidencia. Encargada al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es una instancia en la égida ministerial que debe funcionar como “parte coadyuvante” de la investigación judicial.
Sin embargo, aunque las familias de los normalistas reconocieron la buena disposición del presidente y de Encinas para atenderlos, manifestaron su preocupación por lo rezagadas que están las actuaciones de la Fiscalía General de la República, la responsable judicial del caso, sobre todo después de que 77 de los 142 detenidos fueran liberados por fallas en el proceso penal. Una buena parte de ellos acusó haber sido torturado para forzar las confesiones con las que el Estado armó una “verdad histórica” del destino de los estudiantes, que lleva tres años falseada.
El principal reclamo de las familias sigue siendo –casi como desde el inicio– que las fuerzas armadas mexicanas entreguen toda la información que tengan del caso, particularmente lo sucedido durante el 26 y el 27 de setiembre de 2014, cuando estuvieron a cargo del monitoreo de las cámaras de seguridad pública y el almacenamiento de los videos generados por el centro de comando y vigilancia de Iguala. “El expediente indica que elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala tuvieron una conducta irregular, participaron de labores de monitoreo de los normalistas, mintieron y fueron omisos en sus declaraciones, por lo que hay que investigar si esto fue producto de una orden o motu proprio. También sabemos que hay elementos del 27 Batallón con vínculos estrechos con (el grupo paramilitar) Guerreros Unidos”, explicó en la conferencia de prensa de los familiares tras la reunión con Amlo el abogado Santiago Aguirre, quien acompaña el caso como director del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Aguirre agregó que la entrega de información de las fuerzas armadas a la justicia es aún insatisfactoria y que la información que recibió la comisión presidencial ya constaba en los expedientes judiciales y en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Es nuestra pretensión que el Ejército envíe específicamente lo relacionado a las secciones que les compete inteligencia, que tiene mucha más información sobre el contexto local de Iguala y estatal de Guerrero, así como sobre las distintas versiones que se han dado sobre el paradero de los estudiantes. Esto pidieron las familias a Amlo: que como comandante supremo de las fuerzas armadas las mandate a entregar toda la información que esté en su poder”, explicó el abogado.
El presidente mexicano se comprometió a facilitar reuniones tanto con el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, como con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Además, afirmó que mantendrá reuniones bimestrales con los padres y madres de los 43 para revisar los avances de la investigación del caso y el trabajo de la comisión presidencial.
Las familias esperan que por otra parte se concrete la llegada de otros dos de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), el equipo de juristas internacionales que realizaba una investigación paralela a la oficial, para que se sumen Ángela Buitrago y Francisco Cox, quienes ya están en México en apoyo a las labores de investigación. Pero a pesar de la importancia que tuvo la labor del Giei durante los dos años que trabajó en México, ni Buitrago ni Cox han logrado gravitar como entonces, y actualmente están limitados a realizar una función de consultores. Las familias de las víctimas, sin embargo, esperan que su trabajo pueda alcanzar la profundidad de antaño.
Mientras tanto, y como han hecho sin pausa durante los cinco años previos, los familiares de los 43 siguen en la calle. Este 26 de setiembre encabezaron una marcha global, bajo el mismo grito que no cesa: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
