Durante la campaña electoral de 2009, el entonces presidenciable blanco, Luis Alberto Lacalle Herrera, recomendó a los inversionistas que esperaran a diciembre para invertir, porque existía el riesgo de que un segundo gobierno del FA aprobara leyes que podían afectar sus inversiones. Pasadas las elecciones, Lacalle Herrera reconoció que esa declaración fue un “error”.
Pero la tentación de ser árbitro de los destinos del país en materia económica parece estar en el Adn del Partido Nacional (PN), tanto para desaconsejar la llegada de capitales como para asegurar que las agencias calificadoras de riesgo no bajen el grado inversor de Uruguay, merced a sus buenos oficios.
La economista Azucena Arbeleche, titular del Ministerio de Economía y Finanzas en un eventual gobierno nacionalista, dijo el 3 octubre (FM Del Sol): “Como equipo de Economía de Luis Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”. Con esas palabras dio a entender que Uruguay mantiene la calificación (Bbb, país de nivel medio que se encuentra en buena situación), a la espera de un gobierno del PN y no por el actual estado de la economía.
Los dichos de Arbeleche fueron apoyados por el presidenciable Lacalle Pou. En conversación con los medios sostuvo: “En este momento, en el que las calificadoras nos están mirando, de lo que hablamos, sobre todo en la voz de Azucena, pero respaldada por quien habla, es que al gobierno que viene, sea del partido que sea, le den tiempo para que con las herramientas que tiene a su alcance y los programas de gobierno pueda salir de la situación compleja en la que está la economía”.
La interrogante es saber cuánto rinde en materia electoral que el PN se adjudique el rol de garante de la estabilidad del país ante esas agencias tan importantes en el manejo financiero y su relación con el crédito, la inversión y el valor de los bonos uruguayos. Por ahora, la autoasumida paternidad de la estabilidad y las buenas relaciones con ese mundo complejo no parecen –según las encuestas– arrojar muchos dividendos en el electorado uruguayo. La sobreactuación en este plano recuerda los pasos fallidos de Lacalle padre en 2009. En todo caso, las variantes en la predilección de los votantes estarán más vinculadas a la economía real que a las calificaciones de unas agencias muy caprichosas en sus dictámenes.
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Las calificadoras de riesgo surgieron en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Hoy son tres las más importantes (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch), todas con sede en Nueva York y asociadas a bancos como el Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, Financial Group, Citi Group, entre otros. Su principal tarea es determinar qué empresa o país tiene capacidad de endeudarse o pagar sus deudas. Por tanto, son juez y parte del devenir financiero internacional. Y, por supuesto, la calificación varía según los intereses que representa. Por ejemplo, en la crisis internacional de 2008, fruto de la burbuja inmobiliaria y demás, todas las agencias mantuvieron el grado máximo (Aaa) de calificación para Enron (empresa estadounidense de energía) y Lehman Brothers (un banco de inversión del mismo origen), y consideraron como activos las hipotecas basura que componían su cartera. Lo mismo sucede –y es una de sus prioridades a la hora de evaluar– con la relación (ratio) entre la deuda externa y el Pbi. Estados Unidos conserva la mejor calificación, a pesar de que la deuda externa de esa nación supera el 100 por ciento de su Pbi (el dato llamativo es que China es su principal acreedor). Lo mismo ocurre con Japón, que ha llegado a un endeudamiento que supera en dos veces su economía. En contraste, la Bolivia de Evo Morales tiene una calificación de Ccc (país vulnerable que no asegura el pago de sus obligaciones), a pesar de que el ratio de la deuda con relación al Pbi no es preocupante y que el crecimiento económico ha sido constante. A despecho de esas incongruencias en las determinaciones de las agencias, estas se han transformado en la llave de las inversiones y del crédito, en una suerte de dios que desparrama, caprichosamente, bendiciones y maldiciones a diestra y siniestra.
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Volviendo a la cuestión inicial, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, indicó que es costumbre de las agencias calificadoras conversar con todos los agentes económicos y políticos de un país, pero que la evaluación se hace de acuerdo a los números de la economía, a su crecimiento y al nivel de deuda externa en relación con el Pbi, entre otros ítems. A su vez, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, salió al cruce de las declaraciones de Arbeleche, señalando el sinsentido de que la economista se adjudicara el mérito del mantenimiento del grado inversor de Uruguay.
Para las economías dependientes, como la uruguaya, la relación con las calificadoras no deja de ser una necesidad, en particular por la suerte de la emisión de bonos y los intereses a pagar. Sin una buena calificación, la colocación de esos títulos de deuda sería más difícil y los intereses serían mayores a la hora de solicitar esos préstamos que, hoy por hoy, financian el rojo de las cuentas públicas. Pero esa realidad no amerita que el sector mayoritario de la oposición se adjudique el mérito de la conservación del grado inversor.
Con algunas observaciones, Uruguay ha hecho bien los deberes y es responsabilidad del actual gobierno que se mantenga esa calificación, aunque, es bueno decirlo, el período de mayor crecimiento de la economía se dio cuando Uruguay no tenía grado inversor (2005 a 2014), y las interrogantes surgen cuando el incremento es menor (0,2 por ciento) y la región está en llamas. Arbeleche debe entender que son otros los componentes de la buena calificación y que las promesas no alcanzan para definir las conductas de agencias que se mueven en función de los intereses del capital financiero internacional. Una advertencia que también vale para el actual y un eventual futuro gobierno frenteamplista.
