A menudo, la autocomplacencia institucionalista uruguaya otorga la imagen de una democracia plena y excepcionalmente madura como el reflejo de un mecanismo exacto, repetitivo e impersonal, en el que los engranajes encastran con la precisión de la relojería suiza. Pero ¿cómo aproximarnos al desempeño democrático a partir de un escenario (distópico e improbable) en el que una pandemia haga saltar por los aires el funcionamiento regular del dispositivo? Se trata de un problema complejo que nos obliga a pensar el asunto de la legitimidad democrática más allá de los protocolos preestablecidos y sus formas liberales decimonónicas.
Una interpretación bastante extendida emparenta la democracia y el mercado. En esta lectura, estos dos componentes se visualizan como procedimientos imparciales y universalmente incluyentes que asignan recursos políticos y económicos. Así, cualquier configuración política y económica resulta justa y legítima si cumple cabalmente con dichos procedimientos, independientemente de la distribución específica de recursos que de allí se derive. Buena parte del discurso liberal replica esa confianza procedimental, entronizando la repetición institucional y los modelos legaliformes como atributos determinantes de toda legitimidad.
Claro que esta explicación no siempre es convincente. En su mayoría, los reparos aparecen cuando los efectos de la distribución resultan insoportables, aun cuando se hayan obtenido siguiendo rigurosamente los procedimientos previstos. En otras ocasiones, los críticos denuncian la falsa neutralidad y universalidad de esos mecanismos que inclinan la cancha del juego distributivo siempre para el mismo lado. En ocasiones, por cierto, bastante extraordinarias, son los procedimientos mismos los que se vuelven inaplicables. En esos casos, el problema es todavía más complejo. Pues, una vez que nos hemos entregado por completo a la justicia de los procedimientos y sus pretendidas asignaciones imparciales, todo aquello que escape de los cauces instituidos nos resulta inaceptable.
TIEMPOS NUEVOS. La circunstancia pandémica se revela como una convulsión extraordinaria que pone en jaque los mecanismos habituales del mercado y la democracia. Específicamente para el caso de la democracia, al menos por un tiempo, las acciones y las decisiones políticas andarán a las patadas con los mecanismos liberales canónicos. Sin embargo, no tenemos más remedio que seguir pronunciándonos sobre la legitimidad, tanto de los procedimientos como de los resultados del orden colectivo, ya que la propia identidad de la democracia se dirime en ese pronunciamiento incesante.
Son malos tiempos para los devotos de las ideas liberales, tanto de las económicas como de las políticas. En cuanto a las primeras, la evidencia es tanta que deviene casi en constatación. La radical alteración de las dinámicas económicas que experimentamos en estos días pone de manifiesto que, pese a lo tantas veces declamado, en ese ámbito no hay nada semejante a un orden natural y objetivo de las cosas. La audacia para hacer frente a una modulación inédita del capitalismo, que combina una profundísima crisis financiera con un parate abrupto y casi total de la producción y el consumo no esencial, exige despertar rápido del ensueño liberal y de su tradicional agenda de retraimiento del Estado a fin de liberar las bondades de la autorregulación del mercado. Si algo semejante existió y fue exitoso en algún tiempo y lugar, hoy no es el caso. Tampoco son buenos tiempos para los defensores de la democracia liberal, si por ella entendemos un entramado de procedimientos predecibles e impermeables a los vaivenes de la coyuntura. Una vez más, si algo semejante existió y fue exitoso en algún tiempo y lugar, hoy no es el caso.
Todos los regímenes democráticos contemporáneos, también los más consolidados y modélicos, viran hacia formas de ejercer el poder mucho más centralizadas. Las decisiones políticas, incluso las trascendentales para la vida –y la muerte– de las personas afectadas, se toman en un grupo minúsculo y con una premura que impide toda deliberación y argumentación sopesada. El panóptico digital de los datos personales recolectados al filo de la legalidad se conjuga con el despliegue expansivo y discrecional de las fuerzas analógicas del orden. Los ejecutivos del mundo capean la tormenta con base en urgentes y necesarios decretos, prescindiendo de las labores legislativas normales y casi en ausencia del control judicial de sus acciones. La vulgata constitucionalista y republicana, con su trillada división de poderes y sus resguardos institucionales, se flexibiliza hasta el límite de lo posible. Si no asumiéramos la emergencia del caso, nos apuraríamos a denunciar esas formas como auténticos signos de autoritarismo.
¿Cómo juzgar el desempeño de nuestras democracias y la legitimidad de sus decisiones en estos tiempos excepcionales? La empresa es doblemente arriesgada, ya que si no teníamos una respuesta clara para cuando el mundo andaba sobre sus pies, mucho menos la tenemos ahora, que se le ha dado por andar patas arriba.
El liberalismo procedimental plantea una solución atractiva, al menos para tiempos normales. El secreto consiste en aferrarse ciegamente a un entramado institucional que asegure la legitimidad de sus resultados y decisiones a partir de la inclusión igualitaria e irrestricta de la pluralidad de voluntades y expresiones sociales. Se asume aquí que todo ese espectro polifónico de voces podría ser traducido al lenguaje universal de los procedimientos. Más aún, todo el horizonte semántico, axiológico y emotivo que el ideal democrático pone en juego sería decodificable en esa misma frecuencia. Con ello, los dispositivos institucionales no sólo vienen a regular el orden democrático, sino que también agotan la plenitud de su sentido.
Desde luego que el idealizado mecanismo liberal tiene, en la práctica, mucho de puesta en escena, de representación simbólica y de ficción justificadora del estado de cosas existente. La supuesta inclusividad e imparcialidad del procedimiento nunca es completa. Los sesgos y las exclusiones, de hecho y de derecho, son probablemente inherentes a la facticidad de lo político. Pese a todo, y no sin tropiezos ni detractores, el relato procedimental de la democracia liberal mantiene cierta vigencia hegemónica. Ahora bien, si la narrativa funciona para tiempos ordinarios, experimenta profundas dificultades cuando lo extraordinario irrumpe.
La excepción de los tiempos pandémicos nos llama a pensar la validez de la vida democrática y sus ficciones ordenadoras más allá de sus estrechos márgenes institucionales. Más que en mecanismos atávicos y sacralizados, deberíamos recalar en el sentido profundo y no formal de aquello que la forma procedimental intenta infructuosamente contener. Re-presentar aquella ficción legitimante inclusiva e igualitaria de la pluralidad social requiere calibrar con precisión los humores cívicos para receptar y sintetizar con mucha sensibilidad los principales flujos de opinión pública, apelando necesariamente a mecanismos ad doc. Esto, no para caer en volátiles ensayos demagógicos ni para quedar atrapados en los diletantes diktats de las encuestas, sino para que los afectados por las decisiones democráticas puedan –incluso en estos tiempos atípicos– sentirse virtualmente incorporados en sus mecanismos y verse reflejados en sus resultados.
Si se logra esa alquimia, tendremos buenas razones para estar convencidos de la legitimidad de las decisiones comunes, así como de la validez de los procedimientos –formales o informales– que nos permitieron llegar a ellas. Después de todo, las instituciones son buenas y deseables si nos inspiran confianza y si creemos en ellas. Es una cuestión de fe, es cierto, pero la fe es un don que se cultiva. De allí la importancia de articular la simbología del espacio público y sentar en la mesa decisional a sus referentes claves, incluso prescindiendo de las formas democráticas tradicionales. En eso, la creatividad y los reflejos del sistema político –del gobierno en primer lugar– será determinante.
* Doctor en Ciencia Política, profesor e investigador del Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
