Profesionales universitarios, docentes, políticos, empresarios… Como fichas de dominó, 11 hombres de buena posición económica y social cayeron en la última semana, imputados por explotar sexualmente a adolescentes menores de edad en Punta del Este y Montevideo. Todo indica que es apenas el principio y sugiere que las políticas públicas de prevención y contención también deberían mirar con más atención a la alta sociedad.
Los hombres fueron detenidos por funcionarios de Crimen Organizado e Interpol, en tandas, según la magnitud de las pruebas que los incriminan: mayormente mensajes de Whatsapp de los que surge que sabían, claramente, que trataban con menores de 18 años y que eso está penado por ley. Primero cayeron un exjuez de menores, un diputado suplente del sector Ciudadanos del Partido Colorado y docente del sector privado, un arquitecto, un organizador de fiestas electrónicas y un abogado que en la pasada administración fue asesor estatal. Les siguieron un economista que además integra la lista 40 del Partido Nacional, un fotógrafo y cuatro empresarios, dos de ellos vinculados al marketing y la publicidad en Internet. Todos resultaron formalizados, sin prisión preventiva, imputados por un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad; a excepción de uno, a quien se le tipificó contribución a la explotación sexual.
A nivel político, la reacción fue inmediata: el diputado suplente del Partido Colorado –Nicolás Ortiz– y el integrante de la lista 40 del Partido Nacional –Diego Susena– fueron desvinculados de sus colectividades mientras se sustancia la investigación, y en las redes sociales militantes y votantes de diferentes partidos convirtieron el caso en insumo de campaña. Más allá del impacto político, la relevancia y la cantidad de las personalidades involucradas rompieron, esta semana, con el monotema mediático del coronavirus y su coyuntura.
Todas las personas involucradas son de clase media y media alta, incluidas las adolescentes y las jóvenes vulneradas –ahora bajo la protección de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía–, como para reafirmar que estas situaciones no se dan solamente en los estratos socioeconómicos más bajos y que no siempre involucran a víctimas con necesidades básicas insatisfechas.
La reserva del caso –así declarada para proteger a las víctimas y la investigación todavía en curso– ha impedido acceder a información oficial sobre el papel que cumplía cada uno de los imputados. Ayer de tarde, la fiscal Darviña Viera, respondió preguntas en una rueda de prensa, pero, de principio a fin, reafirmó que la investigación continuará en estricta reserva, por lo cual la Fiscalía no publicará los dictámenes de formalización y tampoco habrá detalles en las declaraciones públicas que, de todos modos, pretenden dar transparencia al caso. En esa instancia, la magistrada aseguró que, “por el momento”, no hay pruebas de que los imputados operaran en una red y sostuvo que todavía “no se sabe cuántas adolescentes” están vinculadas.
No obstante, Brecha confirmó que los vínculos nacieron a través de páginas web donde se ofrecen servicios sexuales y que, en principio, los explotadores se contactaban de forma individual con las jóvenes. Fuentes de la investigación mencionaron dos sitios, que operan con singular éxito en Uruguay: Sugar Daddy y Skokka. El primero es un portal de citas para hombres “ricos y exitosos” que aparecen como benefactores de amantes jóvenes, a quienes proveen regalos (salidas de compras, cenas, viajes) a cambio de sexo. En tanto, Skokka funciona como portal para contactarse con prostitutas (“damas de compañía, chicas prepago y escorts con fotos y Whatsapp para sexo”, dice la web). Ambas páginas, entre muchas otras que promueven este tipo de “servicio”, son legales siempre que las personas que los ofrecen sean mayores de edad.
Una de las aristas de la investigación tiene como protagonista a una veinteañera que se promocionaba en estos portales –todavía se desconoce desde cuándo– e invitó a adolescentes menores de 18 años a participar, sorteando los términos de acceso a esos sitios web. Al mismo tiempo, intercambiaban decenas de “clientes” entre ellas, por fuera del sistema virtual. Así accedieron a algunos de los ahora imputados, con quienes coordinaban luego los encuentros, mayormente en hoteles de Punta del Este y Montevideo, según relevaron los investigadores a partir de las pericias realizadas en los celulares incautados en allanamientos o entregados por las víctimas.
La responsabilidad de los hoteleros –o sus recepcionistas– no está clara, todavía. Desde 2014, un decreto de los ministerios de Turismo, del Interior y de Desarrollo Social obliga a los establecimientos a capacitar a sus funcionarios para detectar y denunciar eventuales casos de trata y la explotación sexual de personas. Además, por ley, los hoteles deben registrar a quienes ingresan y, para el caso de menores de edad y su posible explotación sexual, deberían indagar cuál es el vínculo de las chicas con los adultos que las acompañan y denunciar cuando suponen que existe un delito. Sin embargo, esto no ocurrió. De la investigación surge que alguna de las adolescentes se registró con una cédula falsa o ajena y, aunque físicamente no parecían mayores, por motivos todavía no determinados, quienes estaban en la recepción hicieron la vista gorda. En cuanto a las familias de las jóvenes implicadas hasta ahora, no aparecieron indicios de que estuvieran al tanto de esta situación o de que –como ocurre en casos en contexto socioeconómico vulnerable– facilitaran o se beneficiaran con esta actividad, acotaron las fuentes.
PODEROSOS Y MENTIROSOS. A la luz de estos hechos, algunos imputados alegaron que no sabían que se vinculaban con menores de edad y que estas los habían engañado. Para su desgracia, como si no tuvieran claro que el desconocimiento de la situación o de la ley no los eximen de responsabilidad penal, el cuento les duró poco: las pericias telefónicas de los diálogos de Whatsapp evidencian su total conocimiento de la situación, al tiempo que el relevamiento policial logró confirmar que habían ingresado a hoteles con las adolescentes. Ni arbitrario ni casual, el criterio de la Fiscalía apuntó a detener primero a quienes aparecían más comprometidos, como forma de proteger a las víctimas: las pruebas son tan contundentes que parece innecesario exponerlas a careos con estos hombres poderosos o someterlas a nuevos interrogatorios durante el juicio, consideraron las fuentes consultadas. “La defensa hace su juego. La Fiscalía tiene las pruebas suficientes para formalizar y todavía falta procesar algunas”, se limitó a señalar anoche la fiscal Viera.
Otra particularidad de este caso es que las implicadas no se ven a sí mismas como víctimas; sostienen que son parte de la trama en forma voluntaria. Sin embargo, tal argumento no es jurídicamente válido cuando se trata de menores de edad, aunque para muchas personas –incluso investigadores y operadores del Poder Judicial– es algo difícil de digerir en función de prejuicios aún arraigados. “La excusa es el argumento más frágil frente al peso de la ley. Acusarlas de engañar o mentir es invertir la responsabilidad del delito, y sigue siendo un argumento que las defensas utilizan en estos casos. El otro argumento es que las adolescentes actúan voluntariamente, cuando no se puede responsabilizar a una menor de edad por consentir su propia explotación. El explotador siempre es alguien con un mayor poder respecto a la víctima en función de la educación, el dinero, la promesa, su peso social; siempre hay una relación desigual, ya desde el hecho de que uno es adolescente y el otro, un adulto”, señaló a Brecha el sociólogo Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), organismo interinstitucional comandado por el Inau.
NUEVO ESCENARIO. Apenas un puñado de los 240 casos de explotación sexual de menores de edad que atiende el Conapees (no todos judicializados) ocurre fuera de contextos socioeconómicos vulnerables y ninguno tiene la dimensión del actual, en el que aparecen imputadas personas de tanta relevancia social. No hay análisis específicos que expliquen la diferencia estadística, aunque Purtscher vincula el fenómeno con cierto nivel de encubrimiento que dificulta la detección.
“Es cierto que a las políticas sociales les cuesta mucho avanzar sobre el carácter universal en la participación de la protección de derechos. Se focalizan en los pobres y en la pobreza, mientras que en los niveles medios y altos no tienen el mismo nivel de identificación. No tenemos tantos ojos y oídos en el tejido social de clase media alta”, reconoció el funcionario. Sin embargo, remarcó que todos los casos deberían contemplarse más allá de ese contexto. “Ser una figura pública, conocida, no debería colocar al explotador en una mejor situación que otro. En todos los casos hay una transacción desigual sobre las víctimas y es necesario conocer las historias de vida, de violencia previa, para entender las acciones que llevan a una adolescente a estas situaciones. En una sociedad en la que todo se vuelve mercancía, siempre hay una invisibilización cultural de estos temas. La ideología, los imaginarios y las representaciones que tenemos sobre un problema a veces llevan al ocultamiento, la futilización o la inversión de la responsabilidad”, observó.
Un detalle importante, en este sentido, es que en 2018 el Conapees contabilizó 333 casos de explotación sexual de menores de edad, bastantes más que en 2019. Sin embargo, lejos de hacerles pensar que este delito disminuyó, lo que se cree es que cambió el escenario. “La exposición que antes se daba en la vía pública, en las calles, ahora se da en las páginas web y este caso es una muestra. Deberíamos enfocar las políticas públicas en atender esa realidad”, admitió Purtscher, pese a los avances en materia legal para combatir la trata y la explotación sexual. “Ninguna ley cambia por sí misma la realidad ni ninguna acción se materializa si no hay recursos económicos. Es un área en la que siempre falta. Es necesario generar dispositivos que permitan atención y políticas proactivas”, reconoció.
Entretanto, los imputados continúan preparando su defensa para el juicio, en libertad, aunque con la prohibición de comunicarse y contactarse con la víctima; para algunos, además, se decretó la suspensión de sus deberes inherentes a la patria potestad mientras dura el juicio. La fiscal Viera remarcó anoche que no pidió la prisión preventiva porque consideró que “no están dados los presupuestos procesales”. “Esto no quiere decir que mañana o la semana que viene esos presupuestos no estén para alguno de los imputados, y la Fiscalía, por supuesto, la pedirá”, sugirió, deslizando que seguirán cayendo fichas en este dominó.
[notice]Un principio casual y un suicidio sospechoso
Aunque hasta el momento trascendió que la investigación comenzó en noviembre de 2019, la Policía tenía indicios de este caso desde principios de febrero de ese año. El asunto salió a luz por casualidad, cuando una policía intervino para apartar a un hombre mayor que forcejeaba con dos jóvenes en la calle, en Punta del Este. Al preguntar qué estaba pasando, la mayor –de unos 20 años– afirmó que el hombre las había drogado y había violado a la otra, adolescente. El trío terminó declarando en la comisaría, donde el hombre aseguró que no había pasado nada, que los tres se conocían y que las relaciones sexuales eran consentidas.
Las fuentes consultadas no supieron explicar qué pasó desde ese momento hasta que, tiempo después, la mayor de estas mujeres “escrachó” al presunto abusador, a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook. El aludido la denunció por difamación en Montevideo, donde reside. En el contexto de esta investigación se determinó que la adolescente presuntamente violada que había participado del incidente callejero en Punta del Este era menor de edad y vivía en Montevideo. Así que los antecedentes, siguiendo el principio de competencia territorial establecida por la ley de violencia de género, pasaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Quinto Turno, entonces a cargo de Sabrina Flores.
La investigación estaba en curso cuando se supo que una adolescente desaparecida y encontrada muerta días después en la Costa de Oro tenía un vínculo con el denunciante. Si bien el caso fue caratulado inicialmente como suicidio, no se descarta que sea revisado en el marco de esta nueva investigación, señalaron fuentes de la Fiscalía. Anoche, Brecha consultó sobre tal posibilidad a la fiscal Viera, quien mantuvo un sugestivo hermetismo: señaló que se equivocó cuando, al comienzo de la investigación, hizo pública información que vinculaba a esta adolescente muerta con el caso y que ahora, como forma de proteger a las víctimas, se llamará a silencio.
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Con Cristina Prego Tramuja, directora de la ONG El Paso
“Este tipo de explotadores era impune”
La socióloga Cristina Prego, especializada en el seguimiento de situaciones de explotación sexual de adolescentes y acompañamiento a las víctimas, conversó con Brecha sobre algunos aspectos genéricos y particularidades de la Operación Océano.
—¿Cómo observa este caso y su investigación?
—En este caso, lo bueno es que hoy hay un juicio. Cuando aparecen involucradas tantas personas influyentes como estas, vinculadas al poder político, judicial y empresarial, es un logro. Se trata de una investigación proactiva, que trabaja a partir de indicios y pruebas que eviten exponer a las adolescentes en el centro del proceso judicial. Las víctimas están menos expuestas y esto es algo que no se hacía en Uruguay.
—¿Qué factores favorecieron ese cambio?
—Creo que, en este caso, alguien decidió investigar independientemente de quién estaba involucrado. Luego, el cambio en el Código del Proceso Penal ha sido muy importante, porque obliga a transparentar las investigaciones y es mucho más garantista, todo el mundo está observando. Estas acciones son el punto de partida para mirar que, hasta ahora, este tipo de explotadores era impune. Se creó el juzgado especializado en delitos sexuales, capacitaciones en violencia sexual y temas de género; hay una unidad de víctimas. También la Policía ha hecho avances interesantes, pero le falta mucho aún; es un ministerio muy grande.
—Sin embargo, desde diversos ámbitos los explotadores siguen siendo justificados…
—Todavía no se pudo transformar la mirada que culpabiliza a la víctima; por ejemplo, cuando un abogado alega que su defendido no sabía que era menor. Y en los mensajes que se leen en las redes también se observa cuál es el valor que se pone en lo social. Que le mintieron, lo engañaron, le trucaron la foto, son argumentos para responsabilizar a las víctimas.
—¿Qué se debe entender cuando una adolescente menor de edad afirma que actúa voluntariamente?
—Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes estamos hablando de una situación personal vinculada a su desarrollo evolutivo diferencial; la persona adulta hace un uso abusivo de una diferencia de edad, lo que los coloca en distintas posiciones para elegir sobre su vida. A veces las víctimas no perciben ni identifican el daño de esas acciones; no consideran que esté mal, entre otras cosas, porque nuestra sociedad no considera que esté mal pagar con sexo. En esa lógica, lo que se produce es una limitación vinculada a la edad; para una gurisa de 17 años esta definición no está tan clara y en cierta forma lo legitima.
—¿Por qué decía que en esta investigación las víctimas están menos expuestas?
—Aparece en un sector que históricamente ha estado absolutamente silenciado; sectores donde los explotadores están vinculados a distintos ejes de poder. Acá se ha cuidado mucho el nombre de las gurisas. Y se ha intentado no hacer pública información que las pueda identificar. Eso es importante, porque en otras situaciones eso no ha pasado.
—¿Eso tendrá que ver con el perfil de las víctimas y el sector social al que pertenecen?
—Es un punto interesante. Quizás puede tener algo que ver con el entorno, habría que hacer ese análisis teniendo un poco más claro quiénes son las víctimas. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Son familias que conocen el sistema de justicia y los derechos de las adolescentes? En todo caso, esta es la forma correcta de proceder. También hay que cuidar su nombre cuando viven en el barrio más pobre de Canelones, cuando una familia no tiene las herramientas para defender sus derechos, como el cuidado de la identidad. Por eso la importancia de una investigación proactiva: las víctimas no denuncian porque tienen miedo o vergüenza, o no quieren pasar por un proceso legal en el que quedarán expuestas a través de la comunidad. Imaginen la dimensión mediática si se supieran sus nombres.
—Muchas actividades de explotación sexual están vinculadas con la actividad turística. ¿Cree que el Estado y los empresarios, sobre todo hoteleros, hacen algo para combatirlo?
—No hay ni controles, ni protocolos, ni fiscalización, y ninguna política funciona sin eso, aunque haya decretos y leyes. La explotación está muy instalada en el turismo, le genera mucha plata al propio sector, aunque no se enriquezcan los explotadores. Deberían considerar que si no cumplen con los protocolos, pueden estar en una situación de contribución a la explotación. Lo mismo corre para un taxista que traslada adolescentes y hace la vista gorda. Si eso pasa habitualmente y sabés que hay algo, estás contribuyendo a que siga pasando. También en eso hay acciones adultas que es importante poner en escena; no sólo son delitos, son responsabilidades del mundo adulto sobre los gurises. Esto no se cambia con una buena ley y buenos procedimientos, hay que transformar la responsabilidad comunitaria.
