Dice un habitante de Bérgamo, uno de los puntos altos de la pandemia de coronavirus en Italia, que se convenció de que apoyaría un impuesto a los más ricos cuando vio cómo su ciudad se convirtió en unas semanas en una morgue a cielo abierto como consecuencia de “la avaricia de los más poderosos”. El hombre es parte de Noi Denunceremo, un comité que reúne a familiares de muertos por coronavirus en la provincia de Bérgamo y reclama “verdad y justicia para las víctimas de covid-19”.“Pediremos a la autoridad judicial que investigue las responsabilidades de la dirigencia pública y privada en la muerte de tanta gente”, dijo a la prensa italiana el mes pasado Stefano Fusco, uno de los promotores del comité, que hoy reúne a más de 54 mil personas. La página web de la plataforma se abre con una foto de las decenas de camiones militares que atravesaron una noche de marzo las solitarias calles del centro de Bérgamo rumbo a otras ciudades para incinerar los cuerpos de los muertos por covid-19. Más de 6 mil personas murieron en marzo y abril en esa ciudad y su entorno, polo industrial de la riquísima región de Lombardía.
Entre los investigados por la Fiscalía están el presidente de la región, Attilio Fontana, de la ultraderechista Liga Norte, alcaldes de varias ciudades, pero también los dirigentes locales de Confindustria, la patronal italiana. Cuando los números de contagios y muertes en Bérgamo ya eran más altos que la media del país, los directivos de las mayores empresas de la zona llamaban a no parar la producción bajo ningún concepto. Bergamo non si ferma fue la consigna que impusieron los empresarios de Val Seriana, eje industrial de la región, y que hicieron suya dirigentes políticos locales, entre ellos el alcalde de la ciudad, Giorgio Gori, del socialdemócrata Partido Democrático. Cuando ya la realidad rompía los ojos y a nivel nacional se dispuso el cierre de las empresas no esenciales, la Confindustria local se las ingenió para mantener abiertas unas 1.800 industrias tan “básicas” como las de fabricación de armas y municiones y que se autorizara a funcionar a toda empresa que se declarase a sí misma “funcional” para la economía. En una artículo publicado por Brecha el 27 de marzo y titulado “Lucha de clases en tiempos de coronavirus”, Gennaro Carotenuto contó cómo las bases sindicales fueron a la huelga en varias ciuadades italianas, presionando a sus dirigentes para que llamaran a la huelga general. El gobierno regional tuvo finalmente que ceder. “Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica, pero ahora está en riesgo la vida de las personas”, dijo por entonces la secretaria general de la central sindical CISL, Annamaria Furlan.
“Por increíble que parezca –señala una nota publicada en la revista digital española Ctxt el 10 de abril–, la zona con más muertos por coronavirus por habitante de Italia –y de Europa– nunca fue declarada zona roja, a pesar del estupor de los alcaldes que lo reclamaban y de los ciudadanos. […] Lahistoriaes aun más turbia: quienes tienen intereses en mantener las fábricas abiertas son, en algunos casos, los mismos que tienen intereses en las clínicas privadas”.
Lombardía, recuerda Alba Sidera –autora del artículo titulado “Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar”–, “es la región italiana que más representa el modelo de mercantilización de la sanidad, y ha sido víctima de un sistema corrupto a gran escala”. Sidera da cuenta de los lazos existentes entre políticos locales –como Roberto Formigoni, expresidente de Lombardía, aliado fiel del también milanés Silvio Berlusconi y condenado por corrupción en la sanidad– y las empresas médicas privadas y otras grandes industrias de la región. El sucesor de Formigoni, Roberto Maroni, dirigente de primer plano de La Liga, fue quien emprendió una reforma sanitaria que redujo al mínimo las inversiones en el sistema público de salud. “Hay un entramado político, social y económico en Lombardía cuyo nivel de insensibilidad ante los sufrimientos de los más pobres quedó en evidencia como nunca en estos tiempos de pandemia. Es gente que gana mucho dinero, que tiene un patrimonio enorme, pero que no quiso perder ni un centavo aunque eso costara la vida de cientos de personas”, dijo un sindicalista de Bérgamo a fines de abril. “A esa gente hay que meterle impuestos para que contribuyan al menos en algo a la recuperación de la sanidad pública y a ayudar a las víctimas de una epidemia que ellos mismos contribuyeron a agravar.”
En abril, el Partido Demócrata (PD) presentó un sumamente tibio proyecto de imposición a los más ricos. Consistía en una “contribución solidaria” que abarcaría a quienes ganaran más de 80 mil euros al año y sólo mientras duraran los efectos de la pandemia. Según sus promotores, recaudaría unos 1.300 millones de euros en un año. Pero el Movimiento Cinco Estrellas, socio mayoritario del gobierno, en el que participa también el PD, dijo que nones, que es una iniciativa que “divide al país” y que “no es momento de pedir más sacrificios a los italianos”. Aquellos ricos y superricos que quieran generosamente donar algo de su dinero que lo hagan, que para eso existe la filantropía, dijo uno de los referentes del movimiento fundado por el cómico Beppe Grillo.
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El impuesto a las grandes fortunas volvió al tapete en el mundo en el contexto pandémico, de la mano de partidos progresistas o de izquierda. Lo hizo en Estados Unidos, a través de Bernie Sanders, en Europa y también en América Latina. En Francia, donde en 1989 se creó un impuesto de solidaridad sobre la fortuna, que en 2018 el gobierno de Emmanuel Macron remplazó por otro que grava únicamente el patrimonio inmobiliario, el movimiento Francia Insumisa planteó recrear un mecanismo de aquel tipo que generaría, en sus cálculos, unos 11.000 millones de euros al año que irían a parar a la inversión social, la salud pública, la generación de empleo, la “transición ecológica”. Algo similar a lo propuesto por Unidas Podemos (UP), que cogobierna en España pero en una posición subalterna respecto al Partido Socialista, dividido en cuanto a instaurar una tasación de este tipo. La coalición entre Podemos e Izquierda Unida propone tasar progresivamente, entre 2,5 y 4 por ciento, a quienes tienen un patrimonio de más de 1 millón de euros: un millar de superricos. (UP logró, por otra parte, que el Psoe aceptara una versión bastante reducida de su idea de renta básica, que comenzó a aplicarse este mes de junio en favor de un sector de la población pobre del país y por tiempo determinado.) “Es inaceptable que el 1 por ciento de la población con mayor patrimonio acapare una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 por ciento más pobre sólo posee el 0,1 por ciento de la riqueza”, dijo un economista de UP (idealista.com, 14-V-20).
Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) difundido esta semana y citado por el diario argentino Página 12 (martes 2) calculó que si se gravara con un 2,5 por ciento a las 673 mil personas que en la región tienen un patrimonio superior al millón de dólares (la cifra es de 2017), se podría recaudar lo equivalente a una renta básica de emergencia de 700 dólares para familias de hasta cuatro personas pertenecientes a las capas más pobres. El problema con impuestos como estos, dice el diario, es que “en la práctica terminan recayendo principalmente sobre la clase media alta, porque los sectores altos cuentan con mayor capacidad e información para instrumentar mecanismos de elusión y evasión”.
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Miguel Urbán es militante de Anticapitalistas y diputado en el Parlamento Europeo electo por Podemos, del que su formación política acabó por escindirse en mayo.1 En los últimos meses, y más aun desde la pandemia de covid-19, Urbán promueve en el Europarlamento iniciativas para tasar a los más ricos que pasan no sólo por gravarlos localmente en sus ganancias y su patrimonio, sino por ir desestructurando mecanismos que forman parte de la propia arquitectura económica de la Unión Europea. La UE, escribe Urbán en Ctxt (22-IV-20), ha ido implementando a lo largo de los años “un sistema que propicia una devaluación fiscal permanente […]. Asimismo, cuenta con sus propias estructuras offshore y un entramado regulatorio cuyos desniveles, permisividades y estímulos en la sombra potencian la evasión y elusión que de facto beneficia sólo a los grandes capitales, rentistas y familias más ricas, en perjuicio de las mayorías populares”.
La nota pone el ejemplo de Netflix. La plataforma de streaming tiene en España alrededor de 2 millones de abonados, que le aportan al menos 20 millones de euros al mes. El año pasado, sus dos filiales locales pagaron apenas 3.146 euros por concepto de impuesto a las sociedades. Lo mismo que un asalariado que gane unos 2 mil euros mensuales. Y en los cuatro años anteriores no pagó ni un euro. “El caso de Netflix no es una anécdota. Desde hace tiempo vemos salir a la luz nuevas filtraciones de papeles que demuestran cómo multimillonarios y multinacionales del mundo se consideran a sí mismos como una ‘nueva aristocracia global’ que goza del privilegio de estar exentos de pagar impuestos.”
La evasión o elusión fiscal por las grandes fortunas y las transnacionales, apunta Urbán, “está en el corazón tanto del vertiginoso aumento de la desigualdad en todo el mundo como de la tendencial carestía financiera de los Estados, que alimenta el discurso de los recortes y la austeridad. Se estima que en toda la UE se pierde cada año 1 billón de euros en recaudación tributaria por este motivo. Algo especialmente obsceno en estos años en los que desde las instituciones europeas se pedían esfuerzos a la mayoría de la población para que aceptase recortes a cambio de salir ‘entre todos’ de la crisis”.
Una “revolución fiscal”, piensa el anticapitalista español, supondría “un cuestionamiento del orden mundial neoliberal imperante, del acaparamiento del conjunto de los recursos del planeta por una minoría peligrosa que luego se intenta lavar la cara con una especie de ‘filantrocapitalismo’ y, en definitiva, volver a poner en el centro del debate la redistribución de la riqueza y de los recursos como eje central de un programa ecosocialista”.
1 Véase entrevista “Los enemigos de los pobres no viajan en pateras, viajan en yates”, Brecha, 13-III-20.
