Las aspiraciones reeleccionistas del exintendente de Colonia siguen amenazadas por la causa penal de los audios en que propuso a una edila renovar pasantías a cambio de sexo. El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, reconoció a Brecha que la Comisión de Ética no volvió a estudiar el caso y que el asunto ya no está en la agenda del partido. A su juicio, el caudillo, que renunció forzado por el escándalo y bajo fuertes cuestionamientos éticos, es como cualquiera de los candidatos extrapartidarios que se presentan bajo el lema nacionalista.
La Justicia de Colonia desglosó la investigación penal sobre los audios entre el exintendente Carlos Moreira y la edila María José García, viralizados a nueve días de las elecciones nacionales de 2019. En principio, un fiscal subrogante revisará las actuaciones que Eliana Travers archivó en febrero. Así lo decretó el juez Luis Fourment tras un planteo del abogado de García, Fernando Duro, al amparo del artículo 98 del Código del Proceso Penal (Cpp). “Sólo nos basamos en el aspecto objetivo: no se agotó la etapa probatoria antes de archivar”, enfatizó el abogado a Brecha tras puntualizar que su escrito excluyó consideraciones subjetivas, como que Travers es hermana de un exedil del sector de Moreira o que el expediente se clausuró un día antes de que se proclamara la candidatura del exintendente hacia su cuarto gobierno. “Después de escuchar los argumentos de Travers, en la audiencia de la semana pasada, el juez compartió nuestro planteo y ordenó el reexamen del archivo. Si el nuevo fiscal también considera que la indagatoria no se agotó, puede continuarla”, señaló el abogado. La resolución judicial –de la cual se supo a través del diario local El Eco– sólo comprende la causa abierta a instancias del fiscal de Corte, Jorge Díaz, para investigar posibles delitos contra la administración pública, y la denuncia de García en contra de Moreira por presunto acoso sexual.
La fiscal Travers archivó el expediente porque entendió que no había “elementos objetivos suficientes” para imputar a Moreira, pero Duro aseguró a Brecha que hubo “informes e interrogantes pendientes […], alguna pericia o careo”, de los que se reservó detalles por motivos estratégicos. De todas maneras, la resolución del juez Fourment no implica reabrir el caso. El subrogante contará con “un plazo de 20 días para expedirse, ordenando el comienzo o la continuación de la indagatoria, o reiterando la negativa a hacerlo”, establece el Cpp.
Mientras el Ministerio Público asigna al nuevo fiscal, está pendiente el desenlace de la denuncia planteada por Moreira contra García y el exdirector de Turismo Andrés Sobrero, pareja de la edila, por simulación de delito y difamación al grabar las conversaciones y viralizar los audios sin su autorización. Esta denuncia se tramita en forma paralela al expediente archivado, así que la investigación sigue a cargo de Travers.
NAPOLEÓN A SALA. La fiscal también debería expedirse sobre otra causa paralela que aparece desglosada. Se trata de la revisión del archivo del caso central, solicitada por los ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia cuando se conoció el informe de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep). Firmado por Ricardo Gil Iribarne y Matilde Rodríguez, el informe concluye que Moreira y García “violaron los principios de interés público, probidad, legalidad e imparcialidad”. Los ediles presentaron este documento como “hecho nuevo”, al amparo del artículo 99 del Cpp, junto con un análisis sobre irregularidades en la adjudicación de pasantías de la Intendencia de Colonia. “Estos informes no se contemplaron antes del archivo, son posteriores, y de acá se desprende un eventual delito de concusión y abuso de funciones”, remarcó a Brecha el abogado asesor de los legisladores, Ismael Blanco. En la bancada frenteamplista hay gran expectativa sobre qué hará Travers ahora. Durante una audiencia realizada el 23 de febrero, la magistrada manifestó que esperaría la resolución de Fourment antes de actuar, indicó a este semanario el coordinador Rodolfo Montaña.
Entretanto, el intendente blanco Napoleón Guardiol tendrá que ir a la Junta Departamental a explicar presuntas irregularidades de la gestión de su antecesor. El escrito para el llamado a sala está firmado por todos los ediles del FA y fue presentado este miércoles 10. “Tuvimos 11 sesiones truncas porque el Partido Nacional (PN) no hacía cuórum para tratar irregularidades y clientelismo en la asignación de pasantías, y la administración tampoco nos contestó la reiteración de cinco pedidos de informes sobre este y otros asuntos. Ahora citamos a Guardiol para que explique los mecanismos de su antecesor”, fustigó Montaña.
A LO PONCIO. Nada de lo que ocurra a nivel político y judicial con respecto al exintendente coloniense parece preocupar al PN, cuyo directorio descartó revisar el caso y dejó vencer los plazos para impugnar la candidatura de Moreira bajo el lema nacionalista. Ni el lapidario informe de la Jutep ni los avatares de la causa penal –que ahora puede reabrirse– integran la agenda partidaria, aseguró a Brecha el presidente del Honorable Directorio, Pablo Iturralde. “No hay tema con Moreira. No está en nuestra agenda, porque él renunció. La Comisión de Ética recomendó la expulsión, ¿qué más puede hacer? Después de la renuncia, lo demás no tiene sentido porque él ya no está en el partido”, argumentó el presidente, que asumió el 11 de mayo.
Una actitud opuesta imperaba en el directorio bajo la égida de Beatriz Argimón, ahora vicepresidenta de la República. A su juicio, era fundamental analizar el informe de la Jutep porque los aspectos éticos debían “primar” en momentos en que Moreira pretendía candidatearse bajo el lema nacionalista (véase Brecha, 7-II-20). Por lo menos hasta fines de febrero, el discurso del partido fue en ese sentido: “El caso Carlos Moreira está otra vez en manos de la Comisión de Ética del Partido Nacional”, afirmó El País en su edición del 18 de febrero. “Directorio blanco elevará en dos semanas caso de Moreira a la Comisión de Ética. El envío formal se demoró por el feriado de Carnaval y porque el directorio no sesionará el próximo 2 de marzo”, tituló El Observador el 27 del mismo mes. Se suponía que el planteo formal llegaría al directorio el 9 de marzo, pero esta semana Iturralde –exsecretario del directorio en la era Argimón– dijo a Brecha que “la Jutep no aportó ningún elemento nuevo” que justifique una revisión del tema.
Por otra parte, enfatizó que el directorio no tuvo la “posibilidad jurídica” de impugnar la decisión de la Convención Departamental del PN de Colonia que habilitó la candidatura de Moreira, como se había anunciado entonces. Dicha convención también habilitó la candidatura de Ricardo Planchón y de Eduardo López (Cabildo Abierto), pero Moreira fue el que tuvo más adhesiones: lo votaron 44 convencionales. “El tema es que ese órgano no obedece al voto de los blancos, sino al voto de los ciudadanos de Colonia que delegan a un colegio elector, que coincide con un partido o con otro, para elegir un candidato. Por consiguiente, no podemos enmendarle la plana a algo que fue una decisión ciudadana”, sostuvo Iturralde, apoyándose en un informe del catedrático en sistema electoral Óscar Bottinelli. El estudio señala que “las candidaturas aprobadas por el Órgano Deliberativo Departamental –como es el caso de Moreira– son firmes y no revisables, salvo muerte, renuncia o suspensión de la ciudadanía”, según divulgó el semanario Búsqueda el 20 de febrero. El partido tampoco apeló a la vía indirecta –que el entonces secretario Pablo Abdala denominó “plan B”– que implicaba desautorizar el uso del lema partidario ante la Corte Electoral. “Básicamente, no podemos inhabilitar la candidatura. No somos nosotros quienes le permitimos presentarse con el lema del partido, es la ley. Pero, además, si quisiéramos hacerlo, ya venció el plazo”, acotó Iturralde.
En las antípodas de Argimón, quien definió a Moreira como un político que debía estar fuera de un partido del siglo XXI, el actual presidente del Honorable opinó que es uno más de los aliados extrapartidarios del PN para las elecciones departamentales de octubre: “Acá en Montevideo, Laura Raffo va por un partido que no es el suyo, y nosotros llevamos candidatos que no son de nuestro partido en varios departamentos, por ejemplo, de Cabildo Abierto o del Partido Colorado”, justificó. En consonancia con las medidas de emergencia sanitaria por covid-19, el PN parece lavarse las manos: “Admito que es un tema superopinable, pero nos basamos en un informe jurídico, y, además, es la salida política que encontramos”.
