La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó, el 4 de agosto, la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se lo investiga por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso vinculado a escuadrones paramilitares de la ultraderecha.
La situación carece de precedentes: nunca antes un tribunal colombiano había ordenado la privación de libertad de un expresidente. Mientras tanto, en los pasillos y salas de la Corte se decide si Uribe será acusado y se lo llevará a juicio o si, por el contrario, el caso quedará, como suele ocurrir, archivado. Debe tenerse en cuenta que, más allá de que Uribe es el mentor del actual presidente colombiano, Iván Duque, ejerce, además, como senador de la república y es el líder indiscutible de los sectores conservadores más fundamentalistas en un país ideológicamente muy polarizado.
Las investigaciones judiciales y periodísticas que involucran a Uribe con el paramilitarismo vienen de lejos, desde sus orígenes como político local en la capital antioqueña de Medellín, aunque una y otra vez –por arte de magia– quedaron sistemáticamente archivadas. En el caso de la actual investigación, las supuestas presiones ejercidas por Uribe sobre los testigos se dieron a través de terceros, cuando el exmandatario se desempeñaba como congresista tras dejar la presidencia.
Luego del anuncio público de las medidas cautelares, los uribistas impulsaron en Bogotá una larga caravana de automóviles como demostración de apoyo a su líder; en paralelo, cacerolas y bocinas se hicieron notar en barrios populares y de clase media de muy diversas urbes colombianas como celebración de la orden de prisión preventiva.
LOS ESCÁNDALOS DEL PRESIDENTE
Declarado enemigo del acuerdo de paz establecido con la insurgencia, Uribe es hoy el líder principal del partido Centro Democrático. La organización es la base del apoyo legislativo al actual presidente, Iván Duque, quien por estos días busca profundizar sus reformas de corte neoliberal en el mercado de trabajo, aprovechando las condiciones sociales generadas por el impacto de la pandemia. Duque salió de inmediato a defender a su padrino político y dijo ser un creyente de su «inocencia y honorabilidad».
Lo cierto es que, elegido presidente de Colombia en 2002, el primer objetivo de Uribe fue modificar la Constitución –en aquel momento la carta magna prohibía a los presidentes gobernar por más de un mandato consecutivo– con el fin de poder ser reelegido en 2006. Aprobada la reforma, saldría posteriormente a la luz pública que los operadores uribistas habían logrado el apoyo de muchos parlamentarios a dicha reforma mediante el ofrecimiento de prebendas personales. Dos legisladores fueron condenados por recibir sobornos y dos exministros de Uribe se encuentran en la actualidad bajo investigación por dicho asunto.
En paralelo, fruto del periodismo de investigación, la revista Semana descubrió, en 2009, que durante las presidencias de Uribe el Departamento Administrativo de Seguridad –el equivalente al FBI en Colombia– utilizó a sus agentes secretos y su tecnología para el control ilegal de llamadas telefónicas y de los movimientos de los políticos opositores al uribismo, así como de activistas de derechos humanos, periodistas e, incluso, jueces del Tribunal Supremo. Todo ello por orden directa del Palacio de Nariño.
De igual manera, en la actualidad el Tribunal Supremo investiga a docenas de parlamentarios uribistas por presuntos vínculos financieros y políticos con grupos paramilitares de la extrema derecha. Entre ellos, no podía faltar Mario Uribe, un primo del exmandatario, quien incluso llegó a ser encarcelado en 2011 por sus lazos con el paramilitarismo. En los expedientes judiciales consta cómo los hombres del expresidente Uribe amenazaron y chantajearon a los jueces para impedir sentencias condenatorias contra sus amigos y el entorno presidencial.
Pero, posiblemente, el más grave de los asuntos que involucra al dos veces mandatario fue la forma en que se corrió un tupido velo sobre las investigaciones internas que demostraban cómo los militares colombianos asesinaron a civiles inocentes entre 2006 y 2010, y hacían pasar los cadáveres como guerrilleros abatidos. Los llamados «falsos positivos» se remontan a la década de los ochenta, pero ocurrieron con mayor frecuencia de 2004 a 2008 –durante el gobierno de Uribe–, según la Corte Penal Internacional, y ascendieron a, al menos, 2.248, según cifras de la Fiscalía General de Colombia.
