Una de las imágenes que más impactaron a la ciudadanía boliviana a inicios de agosto fue la de 28 bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno medicinal. Este tardó en llegar debido al bloqueo de caminos y puso en riesgo la vida de los neonatos. La escena fue el resultado de una crisis política que, si bien se ha superado, dejó un conflicto latente. Durante 12 días, el bloqueo de caminos, protagonizado por las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que cuestionaban el cambio de fecha de las elecciones nacionales, impidió el transporte de oxígeno de Santa Cruz al resto de las ciudades. Ahora, una vez levantada la medida, los dirigentes sociales denuncian ser objeto de una persecución que podría tensar la espera de los comicios, que ya fueron suspendidos tres veces.
TRANCAZOS Y PROTESTAS
La nueva postergación, hasta el 18 de octubre, de las elecciones nacionales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) molestó a los sectores sociales afines al MAS, partido del expresidente Evo Morales. La medida unilateral del TSE, anunciada el 23 de julio, es considerada por ese sector de la oposición una forma de prorrogar el lapso del gobierno transitorio, que, tras los conflictos del año pasado, tenía la misión de pacificar el país y convocar a nuevos comicios, pero hasta el momento lleva en el poder más de nueve meses. Al igual que el primer aplazamiento de la fecha de elecciones (fijadas para el 3 de mayo y postergadas al comienzo de la epidemia para el 17 de ese mes) y el segundo (que las agendó para el 6 de setiembre), esta última postergación se debió, de acuerdo con el gobierno, al ascenso de los contagios de coronavirus. Durante la tercera semana de este mes, llegaron, según el recuento oficial, a los 2.031 casos diarios, el tercer pico más alto desde marzo.
Al conocer la noticia de esta tercera postergación, la oposición cuestionó que la autoridad electoral cambiara la fecha de votación en contradicción con lo que había aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que el MAS tiene mayoría– en un acuerdo con el oficialismo arduamente negociado. El 2 de agosto, desde su exilio en Argentina y mediante su cuenta de Twitter, Morales afirmó que el TSE «no puede apoyar intentos de un gobierno de facto de prorrogarse». Sus bases sociales recurrieron, entonces, a una estrategia de protesta que popularizaron los movimientos campesinos –entre ellos, el liderado por Morales– en los noventa y los dos mil y que en la actualidad usan varios gremios como forma habitual de plantear sus demandas. Del 3 al 15 de este mes, los sectores aglutinados en el llamado Pacto de Unidad –alianza de movimientos sociales que respaldan al MAS– bloquearon las vías principales de seis departamentos del país.
MARCHA ATRÁS
Finalmente, el tenso escenario se solucionó sin la intervención de las fuerzas del orden, a pesar de que el jueves 6 el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo en una conferencia de prensa que, si bien el Ejecutivo pensaba agotar todas las instancias de negociación, no descartaba una intervención militar «en cualquier momento». Con el correr de los días, y la mediación de la iglesia católica y representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, los movimientos sociales fueron aceptando el 18 de octubre como nueva fecha de los comicios y el gobierno se ofreció a dar garantías de que así sea cumplido.
Morales, quien al inicio de la medida expresó su apoyo a la protesta, ya venía retrocediendo en sus pasos y el 9 de agosto afirmó que las bases movilizadas debían reflexionar sobre las propuestas del TSE. En un mensaje para los movilizados emitido a través de Radio Kausachun, afirmó que, si se contaba con una ley del Parlamento que refrendara la nueva fecha y con el aval de la comunidad internacional, era posible aceptar la nueva postergación de los comicios. Y dijo más: a poco de comenzados los bloqueos, «sólo el 28 por ciento repudiaba la movilización de lucha por la democracia; el viernes ya subieron al 49 por ciento y el sábado, a 58 por ciento», en referencia a encuestas que dijo haber visto por esas horas. «Si hacemos una evaluación, el gobierno usa muy bien nuestra movilización para desgastarnos», agregó.
El viernes 14, la Central Obrera Boliviana (COB), principal animadora de los piquetes, llamó a levantar la medida y a «un cuarto intermedio de las movilizaciones» hasta el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, su secretario ejecutivo, Juan Carlo Huarachi, dijo que la decisión buscaba «evitar más enfrentamientos y muertes» y que la COB y el Pacto de Unidad eran los verdaderos «pacificadores del país». El dirigente también aseguró que la aprobación de las disposiciones legales y administrativas necesarias para celebrar las elecciones en la nueva fecha –que fueron aprobadas por el Parlamento el día anterior– eran «una conquista de la clase obrera». Si fuera por el gobierno, aseguró, no habría elecciones el 18 de octubre. «Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano», así salió al cruce de lo dicho el día anterior, en el Palacio de Gobierno, por la presidenta Jeanine Áñez.
Al promulgar la ley con la nueva fecha de elecciones, la mandataria interina afirmó que estaba poniendo su firma a «una segunda pacificación» del país. Consideró, además, que una vez promulgada la ley, acordada con la bancada masista, ya no había razón para los bloqueos: «Los bolivianos, más allá de nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, el diálogo al bloqueo […]. Queremos la vida antes que la guerra. Por eso queremos que pase el oxígeno». En tono conciliador, aseguró que los bolivianos tienen «metas comunes, que ahora son la salud y la economía».
BALANCE Y PÉRDIDAS
Los cortes de rutas provocaron una pérdida económica de al menos 700 millones de bolivianos (algo más de 101 millones de dólares), según el Ministerio de Economía. El desabastecimiento de alimentos y combustible causó carestía y el incremento de los productos de la canasta familiar. Además, el gobierno afirma que, por falta de oxígeno, en los hospitales murieron 27 pacientes con covid-19. El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines de La Paz, Fernando Romero, dijo a Brecha que se registró, además, un número similar de muertes de pacientes del área rural que no pudieron ser trasladados a los centros especializados en las ciudades. El sindicato médico presentó una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo en contra de seis de los dirigentes que encabezan el Pacto de Unidad; entre ellos, Huarachi.
Aunque los dirigentes sociales afirman que en los bloqueos la COB dio la orden de dejar pasar los camiones que transportaban oxígeno y que así se hizo, el gobierno decidió demandar penalmente a las organizaciones sociales; en este caso, al vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, y al ejecutivo de la Federación Chimoré, que reúne a más de 100 sindicatos cocaleros, Leonardo Loza. Además, las autoridades presentaron una denuncia contra Morales por «atentar contra la salud pública». La causa se suma a cuatro demandas penales que pesan contra el máximo dirigente del MAS; entre ellas, una por estupro, abuso sexual y trata de personas (véase la nota «El abuso», en este número).
Para la socióloga y cientista política de la Universidad Mayor de San Simón, María Teresa Zegada, los conflictos se apaciguaron debido a que el MAS percibió que los bloqueos dañaban su imagen electoral. La académica también atribuye el cese de la protesta a que muchos de los manifestantes se habrían contagiado de covid-19, tal como señala un informe del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, que el 10 de agosto afirmó que, de 49 personas arrestadas por los bloqueos en la localidad de Samaipata, 19 dieron positivo en las pruebas rápidas.
CAMPAÑA EN CRISIS
El gobierno transitorio dice esperar que entre setiembre y octubre baje el pico de contagios. Por ello, asegura, las elecciones nacionales se realizarán sí o sí el 18 de octubre. «La presidenta Áñez no es que se quiera prorrogar […]. El Órgano Ejecutivo ha entendido que el 18 de octubre se debe colocar como una fecha impostergable, y así lo ha entendido la Asamblea», dijo a Brecha el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. De acuerdo con la última encuesta de voto urbano de Ipsos, publicada el viernes 21 de julio, los candidatos de Comunidad Ciudadana –el expresidente Carlos Mesa– y el MAS –el exministro de Economía Luis Arce– empatan con el 26 por ciento de apoyo. Áñez aparece tercera, con el 14 por ciento. El sondeo no incluye las áreas rurales, donde el MAS espera obtener una importante ventaja.
De todos modos, el episodio de los bloqueos fue apenas la manifestación de un conflicto latente mayor sin resolver. «Nos ha mostrado la fragilidad enorme que hay en el sistema político y en las instituciones», dijo Zegada. Tal situación es evidente en el enfrentamiento constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos con mandatos que concluían en enero y fueron ampliados de urgencia hasta la celebración de unas elecciones que no han dejado de postergarse. Así, varias normas sancionadas en los últimos meses por el Legislativo no han sido promulgadas por el Ejecutivo y hay créditos económicos y proyectos de ley presentados por el equipo de la presidenta que el Parlamento se niega a aprobar. «Estamos en medio de un escenario de apronte de las fuerzas sociales y políticas», declaró. Así lo perciben los movimientos sociales. No sólo temen que el gobierno transitorio amplíe aún más su mandato, sino que se sienten amenazados.
Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes cocaleros del país, dijo a Brecha que el conflicto social de las últimas semanas ha dado paso a la persecución política de los representantes de los movimientos sociales. «Posiblemente estemos saliendo de un conflicto social –dependerá mucho del comportamiento del prorroguismo electoral que tenemos–, pero hay que dar cuenta al pueblo de que hemos entrado a un conflicto jurídico-legal, a una persecución política», añadió.
Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, dijo a este semanario que el país aún vive una situación delicada, con una constante vulneración de derechos por parte del Ejecutivo. Señaló, por ejemplo, las demandas iniciadas por el gobierno contra varios líderes del MAS –entre ellos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y su familia– por un presunto incumplimiento de la cuarentena. Chambi considera que, a pesar del levantamiento de los bloqueos, aún hay malestar en la ciudadanía. Afirmó que, si bien en el conflicto de agosto los sectores urbanos no salieron a la calle, lo harán en los próximos días. Porque, si bien la protesta comenzó por la modificación de la fecha de las elecciones, muchos sectores pasaron luego a sumar demandas vinculadas a la gestión gubernamental de la pandemia. Incluso el movimiento indígena del Altiplano, liderado por el veterano militante Felipe Quispe –muy crítico de Morales–, se sumó a los bloqueos para pedir la renuncia de Áñez.
Áñez es cuestionada, además, por la oposición de derecha debido a su doble rol: candidata y presidenta. Sus rivales afirman que su gestión tiene como objetivo sumar votos para su candidatura, y son varias las voces que la instan a renunciar a su candidatura y a concentrarse en combatir la crisis sanitaria y económica. Precisamente después de los conflictos del año pasado, la crisis sanitaria y los conflictos sociales de agosto, la economía se ha visto duramente golpeada y se teme que el escenario empeore en lo que queda del año. Datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario muestran que la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 7,34 por ciento y la informalidad se incrementó a 80 por ciento. La crisis sanitaria hizo que varias empresas echen a sus trabajadores y otras, principalmente las pequeñas, cierren. Pese a la cuarentena, las calles están llenas de personas que intentan vender algún producto para sobrevivir, si es que no enferman antes.
Las masacres y las denuncias
La conflictividad boliviana se arrastra desde la convulsión social del año pasado, provocada por las sospechas de fraude en las elecciones nacionales del 20 de octubre a manos del gobierno de Evo Morales. Las protestas de la entonces oposición derivaron en la renuncia del mandatario, quien había insistido en postularse por cuarta vez a la presidencia, en contra de la Constitución y los resultados del referéndum de 2016.
Cuando la pandemia del covid-19 llegó, a inicios de marzo, encontró un país que intentaba salir de una crisis política y social con un gobierno transitorio abiertamente de derecha y de cuestionada legitimidad.
Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Jeanine Áñez es la vulneración de derechos humanos en las intervenciones policiales y militares en los bloqueos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente. Estas intervenciones dejaron a 23 civiles indígenas muertos por bala y 230 heridos.
Recientemente, y a través de informes especiales sobre estos hechos, varias instancias internacionales condenaron el uso excesivo de violencia por el gobierno y resaltaron la falta de investigación penal correspondiente. El lunes 24, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Bolivia a encarar cambios estructurales que atiendan las causas de la presente crisis política y social y a que se rindan cuentas por las diversas violaciones a los derechos humanos que han sucedido a las elecciones del 20 de octubre.
«Me preocupa profundamente que, en nueve meses, ni una sola persona haya sido encontrada responsable por las muertes en Sacaba y Senkata ni por la mayoría de los asesinatos que han ocurrido en este período», expresó la titular del organismo, Michelle Bachelet.
Previamente, el informe «“Nos dispararon como animales”, noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia», presentado a fines de julio, había destacado la presencia de «patrones desconcertantes de violación de derechos humanos» cometidos por el gobierno de Áñez. El documento fue elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights.
A esta denuncia se había sumado, además, a principios de mes, la de Amnistía Internacional, que condenó la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral e instó al gobierno y a los candidatos de los distintos partidos a comprometerse en la promoción de las investigaciones penales de esos hechos.
El impacto del covid-19
Bolivia fue uno de los primeros países en Sudamérica en imponer cuarentena rígida, desde el 22 de marzo. Duró tres meses y luego continuó con un confinamiento parcial. Sin embargo, esas medidas no impidieron que los casos se incrementaran.
Al 21 de agosto, ese país reportaba un total de 107.435 casos de covid-19. Además, hasta esa fecha fallecieron 4.366 pacientes (2.093 en los últimos 30 días). Los médicos, en tanto, consideran que ambas cifras son mucho más altas y que existe un subregistro debido a la falta de pruebas y a que muchas personas no llegan a los hospitales. Aun con respecto a las cifras oficiales, Romero afirma que la mortalidad registrada es muy alta para un país que tuvo tres meses para prepararse.
Si bien Bolivia arrastra problemas estructurales históricos en su sistema de salud, uno de los principales cuestionamientos de los gremios médicos hacia el gobierno transitorio es que el esfuerzo de la población de confinarse por varios meses no fue acompañado por una adecuada gestión de la pandemia. Una evidencia de ello es la compra irregular en mayo de 170 respiradores, por un precio tres veces superior al real, que llevó a la destitución y arresto policial del entonces ministro de Salud. Hasta ahora no fueron utilizados.
Romero explica que durante los meses de confinamiento el Gobierno se comprometió a gestionar al menos tres tareas, pero ninguna se cumplió. Entre ellas, la contratación de 5.000 profesionales de la salud para que los hospitales extendieran su horario de atención de ocho a 24 horas, la habilitación de centros de aislamiento comunitarios y la realización de testeos masivos en todo el país.
Así las cosas, en los últimos días se superó la capacidad de atención de la veintena de centros especializados en el tratamiento del virus, debido al incremento de personas contagiadas. Las autoridades han debido habilitar, de urgencia, nuevos hospitales y desde esta semana se traslada a parte de los pacientes a clínicas privadas.
