Entre el primero de enero y el 27 de setiembre se quemaron 3.461.000 hectáreas del Pantanal, un 23 por ciento de ese bioma, según datos difundidos el martes 29 de setiembre y recogidos por el Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientales de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño (INPE), el aumento de focos de calor en el Pantanal fue este último mes de setiembre 180 por ciento mayor que el registrado en setiembre de 2019.
El Pantanal es el mayor humedal del planeta y encierra una enorme biodiversidad. Su superficie, de más de 170 mil quilómetros cuadrados, se extiende principalmente entre los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, y en menor medida por áreas de Bolivia y Paraguay. Su principal factor de regulación son las crecientes del río Paraguay, que en la época de llena inundan gran parte de los territorios, situación que se mantiene durante varios meses del año.
Según explica a Brecha Alexandre Pereira, analista ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), «este año el río Paraguay alcanzó valores de crecida bajísimos, que no eran registrados desde hace 47 años. Esto significa que las planicies que en este momento deberían tener agua están extremadamente secas y la vegetación, que debería estar sumergida, está expuesta». Además, la sequía se combina con un invierno muy caluroso y con precipitaciones bastante por debajo del promedio histórico: «Al sumar estos factores, tenemos un escenario propicio para que ocurran grandes incendios forestales, lo que en parte ayuda a explicar este comportamiento extremo del fuego. Pero el clima por sí solo no explica todo. Se precisa de un agente que inicie el incendio y ese agente son personas. Si no, no habría incendios como estos».
EN RIESGO
Según la investigación de la Policía Federal, el fuego que afecta al Pantanal en Mato Grosso del Sur surgió de cuatro grandes estancias. La hipótesis es que se trata de un modus operandi similar al aplicado durante el «día del fuego» del 10 de agosto de 2019, cuando estancieros del estado de Pará quemaron de forma simultánea e intencional grandes extensiones de la Amazonia y dieron inicio a los enormes incendios que tuvieron gran repercusión mundial el año pasado (véase «Corte raso», Brecha, 23-VIII-19).
Un estudio de Reporter Brasil apunta en el mismo sentido con respecto al fuego que, más al norte, afecta por estos días al estado de Mato Grosso, el que también habría surgido de grandes productores de la zona. Sin embargo, la explicación del Ministerio de Medio Ambiente va en sentido contrario. La «persecución a los ganaderos» del Pantanal sería la causa de los incendios, según el ministro Ricardo Salles. El jerarca y su presidente han repetido durante los últimos días, en franca contradicción con la comunidad científica, que, como se han restringido las quemas preventivas en estancias y áreas de protección, aumenta la cobertura vegetal, y que, como hay menos ganado pastando, hay más posibilidades de incendio.
En el Pantanal conviven cerca de 5 mil diferentes especies animales y vegetales, pero todavía no se manejan números precisos sobre la cantidad afectada. A partir de las impactantes fotos de jaguares con las patas al rojo vivo que en los últimos días han recorrido las redes sociales, Pereira propone una reflexión: «Diversos jaguares murieron o están gravemente heridos porque no pudieron escapar de los incendios. Si esto le pasa a este animal, que es un felino muy ágil, que consigue moverse muy bien, tanto en la tierra como en el agua, imaginen la cantidad de animales que no tienen la misma agilidad y que mueren o sufren a causa de los incendios». Para el analista, «eventos como el de estos incendios van a ocurrir cada vez con más frecuencia. Es posible que el Pantanal, de la forma en la que lo conocemos hoy, deje de existir si no ocurren intervenciones duraderas e intensas para evitar la interferencia de las actividades humanas en sus procesos naturales».
SEÑALES
En la Amazonia las cosas no están mucho mejor. El 2020 se perfila como un año de gran destrucción. Se estima que el total deforestado alcanzará 15 mil quilómetros cuadrados este año, superando los 10 mil del año pasado, que supieron ser la mayor extensión dañada desde 2008. Según los datos divulgados por el INPE en agosto, en los últimos 12 meses el aumento de alertas de deforestación fue de 34 por ciento. Este último mes de setiembre fue el segundo peor en cantidad de focos de incendio en la Amazonia, según publicó este jueves Folha de São Paulo: con respecto a setiembre del año pasado, los focos aumentaron en un 60 por ciento.
En diálogo con Brecha,Ane Alencar, directora de ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, afirma que este aumento del desmonte tiene un impacto directo en el aumento de los incendios: «Es importante entender que la Amazonia es una selva húmeda. Sin perturbaciones, no se prendería fuego. Para que haya incendios naturales debería haber eventos extremos de sequía consecutivos, como tuvimos en 2005 y 2010. Pero ahora no tenemos ese escenario. Si no se está quemando de forma natural, ¿por qué la mitad del fuego del país está allí? Porque ese fuego se relaciona directamente con el desmonte. Si aumenta el desmonte, aumenta la fuente de ignición, que es esa biomasa talada».
EL DESMONTE I
La estrategia bolsonarista es, desde bastante antes de la elección, tirar de la piola al máximo y si pasa, pasa. Esta estrategia fue condensada mejor que nadie por el ministro Salles en la reunión de gabinete del 22 de abril, liberada a la prensa por el Supremo Tribunal Federal en mayo. Salles dijo en aquella oportunidad que la pandemia era ideal para «passar a boiada» («hacer pasar el ganado»): «Como toda la atención de la prensa está volcada al covid-19, es un buen momento para pasar las reformas infralegales de desreglamentación y simplificación».
Antes de asumir, Bolsonaro quería fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. No se pudo, y Salles fue su premio consuelo. Designarlo al frente del Ministerio de Ambiente fue poner al zorro a cuidar a las gallinas. Aliado de los ruralistas, de discurso violento, el ministro ha tomado la línea de frente de las acciones antiambientales del gobierno.
En acuerdo con su cartera, y a pesar de la situación crítica de las quemadas y el desmonte, el presidente presentó al Congreso un proyecto de presupuesto que recorta los recursos del IBAMA, principal órgano fiscalizador y ejecutor de las políticas ambientales y del Instituto Chico Mendes de Preservación de la Biodiversidad (ICMBIO), que fiscaliza las unidades federales de conservación y actúa en la preservación de la biodiversidad en todo el país. El recorte en el IBAMA para 2021 será de un 4 por ciento y en el ICMBIO, de un 12,8 por ciento.
EL DESMONTE II
El ataque no es únicamente presupuestal. En mayo de 2019, el gobierno la emprendió contra el Consejo Nacional de Medio Ambiente, que tiene influencia directa en la elaboración de leyes ambientales en el país. Bajó sus miembros de 96 a 23 y redujo la participación de la sociedad civil a cuatro bancas. En la nueva configuración, diez lugares los ocupa el gobierno, siete representan a estados y municipios, y dos, a cámaras empresariales. Con esto, el Poder Ejecutivo aumentó su poder de voto y diluyó el peso de las posibles opiniones contrarias.
En una polémica reunión celebrada este lunes 28, el consejo eliminó las reglas de protección permanente de los manglares (lo que en la práctica permitirá la construcción de grandes resorts en esas áreas) y la necesidad de una licencia ambiental para proyectos de irrigación, reserva y captación de agua, entre otros. No obstante, el Ministerio Público Federal –que participa de la instancia como observador– afirmó que llevará estas decisiones a la Justicia. Desde julio, la Fiscalía pide la remoción de Salles a través de un recurso presentado en Brasilia que lo acusa de «desestructuración dolosa de las estructuras de protección al medioambiente».
Para Alencar, «esto es parte de esa estrategia de passar a boiada: primero sacar a los que pueden discrepar y después aprobar las medidas. Medidas que están al servicio de la especulación inmobiliaria y de otros grandes grupos económicos. El ministro está al servicio de esos intereses, que no son comunes, ni del medio ambiente, ni de la nación».
Según esta geógrafa y doctora en recursos forestales y conservación, «el gobierno protege a los criminales, a quienes quieren especular con tierras amazónicas, a los productores que no respetan el código forestal. Esto preocupa incluso a sectores tradicionales del agronegocio, porque la imagen del país es pésima y el gobierno no hace nada para solucionar la situación, al contrario, sólo atiza el fuego».
EL CUCO
Al abrir la Asamblea General de la ONU, el 22 de setiembre, y al dirigirse esta semana al organismo especializado en biodiversidad de las Naciones Unidas, Bolsonaro mantuvo la misma narrativa que acostumbra desde los incendios amazónicos del año pasado: «Organizaciones aliadas con algunasONG comandan crímenes ambientales en Brasil y en el exterior», y por eso es preciso que «todos los países se unan contra males como la biopiratería, el sabotaje ambiental y el bioterrorismo».
Luego, como siempre, jugó para la tribuna del nacionalismo brasileño: «Rechazo vehementemente la codicia internacional sobre nuestra Amazonia. La vamos a defender de acciones y narrativas que agredan los intereses nacionales». Esta última frase es, como mínimo, contradictoria con otras apreciaciones de Bolsonaro en la materia. En una escena embarazosa del recientemente estrenado documental El foro, del cineasta alemán Marcus Vetter, que transcurre en el Foro Económico Mundial de Davos de 2019, Bolsonaro le dice al exvicepresidente estadounidense y actual ambientalista Al Gore que a Brasil le gustaría mucho «explotar la Amazonia junto a Estados Unidos».
SIN CLIMA
Estas mentiras y contradicciones sobre la crisis ambiental se enredan en la maraña de la polarización política. «Es muy difícil dar la discusión ambiental en este contexto. Muchas personas que votaron a Bolsonaro seguramente no quieren que la Amazonia sea destruida, pero todo se ha convertido en un circo político: son los izquierdistas y ambientalistas que quieren boicotear al presidente y al país. Inflamado por los propios bolsonaristas, ese discurso termina por sacar el foco de lo más importante: que el problema no se está resolviendo», explica Alencar. Alexandre Pereira prefiere no pronunciarse sobre el asunto: «Mi negativa ya es un buen indicio para entender el clima que existe para las discusiones ambientales».
Para Alencar, durante este gobierno «se ha extendido una sensación de impunidad muy grande, producto de la afirmación constante de que en realidad no está ocurriendo nada. Todo esto da a la sociedad la idea de que está todo bien con deforestar, que hay que ocupar la Amazonia, las tierras indígenas, o que los propios indígenas son quienes tienen la culpa. Son mentiras que incentivan a la ilegalidad».
Las consecuencias pueden ser graves y difíciles de paliar: «Toda esa legislación ambiental que había sido construida a lo largo de los años, y que de cierta forma se respetaba, ahora está siendo contestada. Se tendrá que ser muy inteligente e innovador para poder borrar realmente las huellas de la era Bolsonaro».
