El intendente blanco Enrique Antía considera el sistema público de videovigilancia como «la mayor obra pública» de su anterior gobierno. Para justificar la nueva inversión de las 330 cámaras, en momentos en los que la Intendencia de Maldonado (IDM) contrae préstamos para afrontar el mayor déficit de su historia y para mitigar el impacto económico y social de la pandemia por SARS-CoV-2, sostiene que la primera etapa «fue tremendamente exitosa» y que, ahora, es necesario llevar el servicio a otros puntos del departamento para consolidar la «grifa Maldonado Seguro». La compra e instalación de los equipos no se harán por licitación pública, sino que se ejecutará por ampliación del contrato directo suscrito con la empresa israelí Elbit Systems en 2016.
El jerarca adelantó que la nueva inversión «andará en el eje» de 1.500.000 dólares y que se desarrollará «en las mismas condiciones» por las cuales pagó a los israelíes 21 millones de la moneda estadounidense por la compra e instalación de 1.204 cámaras en el último quinquenio. A pesar de los turbios antecedentes de ese proceso –de los que Brecha dio cuenta en varias investigaciones–, Antía se aferró a una cláusula que habilita extender el contrato original con la firma israelí hasta que se cumplan los objetivos del proyecto de videovigilancia, siempre que lo avalen los ministerios del Interior y de Defensa Nacional. En ese contexto, el 5 de marzo llegaron a Maldonado los ministros Jorge Larrañaga y Javier García para suscribir el «acuerdo complementario» que habilita a la IDM a seguir aportando recursos económicos para la seguridad departamental mediante contrato con Elbit Systems. «Los ministerios le ceden a Maldonado la posibilidad de negociar el tema de seguridad en forma directa. La realidad manda», enfatizó el intendente durante la ceremonia.
RELATO DEL ÉXITO
El acuerdo entre la IDM y los ministerios fue autorizado por el propio Antía, el 19 de febrero, mediante la resolución número 01048/2021. El eje de esa autorización fue un informe de la Dirección General de Planeamiento de la IDM favorable a la extensión de la cobertura departamental. «De acuerdo a las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior (MI), luego de que el sistema entró en funcionamiento, el delito en Maldonado se ha visto reducido, siendo un factor clave en la analítica y posterior prueba para el combate a la delincuencia», cita la resolución. En consonancia con ese argumento se expidieron el intendente y los dos ministros durante la ceremonia del acuerdo y en una rueda de prensa posterior. «Se ha podido tener acciones de prevención en el departamento, que era el objetivo principal de la inversión pública», dijo Antía. A su turno, Larrañaga acotó que, durante los primeros 12 meses de gestión del MI, en Maldonado bajaron todos los delitos en comparación con el mismo período anterior. «En buena medida hay una ayuda significativa de las cámaras de videovigilancia», añadió. Cuando una periodista le pidió cifras o estudios específicos sobre el impacto del programa maldonadense, contestó: «Esto está comprobado en las principales ciudades del mundo y en todos los departamentos y capitales donde tenemos sistemas de cámaras. Por eso tengo esa impresión de que tiene incidencia, sin dudas».
Este sistema se inauguró el 26 de diciembre de 2016 con 300 cámaras, y alcanzó las 1.204 cámaras distribuidas en 375 puntos en 2017. Las estadísticas del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, del MI, revelan un aumento en las denuncias por delitos contra la propiedad entre 2017 y 2019. En ese período las rapiñas crecieron 148 por ciento en Maldonado (de 293 a 730) y las denuncias por hurto, un 16 por ciento (de 9.223 a 10.675). Todavía no están disponibles las estadísticas correspondientes al ejercicio 2020 completo, pero aun si las rapiñas y los hurtos hubiesen bajado en ese lapso, ¿qué elementos permitirían atribuir el fenómeno al sistema de videovigilancia y no a la reducción de la movilidad por efecto de la pandemia del nuevo coronavirus, por ejemplo?
Esta semana, Brecha consultó al jefe departamental de Policía de Maldonado, Julio Pioli, sobre la contradicción entre las estadísticas oficiales y la realidad departamental que pintan las autoridades en su discurso. El jerarca ratificó que el sistema incidió favorablemente en la prevención de delitos, pero alegó que, en ese momento, no disponía de informes para respaldar su afirmación. En cambio, mencionó que las cámaras permitieron esclarecer numerosas situaciones y que los resultados van mejorando a medida que se ajusta la operativa en el Centro de Comando Unificado (CCU) de Maldonado: las filmaciones permitieron formalizar el 17 por ciento de las personas que pasaron por la Justicia en 2019 (184 en 1.057) y el 22 por ciento de quienes fueron formalizados en 2020 (235 en 1.075), comentó, a modo de ejemplo. Por esto Pioli celebró que el intendente amplíe el sistema hacia zonas que todavía carecen de cobertura y atienda un «corrimiento» de los delitos detectado en estos años. «Hubo una evaluación en su momento y ahora se va a ajustar», contestó apenas, después de ser consultado sobre las características de ese fenómeno. Por otra parte, reconoció que las cámaras actúan como elemento «disuasivo» durante un tiempo relativo, ya que los delincuentes buscan nuevas modalidades para burlarlas y se necesita ajustar la operativa a esos comportamientos. Por el momento, sólo se sabe que los 330 dispositivos se ubicarán en 90 puntos.
TASA RASA
Para cubrir los «más de 1.500.000 dólares» que insumirá la ampliación del contrato con Elbit Systems, en diciembre pasado el gobierno departamental extendió por un año el cobro de una «tasa de seguridad» creada en el presupuesto 2016-2020. Catalogada jurídicamente como un «adicional departamental», la tasa representa el 0,55 por ciento de los montos imponibles por contribución inmobiliaria urbana y suburbana. Aunque el programa ha priorizado la zona costera y, como se señaló, hay decenas de barrios de distintas localidades sin una cámara, el cobro es general. La justificación del gobierno blanco es que, al garantizar la seguridad de turistas y empresarios de Punta del Este, también se garantiza el desarrollo de la principal industria departamental, de la que depende casi toda la población. Todos pagan porque todos se benefician es la lógica oficialista.
El adicional de seguridad permitió a la IDM recaudar 14 millones de dólares en cuatro años –el doble de lo estipulado inicialmente–, aunque el monto estuvo lejos de cubrir la compra de las 1.200 cámaras por 18,5 millones, y los varios millones más que insumió la instalación, mantenimiento y adecuación edilicia para albergar el CCU, como establecía el contrato. Según la IDM, el negocio con Elbit Systems costó un total de 21 millones, pero la oposición frenteamplista sostiene que fueron 23 millones, a los que hay que sumar costos por reparación y mantenimiento, que elevarían la cifra a cerca de 30 millones de dólares.
Como sea, mientras Antía hacía campaña con la promesa de las nuevas cámaras, confiado en su reelección, al final de la pasada legislatura el Ejecutivo remitió a la Junta Departamental su iniciativa para extender el cobro del adicional. Ya de regreso al sillón comunal, el 15 de diciembre pasado Antía hizo pesar la mayoría especial de ediles blancos y consiguió que también lo apoyara el único integrante de la bancada colorada para concretar su plan. Durante el debate, los oficialistas se plegaron a la teoría del proyecto exitoso e insistieron en que el aporte de Antía vino a cubrir la falta de apoyo de los gobiernos nacionales frenteamplistas para controlar la inseguridad departamental. No evaluaron el hecho de que ahora, con un gobierno del mismo signo político, el presidente Luis Lacalle Pou podría hacerse cargo del asunto, en lugar de dejar que los contribuyentes de Maldonado sigan financiando la seguridad.
«La respuesta local es la mejor respuesta, porque lo nacional a veces es complejo. Así que adelante, máximo que usted va a pagar. Muchísimas gracias por esta contribución fabulosa», soltó Larrañaga durante la firma del convenio, dirigiéndose al intendente. García, cuyo ministerio participa del proyecto a través de la Prefectura Nacional Naval, destacó «el esfuerzo interinstitucional» y «la confluencia de fuerzas» para garantizar la seguridad como derecho humano. También elogió la política de Antía, de quien dijo ser amigo desde hace años: «Me crie en su casa de la calle Ellauri, cuando tenía pelo y usaba gomina», comentó, entre risas. Así, ambos secretarios de Estado ratificaron su disposición a que la IDM siga asumiendo los costos del mentado sistema de videovigilancia, algo que los ediles blancos no parecen objetar.
El Frente Amplio, en cambio, se opuso a extender la tasa de seguridad con vistas a la ampliación del sistema. Varios ediles recordaron, en la sesión del 15 de diciembre, que durante el pasado gobierno de Antía la IDM recaudó el doble y gastó el triple de lo previsto, y que la Dirección General de Hacienda ofreció datos incompletos sobre la distribución del dinero recaudado por la tasa de seguridad, para un sistema de éxito no demostrado con solidez. Además, la oposición de izquierda consideró que, al ampliar el plazo de cobro, el intendente incumplió su palabra de que sería sólo por cuatro años y asestó un mazazo a la población golpeada por la crisis pandémica. De todos modos, por 22 votos en 29, la tasa seguirá vigente por todo 2021 y «ningún inmueble pagará por ese concepto menos de 134 pesos a valores de 2020».
FUNDACIÓN EN FALSO
Un elemento inesperado durante la firma del convenio ampliatorio con los ministerios fue el anuncio de que «en pocos días» estará aprobada la fundación Maldonado Seguro, un órgano que, según el intendente, integran la IDM, la Cámara Empresarial de Maldonado, la Liga de Fomento de Punta del Este y el MI. Antía informó que la directora general de Asuntos Legales de la IDM, Adriana Graziuso, mantuvo una reunión en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para concretar la habilitación de esta fundación, «que respalda al sistema de seguridad y que estuvo cajoneada durante tres años». Entonces reveló que, cuando instale las 330 cámaras, terminará el contrato con Elbit Systems, pero continuará colocando cámaras a solicitud de instituciones privadas. «Tenemos pedidos de particulares y asociaciones civiles que quieren donar e instalar cámaras en su barrio y se integrarían coordinadamente con el sistema. Para eso esta fundación», dijo el intendente. Lo llamativo es que el mismo Antía puso en funciones a la fundación Maldonado Seguro el 14 de setiembre de 2017, cuando los representantes designados por las instituciones firmaron un convenio con la IDM. Además, los cometidos eran diferentes a los que invocó este mes. Aquel día Antía declaró públicamente que la fundación se reuniría cada semana para «monitorear la marcha del proyecto, controlar el funcionamiento y el mantenimiento de las cámaras, y gestionar los recursos que la IDM entregaría para pagar los jornales del personal del centro de monitoreo. […] El motivo de la fundación es administrar el proyecto y es escuchar planteos de los vecinos para ir ajustándolo». Paralelamente, en el expediente del convenio marco que derivó en la contratación de Elbit Systems (2015-88-01-18394) se establecía que esta comisión tripartita se abocaría a la «gestión, supervisión del proyecto y su posterior operativa y sus gastos de funcionamiento», y que tendría a su cargo «la contratación y pagos de las obras complementarias del proyecto específico de seguridad».
Esta semana Brecha solicitó al área de Comunicaciones de la IDM una entrevista con el intendente o alguno de los tres directores generales con injerencia en el tema, pero ninguno accedió a aclarar la situación. A pesar del hermetismo oficial, este semanario pudo saber que, sin estar habilitada por el MEC, la fundación se reunió tres veces en 2017 y que llegó a manejar dinero de la IDM en la cuenta del Banco República n.o 86.284. El «cajoneo» mencionado este mes por Antía respondía a dudas jurídicas sobre la participación directa de representantes ministeriales en la fundación, que nunca se zanjaron. No obstante, fuentes del MI aseguraron a Brecha que la cartera no integra la fundación Maldonado Seguro.
No saben, no contestan
Del análisis de los discursos y los anuncios realizados por las autoridades al firmar el acuerdo para ampliar el sistema de videovigilancia en Maldonado, a principios de este mes, surgen múltiples incógnitas que nadie despejó pese a la insistencia de este semanario por encontrar respuesta oficial.
Si la fundación que debía administrar los fondos y seguir el funcionamiento del sistema de videovigilancia apenas trabajó tres semanas desde 2017, ¿qué organismo realizó esa tarea y dónde están los informes de evaluación? ¿Cuánto dinero llegó a depositarse en la cuenta bancaria abierta aunque no había autorización del MEC? Las autoridades de la IDM se negaron a atender a Brecha; en tanto, fuentes del MI a quienes el semanario formuló la misma pregunta se limitaron a señalar que el asunto es competencia de la comuna.
Otra incógnita que no despejaron las autoridades del gobierno departamental es por qué la adquisición de las 1.200 cámaras del proyecto original insumió 18,5 millones de dólares (sin contar los costos de instalación y puesta en funcionamiento), mientras que el nuevo paquete de 330 cámaras costará 1,5 millones. Si bien el MI da la pauta sobre los tipos y la ingeniería de las cámaras que se instalan en todos los proyectos de centros de comando unificados (CCU) del país, las fuentes aseguraron que en la cartera desconocen las causas de la diferencia de precio.
En el MI tampoco supieron contestar bajo qué figura jurídica se recibirán las donaciones de privados que, según adelantó Antía, llegarán próximamente a la fundación Maldonado Seguro para seguir extendiendo el sistema de videovigilancia, ni si las cámaras se integrarán al CCU o funcionarán en la órbita privada. Los funcionarios ministeriales consultados en Maldonado y Montevideo dijeron no estar al tanto de estos planes del intendente. Curiosamente, en la Liga de José Ignacio, que, según Antía, donará dinero para comprar cámaras, llevan semanas alentando a los socios a poner dinero para un plan de seguridad privado, que estará a cargo de la empresa Vector. Los detalles de ese proyecto de seguridad, ajeno al programa Maldonado Seguro que promueve la IDM, pueden consultarse en el usuario de Facebook de la liga.
Por otra parte, en la secretaría de la institución se encuentra a disposición de los socios una carpeta con las referencias técnicas de la propuesta y diferentes planes de respuesta a contratar.
A todo esto, también en la Junta Departamental hay preguntas sobre el sistema de videovigilancia que esperan respuesta de la IDM. El 8 de marzo el edil frenteamplista Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) envió un pedido de informes al Ejecutivo para que le detalle «la suma que se gastará, debidamente desglosada, junto con toda la documentación correspondiente» a la ampliación del contrato original. Por otra parte, bajo el mismo mecanismo, pidió informes sobre el funcionamiento de la fundación Maldonado Seguro en los últimos cuatro años, que se le remitan las copias de las actas de las reuniones y toda la documentación referida a la actividad desarrollada. Además, pidió que se le informe si la fundación «tendrá algún rol» en la compra de las nuevas cámaras de videovigilancia, «sobre todo, en su financiación».
