Cuando se divulgó que Segio Escobar, alias Zorro, procesado por «reiteración real de los delitos de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual de menores», y condenado a siete años y ocho meses de prisión, había sido contratado por la Intendencia de Paysandú, las autoridades municipales replicaron que la designación la había hecho la fundación A Ganar y que su función era formar parte de una cuadrilla para barrer las calles, en el marco de un programa de reinserción laboral acordado con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali). «[Es] una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos el escrache que se hizo», protestó el intendente sanducero, Nicolás Olivera, en El Observador.
«El caso de Escobar se inscribe en la política que tienen todas...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
