Con la firma del hermano – Brecha digital
NUEVOS INFORMES CUESTIONAN VÍNCULOS FAMILIARES EN LICITACIONES OTORGADAS A LA FUNDACIÓN A GANAR

Con la firma del hermano

Los informes de la junta anticorrupción y los del Tribunal de Cuentas reiteran sus dudas sobre la contratación de la fundación A Ganar que realizó la Intendencia de Rocha. Tras recibir estos documentos, el Frente Amplio elevará los antecedentes a la DGI para dilucidar si la fundación está evadiendo el pago del IVA.

Alejo Umpiérrez llega a la residencia de Suárez a la reunión de intendentes del Partido Nacional con el presidente Lacalle Pou el 5 de agosto Focouy, Gastón Britos

En diez días el asunto estaba cerrado. El 8 de enero de 2021 la Intendencia de Rocha resolvió adjudicar la licitación abreviada para liderar el «Programa socioeducativo de temporada para prestar servicios de higiene ambiental y otros relativos a la temporada estival». La beneficiaria fue la única oferente en este proceso: la fundación A Ganar. Por sus servicios, cobró unos 4 millones de pesos.

La contratación fue cuestionada por la oposición frenteamplista de Rocha, en virtud de los lazos entre A Ganar, el Partido Nacional y la comuna rochense. La fundación, creada en 2005, es presidida por Alejandro Rico Andrade, exdirector del Instituto Nacional de la Juventud y asesor de varios dirigentes nacionalistas. Y la «subdirectora técnica» es Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez, amigo y secretario particular del presidente de la república, Luis Lacalle Pou (véase «Es ahora», Brecha, 5-II-21). En este período, la fundación fue contratada por tres intendencias blancas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre otros organismos.

En el caso de Rocha, el vínculo es directo: el secretario general de la intendencia es Valentín Martínez Vicentino, hermano de Verónica y Nicolás. El jerarca tuvo una participación directa en el proceso, ya que integró la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que analizó las propuestas y recomendó al intendente Alejo Umpiérrez que concediera la licitación. Además, refrendó con su firma varias de las resoluciones que consagran el contrato con la fundación.

Ante esto, el diputado Gabriel Tinaglini (Frente Amplio) elevó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas (TCR) para acceder a detalles de la contratación y presentó los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). Las respuestas de estos organismos acrecentaron las dudas sobre el procedimiento. En efecto, el informe de la JUTEP –al que accedió Brecha– se focaliza en la relación de parentesco entre los Martínez. El organismo recordó que los funcionarios públicos deben cumplir con los deberes de probidad e imparcialidad y que «deberán abstenerse (excusarse) de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones por falta de imparcialidad».

La JUTEP entendió que la participación de Martínez «no incidió en la adjudicación de la licitación a la fundación A Ganar, ya que esta se aprobó por unanimidad», y que con esa contratación «no se perjudicó a ningún interesado, ya que no hubo otro oferente». Sin embargo, «hubiera sido prudente y éticamente correcto que el secretario general de la Intendencia de Rocha se excusara de participar».

«No solo hay que ser probo y observar una conducta honesta, recta e íntegra en el desempeño de la función, la cual, en el caso de marras, no se cuestiona. Sino que se debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice apariencia de violar las normas de conducta en la función pública», consigna el informe de la JUTEP. Según dijo Tinaglini a Brecha, este informe confirma que el jerarca comunal violentó aspectos éticos y de transparencia en la gestión pública y que, al contrario de lo que dice la JUTEP, sí hubo terceros perjudicados. Para eso se basó en la respuesta del TCR.

OTRO CANTAR

El informe del tribunal detalla diversas irregularidades en el trámite administrativo de la licitación. Según el informe –enviado como respuesta a Tinaglini–, la contadora delegada del TCR en la intendencia rochense observó el gasto por vulnerar diversas normas de control administrativo; por ejemplo, la remisión de los antecedentes para su control preventivo se concretó con posterioridad al inicio de la ejecución del gasto. En efecto, la intendencia adjudicó la licitación el 8 de enero por la suma de 2,5 millones de pesos y envió los antecedentes recién el 2 de febrero, cuando el contrato estaba firmado y ya se había efectuado el primer pago, de 710.031 pesos.

Posteriormente, la funcionaria observó la decisión de ampliar la licitación con la fundación por 1,5 millones de pesos. En este caso, se cuestionó que para reducirse el plazo del convenio se «requiere invitar como mínimo a seis firmas del ramo, asegurándose que la recepción de la invitación se efectúe en el plazo establecido». En los antecedentes remitidos para el contralor «no surge el cumplimiento de tales requisitos», señaló el tribunal.

El informe del TCR señala, además, otras presuntas irregularidades, registradas en la discordia de los tres ministros frenteamplistas. El ministro Miguel Aumento apuntó que el pliego de la licitación no incluyó criterios objetivos de evaluación de las ofertas y que el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones «no contiene fundamento alguno sobre la admisibilidad y la conveniencia de la oferta». «La presencia de un único oferente no obsta para que se informe sobre la admisibilidad y el nivel de satisfacción sobre los aspectos técnico-operativos ofrecidos», escribió.

En tanto, el ministro Enrique Cabrera expresó sus dudas sobre el sistema de facturación de la fundación. Según Cabrera, A Ganar fue contratada para ejecutar contratos de gestión y administración de recursos humanos, cuando es una organización de promoción social: «Si bien hay aspectos educativos en el contrato, no constituyen el objeto principal. Y tampoco se constata en la facturación que los aspectos educativos sean los más relevantes». «La facturación de estos servicios (la contratación de personal) es gravada por el Impuesto al Valor Agregado [IVA] y, por lo mismo, la facturación no corresponde con el servicio prestado», expresó. Señaló que la fundación no cuenta con ninguna disposición que la exonere de este gravamen, por lo que podría estar incumpliendo sus obligaciones fiscales.

Tinaglini recordó que uno de los argumentos esgrimidos por la intendencia para esta contratación fue que «salía más barato», por la reducción de costos en aportes patronales. Y adelantó que se presentará un pedido de informes a la Dirección General Impositiva para que se clarifiquen los aportes que debería pagar la fundación por este contrato y se descarte una eventual evasión impositiva. Este punto es relevante a raíz de los contratos de la fundación con otras instituciones del Estado, concluyó.

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