La delegación uruguaya en la ONU se negó esta semana a participar de la conmemoración oficial de los 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Uruguay fue el único país de Sudamérica que boicoteó el evento, en consonancia con una iniciativa de Estados Unidos e Israel. La postura uruguaya, disonante con el compromiso con los derechos humanos y contra el racismo que suele asumir el Estado uruguayo en los foros internacionales, se hizo pública luego de que el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, se la transmitiera personalmente este lunes al CEO de la B’nai B’rith, Dan Mariaschin.
A continuación, reproducimos un artículo de Richard Falk sobre el contenido del llamado proceso de Durban y la campaña israelo estadounidense a la que ha decidido plegarse el gobierno uruguayo. Falk es profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Princeton, presidente del Comité Ejecutivo del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, exrelator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (2008-2014) y autor de decenas de trabajos publicados sobre relaciones internacionales, derechos humanos, la situación israelí-palestina y la proliferación nuclear, entre otros tópicos (N del E).
Una insidiosa campaña ha sido puesta en marcha para demonizar el patrocinio de la ONU a la iniciativa antirracista por la que el 22 de setiembre se celebró en Nueva York la continuación del llamado proceso de Durban. Así se conoce al esfuerzo hecho en los últimos 20 años para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptados en la Conferencia contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001.
Aquella conferencia original fue controvertida ya antes de que sus delegados se reunieran, dado que se anticipaba que podía ser un foro en el que se describiera y condenara a Israel, al colonialismo, al legado de la esclavitud y al sufrimiento infligido a etnias vulnerables. Funcionó formalmente bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya alta comisionada, Mary Robinson, fue presionada por las potencias occidentales para que cancelara el evento. Robinson se negó, pero, en lugar de ser alabada por su independencia, esta expresidenta irlandesa de firmes principios debió enfrentar de allí en más la negativa de Washington a que fuera nombrada alta comisionada en un segundo mandato. Israel y Estados Unidos se retiraron de la conferencia y boicotearon los eventos posteriores, más pequeños, celebrados en 2009 y 2011, lo que explica que la reunión de esta semana fuera llamada Durban IV.
En la conferencia de 2001, que se vio en seguida relegada a un segundo plano por los atentados del 11 de septiembre, que ocurrieron pocos días después de su clausura, hubo muchos discursos de delegados de diversos gobiernos, entre ellos, varios que criticaron a Israel por políticas y prácticas racistas contra los pueblos palestinos, y hubo quienes afirmaron que el sionismo era una forma de racismo, algo que se había establecido previamente en una resolución de la Asamblea General (véase la resolución 3379, aprobada por 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones, A/RES/3379, 10 de noviembre de 1975, revocada en 1991 sin explicación en la resolución 46/96 de la Asamblea General). Además de la conferencia intergubernamental de Durban, hubo un foro de ONG paralelo que se dedicó a la misma agenda, en el que se pronunciaron discursos y declaraciones incendiarias. Sin embargo, por lejos, el tono predominante de la conferencia estuvo dado por la exitosa lucha contra el apartheid en Sudáfrica y la necesidad de abordar el inacabado programa antirracista.
¿QUÉ SE APROBÓ REALMENTE EN DURBAN?
Los principales resultados formales de la conferencia de Durban fueron dos significativos y exhaustivos textos, conocidos como la Declaración y el Programa de Acción de Durban. El proceso de Durban que vino después de 2001 se ha ocupado casi exclusivamente de la aplicación de estos dos documentos formales de la ONU, que son descripciones generales de un amplio rango de agravios derivados del maltrato de diversas categorías de personas vulnerables por la guerra, y de la aplicación efectiva de la legislación sobre derechos humanos a través de diversos medios, incluidas la educación y el activismo de la sociedad civil, las ONG y también el sector privado. De la lectura de los documentos se desprende que no existe absolutamente ninguna base real para quejarse de que se haya hecho algún tipo de trato diferenciado con Israel para criticarlo. Tampoco existe base alguna para decir que las disposiciones de los documentos de la conferencia de Durban encierran conceptos antisemitas ni antiisraelíes. Y, sin embargo, como se mostrará más adelante, se ha emprendido una campaña implacable para desacreditar todo lo que representa Durban por un supuesto sesgo extremo contra Israel, que no es tal.
Una lectura honesta de ambos documentos permitiría concluir que, en realidad, Israel se libró en ellos de críticas justificadas, muy probablemente como resultado de las presiones ejercidas tanto en la ONU como en los medios de comunicación, antes y durante la conferencia. Si leemos los textos, tendremos la impresión de que las sensibilidades israelíes fueron comprendidas y respetadas durante su elaboración. El apartheid y el genocidio fueron condenados en términos generales y sin ninguna referencia negativa a Israel. De hecho, encontraremos también que en el párrafo 58 de la declaración se afirma: «Recordamos que el Holocausto nunca debe ser olvidado». Y el párrafo 61 toma nota con «profunda preocupación del aumento del antisemitismo y la islamofobia en diversas partes del mundo, así como de la emergencia de movimientos raciales y violentos basados en el racismo y las ideas discriminatorias contra las comunidades judía, musulmana y árabe». Parece perverso intentar desacreditar la declaración de Durban como una perorata contra los judíos.
En el transcurso de los 122 párrafos de la declaración, la situación de Israel-Palestina solo es mencionada en el párrafo 63, y de una manera neutral, que, incluso, parece pasar por alto el sufrimiento infligido deliberadamente al pueblo palestino. Se lee allí lo siguiente: «Nos preocupa el predicamento que vive el pueblo palestino bajo ocupación extranjera. Reconocemos el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente y reconocemos el derecho a la seguridad de todos los Estados de la región, incluido Israel, y hacemos un llamamiento a todos los Estados para que apoyen el proceso de paz y lo lleven a una pronta conclusión». De una disposición de este tipo, que está enterrada en lo más profundo de una declaración de 30 páginas con un lenguaje que no señala en ningún momento con dedo acusador a Israel, ¿qué es lo que puede resultar ofensivo, incluso para el más ferviente partidario proisraelí?
LA CAMPAÑA ANTIDURBAN DE ISRAEL
A pesar de esta realidad, es extrema la violencia del lenguaje utilizado para denunciar estos documentos y el proceso de Durban en general. Esta violencia parece emanar de fuentes conocidas por seguir al pie de la letra la línea oficial difundida por Tel Aviv. El coronel británico Richard Kemp, que escribe en el notoriamente derechista sitio web del Instituto Gatestone, rara vez es superado en su apoyo al uso de la fuerza por parte de Israel contra la indefensa Gaza. Kemp califica el proceso de Durban como «la infame y paradigmática vendetta de 20 años de la ONU contra Israel» y asegura que «Durban IV reenergizará este vergonzoso proceso» (gatestoneinstitute.org, 29-VII-21). Kemp aprovecha para invocar el lenguaje hiperbólico de la ONG proisraelí UN Watch, que califica absurdamente a Durban como «la peor manifestación internacional de antisemitismo desde la posguerra».
La propia UN Watch expresó meses antes su opinión sobre la convocatoria de este año en un comunicado de prensa en su sitio web (24-V-21), bajo el titular burdamente engañoso «Durban IV: hechos clave», en el que se refiere al proceso de Durban como una «perversión de los principios del antirracismo». Esta caracterización se basa en afirmar que la conferencia de 2001 hizo «afirmaciones infundadas contra el pueblo judío», que fue usada «para promover el racismo, la intolerancia, el antisemitismo y la negación del Holocausto… y para erosionar el derecho de Israel a existir». El lector atento debería comparar el lenguaje calumniosamente falso de UN Watch con los textos de la Declaración de Durban y el Programa de Acción de Durban, cuya aplicación es el objetivo primordial del proceso de Durban, para tener una idea de las motivaciones de estos críticos pro-Israel.
ISRAEL Y EL APARTHEID EN 2021
Cierto es que en 2021 ya no hay cómo esquivar la suposición de que «el predicamento que vive el pueblo palestino» es resultado directo del apartheid israelí, siendo el apartheid un crimen contra la humanidad condenado no solo por el proceso de Durban, sino tanto por la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1974 como por el artículo 7 del Estatuto de Roma, que rige las operaciones de la Corte Penal Internacional. En la actualidad ya no es razonable descartar las acusaciones de apartheid israelí como extremistas y mucho menos como manifestaciones de antisemitismo. Sin embargo, dado que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, sigue controlando el discurso mainstream en Occidente, los medios de comunicación contemplan estas crudas conclusiones en total silencio, a pesar del prolongado sufrimiento del pueblo palestino: un recordatorio de que cuando la geopolítica choca con la moralidad y la legalidad, la geopolítica prevalece.
EL PROCESO DE DURBAN REDIMIDO
Hay dos conjuntos de observaciones que hacen vergonzosos y descarados estos ataques a un loable esfuerzo de la ONU para poner de relieve las múltiples facetas del racismo y la discriminación racial. El proceso de Durban se ha convertido en el núcleo de una campaña mundial de derechos humanos para aumentar la concientización pública y llamar la atención dentro de la ONU sobre las muchas variedades de la criminalidad racista, así como para subrayar la responsabilidad de los gobiernos y las potenciales contribuciones de la sociedad civil.
Es notable que Israel y su comportamiento no reciban ni de cerca la misma atención en la Declaración y el Programa de Acción de Durban que otras cuestiones, como el abuso de los pueblos indígenas, el de los romaníes, el de los inmigrantes y el de los refugiados. De hecho, a la luz de los acontecimientos más recientes, que confirmaron las preocupaciones tempranas sobre el sufrimiento palestino, el proceso de Durban, si acaso, puede ser criticado por haber puesto en segundo plano el racismo de Israel. Puede ser crtiticado, si acaso, por haber caído en la trampa de la hasbará, imponiendo responsabilidades simétricas al opresor y a la víctima, culpando a ambas partes, precisamente en pos de evitar ser el blanco de ataques de las organizaciones que apoyan a Israel y muestran una creciente tendencia a jugar la carta del antisemitismo. Esta última ha demostrado no ser más que una táctica para desviar la atención pública del creciente consenso de que Israel funciona como un Estado de apartheid.
Quizás en la atmósfera política de 2001 resultaba provocativo acusar a Israel de racismo y apartheid, pero lo cierto es que, de todos modos, como he intentado demostrar, estas acusaciones dirigidas a Israel durante el debate abierto en Durban nunca lograron plasmarse en el resultado formal de la conferencia. Debe recordarse que el proceso de Durban, como han dejado claro sus proponentes, se ocupa principalmente de aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban. Pero, para 2021, lo que hace 20 años era provocativo hoy ha sido confirmado en múltiples ocasiones por evaluaciones fiables y detalladas e, incluso, convalidado indirectamente por la propia Ley Básica de Israel, promulgada en 2018. Los momentos más destacados de esta dinámica han tenido lugar en el transcurso de los últimos cinco años: la publicación, en marzo de 2017, de un estudio académico independiente patrocinado por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, que concluye que las políticas y las prácticas de Israel constituyen una confirmación abrumadora de las acusaciones de apartheid («Prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid»); el informe publicado el 12 de enero de 2021 por la ONG israelí de derechos humanos B’Tselem («A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid»; hay traducción al español); el informe del 27 de abril de 2021 de Human Rights Watch («Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución»).
Ya no es razonable argumentar que es antisemita asociar el trato israelí al pueblo palestino con el crimen de apartheid. Como judío que soy, considero que las justificaciones israelíes de su comportamiento con Palestina son la encarnación misma del comportamiento antisemita, lo que desacredita al pueblo judío.
(Publicado originalmente en inglés en el blog del autor, bajo el título «Demonizing Durban, Obscuring Racism». Traducción de Brecha.)
