Lo que está a punto de pasar en Colombia, según todas las encuestas, es un hito latinoamericano. Confirmaría el cambio de clima político, incluso en uno de los territorios más hostiles de la región, para las fuerzas progresistas. Nos referimos al probable triunfo en las presidenciales –cuya primera vuelta se llevará a cabo el domingo 29– de un candidato abiertamente izquierdista, el exguerrillero Gustavo Petro, que se enfrenta, entre otros, a Federico Fico Gutiérrez, un exalcalde de Medellín, que pretende recomponer el bloque hasta ahora hegemónico.
La llamada gran encuesta, contratada por diversos medios del establishment colombiano y publicada la semana pasada, confirma las tendencias que ya habían marcado otras firmas: Petro va a la delantera con un 40 por ciento de los votos, casi duplicando a Fico, que alcanza un 21 por ciento. El voto en blanco ocupa el tercer lugar de las preferencias, con 13 por ciento, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández tiene 11 por ciento y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, 7 por ciento.
Según revela la encuestadora Yanhaas, responsable de la gran encuesta, en una hipotética segunda vuelta, Petro alcanzaría el 47 por ciento, mientras Fico obtendría el 34. La porción del electorado que hoy afirma que en esa instancia no votaría a ninguno de ambos candidatos es de 19 por ciento. En relación con los resultados de la misma encuestadora en marzo, Petro aumenta un 5 por ciento, mientras que Fico cae un punto. La opción «Ninguno» pasa de 23 a 19 por ciento, lo que permite inferir que los indecisos se están moviendo hacia el flanco izquierdo. Datos muy similares plantean otras consultoras.
CABEZA DE PLAYA
Desde el ascenso del uribismo al poder, a comienzos de siglo –en medio de la lucha del Estado contra grupos guerrilleros que controlaban vastas zonas del país–, Colombia se consolidó como el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica. Con el ascenso del chavismo en Venezuela y la propagación de varias experiencias de izquierda en la región, Colombia acogió bases, asesores, tropas y tutelaje militar estadounidense, convirtiéndose en una cabeza de playa en lo que Washington históricamente ha considerado su patio trasero. Un lugar estratégico para Estados Unidos que ahora está en riesgo, no por un triunfo guerrillero, como se pensó otrora, sino a causa de un proceso electoral pacífico y democrático que ha desplazado a los márgenes al principal actor político colombiano de las últimas décadas.
Aunque visto por sus críticos de izquierda como un conglomerado represivo y paramilitar asociado al narcotráfico y la guerra sucia, el uribismo también ha sido un fenómeno electoral y político de gran éxito en los últimos 20 años, y ha ganado cuatro de las cinco disputas presidenciales de este siglo: solo fue derrotado en el balotaje de 2014, tras triunfar en la primera vuelta. Su líder y fundador, Álvaro Uribe (presidente de 2002 a 2010), encabezó durante años las encuestas como el político más popular del país y batió récords de votaciones, tanto como candidato a la presidencia como en su rol de postulante al Senado.
La actual presidencia de Iván Duque (2018-2022), el delfín uribista, puede considerarse como la fase decadente de este movimiento, en la que se agudizó la crisis interna en el bloque hegemónico. Previamente, durante los mandatos de Juan Manuel Santos (2010-2018) –que encabezó las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pesar de haber sido ministro de Defensa del propio Uribe–, había ocurrido una fisura definitoria en el bloque de poder. Santos, perteneciente a una de las familias tradicionales de la oligarquía colombiana, vino a «adecentar» con cierto éxito la imagen violenta de Colombia y su Estado e incluso obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2016. Este proceso le valió la oposición tenaz de Uribe, otrora su padrino político y su principal apoyo en las elecciones de 2010.
LA DEBACLE
La firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, si bien fue seguida por una estela de incumplimientos, persecuciones y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, también permitió que el conflicto sociopolítico se desplazara hacia los centros urbanos y la lucha dentro de las instituciones, con lo que perdió peso el factor militar y ganaron terreno agendas vinculadas a la reforma política y social. Emergió así un potente movimiento de protesta, especialmente en el ámbito urbano, que desencuadraba las formas tradicionales en las que se venía configurando la política colombiana.
Al mismo tiempo, quedó claro que una parte de las oligarquías ya no estaba dispuesta a seguir empantanada en la lógica guerrerista de las últimas décadas. Desde entonces, el uribismo viene en un proceso de reflujo. Aunque se alzó victorioso en las presidenciales de 2018 y logró boicotear temporalmente el proceso de paz contribuyendo al triunfo del No en el plebiscito de 2016, quedó herido de muerte por este cambio de eje. En octubre de 2019, al perder las elecciones regionales, se confirmó que este movimiento estaba sufriendo un proceso de decaimiento.
Con Duque en el poder, se venían produciendo roces internos que, aunque no llegaron a la ruptura, sí contribuyeron al debilitamiento del uribismo. Durante la fallida reforma tributaria de 2021, Uribe le hizo a Duque una «súplica angustiosa», como él mismo la enunció, para que el presidente no emprendiera ese proyecto. Duque no lo escuchó y se chocó de frente contra las mayores protestas sociales de la historia contemporánea. El llamado estallido colombiano cambió la imagen del país, que intentaba venderse a los mercados internacionales como estable y en ascenso, a la de uno ingobernable y fragmentado.
Las legislativas de marzo de este año vieron la debacle electoral del partido de Uribe, el Centro Democrático, que pasó de ser la formación más poderosa del país a conservar apenas un 10 por ciento de los votos, un resultado que lo dejó en quinto lugar, lejos de la primera posición que acostumbraba.
EL CONFLICTO LLEGA A LA CIUDAD
El actual escenario solo puede entenderse si se recuerdan las masivas protestas que sacudieron a Colombia a finales de 2019. El nivel de conflictividad de esos días trasmutó la escenografía rural de insurgencia guerrillera por una de protesta urbana más parecida al estallido chileno que a la estética de revolución cubana que acostumbraban los grupos armados.
Luego, en setiembre de 2020 y en plena pandemia, la muerte en Bogotá del taxista Javier Ordóñez a manos de la Policía enardeció a grandes grupos de ciudadanos que salieron a manifestar en masa. Ya Colombia no era la misma. Así, llegó un nuevo estallido en abril de 2021, convocado por el Comité Nacional de Paro, compuesto por centrales sindicales, magisteriales, organizaciones indígenas, campesinas y populares. Se había derramado el vaso.
Mientras tanto, el gobierno ha venido perdiendo fuerza debido a diversos escándalos de corrupción y acusaciones de vínculos con el narcotráfico, además de las imputaciones legales que llevaron a Uribe al arresto domiciliario durante un breve período y luego a renunciar al Senado.
Es en este escenario que Petro se perfila como favorito, con una propuesta más moderada que en instancias anteriores, pero vinculada a los movimientos sociales que hicieron frente al uribismo, un factor que encarna sobre todo su candidata vicepresidencial, Francia Márquez.
Por primera vez en la historia de Colombia un candidato de izquierda tiene chances de ganar. Pero aún falta. Hace un par de semanas, grupos paramilitares amenazaron al candidato, quien tuvo que reprogramar su gira de campaña. La ha retomado recientemente, pero rodeado de escoltas que portan grandes láminas de hierro. Cinco candidatos presidenciales han sido asesinados en las últimas cuatro décadas. Antes, en 1948, el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán fue el detonante de una guerra que aún perdura.
Todavía habrá que esperar el comportamiento del elector el 29 de mayo y, en caso de que ningún candidato consiga la mitad más uno de los votos, un balotaje que está planificado para el 19 de junio. Allí sabremos si el hito se ha producido.
