La divulgación de información del Plan Nacional de Inteligencia vuelve a poner sobre el tapete la conflictiva relación entre esas opacas tareas y sus controles democráticos. El Poder Ejecutivo acusa judicial y públicamente a miembros del Legislativo de una presunta filtración, a riesgo de deslegitimar el principal mecanismo de contralor en un área especialmente sensible. Mientras tanto, aunque entre la información develada asoman directivas que podrían violentar derechos, el protagonismo lo acapara la trazabilidad documental y la lealtad patriótica. La oposición le pedirá la renuncia al director de inteligencia, Álvaro Garcé –antes cuestionado por los casos de Astesiano y Marset–, si se confirma la falsedad de su acusación.
Álvaro Garcé, junto a Martinelli y Maciel, en la Cámara de Senadores durante la interpelación por el caso Astesiano. MAURICIO ZINA
Buena parte de los análisis que se aventuran sobre la filtración del Plan Nacional de Inteligencia transitan, de momento, por el terreno de la hipótesis, los supuestos y la especulación. El caso ha abierto debates sobre la lealtad institucional (o patriótica, en su versión más rimbombante), la reserva en el manejo de información sensible (y su tensión permanente con la tarea de controlar potenciales abusos de las agencias), las artimañas propias del mundo de la inteligencia, la ética periodística y varias aristas más. Sobre el último punto, amén de los tuits de alguna legisladora cuyos ataques a la prensa ya son casi un acto reflejo, predomina un amplio consenso favorable a que la actuación del director del informativo de Tevé Ciudad, Eduardo Preve, fue correcta (véase la columna de Rosari...
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