El estudio de la violencia, la criminalidad y la inseguridad es un campo en expansión en Uruguay, en sintonía con la importancia pública de estos asuntos. A pesar del desarrollo de conocimientos de las ciencias sociales, el terreno muestra disparidad de datos, informaciones y referencias, poca innovación teórica y vínculos muy débiles entre la oferta académica y las demandas de las políticas públicas sectoriales. Del mismo modo, los cambios sociales, políticos e ideológicos de los últimos años han variado los ejes discursivos que sobredeterminan los objetos y los enfoques de la investigación.
En ese contexto, las ciencias sociales enfrentan una serie de tensiones que surgen entre la necesidad de ser útiles y las pretensiones de cientificidad, entre producir relatos con cierta consistencia ideológica y trabajar bajo el imperativo de la evidencia. Más allá de estas tensiones, que solo son identificables para algunos actores del campo de la seguridad, una sociología crítica de la violencia y el delito debe poder superarlas. Para ello, se requiere autonomía, reflexión teórica propia, objetivos empíricos y una clara orientación hacia la especificidad de los problemas del presente.
CUATRO PROBLEMAS
Aun a riesgo de la simplificación, hay cuatro problemas significativos en la realidad uruguaya actual. En primer lugar, los delitos más violentos han consolidado un encuadre marcadamente territorial. Nada de esto es nuevo, a tal punto que los mejores aportes sobre las raíces de la inseguridad han provenido de los abordajes de la sociología urbana. Las violencias, los homicidios, los mercados ilegales e incluso la intensidad de muchos delitos están condicionados por las dinámicas que ocurren en ciertos espacios. En segundo lugar, la victimización por violencia de género en todas sus modalidades es un fenómeno que tiene una base muy ancha de prevalencia y que no cabe pensarlo solo desde una clave territorial. Su comprensión es uno de los mayores desafíos para una criminología crítica. En tercer lugar, se ha señalado la gravitación que tienen las representaciones punitivas, tanto las de arriba (las que producen las elites) como las de abajo (las que tienen base social). Si bien todo discurso punitivo tiene sus resistencias, lo que se observa en estos temas es una reducción de las posiciones antagónicas y una convergencia hacia un discurso dominante sobre las causas y la intensidad de la violencia y el delito. Esa hegemonía impacta en los márgenes de la acción política y en la amplitud de lo que se discute públicamente. Esto nos lleva al cuarto y último problema: se ha consolidado una política pública orientada al control, la sanción y la incapacitación. El vigilantismo, el policialismo y el encierro dominan las agendas en detrimento de los enfoques preventivos, restaurativos o de reinserción.
¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LAS CIENCIAS SOCIALES?
El primer paso para la definición de una sociología crítica de la violencia y el delito es la ampliación conceptual que pueda guiar luego los esfuerzos de investigación. Aquí surgen algunos desafíos importantes. El primero es tratar de romper con la dicotomía entre la inseguridad objetiva (los datos de delitos) y la inseguridad subjetiva (los sentimientos y las representaciones), pues la realidad social no se presenta de esa manera simplificada. La inseguridad no se reduce a la ocurrencia de delitos (o a sus variaciones) y tampoco se limita a los «miedos» o las percepciones generales de temor.
En segundo lugar, la producción de datos y evidencias sobre los delitos, las violencias y las inseguridades no es ajena a las representaciones ideológicas y los encuadres institucionales. Las «evidencias» son problemas que también tienen que ser desentrañados. Ningún dato sobre delitos o violencias está exento de dificultades ni adquiere validez por sí mismo fuera de algún encuadre de interpretación.
En tercer lugar, hay un desafío mayor que consiste en interpretar las claves de los comportamientos delictivos. Comprender la acción, combinando elementos internos y externos, es un trabajo de aproximación que no termina nunca. La racionalidad «egoísta» o puramente impulsiva, que solo se contiene elevando los costos del delito, es una interpretación corriente y en extremo simplificada, tanto como la otra que habla de las subculturas del delito que envuelve a los actores. En último lugar, solemos analizar las instituciones del sistema penal desde una perspectiva de neutralidad técnica. Vigilar y castigar son tareas necesarias y justificadas, y para eso se requiere de cuerpos profesionalizados que desempeñen funciones técnicas para hacer cumplir la ley. Pero las instituciones del sistema penal son muy distintas a como las define la ley y a como son vistas por sus responsables. La distancia entre lo que se dice que hacen y lo que efectivamente hacen es el espacio de estudio para una sociología crítica.
En este escenario, una sociología crítica, orientada a la investigación en el terreno de la violencia, la criminalidad y la inseguridad, debería articular saberes y reflexiones teóricas sobre un conjunto amplio de asuntos. Como elemento más general, hay que considerar la «inseguridad» no como un mero estado subjetivo, sino como una significativa fuerza sociopolítica. La inseguridad es un discurso, pero también una realidad con peso propio capaz de desencadenar dinámicas de distinto alcance. Las reacciones al delito constituyen un universo específico y complejo. Las agendas políticas, mediáticas y sociales se retroalimentan y van delimitando las necesidades de una sociedad del control y la vigilancia. La intención de disminuir los niveles de inseguridad a través del combate material a ciertos delitos se muestra como una ilusión, pero a su vez esos aparatos expresivos y materiales que sostienen el proyecto de la «guerra al delito» son los que nos recuerdan que la inseguridad también es un campo de intereses y agendas institucionales. Cuanto más centrados estamos en las narrativas y las exigencias del sistema penal (Policía, justicia y cárcel), menos posibilidades tenemos de captar los procesos de individuación y las tramas de acción que están en la base de las violencias en las sociedades actuales.
Por otro lado, los dispositivos de castigo se amplían al ritmo de los enfoques retributivos o disuasivos. «Quien comete un delito debe pagar», se escucha desde los discursos oficiales. Sin embargo, las cosas no son tan universales, dado que los castigos se distribuyen de una forma marcadamente desigual. Estudiar los sentidos del castigo (por qué, para qué y a quién se castiga) es uno de los grandes desafíos para una sociología crítica. Más allá de saber que se castiga a los pobres y se exime a los poderosos, hay todo un universo de razones situadas a la hora de establecer castigos que trasciende las definiciones legales o normativas. La parte más importante del funcionamiento de las instituciones penales ocurre por fuera del campo visual y discursivo, y hasta allí debe poder llegar la sociología para entender cómo se reproduce el orden social de las desigualdades.
Por último, las dinámicas territoriales de la violencia son uno de los asuntos más urgentes. Solemos interpretar estos espacios desde el enfoque de la precariedad o desde las categorías vacías de «narcotráficos», «ajustes de cuentas» y «luchas por los territorios». Allí hay procesos históricos consolidados, tramas sociales densas, formas organizativas y patrones de socialización. A su vez, una sociología mucho más abierta a la exploración etnográfica podrá desentrañar el complejo rol que juega el Estado en estos territorios. Un Estado débil que, en el mejor de los casos, apenas contiene y, en el peor, solo es capaz de mostrar su lado represivo. Los cuerpos policiales hostigan, castigan y disuaden, pero nunca restauran ni suturan. En esos territorios, la Policía puede cambiar las modalidades de gestión (o los estilos y las intensidades de trabajo), pero muy rara vez modifica la matriz de actuación. La necesidad de precisión conceptual y riqueza de observación en estos espacios es, también, una necesidad política.
EL GRAN DESAFÍO
No hemos pretendido trazar un programa ni mucho menos una ruta original. Hemos priorizado algunos esbozos, pues entendemos que el gran desafío para las ciencias sociales que estudian estos temas es la integración de diversas perspectivas de análisis. Ese esfuerzo de integración es el que obliga a la innovación y a la actualización de miradas orientadas al presente y comprometidas con la producción de evidencias. Una parte importante de lo que estamos señalando para la conformación de una sociología crítica tiene especial validez para el campo de las políticas de seguridad. En ambos terrenos, las perspectivas uruguayas todavía están muy lejos de devolvernos su mejor versión.
