En las últimas semanas asistimos a un debate público por episodios de violencia protagonizados por adolescentes. Las «peleas masivas» y la «violencia juvenil», difundidas a través de imágenes virales, activan la batería de respuestas y dan cuenta de algunos sentidos que se instalan o se repiten. Lo que se difunde viralmente es la violencia expresada en las conductas y las prácticas de adolescentes. Lo que se instala es la exclusión: se habla de los alumnos «que no son del liceo», que «pertenecen» o «no pertenecen» a Secundaria, asumiendo de esa forma que la noción de comunidad educativa no refiere al entorno barrial, sino a la matriculación en el centro de referencia.
Inmediatamente aparece un actor sin voz: la Policía. En nuestra cultura, ellos, los policías, son los garantes de una protección inmediata de la vida. Luego, aparecen autoridades, docentes, estudiantes, representantes de sindicatos y técnicos de la educación. En este concierto, algunos elementos deben ser tomados en cuenta para que el debate se profundice y se desarrollen políticas sostenibles.
Un elemento de contexto –y de sentido común– es que si hay aumento de la violencia, de las tasas de homicidio, si hay altas tasas de suicidio, si hay violencia interpersonal, lesiones y violencia doméstica, si hay femicidios y violencia en el fútbol, entonces habrá violencias de adolescentes en el espacio público. Los centros educativos tienen la capacidad de trabajar relaciones alternativas a la violencia porque pueden tematizarla e impulsar formas de ciudadanía y vínculos que promuevan una cultura de paz. Y esto se ha defendido en la voz de las autoridades, aunque contrasta con los recortes presupuestales varias veces denunciados, la falta de horas destinadas a los equipos multidisciplinarios y la sobrepoblación de algunos centros, entre otros elementos que no permiten trabajar en ciudadanía y convivencia. A falta de horas y de tiempo, los centros educativos no alcanzan a actuar mucho más que apelando a la Policía, denunciando culpables y excluyendo al «causante del conflicto», quien, año a año, retornará y alimentará la dinámica de pelea campal-viralización de imágenes-alarma- denuncia-Policía-expulsión.
La violencia de los adolescentes ya no escandaliza cuando ocurre en los territorios de comunidades educativas vulnerables y pobres. Pero ahora migró y trascendió las fronteras «pacíficas» de la ciudad. Entonces, los adolescentes de Cordón, de Parque Rodó denuncian que estos contextos también son capaces de esa violencia: golpes, armas, amenazas, insultos. Como sociedad, resta aceptar que las nociones de masculinidad, violencia y fuerza física están presentes en una pluralidad de ámbitos y que no las detienen las barreras ideológicas que se forjan cuando se las quiere confinar a las prácticas de los más vulnerables. En cambio, el violento espectáculo de personas que duermen en la calle, en su mayoría varones jóvenes, no despierta esta alarma. Tal vez, sí, el debate relativo al financiamiento de las ollas populares.
Los hechos muestran que ya no es posible separar el debate sobre la violencia del grave problema del suicidio y sus causas. Quien se quita la vida dirige la agresión hacia sí mismo. En la «pelea», la agresión se dirige a otro. Pero ambos fenómenos dan cuenta de la desesperanza y el malestar de nuestra sociedad. Invocar el bullying no colaborará más que en criminalizar a los jóvenes. Los jóvenes reclaman salud mental y ello es fundamental, pero atenderla pasa por fortalecer un estado de bienestar, ya que la falta de alimentación, de trabajo, de vivienda, de acceso al deporte –o sea, la falta de las protecciones– también afecta la salud mental. Uruguay tenía importantes debilidades en esos indicadores antes de la pandemia, pero la gestión de esta y las opciones políticas relativas a la protección social han golpeado a la educación y han afectado duramente el acceso a estos derechos.
En el debate sobre cómo responder a estos hechos, los discursos que circulan separan «alumnos» de «no alumnos», «estudiantes» y «repetidores», acentuando la falta de solidaridad social, que la violencia de la denuncia exacerba. En ciertos medios, así aparece la voz de los estudiantes: «Los del gremio estudiantil denuncian que los problemas comenzaron en el liceo 5, José Pedro Varela, que está a la vuelta del Zorrilla, y donde funciona el ciclo básico. Que la mayoría de la bandita son estudiantes de ahí, que quedaron repetidores o que directamente dejaron el liceo y no pasaron a hacer el bachillerato en el Zorrilla» (El Observador, 21-III-23). Como si fuera poco, se objetiva que un adolescente involucrado es atendido en el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y que «no era estudiante, pero sí tenía vínculos» (Telemundo, 22-III-23).
Entonces, ¿violencia juvenil? En el caso de las imágenes difundidas, parece urgente trabajar el modelo de masculinidad violenta que continúa cobrando vidas en las adolescencias, que impacta en las relaciones de género y que ahora, teniendo al barrio y al escenario educativo como telón de fondo, juega un rol importante. Este es uno de los resultados de nuestro modelo social y un síntoma de desesperanza, al igual que las altas tasas de suicidio.
Mientras tanto, el uso de la imagen continúa al servicio del deterioro de lo público y del barrio, del centro educativo y de la plaza, reforzando la estigmatización. En este caso, la recuperación de nociones de ciudadanía, atención psicológica, diálogo contrasta con la falta de inversión, la notoriedad de la presencia policial en los centros, la conformación de una línea de exclusión entre «el adentro y el afuera» del centro educativo, que no se piensa como parte de un territorio. Es relevante que los significantes convivencia, atención a padres y adolescentes, acción pedagógica y diálogo aparezcan en los discursos, pues ello da cuenta del trabajo en derechos humanos y política educativa que tuvo lugar en las últimas dos décadas. Pero estos significantes requieren del correlato en recursos para la educación, recursos que la transformación educativa no canaliza. En este contexto, usar la voz de los adolescentes es capital, siempre que esta preponderancia no sea utilizada para denunciar a otros adolescentes, porque ello supone un golpe político a la participación juvenil y la construcción de ciudadanos solidarios.
