Nayib Bukele dejó hace tiempo la imagen de presidente cool y suave –famoso fuera de El Salvador por la incorporación del bitcoin como moneda de curso legal y por su aspecto millennial–; en su lugar, sus políticas cuestionables y autoritarias han provocado que diferentes instituciones internacionales consideren que en El Salvador hay un gobierno de régimen híbrido.
Así, Bukele pasó de ser aquel mandatario que despertó la curiosidad internacional con acciones como tomarse una selfie en la Asamblea General de las Naciones Unidas a infundir temor y ganarse varios repudios por la toma con las Fuerzas Armadas de la Asamblea Legislativa salvadoreña (véase «En la silla equivocada», Brecha, 14-II-20), el anuncio de su candidatura a la reelección, a pesar de ser inconstitucional, la reciente supresión de derechos constitucionales de los salvadoreños para controlar un alza homicida provocada en parte por sus fallidas negociaciones con las pandillas y, finalmente, la construcción en tiempo récord de la «cárcel más grande de América».
El 31 de enero de 2023, el presidente de 41 años transmitió un discurso en cadena nacional en el que hizo un recorrido por las instalaciones de lo que ha publicitado como «una cárcel del primer mundo». La grabación de 36 minutos contó con una producción propia de las comunicaciones del gobierno salvadoreño, con tomas desde drones de la entrada de la caravana presidencial al penal, detalles escogidos de las instalaciones y equipos de camarógrafos que perseguían a la comitiva gubernamental por todo el inmueble. Bukele aparece en el centro, flanqueado por funcionarios que reiteran todo lo que dice como cajas de resonancia. El presidente salvadoreño es presentado como una especie de superhéroe que ha logrado erigir un monumento a la «victoria» que estaría logrando contra las pandillas, y que, como tal, bautizó con un nombre rimbombante: Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Este complejo penitenciario tiene un área de 231.446,31 metros cuadrados y está pensado para albergar a 40 mil prisioneros en ocho pabellones de 5.453 metros cuadrados, según lo que expuso el Ministerio de Obras Públicas, institución que veló por la construcción de la megaestructura. Cada pabellón cuenta con 32 celdas, con camastros de acero en su interior para todos los reos y dos pilas de agua con chorros que serán controlados por los custodios. O dicho de otra manera: la «mejor cárcel de América» tendrá celdas que apiñarán a 156 personas cada una en su supuesta capacidad máxima y con agua racionada, además de celdas de castigo en completa oscuridad.
En el país que pasó a ostentar la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, este centro penitenciario es el orgullo y «una obra de sentido común» para el presidente Bukele. Lejos del mandatario que prometió programas de reinserción, el actual Bukele promete que las personas condenadas por pertenecer a una pandilla «no volverán a ver la luz del sol».
De momento, estos son los únicos datos que están publicados en documentos oficiales. Esto se debe a que el gobierno, de la mano de la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele (véase «De golondrina a gavilán», Brecha, 5-III-21), ha aprobado leyes que facilitan la adjudicación exprés de contratos y la opacidad de la información. No se sabe, por ejemplo, de dónde provinieron los fondos con que el gobierno costeó esta obra ni quién o quiénes fueron los encargados de su construcción. Toda esa información, que debería ser pública oficiosamente, es reservada: otra de las características principales del gobierno de Bukele, quien, sin embargo, no duda en venderse como el más transparente de la historia salvadoreña, como sus diputados pregonan.
Casi un mes después de aquella transmisión el 24 de febrero, Bukele publicó otro video en sus redes sociales y en las redes de las instituciones de gobierno, que su aparato propagandístico difundió entre medios nacionales e internacionales. Esta vez se trataba de 2 mil hombres rapados y vestidos solo con pantaloncillos blancos que iban bajando de buses con las manos esposadas. Las imágenes estaban acompañadas de música propia de un thriller de acción y estaban producidas de tal manera que el espectador pudiera ver de manera clara los tatuajes con los símbolos de la mara Salvatrucha (MS-13) y de las dos facciones de Barrio 18, las tres pandillas que por décadas controlaron miles de comunidades en El Salvador. También están hechas para promover la imagen de un Estado fuerte que ha logrado ganarles la batalla a las pandillas que asolan a la población.
En esta cárcel estarán «los terroristas perfilados de alto rango dentro de la pandilla, como aquellos ranfleros [jefes] históricos, los ranfleros de programas y de clicas [células], los palabreros [jefes locales] y los gatilleros [pistoleros]. Y toda persona perteneciente a un grupo terrorista va a ingresar, así como usted nos lo indicó», le dice públicamente a Bukele Osiris Luna Meza, el director general de Centros Penales (y una de las piezas claves en la intensa negociación del gobierno de Bukele con la pandillas, según investigaciones judiciales de El Salvador y Estados Unidos).
NEGOCIACIONES SECRETAS CON LAS MARAS
En las imágenes que las autoridades grabaron de los 2 mil privados de libertad no surge con certeza alguna que los líderes históricos de las tres pandillas fueran trasladados del Penal de Zacatecoluca al CECOT. Estos líderes pandilleros han jugado un papel de suma importancia para el gobierno de Bukele: pactaron con él ocultar los homicidios para mejorar la imagen política del gobierno a cambio de evitar extradiciones y otros beneficios, según reveló recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Bukele y sus funcionarios han negado una y otra vez que alguna vez haya existido ese pacto. Pero investigaciones de la Fiscalía General de la República, indagaciones periodísticas y acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos han confirmado que estas negociaciones entre Bukele y las pandillas comenzaron antes incluso de que Bukele llegara a la silla presidencial. La última revelación fue publicada el mismo día en que el gobierno difundió los videos de pandilleros llenando la megacárcel. Ese día, la Corte del Distrito Este de Nueva York publicó una acusación contra 13 líderes de la MS-13 en la que el Departamento de Justicia estadounidense señaló que el gobierno salvadoreño y las pandillas negociaron «cambios legislativos y judiciales» y «reducciones de las penas de prisión que permitirían la excarcelación anticipada de los líderes de la MS-13», además de «apoyar a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 a la Asamblea Legislativa de El Salvador».
Este pacto lo hemos visto consumarse con la liberación de ranfleros de la MS-13 que estaban cumpliendo penas de varios años, como Élmer Canales Rivera, alias el Crook, a quien el titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín (otra de las piezas claves del gobierno salvadoreño en las negociaciones), sacó del Penal de Zacatecoluca y llevó a Guatemala, como lo han publicado el medio independiente El Faro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También lo vimos el mismo día en que Nuevas Ideas, el partido que fundaron familiares y amigos de Bukele, tomó posesión de la Asamblea Legislativa. Este partido y sus aliados políticos sobrepasan los dos tercios de las bancas, lo que los habilita a aprobar casi cualquier ley y reforma. Esto les permitió destituir de manera ilegal al fiscal general que estaba investigando los pactos secretos de Bukele con las pandillas y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así, Bukele evitó que el Ministerio Público lo acusara y colocó a jueces aliados que han bloqueado las peticiones de Estados Unidos de extraditar a los líderes de la MS-13.
Aunque el gobierno afirma que nunca ha negociado con criminales, diversas investigaciones confirman que Bukele y sus funcionarios han pactado debajo de la mesa con grupos criminales desde que el hoy presidente manejaba la alcaldía de San Salvador en 2015. Después de su llegada a la presidencia en 2019, ese pacto aguantó tres masacres. La última dejó 87 homicidios en tan solo tres días, y uno de ellos pasó a la historia como el día más homicida en la historia de El Salvador de la posguerra.
ARRESTOS ARBITRARIOS Y OCULTAMIENTOS
La ruptura de las negociaciones derivó en el régimen de excepción en el que El Salvador vive desde el 27 de marzo de 2022. Esta política, que también ha estado acompañada de su propia campaña publicitaria, llamada «guerra contra las pandillas», ha resultado en más de 65 mil personas capturadas y más de un centenar de muertes en condiciones sospechosas dentro de las cárceles.
Cuando el gobierno de Bukele comenzó esta cacería, no existía ningún plan de contingencia para reforzar un sistema penitenciario que durante décadas ha estado sobrepoblado. Según documentos oficiales y filtraciones de bases de datos, la mayoría de los penales rebasaron por mucho su capacidad máxima; por ejemplo, el que está ubicado en el municipio de Izalco fue construido para albergar a 2 mil personas, pero por las capturas del régimen sobrepasó los 12 mil detenidos durante los primeros ocho meses de esta política.
Esta nueva estrategia también ocasionó que miles y miles de personas denunciaran capturas arbitrarias de sus familiares. Estas políticas de mano dura son conocidas hasta el tuétano en El Salvador. Lo nuevo que Bukele ha traído a la mesa es que ha parido un sistema judicial que está en las antípodas de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Y ha vendido la imagen de un autoritarismo eficiente, tanto dentro del país como en América Latina.
El propio gobierno ha aceptado que en los últimos tiempos ha liberado a más de 3.700 personas, pues las autoridades no les encontraron ningún delito que imputar. Varios de los exdetenidos han descrito de manera casi idéntica cómo fueron capturados y las torturas que vivieron dentro de las cárceles salvadoreñas: policías y soldados llegaron a sus casas, con el pretexto de hacerles unas preguntas y dejarlos ir luego del interrogatorio, y con esa excusa los llevaron al puesto policial, donde, una vez dentro, les dijeron que estaban detenidos, sin más explicación.
Sus familiares tuvieron que luchar por conseguir información sobre ellos. Para algunos, esto se convirtió en una desaparición forzosa por parte del Estado. Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen, ha denunciado que el Estado ejerce una forma de tortura psicológica contra los familiares de los detenidos al negarles las visitas e información sobre dónde guardan prisión y sobre su estado de salud.
El discurso que ha mantenido el oficialismo para justificar la continuación por un año de este régimen es que están defendiendo el derecho a la vida de los salvadoreños. Sin embargo, hasta octubre de 2022 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investigaba 43 «muertes potencialmente ilícitas en centros penales». La crisis carcelaria agudizó los problemas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había urgido al gobierno salvadoreño a que solucionara, como «la deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente, escaso e inadecuado acceso al agua en los centros de detención».
El ocultamiento de la información de los privados de libertad ha llegado a tales dimensiones que hay familias que han ido a reconocer a los suyos a fosas comunes, pues el Estado nunca les informó que murieron mientras estaban detenidos.
PUESTA EN ESCENA
El gobierno de Bukele ha sabido ocultar y opacar estas revelaciones mediante su maquinaria propagandística, que ha logrado convencer a buena parte de la población salvadoreña y, asimismo, a la derecha conservadora en América Latina y otras partes del mundo, hoy entusiastamente bukelista. Los simpatizantes de Bukele incluso han llegado a sostener que debería exportar este modelo que logró bajar abruptamente la tasa de homicidios y controlar a las pandillas en un subcontinente en el que la extensión del crimen organizado es un problema en la mayoría de los países.
Bajo un cínico maquiavelismo, el gobierno pretende que va a alcanzar la «verdadera paz» violando sistemáticamente los derechos de miles de personas, con la justificación de que «los derechos de la gente honrada valen más que los de los pandilleros». Pero ¿quién va a diferenciar el Estado violador de derechos humanos de una pandilla de criminales? Por ahora, eso no parece un problema: la popularidad de Bukele supera el 90 por ciento en varias encuestas.
Esta retórica y el resentimiento que sufren las víctimas de las pandillas atraviesan a buena parte de la población. A principios de febrero, este cronista recorrió ocho comunidades que estuvieron históricamente controladas por las pandillas. Todos los habitantes consultados afirmaron que conocían los casos de una o varias personas detenidas arbitrariamente y eran conscientes de una masiva violación a los derechos humanos ocasionada por el régimen de Bukele. Pero todos dijeron que era mejor vivir así que bajo el control de los grupos criminales.
«Yo escuchaba que venían [los policías y los militares] a medianoche. Al día siguiente decían los vecinos que se llevaron a fulano y a zutano. Aquí había uno que no era pandillero, yo lo conocía desde pequeño. Pero es que, la verdad, hablando a las cabales, en una situación así es inevitable que paguen justos por pecadores. Pero, para mí, que no los dejen ir», dijo un habitante del populoso municipio de Soyapango que había sufrido de extorsiones durante décadas.
Bukele ahora tiene el control total de los tres poderes del Estado y cuenta con suficiente apoyo popular para impulsar cualquier medida que desee sin contrapesos. Ha usado su poder para promover casos contra adversarios políticos y espiar y hostigar a la prensa independiente (véase «El stalker», Brecha, 3-II-22), mientras dentro de su gabinete tiene a funcionarios que han sido señalados repetidas veces por corrupción.
Pero la megacárcel está construida como una puesta en escena a corto plazo. A pesar de todo el poder concentrado por el oficialismo, las comunidades más pobres aún resienten la falta de agua potable, de acceso equitativo a la educación y a la salud, y el encarecimiento de la canasta básica. Sus habitantes también comienzan a percibir la discriminación que los cuerpos de seguridad ejercen en los territorios. El discurso de funcionarios y diputados oficialistas se ha encargado de tachar a toda persona capturada, sea o no pandillero, como lo peor de la sociedad.
«Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior, tienen una cama de metal sin almohadas, sin cobijas, sin absolutamente nada… y su comida va a ser una tortilla y frijoles por 45, 30 o 20 años», dijo recientemente de forma aprobatoria el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, en un programa televisivo afín al discurso oficialista.
«¿Alguna vez comen pollo?», le preguntó el periodista, que ya conocía la respuesta. «No. Hasta ahorita no hemos podido darles proteína o pollo a todos los niños que estudian en la escuela, y el día que nos alcance para darles de comer a los niños en la escuela les vamos a dar a las madres embarazadas, y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas se lo vamos a dar a la tercera edad, y cuando nos alcance para la tercera edad se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros… y cuando nos alcance para todos ellos, tal vez, para los animalitos de la calle y por último vamos a pensar si les damos proteína a los mareros».
(Publicado originalmente en Nueva Sociedad. Titulación de Brecha.)
