El Parlamento uruguayo está votando un proyecto de ley para una nueva reforma de la seguridad social (RSS). La discusión se dio con relación al sistema de seguridad y de protección social, pero no con relación a cómo el Estado redistribuye (o no) recursos en un sentido amplio. Al ser el problema de las finanzas públicas la principal justificación de la reforma, el rol redistributivo del Estado –es decir, el conjunto de transferencias que explícita o implícitamente se otorgan a todos los sectores de la sociedad– debería ser central.
En esta nota buscamos resumir las implicancias de la RSS y reflexionar acerca de cómo se han discutido, respecto a la política redistributiva, las desigualdades de género y los cuidados.
REDUCIR BIENESTAR A INGRESOS MONETARIOS
Uruguay atraviesa una crisis de cuidados marcada por las exigencias de participación en el mercado laboral, los cambios en la constitución de los hogares, el aumento de la esperanza de vida promedio y las escasas posibilidades de garantizar este derecho por fuera de las familias.1
En este contexto, las personas recurren a distintos modelos de cuidados para poder llevar adelante la vida cotidiana. Las mujeres siempre asumen, en esos modelos, más trabajo doméstico y de cuidados que los varones, aunque lo hacen de forma muy diversa, según sus niveles educativos y de ingresos.
Un modelo que aún existe es el de la división sexual clásica del trabajo: una mujer ama de casa, que es madre, que cuida y que se ocupa de los quehaceres del hogar, y un varón proveedor económico. Este modelo limita la autonomía de las mujeres, principalmente su acceso al tiempo y la autonomía en su uso, a los recursos económicos y a los derechos canalizados a través de la participación en el trabajo remunerado formal.2 Otro es el modelo de la doble carga laboral para las mujeres: estas se incorporaron al trabajo remunerado, pero continúan asumiendo la mayor parte de los cuidados y las tareas domésticas en el hogar, lo que conlleva costos económicos, en la salud, físicos, de carga mental y de gestión de las emociones. Un tercer modelo de desigualdad social (basado en la división sexual, de clase y racial del trabajo) es aquel en el que las mujeres con altos recursos (educativos, económicos, sociales) se encargan solo de una parte del trabajo de cuidados, derivando en la contratación de (principalmente) otras mujeres para la realización directa de las tareas de sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, trabajadoras domésticas o cuidadoras en domicilio y servicios de cuidados de calidad como colegios de ocho horas o centros privados de larga estadía.3
Estos modelos desiguales de cuidados condicionan las trayectorias laborales y determinan un acceso diferencial entre mujeres y entre mujeres y varones a jubilaciones y pensiones.4 Acompaña a estos modelos una matriz cultural familista, que contradice la concepción del derecho al cuidado, reconocido por ley5 como un acuerdo de garantías más allá del ámbito familiar para cada persona con necesidades de cuidados. El familismo, en cambio, se basa en falsos supuestos, como el que afirma que las mujeres cuidan mejor que los varones, que el cuidado es una tarea innata y no requiere de conocimientos y capacidades específicamente adquiridas, entre otros. Si bien una encuesta del uso del tiempo de 2022 mostró leves reducciones en las diferencias de tiempo que las mujeres y los varones dedican al trabajo remunerado y no remunerado, las bases estructurales de la división sexual del trabajo permanecen.6
Reducir el bienestar a los ingresos monetarios implica desconocer el peso del trabajo no remunerado en la configuración de las oportunidades de las personas y supone que la configuración del trabajo remunerado es realizada por un sujeto libre de responsabilidades domésticas, de cuidados y comunitarias. Esto último, sin la presencia de mecanismos redistributivos y políticas de cuidados, contribuye al aumento de las desigualdades anteriormente descritas.
En este marco, al reducir el concepto de seguridad social y homologarlo a una reforma en el financiamiento de jubilaciones y pensiones, sin una adecuada consideración de las distintas dimensiones que nutren el bienestar, supone la introducción de restricciones monetarias, acceso al dinero más tarde en el curso de vida y menor disponibilidad para el cuidado y para poder cuidar, teniendo que volcar más tiempo hacia el trabajo remunerado.
EL PROBLEMA QUE NO TIENE NOMBRE
¿Cómo se nombra el problema que quiere resolver la propuesta de RSS? ¿Es el problema la «falta de personas en el mercado laboral» y «vidas más largas que sostener» (se podría preguntar, a la vez, si la productividad depende de la cantidad de personas que trabajan)7 o es el problema de la falta de mecanismos institucionales para recaudar los impuestos de algunos sectores rentistas y empresariales en el marco de una nueva economía global?
El planteo de la RSS emerge a partir de la imposibilidad de sostener en las actuales condiciones el sistema de jubilaciones y pensiones. Y se lo aborda como un problema de las «personas» y de la «solidaridad intergeneracional». Es decir, la solución propuesta es aumentar la duración de las trayectorias laborales, introduciendo cambios en las condiciones de acceso a las causales jubilatorias y de pensiones. La reforma implica reducir determinados beneficios que implícitamente se otorgaban a trabajadores de altos ingresos en los subsistemas (dada la propuesta de que converjan en un mismo régimen general), pero, sin embargo, también implica reducir los ingresos netos que el sistema otorga a la mayoría de las personas de más bajos salarios,8 particularmente si se considera que las proyecciones que se han estimado de los ingresos jubilatorios, que son cimiento de la propuesta de reforma, no consideran las diferencias en la esperanza de vida por niveles socioeconómicos.
Si el problema es de financiamiento del Estado y de las políticas de bienestar social, llama la atención que esta discusión no incluya la posibilidad de otras formas de recaudación tributaria ni la de profundizar las actuales vías de captación de recursos.9 Por ejemplo, las exoneraciones fiscales son una transferencia implícita que el Estado otorga a determinados sectores de la sociedad, en particular empresarios nacionales y extranjeros. Habitualmente se fundamenta que estas exoneraciones dinamizan la economía y el sector privado, aunque sigan priorizando la exportación de bienes y servicios de bajo valor agregado nacional.10
Así, la solución propuesta exhorta a trabajar más años, en un mercado laboral con una informalidad del 22 por ciento (que afecta a las personas con menores niveles educativos, pues la mayoría de los uruguayos no culmina secundaria) y en un contexto de ausencia del Estado en la provisión de servicios de cuidados amplios, de ocho horas diarias o más (lo que afecta particularmente a las mujeres), omitiéndose un debate general sobre los mecanismos de redistribución, en que la seguridad social es un componente de la matriz de protección social.11
REDISTRIBUCIÓN E IMPUTACIÓN DE DEUDAS INTERGENERACIONALES
La esperanza de vida promedio en Uruguay se ubica en 78 años.12 Pero las personas con menores niveles educativos tienen menores esperanzas de vida que las de niveles educativos más altos.13 Las mujeres tienen mayores expectativas de vida que los varones (81 y 75 años respectivamente), aunque conviven durante más tiempo con situaciones de dependencia. Y las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 35 años, menos de la mitad del promedio de la población.14
La reforma propone un aumento de las exigencias para la participación en el mercado laboral mediante el aumento en la edad de acceso a la causal mínima jubilatoria. Este aumento es injusto con los grupos poblacionales que no llegarán a los 70 años, pero que tendrán que financiar a quienes sí lo logren. Las personas que mueren antes son aquellas a las que no hemos logrado cuidar adecuadamente.
En este marco, las diferentes expectativas de vida y cargas de trabajo (de cuidados, doméstico y laboral) son poco consideradas en el proyecto de ley. Buena parte de la población accede a jubilaciones que seguirán siendo bajas a cambio de más años trabajados. Y para quienes no consigan jubilarse, la pensión por vejez, de escasísimos niveles de suficiencia en los montos, se otorgará en función de las carencias económicas de las personas de más de 70 años y de su entorno, que deberán ser evaluadas.
La propuesta de RSS coloca en las y los jóvenes de hoy la exigencia de pagar con más años de trabajo la incapacidad de redistribución de los ingresos generados en el país. Esto se presenta en un escenario en donde el único grupo poblacional que permanece sin recuperar los niveles de empleo prepandemia es el de las personas entre 14 y 28 años.15
LAS MUJERES CUIDAN TODA LA VIDA: ¿QUIÉN CUIDA DE ELLAS EN SUS VEJECES?
La paradoja del cuidado de las mujeres es un reflejo del funcionamiento de la democracia y de la producción del bienestar social. Ellas son quienes dedican jornadas laborales completas en el trabajo doméstico y de cuidados (aparte de la jornada laboral).16 Lo hacen de manera fluctuante durante todo el curso de vida (cuando son más jóvenes, cuidan más a las niñas y los niños, en su adultez y sus vejeces, cuidan tanto de niños y niñas como de personas mayores en situación de dependencia, a la vez que comienzan a necesitar cuidados). Sin embargo, buena parte de las mujeres de 65 años y más viven solas, y la existencia de políticas públicas de cuidados, como Centros de Día, así como programas de asistentes personales o teleasistencia tienen muy baja cobertura o son focalizados (según dependencia y grado, edad y niveles socioeconómicos). Mientras que en el caso de niñas y niños existe una institucionalidad desarrollada por el Estado con una oferta limitada, en el caso de las personas en situación de dependencia, la institucionalidad y las políticas desarrolladas por el Estado son extremadamente focalizadas y de muy baja cobertura.17 En este contexto, la sociedad no prevé mecanismos colectivos de cuidados en las vejeces, cuidados que terminan configurándose de manera diferente según los medios económicos, educativos y de información con los que las personas cuentan, así como sus redes de apoyo y la voluntad de sus familiares.
Las mujeres también asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado y las tareas domésticas cuando esta es canalizada a través del mercado laboral. El 50 por ciento de las mujeres ocupadas se desempeña en las ramas de actividad de servicios sociales, salud y enseñanza. En estos sectores están sobrerrepresentadas las mujeres de 14 a 24 años y las de 65 años o más, y las condiciones laborales son desfavorables en cuanto a los montos de ingresos y las características de los empleos (formalidad, entre otros), lo que también tiene una repercusión en las brechas de género de jubilaciones y pensiones.18
Si bien la reforma de 2009 avanzó en el reconocimiento de un año por hijo nacido vivo, está lejos de cubrir los costos de la «penalización por maternidad».19 La actual RSS no problematiza las condiciones necesarias para que las mujeres se mantengan en el mercado laboral durante toda la vida, pero particularmente entre los 60 y los 70 años, aun a sabiendas de que ellas tienen un rol fundamental en las estrategias de cuidados de nietos y otras personas dependientes.20 ¿Quiénes cuidarán a quienes actualmente están cuidando a estas personas? Las nuevas tensiones de cuidados también involucrarían a las mujeres (muchas, madres) trabajadoras que contarán menos con las abuelas y los abuelos, en los cuidados de nietos y nietas. Por tanto, el desarrollo de políticas y servicios públicos de cuidados universales, gratuitos, de ocho horas o más, diversos, próximos a la comunidad y en territorio es una política necesaria para la seguridad social, porque permite acompañar los cambios en las trayectorias de vida y laborales, y garantiza derechos al cuidado y al empleo.
REFORMAR LA REFORMA
Este panorama de cambios concretos en las condiciones de acceso a las jubilaciones y las pensiones, planteado de manera desvinculada de la arquitectura de la matriz de protección social y del esquema general de transferencia de recursos que lleva adelante el Estado, propone importantes desafíos para el desarrollo de la población y para la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Igualdad tanto para trabajar, formarse, acceder al tiempo de ocio o participar en el ámbito político y cultural como para acceder a las garantías de cuidados en las vejeces.
La reforma coloca nuevas exigencias sobre las mujeres jóvenes, para quienes no se estableció ningún diagnóstico acerca de si la percepción sobre el alargamiento de la vida laboral dará lugar a mayores incentivos para participar del mercado laboral. Asimismo, podría profundizar itinerarios de trabajos informales, que posiblemente conduzcan a problemas más serios a los cuales la actual propuesta de reforma pretende hacer frente.
Tampoco en el debate están previstos los efectos que pueden resultar de alargar los requerimientos de vida laboral para el causal jubilatorio, como el hecho de llegar con peor calidad de vida a los últimos años de vida laboral, aumentando las situaciones de dependencia en los últimos años de vida, así como el gasto en seguros de desempleo mientras las personas no llegan a la jubilación.21 La propuesta podría profundizar brechas de desigualdad sin garantizar los derechos al cuidado por fuera de las viviendas y las familias. En tal sentido, las garantías del bienestar social podrán renegociarse a futuro, con una mirada reformista de la actual reforma, que apunte a sociedades del cuidado donde el rol del Estado esté reposicionado hacia la garantía de los derechos mediante la redistribución de los recursos de la sociedad.
Agradecemos la lectura de la socióloga Rosario Aguirre Cuns.
1. Organización Internacional del Trabajo, Care work and care jobs for the future of decent work, 2018. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores, 2022.
2. Por ejemplo, las licencias por maternidad, paternidad y parental.
3. Karina Batthyány, Natalia Genta y Sol Scavino, «Cambios y permanencias en las estrategias de cuidado infantil en el curso de vida: un análisis de género», en O Social em Questão, año XXII, n.º 43, 2019, págs. 95-120. Karina Batthyány, Sol Scavino y Valentina Perrotta, «Cuidados infantiles y trabajo remunerado en tres generaciones de mujeres madres de Montevideo: los recorridos de las desigualdades de género», Dados, vol. 63, n.º 4, 2020.
4. El 56 por ciento de las personas que acceden a jubilaciones mínimas son mujeres, así como el 75,3 por ciento de las personas que reciben una pensión por vejez según la Encuesta Continua de Hogares de 2020.
5. Ley 19.353, Creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).
6. Encuesta del Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
7. Aún más en la expansión de la inteligencia artificial, la robótica y un desarrollo tecnológico de oportunidades inigualables.
8. Centro de Investigaciones Económicas, Cobertura, suficiencia e impactos distributivos del proyecto de reforma de la seguridad social, 2022.
9. Los esquemas de financiamientos de la protección y la seguridad social en los países desarrollados también utilizan la financiación de rentas generales, en contextos con esquemas aún mucho más progresivos que el existente en Uruguay.
10. Lavalleja, M. y Scalese, F. Los incentivos y apoyos públicos a la producción en el Uruguay, serie Estudios y Perspectivas-Oficina de la CEPAL en Montevideo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
11. Karina Batthyány, Natalia Genta y Sol Scavino, op. cit. Rosario Aguirre y Sol Scavino, «Bienestar y género: aportes para el debate de la seguridad social», La Diaria, 16-IX-22.
12. Instituto Nacional de Estadística (INE), Estimaciones y proyecciones de población. Revisión 2013, 2014.
13. BID, «Indicadores: panorama de envejecimiento y atención a la dependencia en América Latina», 2020.
14. Censo Nacional de Personas Trans, MIDES, 2016.
15. Equipos Consultores, Centro de Estudios para el Desarrollo, Monitor laboral. Tercer informe: radiografía del mercado laboral juvenil, 2023. INE, Informe diferencial de mercado de trabajo, 2023.
16. Karina Batthyány, «Los tiempos del cuidado en Uruguay», en Los tiempos del bienestar social: género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay, Inmujeres-MIDES, Montevideo, 2015, págs. 87-134.
17. SNIC, La construcción del cuarto pilar de la protección social en Uruguay, 2020. Erika Van Rompaey y Sol Scavino, «¿Hacia una revalorización del trabajo remunerado de cuidados? Reflexiones sobre el Programa de Asistentes Personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay», Zerbitzuan, n.º 67, 2018. Erika Van Rompaey Sol Scavino, «La “trampa de género” en la invisibilización de la dimensión emocional en el trabajo remunerado de cuidados», Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas, n.º 7, 2020.
18. Rosario Aguirre, Personas ocupadas en el sector cuidados, SNIC, Montevideo, 2013.
19. Martina Querejeta, Impacto de la maternidad sobre el ingreso laboral en el Uruguay, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2021.
20. Karina Batthyány y Sol Scavino, «Las abuelas en la organización social del cuidado infantil. Reflexiones a partir del caso uruguayo», en Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez. Aportes del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, Universidad de la República, Montevideo, 2021.
21. Graciela Sanromán, «Consultoría para el diseño y elaboración de análisis de la experiencia y mejores prácticas orientadas a extender el tiempo de trabajo en consonancia con el aumento de la longevidad para la Comisión de Expertos en Seguridad Social del Uruguay», 2021.
