La entrada en vigencia del actual Código del Proceso Penal (CPP), en aquel ya lejano 1 de noviembre de 2017, supuso un cambio radical del sistema penal uruguayo. Esa reforma dejó atrás el viejo proceso inquisitivo, escrito y reservado, y consagró un sistema acusatorio, adversarial, oral y público. Ocho años y medio después, y con la experiencia acumulada desde entonces, el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para ajustar las fallas detectadas en la operativa del proceso penal.
A principios de mes, ante la Asamblea General, el presidente de la república, Yamandú Orsi, dio algunas pistas sobre la iniciativa, que, sostuvo, «concilia la figura del juez de garantía, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones». Los detalles comenzarán a conocerse en los próximos días.
CAMBIOS URGENTES
Desde que fue aprobada en 2014, la ley 19.293, que reformó el proceso penal, fue modificada en reiteradas oportunidades. Incluso el Parlamento aprobó cinco leyes modificando aspectos del CPP antes de su entrada en vigencia en 2017. Los cambios continuaron en los primeros años de implementación, generalmente azuzados por el debate político en torno a la situación de violencia e inseguridad. Esa tónica continuó durante el gobierno de la coalición multicolor. La Ley de Urgente Consideración (LUC) consagró una reducción de los mecanismos de penas alternativas, mayores potestades de investigación a la Policía y la reducción de las garantías a los detenidos (véase «Todos presos», Brecha, 24-I-20).
El resultado fue un aumento significativo de las personas privadas de libertad. Según un informe del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, de 2021 en adelante Uruguay se ubicó entre los puestos 10 y 12 en la comparativa de niveles de encarcelamiento de los países a escala mundial; en diciembre de 2024, Uruguay tenía una tasa de 444,7 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, un 230 por ciento más que en el año 2000.
En este contexto, el Poder Ejecutivo decidió promover algunos ajustes al sistema. Una resolución firmada por Orsi el 11 de abril de 2025 definió la creación de un grupo asesor técnico para analizar la marcha del CPP, «sistematizando las lecciones, dificultades y propuestas planteadas por diferentes actores y organizaciones que buscan, en definitiva, mejorar a futuro el sistema de justicia en el ámbito procesal penal». La idea era reordenar la normativa vinculada al proceso penal con personas que «estuvieron en la cancha y viven el día a día del sistema penal actual», dijeron fuentes de Presidencia al semanario.
El grupo fue coordinado por el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, y estuvo integrado por tres asesores de Presidencia y representantes de varios organismos, como los jueces Marcelo Malvar y José María Gómez y la defensora pública Carina Ceschi (por el Poder Judicial), las fiscales Valeria Bovio y Adriana Edelman (por la Fiscalía General de la Nación) y los abogados Florencio Macedo y Fernando Gomes Santoro (por el Colegio de Abogados del Uruguay). También participó activamente Gabriel Valentín, director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal de la Universidad de la República.
Tras meses de trabajo y debate, el grupo consensuó un informe final que, dijeron algunos de sus integrantes, plantea una reforma integral del sistema, con una reducción de los plazos de duración de los juicios y de las medidas cautelares de prisión preventiva, y cambios en el estatuto de la víctima, pero sin modificar la estructura del proceso acusatorio y adversarial ni consagrar la figura de la querella privada, que implica que la víctima tenga la potestad de presentar su propia acusación. La propuesta está consensuada en «un 90 por ciento», pero originó diferencias en temas puntuales. Esas discordias quedaron asentadas en el informe como forma de propiciar el debate social y político sobre los cambios al sistema penal.
En este sentido, uno de los cambios más significativos propuestos es la reimplementación de la suspensión condicional del proceso, una herramienta jurídica vigente en los primeros años del CPP que fue eliminada con la LUC. Se trata de un instituto reservado para delitos leves, cuyo objetivo es evitar –mediante un acuerdo entre fiscal e imputado– el castigo tradicional del sistema penal: la cárcel. Para esto, el imputado debe asumir obligaciones como hacer tareas comu0nitarias, reparar material o simbólicamente a la víctima y someterse a tratamientos médicos, psicológicos o de desintoxicación de alcohol u otras drogas, legales o ilegales.
La eliminación de este instituto fue cuestionada desde el comienzo por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), que alertó sobre el impacto negativo que tendría eliminar esta vía alternativa para la resolución de conflictos. El expresidente de AMFU Willian Rosa aseguró –tras dejar su cargo al frente del gremio– que la reinstauración de la suspensión condicional del proceso era clave para reencauzar el sistema, ya que permitía canalizar delitos de escasa trascendencia sin tener que recurrir a la cárcel como solución. Según Rosa, eliminar este instituto fue un error empíricamente constatado, que tuvo consecuencias directas en la inflación de la tasa de prisionización y en la sobrecarga del sistema penal (Diario La R, 4-I-26).
Dentro del grupo asesor hay quienes consideran que uno de los grandes problemas del sistema penal uruguayo es la alta tasa de prisionización. «La cárcel es una usina para generar nuevos delitos y perfeccionar gente en el mundo delictivo. Al sacar la suspensión condicional, te quedaste sin opciones: o no se hace nada –lo que genera impunidad– o la persona va presa. No tiene sentido que la gente vaya a la cárcel por algunos delitos leves que pueden tener otra salida», dijo un integrante del grupo. Sin embargo, la reinstalación de este instituto deberá acompañarse de mejoras en el sistema de medidas cautelares. «Tiene que haber una buena oficina que atienda a la gente que se deriva; que la gente pueda cumplir con la sanción que se le impone. Si no, este mecanismo pierde sentido. No puede ser una salida elegante, que era lo que pasaba antes. Tiene que haber un control efectivo de que las penas alternativas se cumplan», agregó.
Dotar a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas de los recursos adecuados para cumplir su función en todo el territorio nacional (hasta 2024 el sistema de supervisión se concentraba en Montevideo) fue una de las propuestas incluidas en las 63 prioridades que fijó Orsi durante la campaña electoral. El lunes 16, el presidente recibirá el informe final del grupo asesor para reformar el CPP.
