Distintas autoridades del sistema de privación de libertad de jóvenes infractores han intentado modificar sin éxito la noria de abusos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos que suceden en la opacidad sórdida de los centros de detención. Nuevas denuncias han enfrentado otra vez a los denunciantes con el sindicato (suinau), donde consideran “buchones” y “traidores” a los que rompen el cerco de silencio.
El caso de Fabián Tomé fue denunciado directamente a la justicia en mayo de este año por un funcionario del centro de privación de libertad Cemec. Según el acta de conocimiento del expediente penal (número 156/2012), el adolescente denuncia que el funcionario José Albín, “a cambio de llevarle cigarrillos, bebidas gaseosas y objetos similares, le succionaba el pene (…) situación que además habría ocurrido con otros adolescentes internados en dicho hogar”. La indagatoria, que relevó el testimonio de 12 funcionarios y varios internos del hogar, además de interrogar a las autoridades del mismo, concluyó en el procesamiento con prisión del denunciado por “reiterados delitos de atentado violento al pudor”.
El expediente abunda en relatos casi pornográficos que no sirve para nada contar, pero el caso es que Albín marchó preso. Pero entre la denuncia y el procesamiento hubo todo tipo de irregularidades dentro del centro de privación de libertad. Consta en varios testimonios del expediente que el director del “hogar” intentó disuadir al denunciante diciéndole que no le diera trascendencia a la situación o lo tendría que trasladar a otro centro. Se lo interrogó siendo menor, se le tomó el acta de denuncia en presencia del denunciado y, según asegura su madrastra, Jacqueline Grosso, luego “trajeron uno de afuera (del hogar) haciéndose el mandamás para abusar de él y maltratarlo. Me contó Fabián que si no se tira abajo de la cama lo mataban. Igual le cortaron la cara en señal de que era buchón, y con un cepillo de dientes le quisieron sacar el ojo. Eso es tortura física y psicológica. Francisco Ponce (director del centro en ese entonces) dice que, como preso, Fabián no tiene derechos, y está muy equivocado”. Según relataron a Brecha algunos de los denunciantes, “los gurises contaron que lo encerraron en una pieza y lo violaron. Se da cuenta a la dirección del hogar. Se pide que trasladen a Fabián, que dijo que lo habían amenazado, golpeado, cortado y violado. Pero nunca lo llevaron al forense”.
Tanto los funcionarios que testificaron como los padres de Fabián aseguran que luego de estas denuncias de violación y de golpizas aún no se ha llamado a nadie a declarar. Que no se toman los recaudos necesarios para proteger de posibles represalias a los jóvenes o funcionarios que denuncian abusos. Que los tienen amenazados y les prometen traslados. “A los gurises les dicen no te tires en contra mía porque terminás en el cer y mirá que ahí comés, ahí perdés…”
También aseguran los denunciantes que el abogado que puso el sindicato para defender a Albin les dijo antes de declarar que tuvieran cuidado con lo que iban a decir porque podían perder el trabajo. Que el director no tomó ninguna medida para proteger al joven y que “extrañamente” la misma noche que Albín y Ponce volvieron del juzgado “un chico que era de los más ‘beneficiados’ por el acusado, se fugó”.
Según dijo a Brecha el padre de Fabián, Héctor Tomé, el chico le dijo que había recibido golpizas del director y del coordinador general. “Se sabe que van a tomar al boliche y vuelven a trabajar alcoholizados. Cuentan los gurises que el coordinador le estaba pegando a Fabián y le gritaba ‘puto’, ‘alcahuete’, ‘hijo de puta’. ‘Hay que dejarle una marca en la cara por alcahuete’.”
A todo esto, entre los funcionarios que denunciaron la situación algunos ya han sido trasladados y el resto no cree que estén dadas las garantías para trabajar en ese centro.
LÓGICAS DEL ENCIERRO. Puede ser este caso u otro similar que haya sucedido en estas prisiones donde la violencia y la omertà están instaladas. Las lógicas que se desatan en el encierro condicionan cualquier proyecto o propuesta socioeducativa o de rehabilitación, y como se ha dicho muchas veces: en el tema de la privación de libertad de los menores infractores la mayor cantidad de problemas provienen del mundo adulto. Los distintos gerentes –Carlos Uriarte, el padre Mateo, Jorge Juroff, Rolando Arbezún, por nombrar sólo los de los períodos de gobierno frenteamplista– que han intentado modificar esa noria de abusos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, se fueron sin mayores resultados. Algunos se retiraron en modesto silencio, otros manifestaron abiertamente que la institución está enferma y alberga todo tipo de canalladas.
Si bien, como dijo a Brecha una fuente que estuvo hace un tiempo vinculada a la dirección del sistema, “hay un montón de gente que está asqueada y deseando que se termine de una vez toda esta porquería”, a la vez “a muchos les sirve que eso se mantenga así. Es una forma de vida, estos tipos viven de eso”.
Quizás amparados en que para casi todo el resto de la sociedad –con el sistema político incluido–, lo único que importa respecto a los jovenes infractores es que estén encerrados, es que se ha enquistado en los puestos de poder de los llamados “hogares” un grupo de funcionarios “casi todos golpeadores, con varias denuncias y sumarios, y muchos tienen antecedentes penales”.
Según dijo otra fuente, los problemas de gestión “que existen” no justifican muchas de las cosas que pasan: “hay complicidades en las fugas, hay núcleos mafiosos de protección y de silencio” donde abundan las mentiras, que pueden ser “por complicidad o por miedo”. “Hay un juego de deslealtades permanente y si no estás en la rosca te aíslan, te dejan solo y no resistís.” En esa dinámica de corporativismo casi mafioso se resiste a la existencia de protocolos de actuación, se privilegia la lógica del menor esfuerzo y se expulsa a los funcionarios que llegan al sistema con la idea de poner a los internos en el centro de las preocupaciones.
El gran paraguas que cobija a esta “rosca” es la discrecionalidad: no hay una presencia institucional en la regulación de las prácticas cotidianas del sistema, no hay protocolos de actuación, y el bajo nivel de formación de los funcionarios hace que muchas veces intenten solucionar las situaciones conflictivas con los jóvenes de la misma forma que lo harían en su vida doméstica. Entonces prima la manera de hacer de los funcionarios “experimentados”: “Los gurises ‘pesados’ son los que manejan los hogares. La dirección se junta con cuatro o cinco de ellos y les da todos los beneficios a cambio de que el hogar esté tranquilo. A esos líderes los sostienen desde la dirección, y cuando están disconformes es que aparecen los motines. En el Ituzaingó están ‘Los Calefones’, que ejercen el control interno. Si un gurí raya una pared, lo matan a palos, ni hablar de querer fugarse. Entre los mismos gurises lo traen, lo atan de patas y manos y lo violan”, dijo a Brecha una funcionaria que trabaja desde hace 20 años en la institución.
Sumado a eso “hay una interna sindical que se dedica a proteger a determinadas figuras”, coincidieron en señalar varios de los consultados.
Una trabajadora social de una ong que prefirió mantener su nombre en reserva dijo en diálogo con Brecha: “En el inau hay gente que labura muy bien, pero hay un núcleo duro de ‘brazos gordos’ que tienen la modalidad de la violencia impune. Todos sabemos lo que significa denunciar a esta gente y lo que genera. Luego, si no te quieren dejar entrar a los centros no entrás. Te hacen todas las chicanas posibles. A los padres también: les toman el pelo, los tienen 40 minutos bajo la lluvia, les hacen unas requisas espantosas. Y te enterás de las asambleas del suinau, donde acusan de traidores a los que denuncian, les dicen que son malos compañeros porque hablan con las ong. Amenazan a todo el mundo y al que no le gusta lo trasladan o le hacen la vida imposible. Están todos sumariados. Pero las autoridades no pueden con esta gente, no pueden con los ‘brazos gordos’”.
ASAMBLEA SIN GARANTÍAS. La presiones ejercidas desde dentro de Cemec a los funcionarios que denunciaron el caso de Fabián Tomé se retomaron desde el sindicato luego de que los hechos fueran revelados por el programa Santo y seña (Canal 4, el miércoles 15 de agosto). Muchos de los que declararon en el proceso penal fueron tildados de “buchones” y algunos recibieron amenazas de muerte. Aunque el propio presidente del suinau por la lista 10, Joselo López, declaró en el mencionado programa que no le constan las amenazas y que el sindicato les da a los denunciantes todas las garantías, en los hechos la realidad parece ser otra.
Según relataron a Brecha algunos funcionarios, hace unos días había en la página web del suinau una viñeta de Bart Simpson haciendo el gesto de silencio con una leyenda que decía: “A los compañeros no se los delata, se los protege. Sin cariño para la izquierda burguesa”.
Fuentes del sindicato aseguraron que “la mayoría de las direcciones de los hogares y de las coordinaciones generales del Sirpa son de la lista 10. Y así juegan a la mafia. Se protegen, se cuidan. Presionan: ‘si sacás a fulano de tal lado renunciamos todos los directores de los hogares’, y con el manejo que tienen de los gurises, te incendian cualquier hogar”. Algunos funcionarios consultados por este semanario aseguraron que “las autoridades saben todo pero no hacen nada. Hay gente que fue procesada por fugas y que hoy integra los equipos de dirección de los hogares… ¿cuál es el mensaje?”, se preguntan.
Quizás el pico más alto de tensión se dio en una asamblea de trabajadores del Sirpa el 23 de agosto, donde se elevó una moción desde la propia mesa de suspender los derechos sindicales a los trabajadores que denunciaron el caso, y fue aprobada por unanimidad. Los acusan de haber ido al programa de televisión y alegan que en el estatuto está prohibido denunciar en la prensa ningún aspecto que vaya en perjuicio del sindicato. Los acusan de “exponer al chiquilín” y de “dejar mal al sindicato”. Los acusados aseguran que el caso lo llevó a la televisión la propia familia Tomé.
Según una grabación de la asamblea a la que accedió Brecha, López reiteró que no le constaba que hubiera habido compañeros amenazados, que en el sindicato se daban todas las garantías y respaldo a las denuncias. Pero a la vez varios oradores les gritaban a los denunciantes –que estaban allí presentes– “cornudos, traidores, hijos de puta, cobardes, cagones”. Uno de los intervinientes, que aclaró “que cuando me caliento no razono”, aseguró que se estaba haciendo “una denuncia sin fundamento porque un compañero le alcanza galletitas o caramelos a un gurí. Si es así tendríamos que ir presos todos”. Vale aclarar que el funcionario denunciado, José Albín, terminó procesado con prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor, tras una investigación dirigida por el juez Gabriel Ohanian que probó meridianamente su responsabilidad. “Esto es un ataque a la lista 10 y a varios directores”, decía otro asambleísta. “Nosotros los tratamos como niños pero en realidad son delincuentes”, afirmaba otra, mencionando el tipo de jóvenes con los que trabajan. El propio López leyó en la asamblea –contraviniendo todos los protocolos profesionales– un informe psiquiátrico del joven que hizo la denuncia.
Pero no es la primera vez que desde el suinau se defiende a funcionarios comprometidos en graves delitos. Hubo en 2007, luego de que la directiva del sindicato –en defensa de tres funcionarios destituidos por diversos delitos– instalara como forma de protesta una carpa en la puerta del directorio del inau, un desmarque de 200 gremialistas que en una carta pública aclaraban: “No hablan en nuestro nombre los que detrás de posturas de supuesta defensa de los trabajadores olvidan decir que la enorme mayoría de los trabajadores del inau no queremos ser cómplices de prácticas abusivas y violatorias de los derechos de ningún niño, niña o adolescente”.
La idea de que el gremio estuviera defendiendo a funcionarios acusados de violar los derechos humanos resultaba increíble para muchos militantes, y se registraron varias desafiliaciones: “Los niños desaparecieron de los planteos gremiales. Nos preocupamos por los que los maltratan y montamos un circo, con carpa y todo, para defender a torturadores”, decían.
Según el testimonio de una gremialista en ese entonces, “denuncias de malos tratos siempre hubo y nunca se hizo nada. No teníamos dónde denunciar porque íbamos a la asamblea y allí estaban los compañeros a los que pretendíamos denunciar”.
Asimismo, en el sumario se señalaba que “el argumento central de la defensa –de los destituidos– se basa principalmente en la descalificación de los jóvenes denunciantes”. La lógica de desacreditar las versiones mediante la estigmatización fue también utilizada por el propio Joselo López cuando dijo a Brecha en marzo de ese año: “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son chicos como el ‘Cosita’ y el ‘Sapo’, que si bien no participaron estaban allí en ese momento”.
[notice]Con Ruben Villaverde
“Si hay que investigar, investigamos”
Ruben Villaverde, director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), sabe que está en un lugar incómodo y resbaladizo. Que hay que vivir apagando incendios, investigar denuncias cruzadas, gestionar un proyecto en la inercia viciada que se ha instalado, y pelear contra la burocracia estatal: “Tenemos 300 millones de pesos en el banco y no podemos construir nuevas instalaciones porque aún no está listo el trámite administrativo para iniciar la obra… Andá a explicarle a la gente que para echar a un tipo te pasás cinco o seis meses, o te pasás un año para aprobar una licitación”, dice, y asegura que preferiría estar hablando de “los 50 gurises que están laburando en convenios con distintas empresas y de que antes de fin de año vamos a tener 100”.
—Pero los hechos desgraciados suceden, hay varios casos de funcionarios que por distintas causas terminaron procesados o destituidos, hay denuncias cruzadas entre trabajadores, hay denuncias de amenazas y de presiones internas en los centros de privación de libertad. Ustedes mismos llevaron una denuncia el viernes pasado al juzgado del crimen organizado…
—Si hay que investigar investigamos. Es indudable que el sistema deteriora a la gente que trabaja en él. Laburar entre rejas es muy difícil. Nuestra pretensión es que el privado de libertad tenga al educador como un ejemplo y no que el educador se mimetice con el privado de libertad.
—Parece difícil ese objetivo en un clima como el que se denuncia que hay en muchos centros de privación de libertad, como el Cemec.
—Ese es un caso muy entreverado, que está en manos de la justicia. Nos enteramos de que había un problema cuando dos funcionarios fueron citados a declarar ante la justicia.
—En el expediente penal hay varios funcionarios que declaran no tener confianza en los mecanismos internos de denuncia.
—Cuando llega un caso se investiga y se llega hasta donde se tenga que llegar. A veces es desesperante esperar los tiempos para destituir funcionarios que se desvían. Pasó en el caso de un funcionario en Ceprili que entraba drogas, pasó en el caso de una funcionaria que les avisaba a los internos cuando iba a haber una requisa. En ese último caso, dados los tiempos institucionales, después de cinco meses sigue trabajando ahí, porque aún no sale su destitución. El caso del Cemec es diferente, es muy complejo. La justicia ya determinó el procesamiento con prisión de un funcionario, pero el caso sigue, no está liquidado.
—Desde hace años hay una práctica que se reitera: la actitud del sindicato de defender a ultranza a los funcionarios denunciados, sin importar de qué estén acusados.
—El planteo del sindicato es que no defienden delincuentes, que no les marcan a las autoridades qué pueden hacer y qué no, son respetuosos, pero piden que se sea cuidadoso en respetar las reglas del debido proceso. Yo nunca recibí de parte del sindicato la más mínima falta de respeto, presión o patoteada. No recibimos presiones del sindicato para alterar la gestión. Lo que te puedo decir es que caso que llega, caso que investigamos.
—Ahora, en el Cemec, a los funcionarios que denunciaron los trasladaron o les propusieron trasladarlos. Ahí caben dos hipótesis: que ustedes perciben que no están seguros y los quieren proteger, o que los sacan porque hay presión de los demás funcionarios porque les molestan las denuncias.
—Nosotros tenemos que jugar de manera equidistante o estaríamos formando parte de una connivencia asquerosa.
—¿Pero es casualidad que casi todos los directores de los centros de privación de libertad pertenezcan a la misma lista del sindicato, la 10? ¿Cuál fue el criterio de elección de esos directores?
—Eso deberías preguntárselo a los anteriores administradores. Desde que estoy yo hubo unos 13 o 14 nombramientos en cargos de importancia, y de la lista 10 sólo hay uno. No se eligen por pertenecer a ninguna lista. Nunca le preguntamos al sindicato si le parecía bien o mal que nombráramos a tal o cual. Nunca fuimos a buscar a las huestes de la 10 para los nombramientos. Lo que te puedo decir es que si había una tendencia como la que me planteás en la pregunta, la misma no es la que se está llevando adelante. Y tampoco hubo una decisión de excluir a los de la 10, porque tampoco es el criterio. No entramos ni permitimos entrar en esa dinámica. No es el criterio. La gente que no confía en la institución manifiesta que todo el poder está en la 10, y los enfrentamientos que se han reactivado entre funcionarios son muy preocupantes. Porque esta forma de presentar los temas, de involucrar a las ong y a la televisión lo único que hace es llevarse puesta a la institución. Tras la buena intención, eligen un mecanismo que pone en riesgo la estabilidad de la institución.
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