Thelma Cabrera tenía 7 años cuando empezó a trabajar a la par de su madre en el corte del café, en el sur de Guatemala. Con salarios de miseria, todos tenían que ayudar a sostener a la familia. Cuando sus padres le propusieron irse como interna para hacer trabajos domésticos y alejarla de la dura vida del campo ella se negó rotundamente: sabía del maltrato hacia las amas de casa en una sociedad terriblemente machista y prefirió el sol en la cara que «someterse a la humillación», recuerda.
Así que pasó su adolescencia trabajando en las milpas (un sistema agrícola tradicional de Centroamérica en el que se plantan varios cultivos que se complementan en la misma parcela), sembrando frijoles y ayudando a su padre a recoger la cosecha del maíz. Ahora, a sus 53 años, la memoria de su infancia le arranca una sonrisa que no se deja fotografiar: Cabrera es una mujer maya de la nación Mam y los adornos que luce en algunos de sus dientes forman parte de su más estricta intimidad, no los enseña, explica en una entrevista en la plaza Santa Ana de Madrid, bajo la atenta mirada de la efigie de García Lorca.
Llegó hasta sexto grado en la escuela, donde también vio de cerca la discriminación y la desigualdad –«los niños se reían de quienes no podían llevar zapatos», rememora–. Fue ya como madre, vendiendo de casa en casa las hortalizas que cultivaba junto a su marido y cuatro hijos, cuando entró en contacto con lo que sería su «lucha y su escuela»: Codeca, que corresponde al acrónimo de Comité de Desarrollo Campesino, una organización indígena que aboga por políticas equitativas de reparto y trabajo de la tierra. Su brazo político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), se presentó por primera vez a las elecciones en 2019 con Cabrera como candidata a la presidencia de Guatemala.
La propuesta obtuvo el cuarto lugar, recibiendo un 10 por ciento de los votos. El actual presidente, Alejandro Giammattei, logró en la primera vuelta un 15 por ciento. La alcanzada por Cabrera es una cifra notable si se compara con el primer intento de una mujer indígena de ocupar la presidencia: la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú obtuvo un 3 por ciento de apoyo en 2007, en un país en el que prácticamente la mitad de la población procede de algún pueblo originario.
Ya en aquel momento el MLP denunció los obstáculos con los que se encontró la candidatura de Cabrera en la campaña –retrasos injustificados en credenciales y autorizaciones, menor presupuesto e imposibilidad de abrir una cuenta bancaria para recibir donaciones–, lo que le llevó a tacharla de fraudulenta. «De 2018 para acá, 26 hermanos y hermanas de Codeca han sido asesinados. Todo esto es parte del fraude», sostiene Cabrera, que asegura que los casos siguen impunes.
Ahora, el Tribunal Supremo Electoral ha impedido la inscripción de la candidatura del MLP para las próximas elecciones, que se celebrarán a finales de junio. El motivo es una supuesta denuncia en contra del segundo de Cabrera, Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos. Estando en el cargo (2017-2022), Rodas trató de frenar la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la misión de Naciones Unidas que llevó 120 casos a la Justicia e investigó al presidente de aquel momento, Jimmy Morales, y su entorno por prácticas ilícitas.
[N del E: Sobre la persecución a la Cicig, a sus exmiembros y a los defensores de su labor, véase «Los círculos de la impunidad» y «Cerca del golpe», Brecha, 13-I-23 y 14-IX-18.]
«En su momento, contra mí se presentaron 18 denuncias penales y hasta ocho solicitudes para quitarme del cargo. Todas fueron rechazadas», explica el exprocurador de Derechos Humanos, en Madrid, junto a Cabrera, para dar a entender el contexto de persecución que ha sufrido en los últimos años.
Esta nueva denuncia por la que la Justicia de Guatemala le invalida a presentarse a la vicepresidencia ha sido interpuesta por parte de su sucesor en la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque Rodas no conoce su contenido porque no le ha sido notificada. El abogado cita el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primer organismo internacional que se ha pronunciado sobre su caso, y alega que sin una sentencia en firme no se pueden limitar los derechos políticos.
«La observación electoral no es solamente ponerse un chaleco semanas antes, hacer turismo y ver cómo cuentan votos. El proceso ya comenzó en Guatemala y está siendo viciado desde un inicio al bloquear nuestro derecho a ser electos y a la población de Guatemala a elegir libremente», sostiene Rodas, quien desde hace unos meses vive autoexiliado en el País Vasco, a la espera de que se aclare el embrollo legal, por temor a represalias.
El exprocurador habla del deterioro democrático reciente en Guatemala e incluso señala un sistema «fallido» que compara con una «dictadura», donde el gobierno «tiene cooptada toda la institucionalidad del Estado, las cortes, la Contraloría de Derechos Humanos… todo el Estado está al servicio del crimen organizado».
En el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción que elabora Americas Quarterly, de las ONG estadounidenses Americas Society y Consejo de las Américas, Guatemala se sitúa en el puesto 13 de 15, con lo que ha experimentado el mayor descenso en los últimos dos años. Tras la salida de la Cicig en 2019 y con el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei, la democracia en Guatemala «pende de un hilo», según indican organizaciones como Human Rights Watch, con exilio de jueces, criminalización a activistas por los derechos humanos, señalamiento a la prensa y al colectivo LGBTI.
«Tienen miedo a nuestro proyecto de nación y a la reforma por una nueva Constitución Plurinacional que proponemos desde el MLP. Hemos seguido sus leyes y dentro del sistema hemos construido un instrumento político de los pueblos. Es desde este lugar desde el que denunciamos un Estado fallido, corrompido, cooptado por criminales que no respetan ni sus propias leyes», señala Cabrera, en referencia a la admisión de Zury Ríos Sosa, hija del dictador Efraín Ríos Montt, que encabeza los sondeos para las elecciones, pero a quien en 2019 no se le permitió presentarse por el artículo de la Constitución guatemalteca que prohíbe la participación de familiares de golpistas.
«Después de todo el dolor y muertes, sobre todo de indígenas, que ha provocado esa familia, ni olvidamos ni perdonamos… pero ya se han puesto de acuerdo y la hija de un dictador se va a presentar», comenta Cabrera, enfadada. Esto es lo que en el MLP y sectores afines llaman pacto de corruptos, estructuras criminales que permean las capas de la administración, lideradas por grupos empresariales que favorecen el statu quo de Guatemala: uno fuertemente desigual y racista.
Es contra este gigante que se enfrenta el MLP, señala Cabrera, quien se muestra satisfecha del trabajo de base que ha realizado en los últimos años. «No somos un partido más, somos otra política, un instrumento que quiere servir más allá del momento de la votación», apunta la activista. Y vuelve a sonreír: «Anq’il najal tb’anil teky’ wen», dice en mam, la lengua de su pueblo, su lema y el motivo por el que hace política; «El buen vivir», traduce al castellano.
(Publicado originalmente en CTXT. Titulación de Brecha.)
