A quién le puede importar - Semanario Brecha

A quién le puede importar

Focouy, Nicolás Celaya

La comparsa Valores, también conocida como Valores de Ansina, heredera y representante de esa forma particular de tocar el candombe, la de los pianos repicados y los ritmos vertiginosos, acaba de ser sancionada por Daecpu, la entidad que nuclea a los directores de aquellos conjuntos que concursan en el Teatro de Verano. Dicha sanción consiste en la eliminación de este conjunto del próximo carnaval oficial (siempre que se haga, claro). La noticia ha provocado discusiones diversas, algunas enmarcadas en la pandemia de covid y otras, con más larga tradición, vinculadas a la propia organización del carnaval montevideano.

Empecemos por el principio: en un comunicado, la directiva de Daecpu informó que la sanción se debe a que la comparsa salía por las calles «generando Grandes Aglomeraciones de Personas», así, con mayúsculas, y que hubo «una larga cadena de advertencias a su director, Sr. Diego Paredes, que fueron sistemáticamente desoídas».

La comparsa publicó un comunicado en el que da una versión bastante distinta de los hechos: según ellos, no hubo tal cadena de advertencias, sino una sola, referida al uso de tapabocas, que fue atendida, y aclaran que ensayan respetando todos los protocolos: además del mencionado tapabocas, uso de alcohol en gel y distancia entre los integrantes durante los ensayos, e incluso control de temperatura con termómetros digitales. Además, cuentan que han hecho cambios permanentes del lugar por donde desfilan sin avisar más que a los propios integrantes, para evitar, justamente, la aglomeración de público. Y detallan que el día 29 de noviembre hubo una aglomeración especial, debida a unos eventos de la llamada Movida Joven que organiza la Intendencia de Montevideo, que se desarrollaron en las cercanías y que terminaron generando la aglomeración. Sobre el final, dicen que la Intendencia no se ha manifestado al respecto.

Por su parte, SUCAU (el sindicato de los carnavaleros) emitió también un comunicado en el que, básicamente, reitera su acuerdo con la existencia de protocolos, pero explica que Daecpu tiene mecanismos para sancionar a sus asociados (los directores de conjuntos) y expresa claramente su desacuerdo con una sanción que recae no sólo en el director responsable, sino en un montón de gente más, afectando no sólo el placer de salir en carnaval, sino la fuente laboral de muchas personas.

Un dato curioso, informado en el sitio especializado en carnaval callefebrero.com, es que «Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Calle Febrero el fin de semana que ya habían informado a Daecpu de reiterados incumplimientos por parte de esta agrupación». Puede costar imaginarse a Daecpu llamando a la Policía, pero pensar en la Policía llamando a Daecpu ya es demasiado. Si se estaba violando un protocolo que no es interno sino del Ministerio de Salud Pública (según consta en el comunicado de la agremiación de directores), ¿no sería lógico que la Policía, el propio Ministerio y, en un caso extremo, la Justicia, fueran los actuantes? Es tradicional que el Estado (habitualmente la Intendencia, que es quien cogestiona el carnaval) se lave las manos en estos diferendos entre Daecpu y otros actores del carnaval, permitiendo así que un conflicto en el que hay distintas versiones de los hechos, que deberían ser investigadas y dirimidas por terceros, termine en uno de estos arcaicos juicios sin garantías en los que prevalece la opinión del más fuerte. He escuchado que «son cuestiones que se tienen que resolver entre carnavaleros» (casi, casi como decir «son ajustes de cuentas»), pero una vez que el gobierno departamental le dio poderes absolutos a Daecpu sobre el carnaval, dicha afirmación perdió su significado. Más allá de esto, aquí se ha ido más lejos: se da por sentado que la acción punitiva le corresponde a una institución privada, aun tratándose de hechos claramente públicos: la pandemia y los protocolos no son un problema «entre carnavaleros». Esto es sumamente llamativo, incluso en este contexto casi cuántico de la nueva normalidad. Podría tratarse de una estrategia para evitar que las iras se vuelquen sobre el gobierno, pero, si es así, me parece una estrategia horrible.

Otro aspecto interesante es que, hasta ahora, todo se ha desarrollado en el terreno de la exhortación, un ámbito en el que se intenta hacer aparecer cualquier medida obligatoria (y, por lo tanto, punible) como hija de la afición por el totalitarismo que caracteriza, según algunos, a las izquierdas del mundo. Así, el uruguayo es un curioso régimen de manos duras que exhortan. Tiene la ventaja de que si todo sale mal, es porque los exhortados no valoraron la libertad de ser buenos que se les brindó. Pero no hay que olvidar que cuando hubo medidas obligatorias, ha sido la cultura, generalmente, la que ha llevado la peor parte. Recordemos que las salas teatrales y de cine fueron de las últimas actividades en volver tímidamente a la actividad (durante el afloje general de perillas) y en unas condiciones difícilmente sostenibles a mediano plazo, mientras en otras actividades (las «importantes») se fue más permisivo en cuestión de protocolos y, a veces, al menos dudoso, en cuanto a los criterios para determinar qué era importante. Esto continúa en el presente: a la feria Ideas+ puede ir gente a comprar (igual que a los shoppings), pero la parte de artistas en vivo se cortó cien por ciento, a pesar de ser al aire libre.

«Por unos negros que mueran/ a quién le puede importar», dice Ruben Rada desde su canción «Biafra», hablando de temas más graves, claro. Salvada esa distancia: ¿a quién le va a preocupar que sancionen a una comparsa, sobre todo si se difunden por todos lados fotos de las montoneras de personas que la acompañaron en alguna ocasión y no se muestra ni menciona el esfuerzo del grupo por cumplir con los protocolos? Integrantes de otras cuerdas de tambores me han contado que la gente está difícil, que se les habla y no entienden, y se amontonan y se pegan a los tambores ignorando los pedidos. Más allá de lo que cada uno piense acerca de pandemias y «plandemias», la perjudicada termina siendo la comparsa, y los bamboleantes bailarines ajenos al grupo que suelen enjambrarse tras las cuerdas de tambores deberían pensar que, además de ellos mismos, los tambores también tienen alguna importancia en un evento de candombe callejero. Al final podría (atenti al tiempo verbal) estar sucediendo que la gente de Valores1 no se quedara sin carnaval por su propia conducta sino por la de los mirones; concretamente, aquellos mirones que se consideran los únicos dueños legítimos de la fiesta, a los que ninguna agrupación lubola les puede coartar la libertad de hacer lo que se les antoje. Da para pensar.

Por último, ¿no es demasiado castigo? ¿No genera una irritación no recomendable (en un momento en que todos debemos estar del mismo lado) imponer sanciones «ejemplarizantes» a algunos, mientras que a otros simplemente se les da un tirón de orejas? (Mirá, este descubrió la injusticia en el mundo, dirán.) Esto no es ajeno a la actuación policial en la plaza Seregni. Presentaron un video para mostrar que no reprimieron, pero después se vio que le faltan unos cuantos minutos.2 Si no hay alguna intención oculta, ¿no sería bueno que alguien asesorara en estos temas? Hablo en serio: es fácil equivocarse en medio de una emergencia, cuando muchas veces hay que tomar decisiones a contrarreloj; pero lo de flechar la cancha en contra de los que siempre pierden no parece ser un error imprevisible. Es más: ‘taba cantao.

1. Al cierre de esta edición la comparsa aguardaba respuestas a la solicitud de reunión con la gerencia de eventos de la Intendencia y a la apelación realizada ante Daecpu.

2. «Si así fue, ¿seguro así será?» Brecha, 27-XI-20.

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