Plantear una denuncia ante la justicia especializada en crimen organizado, en medio de una fuerte operación de prensa, genera un impacto psicológico en la población mucho mayor que hacerlo en una sede penal común. Sobre todo si esa denuncia está vinculada a un departamento con la relevancia política y económica de Maldonado y si, al mismo tiempo, se expone al ex intendente y diputado De los Santos (Alianza Progresista), uno de los máximos referentes de la izquierda en el interior del país. Pero antes conviene evaluar el riesgo de quedar mal parado si la Fiscalía entiende que esa denuncia no compete a una sede especializada y que los presuntos delitos deben ser investigados en un juzgado penal común.
Eso fue lo que ocurrió la semana pasada cuando los dos fiscales de crimen organizado, Carlos Negro y María Camiño, rechazaron las tres denuncias que días antes había radicado el ex fiscal Enrique Moller en representación de la Intendencia de Maldonado (Idm) contra la anterior administración departamental frenteamplista. Al abogado le notificaron este miércoles que los tres casos serán tramitados en la sede penal de cuarto turno de Maldonado. Paradójicamente, con total discreción, en la misma semana Moller apeló el fallo que desestimó un recurso de caducidad interpuesto por él para frenar la investigación por defraudación tributaria sobre el edil herrerista Rodrigo Blás, referente del senador Lacalle Pou en Maldonado y circunstancial aliado de Enrique Antía en el gobierno. Con esto Moller logró suspender las actuaciones hasta que se expida un tribunal y abrió la chance de que se archive la denuncia.
DE CORTO ALIENTO. Los fiscales Negro y Camiño argumentaron que las denuncias por presunto dolo cometido contra la administración pública durante la gestión de De los Santos no corresponden a su jurisdicción. La fundamentación es clara: la justicia especializada en crimen organizado sólo tiene competencia en casos generados en Montevideo y Canelones que impliquen un perjuicio mayor a 20 mil dólares contra la administración pública. Aunque las tres denuncias de la Idm estimaban montos superiores, no existen antecedentes de que crimen organizado tome casos de esta índole surgidos fuera de la zona metropolitana. ¿Por qué, entonces, el avezado ex fiscal Moller resolvió presentarse en Montevideo? “Para mí hay una organización detrás de todos estos hechos y confié en que lo entenderían así”, argumentó a Brecha. “Esto no lo hace uno solo, porque los expedientes pasaron por varias manos y hubo varios acuerdos. Si había una organización a determinar, previniendo, crimen organizado se lo queda. Pero los dos fiscales entendieron que los delitos de función pública pueden ser juzgados en sedes penales de Maldonado y lo devolvieron a su lugar de origen”, lamentó el abogado.
La denuncia desestimada por el fiscal Negro, sobre presuntas maniobras en la compra de un terreno ubicado al norte de Maldonado, llegó a la sede penal de segundo turno pero de allí pasó a cuarto turno “por un tema de fechas”, informó Moller. Así que la jueza Adriana Morosini será quien entienda en esa causa. Al cierre de esta edición, se esperaba que al mismo juzgado fernandino ingresaran las dos denuncias rechazadas por Camiño: una sobre la gestión del canon de las terminales de ómnibus del departamento y otra vinculada a la regularización de terrenos en La Capuera, paraje ubicado junto a la Laguna del Sauce. En tanto, Moller confirmó que el martes 14 radicó en ese mismo juzgado la cuarta denuncia anunciada por el intendente Enrique Antía, referida a un convenio entre la Idm y una organización empresarial (Procentro) que dirigía un edil frenteamplista. El abogado, a quien la Idm contrató por 3 mil dólares más Iva por cada denuncia elaborada y presentada “en sede competente”, continuará la procuraduría en Maldonado. En el Frente Amplio, cuyas mesas políticas departamental y nacional ya respaldaron al ex intendente, esperan la citación de los ex jerarcas comunales para definir qué abogados tomarán la defensa. De los Santos, para quien todo responde al ánimo revanchista de Antía en el marco de un enfrentamiento de larga data (véase Brecha, 27-V-16), ratificó a este semanario que la fuerza política sigue sin conocer las denuncias en detalle. El legislador confía en demostrar que no hubo dolo contra la administración.
PROCESO EN SUSPENSO. A todo esto, un tribunal de apelaciones definirá si la justicia de crimen organizado continuará investigando al principal referente de Lacalle Pou en Maldonado, Rodrigo Blás. El influyente político y empresario inmobiliario fue denunciado por un delito de defraudación tributaria que supera los 6,7 millones de pesos, en setiembre de 2014. Eso no le impidió candidatearse a la Idm y obtener 16 mil votos, con los cuales le aseguró el triunfo a Enrique Antía, ni imponer sus convencionales para presidir la Comisión Departamental del Partido Nacional, ni encontrar los acuerdos para presidir la Junta Departamental a partir del próximo mes.
La Dgi basó su acción penal en una exhaustiva investigación donde constató que Blás, su esposa, otro edil blanco y tres escribanos actuaron, mediante engaños, para ahorrar el 40 por ciento de los impuestos correspondientes a la compraventa de terrenos del fraccionamiento fernandino Valle Di Saronno (véase Brecha, 17-XII-14). El abogado Álvaro Villegas, actual prosecretario de la Idm, asumió entonces la defensa de la firma propietaria de los predios, Javipark SA, de la que Blás es apoderado. A fines de 2014 se sumó Enrique Moller, quien planteó un recurso de caducidad de la denuncia de la Dgi y logró retrasar las primeras audiencias por un buen tiempo. En su escrito argumentó que se superó el plazo legal de seis meses desde el momento en que la Impositiva tomó conocimiento de la maniobra hasta que realizó su presentación “de parte” ante la sede de crimen organizado. Pero otra concepción jurídica postula que el plazo corre a partir de la existencia de una resolución fundada para hacer la denuncia, y a ésta se afilió el fiscal Juan Gómez –relevado luego por Camiño– para solicitar a la jueza De los Santos que desestimara el recurso. Sin embargo, días atrás Moller apeló ese fallo y obligó a suspender las audiencias previstas para este mes, a la que habían sido citados varios testigos. Si el tribunal acepta la caducidad, se archivará el caso. No se podrá investigar ninguno de los delitos sugeridos por la Dgi, aseguró el abogado a Brecha. Los implicados, sobre quienes pesa un embargo preventivo de bienes, sólo serán pasibles de multas o sanciones. Aunque participan varios codefensores, Moller reconoció a este semanario que lidera la estrategia en acuerdo con Blás y con el empresario argentino Oscar Andorno, director de Javipark SA.
Pasarán varios meses para saber a quién le da la razón el tribunal de apelaciones. Pero, de todos modos, el ex fiscal tendrá una intensa tarea en territorio fernandino. Mientras se prepara para atender las cuatro denuncias de la Idm contra la gestión del ex intendente De los Santos, Moller trabaja en la defensa de la alcaldesa nacionalista de Maldonado, Dina Fernández Chaves, a quien un edil frenteamplista denunció por difamarlo a través de las redes sociales y cuya primera audiencia será a fin de mes.
[notice]Ni idea, lord
Por Federico Gyurcovich
Por intermedio de su abogado Luis Calabria, el senador Jorge Larrañaga se comunicó con Brecha para aclarar que no es dueño ni tiene participación alguna en la empresa Idealord SA, y en consecuencia presentó un escrito en el Municipio F, en cuyos registros la firma figura como propietaria de la finca destinada a stud sita en Alberto Susviela Grauch 3447, inmediaciones del Hipódromo de Maroñas. En el documento se consigna que ese establecimiento es propiedad del dirigente del Partido Nacional desde el 16 de octubre de 2012, quien “no tiene relación alguna con la empresa Idealord Sociedad Anónima inscripta en el Rut con el número 216225780010”. Con la firma de la escribana Daniella Pena se consigna que “el presente se expide a los efectos de realizar los descartes correspondientes” en relación con tres resoluciones tomadas por el Municipio, una de ellas correspondiente a junio de 2012 (anterior a la fecha de compra por parte de Larrañaga), y las restantes de enero y agosto de 2014. Todas ellas fueron emitidas luego de que el stud fuera inspeccionado y se detectaran incumplimientos a la normativa vigente.
La semana pasada, y a raíz de una nueva multa que le aplicó el Departamento de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, en este caso por realizar obras sin permiso, Brecha historió, apoyándose en documentos oficiales, la cantidad y tipo de sanciones que había recibido ese stud. En la resolución de la IM –a diferencia de las mencionadas del Municipio F– no se establece vínculo alguno entre el ex intendente de Paysandú e Idealord. Más allá del problema administrativo con la citada razón social, lo cierto es que las multas últimas se aplicaron contra el stud del legislador y por las razones antedichas.
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