En la misma semana el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de internación de menores infractores del inau y dejó sin efecto la medida. El conflicto viene de largo y fue preciso este extremo para alcanzar un acuerdo mínimo con el sindicato (suinau) para cumplir con el mandato judicial de administrar las penas de los infractores. Desde el suinau se acusa al directorio de no tener una actitud negociadora, pero al mismo tiempo declaran que no darán “ni un paso atrás” y piden la renuncia de todos los directores. El clima de confrontación no terminó. La presidenta de inau, Nora Castro, analiza en entrevista con Brecha las razones que llevaron al decreto y los fundamentos de su levantamiento.
—¿Por qué se llega a la necesidad de apelar al recurso de esencialidad?
—Se llega luego de negociaciones y conversaciones que no lograron un acuerdo, porque hay una diferencia de criterio. Para nosotros es claro, legal y constitucional que quien determina cuáles, quiénes y qué cantidad de muchachos infractores de la ley penal juvenil son derivados al inau es el Poder Judicial, nadie más tiene competencia en eso. Lo que sí debe hacer el inau, con la responsabilidad del directorio, es aplicar las distintas medidas que indica la justicia. Nos encontramos con que el sindicato –y esta vez tuvimos resoluciones firmadas por ellos–, establecía cupos para los ingresos a los hogares, y además en la práctica concreta no aceptaba tener más de determinado número de muchachos. Esto fue acompañado por amenazas permanentes de lo que llaman “entrega de las llaves” de los establecimientos. Eso constituye una falta grave desde el punto de vista administrativo, atenta contra las disposiciones del propio Código del Niño y la Convención de los Derechos del Niño y además configuraría –si se diera– un abandono colectivo de funciones, un delito que tendrá que juzgar la ley penal.
—Ese jaque mate que ha hecho el sindicato específicamente en el ex Interj (hoy Semeji) ha sido una constante en esta administración. Y llama la atención lo que dijo el ministro Bonomi en declaraciones de prensa. No es textual, pero dice algo así como que ahora queda claro que el sindicato reconoce la potestad exclusiva del directorio para aplicar las políticas de defensa de los derechos del niño. ¿Es un reconocimiento tácito de que los trabajadores tenían un gobierno paralelo dentro de la institución?
—Hacer ese reconocimiento y plasmarlo en negro sobre blanco en la tripartita del Ministerio de Trabajo es reconocer algo que ya estaba determinado pero no se quería reconocer. Lo que se ratifica y se reafirma es que el directorio tiene la exclusiva responsabilidad de la política rectora de gestión.
—Sin embargo el clima de conflicto parece no terminar con este acuerdo. Hay declaraciones de la delegada de la mesa sindical de la Colonia Berro que siguen pidiendo la renuncia de todo el directorio…
—Bueno… como ex militante sindical reconozco la autonomía de los sindicatos para hacer sus planteos…
—Se lo pregunto en relación con el clima de negociación para lo que sigue, porque también se habló de crear una comisión integrada por todas las partes para alcanzar medidas de largo alcance…
—En la tripartita estaban presentes también representantes de cofe y el pit-cnt y se habló de integrar una comisión con todas las partes para evaluar y abordar situaciones problemáticas. Pero ello no implica que haya efectos suspensivos sobre lo que está implementando el directorio. El clima por parte del directorio siempre ha sido de disposición a recibir a los trabajadores para conversar y alcanzar acuerdos. Lo que pasa es que uno trata y llega a acuerdos con el sindicato y luego por otro lado –y por separado– aparece otra línea de conflicto. Es difícil negociar y acordar cuando pasa eso.
—Respecto a los reclamos del sindicato, llama la atención que pidan más funcionarios cuando en esta administración han entrado cientos de nuevos trabajadores en la Colonia Berro. Aunque pasa algo casi perverso, que es que los funcionarios entran por la puerta de Berro y luego se dispersan en otras áreas de la institución…
—En un año y poco entraron 1.500 funcionarios por concurso, de ésos se fueron un tercio. Eso es grave. Muy pocos se jubilaron, pero hay un número importante de gente muy calificada que cuando llega a hacer el trabajo de campo se siente frustrada o no se adecua al perfil y pide traslado, o se va a otros organismos o a la actividad privada, o simplemente como es una tarea sumamente desgastante –por lo que todos tienen una compensación salarial– pide licencia (sobre todo psiquiátrica). El problema de las certificaciones médicas es todo un tema que estamos corrigiendo con mayores controles. Había hogares que tenían en plantilla 25 trabajadores y 13 estaban certificados con licencia médica. Todo eso agudiza la necesidad de trabajadores.
—Pero más allá del desgaste lógico de la tarea, no es difícil encontrar testimonios de técnicos que hablan de una suerte de “mafia interna” –de la que de algún modo habló también el padre Mateo en su renuncia– que boicotea cualquier cambio y hace imposible cualquier trabajo técnico bien hecho…
—Sobre las declaraciones públicas que hizo Mateo Méndez, cuando se hablaba de que había hecho denuncias, yo las busqué y no están presentes en su carta de renuncia. Hemos rescatado todos los procesos de investigación que tiene la sección jurídica, que de repente estaban muy enlentecidos, y les hemos dado curso. En una modalidad de trabajo colectivo, en la cual debemos incorporar la voz de los muchachos a las propuestas que hagamos, creo que las partes sanas de las instituciones se desarrollan. Que hay obstáculos para hacerlo, sí: hay muchos obstáculos. Pero yo no creo en el no se puede.
—Lo que le pregunto concretamente es si ustedes detectaron a esa suerte de organización para obstaculizar los cambios.
—Toda práctica que sea contraria a la Convención de los Derechos del Niño o traspase lo impuesto en el reglamento está siendo tratada, e intentamos ajustar al máximo posible. Todo el mundo sabe que no es una tarea fácil.
—Otro de los reclamos de los trabajadores es que se destine más presupuesto. Hay una cifra que todavía no es oficial, pero es de buena fuente, que indica que cada menor internado con medidas de privación de libertad le cuesta al inau 120 mil pesos mensuales…
—Yo no tengo esa cifra, tengo una menor. Pero según el escalafón, desde el punto de vista de los trabajadores, por estar en trato directo cobran una compensación del 20 por ciento y otra compensación a la función por el desgaste (el artículo 612), y hay otros (el 612 especial) que refieren a un trabajo de mayor contención. Por supuesto está el gasto de alimentación, vivienda…
—Pero cuando usted dice una cifra menor, ¿es sustancialmente menor? Porque si tenemos en cuenta que son 200 internos, es un millón de dólares mensuales…
—En un hogar de amparo común tenemos un gasto de 30 mil pesos por mes por cada interno. En el Semeji estaríamos entre 55 y 60 mil. No sé cómo hiciste la cuenta…
—Es un dato que está ahí y quería confirmarlo con usted. Me gustaría saber la cuenta. Lo que preocupa es la aparente incongruencia de un gasto de ese tamaño y los reclamos por mayor gasto.
—Sí, sobre el mal uso de la inversión. Es probable que estén hablando de la necesidad de mayores recursos para inversiones, si es eso podemos hacer acuerdo con los trabajadores, en el otro tema no.