El día 20 de noviembre de 2018 se presentó en el Colegio Médico del Uruguay un conjunto de médicos para denunciar una posible falta ética de los doctores Jorge Basso y Jorge Quian. Se referían a dichos de Basso en un medio de comunicación que, según ellos, implicaban una acusación de que cirujanos y anestesistas actúan en función del dinero y no por el deber con sus pacientes, y a declaraciones de Quian, quien afirmó que habría menos cirugías si no se remunerara por acto médico y que los médicos recetan medicamentos de alto precio influenciados por obsequios de los laboratorios farmacéuticos. Este grupo de médicos que acusa al ministro y al subsecretario de Salud supone que fueron vilmente difamados con fines políticos.
A fines de 2019 el Tribunal de Ética del Colegio Médico, destacando que escapa a su competencia pronunciarse sobre aspectos gremiales o vinculados con la política sanitaria del país, afirmó que las expresiones de Basso y Quian “tuvieron la potencialidad de perjudicar al colectivo médico” y consideró que incurrieron en una falta ética. En el fallo se recoge un comunicado del Sindicato Médico del Uruguay (Smu) emitido en relación con los hechos de referencia: “Estas manifestaciones realizadas en forma tan liviana no son de recibo. Pueden generar confusión y alarma pública en la población, además de desacreditar al cuerpo médico en general”. También se recoge un comunicado de la Federación Médica del Interior (Femi): “Estas declaraciones llevan al desprestigio y al descreimiento en el colectivo médico, influyendo negativamente en la opinión pública”. Según el Tribunal, estas dos declaraciones, vertidas por colectivos que no forman parte del conflicto, denotan objetividad.
Más tarde, Basso y Quian presentaron una apelación en la que afirmaban que actuaron en función de sus cargos de gobierno, por lo que la sanción prevista fue levantada por un tribunal de alzada, que entendió que sus declaraciones fueron hechas en calidad de su investidura política, y no actuando como médicos. Todo este asunto merece algunas consideraciones.
Una vez creado el Colegio Médico, algunos profesionales buscaron formar parte de su directiva, como una forma de trampolín político o de poder para la defensa de grupos corporativos. Sus autoridades son elegidas por el voto secreto y obligatorio de todos los profesionales médicos, pero algunos de sus integrantes no son votados por su idoneidad moral y su prestigio, sino por representar los intereses de algunos grupos (por ejemplo, la Femi o sectores del Smu).
Las agrupaciones de profesionales de determinadas especialidades, que en un principio tenían solamente objetivos científicos y de perfeccionamiento técnico, con el tiempo se transformaron en movimientos gremiales fundamentalmente corporativos. Así ocurre con muchas de las “sociedades científicas” que agrupan a cirujanos y anestesistas. La Sociedad Uruguaya de Urología, que forma parte de ese grupo, dice, por ejemplo, que “su principal objetivo es el desarrollo de la urología como especialidad médico‑quirúrgica, desde el punto de vista científico, académico y gremial”.
El punto de vista gremial se refiere especialmente a la lucha por la remuneración y las condiciones de trabajo, es decir, por intereses secundarios respecto del objetivo mismo de una agrupación “científica” que debe estar centrada en el perfeccionamiento técnico y humano, un objetivo alejado también de las necesidades del resto de la sociedad y de los colegas de otras especialidades. Estas agrupaciones consideran que, en función del tipo de especialidad, se puede tener distinta remuneración, independientemente de la edad, la capacidad y el perfeccionamiento técnico.
Las diferencias entre una agrupación gremial y una agrupación corporativa son confusas, pero, sin duda, sus objetivos distan mucho de los del Colegio Médico, que deberían responder fundamentalmente a los intereses de la sociedad toda y a garantizar los derechos de las personas. Ya en 1920, en las raíces del Smu se planteaba el problema del comportamiento ético de los profesionales. Entre 1939 y 2004, en ocho de las nueve convenciones médicas nacionales el tema estuvo presente y la creación de un colegio médico fue propuesta sucesivamente desde la tercera convención.
El Colegio fue creado en 2009 mediante la ley 18.591, con el cometido fundamental de velar por el ejercicio ético de la profesión y la dignidad de los médicos, para garantizar la calidad de la asistencia y la protección de los derechos de los usuarios. Según esta ley, debe “proporcionar las garantías legales y sociales necesarias para asegurar un marco deontológico adecuado, que evite el riesgo de incurrir en prácticas corporativas”.
Entre las razones fundamentales que conducen a su creación se encuentra la necesidad de proteger a los pacientes sobre la base de la vigilancia del cumplimiento de un Código de Ética Médica, junto con la búsqueda del perfeccionamiento técnico y humano de los médicos por el bien de toda la población. En segunda instancia, en orden de importancia, la regulación del relacionamiento entre los profesionales. Al crearse el Colegio, se les quitó esa responsabilidad al Smu y a la Femi, para evitar que las luchas por el salario y las condiciones de trabajo interfirieran con el respeto de los derechos de los usuarios.
El Colegio se comporta como un árbitro entre las necesidades de la población y las del colectivo médico, en la medida en que debe velar por evitar la mercantilización de la medicina y los excesos del poder médico. El Código de Ética obligatorio para todos los médicos colegiados dice: “La búsqueda de lucro económico u otros beneficios nunca deberá ser la motivación determinante en su forma de ejercer la profesión”.
En 1993 la comunidad médica de Uruguay se quebró por una diferencia fundamental en la forma de remunerar la profesión: las especialidades médico‑quirúrgicas lograron que su salario dependiera fundamentalmente del “pago por acto”. A partir de entonces, se sobrevaloró el salario de las especialidades que cobraban por acto, que constituyen cerca del 10 por ciento del total de médicos del país, sobre otros, como el del médico de familia destinado al primer nivel de atención. El pago por acto, que se defiende con mucha fuerza como conquista salarial, no considera al 90 por ciento de los colegas ni, en especial, las necesidades de la comunidad entera.
El pago por acto sin control estimula las intervenciones innecesarias, lo que, sin duda, habría que evitar. Esta afirmación es rechazada por los especialistas integrados en el grupo anestésico‑quirúrgico. Sin embargo, es mucha la literatura que afirma que esa es la realidad. Los trabajos de investigación que, tanto a nivel nacional como internacional, analizan las diferencias en la forma de remunerar al médico muestran que el pago por acto tiene la ventaja de aumentar el rendimiento, la competencia (si es que esto se puede considerar una ventaja) y la remuneración, pero las desventajas de fomentar la cantidad sobre la calidad del trabajo e inducir la demanda. En este sentido, los derechos del paciente quedan vulnerados con frecuencia. Este último punto fue muy evidente en los actos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, que, a partir de un control estricto de la necesidad real de los procedimientos quirúrgicos, logró un descenso significativo; en algunos casos alcanzó hasta el 20 por ciento.
Por otra parte, también es conocida la influencia de la industria farmacéutica en las prescripciones de los medicamentos que hacen los profesionales. Para reconocer esta posible influencia, por ejemplo, es de orden solicitar declaraciones de conflicto de interés cuando en un congreso un expositor habla a favor de determinado producto. El gasto enorme de esta industria en la promoción de sus productos sólo se justifica si este es eficaz; dicho de otra manera, el marketing existe porque fomenta un consumo mayor que el requerido. Tarde o temprano, por una vía o por otra, el médico obtiene algún beneficio de los laboratorios que le facilitan las prescripciones e incluso recibe información sesgada. También hay literatura que pone esto de relieve. Negar estos hechos es como pretender tapar el sol con un dedo.
El Colegio Médico tiene, por mandato legal, el deber de velar por el respeto de los derechos de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud por encima de cualquier otra consideración ética en relación con el proceder de los colegiados. Esta es la base de su existencia, y no la protección exclusiva de los profesionales, que debe ubicarse en segundo lugar. Si el Colegio Médico ampara los intereses corporativos de determinados grupos, no cumple con el mandato fundamental que lo rige.
El Colegio debería cumplir con la ley, respaldar, así, a quienes se oponen al corporativismo y, de igual modo, exigir las declaraciones de conflicto de interés a quienes indican medicamentos de alto precio y a quienes exponen en congresos médicos en nuestro país. Debería preocuparse por independizarse de los intereses de los grupos de poder que buscan participar en el Colegio Médico como un medio para otros fines, y no como un fin en sí mismo. Sé que estas consideraciones son como “declaraciones de amor” que se lleva el viento si no existe un mecanismo legal que las garantice. Por ello, debería modificarse la ley que creó el Colegio Médico: para que, de alguna manera, se garantice que las autoridades actúen con la mayor independencia posible y cuenten con un alto prestigio en la comunidad.
El Colegio Médico debe condenar éticamente al profesional que haga un juicio e incluso un simple comentario que difame el proceder de un colega, por el daño que eso puede provocar, pero no comparto que se condenen los comentarios sobre un conjunto de médicos que actúan en forma corporativa e indican medicamentos de alto precio influidos por la industria farmacéutica, cuando eso tiene directas implicancias en la política sanitaria del país. Tampoco comparto que el Smu y la Femi puedan estar fuera del conflicto y, por tanto, manifestarse “objetivamente”. La única forma de lograr la objetividad es basarse en la opinión de la comunidad, que por ahora no está representada.
El Colegio Médico se encuentra en un lugar particular que le obliga a optar entre lo que se considera corporativismo y lo que se considera defensa del usuario, entre un proceder individualista y uno solidario, entre el poder médico y las necesidades de la población. Debería inclinarse, sin duda, a proteger al más débil, impulsando la solidaridad, en contra del corporativismo y los excesos del poder. El Colegio Médico no está al servicio de los médicos, sino al servicio de la sociedad.
Las denuncias presentadas por el grupo anestésico‑quirúrgico no son otra cosa que un intento de preservar sus conquistas salariales del pasado. Hay que cuidarse del preciosismo reglamentario que no permite agarrar el toro por los cuernos. Estas afirmaciones no son difamatorias del cuerpo médico nacional ni de orden político partidario, sino político, en tanto se refieren a la búsqueda del bienestar de la comunidad toda, de la cual los médicos somos sólo una pequeña proporción.
