Envío este correo con la esperanza de que sea leído, de que mi opinión sea escuchada por muchos, con la alegría de estar en un país en el que se puede opinar libremente.
En el epílogo de este enero sin calor, he venido siguiendo con expectativa un contrapunto entre dos habituales columnistas –aunque de distintos medios de prensa, son habituales columnistas–, los señores Nahoum y Posadas, prestigiosas plumas ambos. En la edición 1836 del semanario Brecha, apareció otro opinante, al que por deformación profesional llamaremos tercerista. En resumen, el preopinante tercerista plantea el desamparo en el cual se encuentran los más humildes, cuestión que a primera vista parece compartible. Pero, a poco de analizar más profundamente esas apreciaciones, nos parece que necesitan precisiones, atendiendo a su generalización.
Es peligroso sugerir, a partir de lo que denomina «la brecha sempiterna del sistema político», que los desarrapados han sido víctimas de un continuo y contumaz desamparo. Me niego a aceptar esta afirmación, ¡tan genérica! El señor Nilson afirma: «El mejor decir es hacer»; comparto también esta afirmación y es por esta razón que dejaré dicho algunas cosas, cosas que se dijeron y se hicieron en estos tiempos pasados, cosas que se hicieron por esos que hoy se encuentran «a la intemperie».
En estos tiempos pasados algunos de esos mismos políticos, los de la brecha sempiterna, votaron leyes, leyes que nos legaron una superestructura jurídica que aún hoy sigue siendo anhelo de otros muchos postergados del mundo. Sólo a modo de resumen, voy a mencionar algunas normas: la limitación de la jornada para los trabajadores rurales (ley 18.441); normas para la regulación del trabajo doméstico (ley 18.065); ley de promoción y protección de la libertad sindical (ley 17.940); nuevo proceso laboral, para que los juicios dejaran de durar dos años y medio como duraban antes: ahora duran menos de la mitad de ese tiempo (leyes 18.572 y 18.847); un sistema de negociación colectiva para el sector privado (ley 18.566); leyes para regular las tercerizaciones (leyes 18.099 y 18.251); leyes de licencias especiales (ley 18.345, y sus modificativas y complementarias); más acá en el tiempo, les recuerdo la ley de insolvencia patronal, tan olvidada (ley 19.690) o la Ley de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad (ley 19.691); para cerrar, me atrevo a recordarles que Uruguay fue de los primeros países en incorporar a su ordenamiento jurídico el Convenio Internacional del Trabajo N.o 190 sobre violencia y acoso en el trabajo (ley 19.849). La lista es larga, son mucho más de 100 leyes, sería tedioso listarlas. Pero, al fin, yo me pregunto: si esto no es para el pueblo, ¿qué es para el pueblo? Quizá habría que preguntarle a una trabajadora doméstica o a un trabajador rural.
En resumen, cuando se afirma, o se sugiere, que en este país ha existido un eterno desamparo de los más desfavorecidos, debe negarse esa afirmación o, por lo menos, deben establecerse precisiones. Me niego a aquellas afirmaciones que sugieren: «Todos son iguales», «se olvidan de los más humildes». Me niego a esa afirmación. Me niego a que se sugiera esa idea, porque en este país se votaron leyes que favorecieron a los más humildes, a los más postergados, a quienes tenían siglos de desamparo. Entonces, hay que apartar la paja del trigo y no revolver el río para que ganen los pescadores; tampoco permitir que lo revuelvan. Al César lo que el del César.
