La actual administración nacional tomó algunas medidas tributarias y financieras para atenuar las consecuencias económicas del desembarco del covid-19 en Uruguay. Consisten en el acceso a créditos blandos del Brou para las empresas, la postergación de los pagos a la Dgi y de los aportes patronales al Bps de monotributistas y Mpymes. No obstante, el gobierno insiste en la reducción del gasto público, en el aumento de las tarifas y en el incremento del Iva.
El gobierno multicolor comenzó con el peor escenario posible. La pandemia del coronavirus llegó a Uruguay: sus efectos sanitarios y económicos ya se sienten y tensionan al máximo las acciones oficiales. Varios analistas recuerdan cómo la debacle financiera iniciada en Argentina y la fiebre aftosa complicaron al extremo al gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) y provocaron una crisis desconocida en el Uruguay moderno, pero entienden que la causada por el covid-19 podría ser aún peor.
El director del Instituto Cuesta Duarte (Pit-Cnt), Milton Castellanos, indicó a Brecha que “estamos ante una situación muy preocupante, no hay antecedentes en Uruguay de una crisis de esta magnitud. Va a traer enormes consecuencias desde el punto de vista político, económico y social”. Castellanos recordó que días atrás la preocupación era esencialmente la urgencia sanitaria y evitar la propagación del virus en la sociedad. Pero una vez que la contaminación se expande “comenzamos a hablar no sólo de la emergencia sanitaria, sino de los amplísimos sectores que irán por miles al seguro de paro, y de otros miles que están por fuera del sistema de protección social y que quedan sin trabajo y sin ningún tipo de contraprestación. Sectores que viven del jornal, que viven una situación desesperante. Ante eso hay que tomar un paquete de medidas importantes de rápida ejecución”.
La política sanitaria del gobierno es acompañada por todo el sistema político y las organizaciones sociales. En general, la población acata las recomendaciones del Msp, a sabiendas de que el covid-19 tiene gran facilidad de contagio y, por tanto, una rápida expansión. Pero ese acatamiento necesario tiene su contracara en la economía y provoca el descenso del nivel de actividad en la producción, el comercio y los servicios. Los espectáculos públicos, las clases y todo acontecimiento que signifique aglomeración de personas están suspendidos.
Sin embargo, más allá de que el combate al coronavirus es una causa nacional, se nota que en el gobierno no hay un complemento sustancial de medidas que actúen sobre los efectos secundarios que genera la emergencia sanitaria. En primer lugar, recordó Castellanos, el gobierno no tomó en cuenta el planteo de la central sindical y de otras organizaciones sociales de tarifar (como ya se hace con la leche y el boleto urbano) los productos recomendados para la prevención. El alcohol en gel, por ejemplo, no sólo escasea, sino que sus precios se han disparado y el Mef se ha limitado a comunicar la diferencia de valores en distintos puntos de venta.
De acuerdo al senador socialista Daniel Olesker, el gobierno no parece tener en cuenta la dimensión del problema que enfrenta la sociedad uruguaya. La crisis, dijo Olesker a Brecha, “afecta a las exportaciones, y en lo interno, por las propias medidas sanitarias, disminuye el consumo y el trabajo. Las consecuencias se pueden medir en tres niveles. Va a tener efecto sobre el empleo, hay sectores de la población que pierden trabajo, por seguro de paro, cierres, etcétera. Habrá –y ya lo hay– un descenso de los ingresos; en particular, es preocupante esa disminución en aquellos que son cuentapropistas y no tienen la cobertura del resto de los trabajadores. En vistas de eso, hay que pensar en medidas de contingencia para dar cobertura a las familias de menores ingresos y a las empresas que no tienen espalda para aguantar una caída de las ventas de un 20 a un 40 por ciento, los comercios minoristas, los restoranes, los hoteles. Lo que hay que diseñar es un conjunto de medidas que atienda el subsidio al desempleo, tanto flexibilizando las condiciones que hoy existen de ingreso como permitiendo una especie de prestación para los cuentapropistas, que no tienen registro”.
RESPUESTAS Y PROPUESTAS. En una realidad contractiva de la economía, el gobierno ha retocado su libreto original de ajuste. Anoche anunció la creación de una línea de crédito blando del Brou para las empresas (el fondo será de 50 millones de dólares, con posibilidad de aumentarlo a 120 millones), el refuerzo del fondo de garantía de la Agencia Nacional de Desarrollo por hasta 2.500 millones de dólares, el permiso a las empresas del literal E (las que facturan menos de 1,3 millones de pesos anuales y pagan alrededor de 4 mil pesos por mes) para que puedan diferir el pago del Iva y hacerlo hasta en seis cuotas iguales y sin intereses. Por otro lado, se habilita a los monotributistas y empresarios con menos de diez empleados a postergar el pago de los aportes patronales al Bps y a que puedan hacerlo hasta en seis cuotas; el Estado se haría cargo del 40 por ciento, siempre que la liquidación mensual sea inferior a los 10 mil pesos. Además, el Mides reforzará la canasta alimentaria.
Asimismo, se extiende a todas las ramas de la producción, el comercio y los servicios la flexibilización del seguro de paro, lo que habilita la posibilidad de pagar esa prestación en casos de reducción horaria en aquellas empresas con problemas. Lo mismo se decidió con la reducción a 15 días del tiempo de permanencia en el seguro, cuando la normativa establecía que el período no podía ser menor a un mes.
Tanto el Pit-Cnt como la Fucvam, la Feuu y la Intersocial Feminista propusieron, a comienzos de la semana y como primer paso para resolver la situación de los uruguayos más vulnerables, la suspensión del aumento de las tarifas y la reducción de la exoneración del Iva cuando se paga con tarjetas de débito y crédito.
El miércoles, en conferencia de prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que el Ejecutivo –y anoche lo reiteró el presidente Luis Lacalle Pou– mantendrá el incremento de las tarifas públicas, la reducción del gasto del Estado y la medida de aumento del Iva. Pero ayer apareció un contradictor inesperado. El senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto e integrante de la coalición gobernante, en un video oficial de su sector, dijo que planteará en el seno del gobierno que se postergue el aumento de las tarifas. Además indicó que hará un pedido de informe al Mef sobre el aumento de los precios de los productos necesarios para contener la propagación del covid-19.
También el FA ha pedido la postergación en la suba de las tarifas, además de un gran acuerdo nacional para analizar las medidas que permitan paliar la situación generada por el coronavirus. Entre las iniciativas planteadas por el principal partido de oposición se encuentra también dejar de lado el plan de ajuste y buscar medidas que permitan la reactivación económica. Distintos analistas económicos prevén un escenario de recesión si no hay variación en las políticas públicas impulsadas desde el gobierno. Por su parte, el Pit-Cnt propone la creación de una renta básica para los que no tienen protección social: el 25 por ciento de la población activa, cerca de 400 mil personas. Ayer el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo a Montevideo Portal que esa renta se podría financiar con parte de las reservas (afectando 500 millones de dólares) o con endeudamiento externo.
También plantean la flexibilización del pago de las facturas de Ute, Ose, Antel, los tributos, las tarjetas, etcétera. Asimismo, plantean contemplar a las pequeñas y las medianas empresas con algún tipo de exoneración tributaria en la medida en que no despidan gente. En cuanto a la renta básica, Castellanos explicó que para el caso de los trabajadores informales debe alcanzar el 100 por ciento de sus ingresos. En el caso de los formales con ingresos muy bajos, el subsidio debe equiparar sus actuales remuneraciones. La central sindical también propone aumentar el monto de las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social.
Todas las medidas planteadas desde la oposición política y social requieren de financiamiento. Arbeleche, con menos ambición de resolver problemas de fondo, planteó que el gobierno está considerando redireccionar algunos préstamos pendientes de organismos plurilaterales para dirigirlos al combate contra el coronavirus. Estos pueden provenir del Bid, la Caf o el Banco Mundial. Este último organismo tiene, desde la crisis internacional de 2008, una línea de crédito contingente que los sucesivos gobiernos del Frente no utilizaron. Otra posibilidad es recurrir al Fmi, aunque los préstamos de esta entidad están condicionados a la aplicación de sus recetas económicas, como la Argentina de Macri lo demostró recientemente.
EL FIN DE LA AUSTERIDAD. Aun sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición, lo cierto es que la administración multicolor ya se enfrenta al incremento del gasto en seguridad social. Son miles los que pasan y pasarán al seguro de desempleo. El cierre de tiendas en los shoppings incrementará el número de empleados que requerirán de ese beneficio, por lo que el panorama es crítico para la seguridad social.
Varios países del mundo (los ejemplos más claros son Francia y España, pero también Alemania y Estados Unidos) han entendido que de la crisis generada por el coronavirus no se sale con austeridad, sino con la inyección de recursos a la economía. España resolvió un desembolso de 117.000 millones de euros por parte del Estado, además de la postergación o subsidio de las tarifas de gas, energía, telecomunicaciones y alquileres.
Las próximas horas y días mostrarán cuál será el camino firme elegido por la administración multicolor. Entretanto, los efectos de la pandemia actúan no sólo sobre la salud de los uruguayos, sino también sobre la economía y exigen la ruptura de las viejas recetas liberales.
