Algo huele mal en Fripur

El monto supuestamente bajo de una multa impuesta por el Ministerio de Ganadería colocó a Fripur en el centro de la atención pública. No es, sin embargo, la arista más filosa de una empresa polémica. A la luz de una profusa serie de denuncias y testimonios recabados por Brecha, las condiciones de trabajo en Fripur siguen siendo tan hostiles como siempre. A pesar del buen vínculo entre sus propietarios y el presidente Mujica, la sindicalización está prácticamente prohibida, se mantienen situaciones de acoso moral, y las condiciones de trabajo atentan contra la salud de los operarios.

Los trabajadores de Fripur están cansados y decepcionados. Trabajan en una de las mayores empresas exportadoras de Uruguay en condiciones laborales dignas de principios del siglo pasado. Y nadie parece tenerlos en cuenta. La estrategia del presidente José Mujica con Alberto Fernández, el dueño de la compañía pesquera fundada en 1977 –emblemática en cuanto a la represión sindical y el durísimo régimen laboral–, los intriga y desconcierta. Aunque se podría pensar que la consecuencia obvia de ese acercamiento entre el mandatario y el empresario debería ser la modernización de las relaciones laborales, todo indica que los dueños de Fripur se mantienen en sus trece, y no hay vínculo cordial que valga.

Varias denuncias sobre maltratos, enfermedades laborales y persecución sindical se han presentado ante las oficinas de la Inspección General del Trabajo y la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Es cierto que en 2007 Fripur recibió una dura intimación por parte de la primera, pero en la actualidad el régimen de trabajo parece tan represivo e inalterable como en los ochenta o los noventa. No hay ejemplo que valga para los hermanos Alberto y Máximo Fernández. No parecen ir por la senda, por ejemplo, de la Cámara de la Construcción, que no sólo reconoce como interlocutor válido al sindicato sino que acuerda convenios de mutuo interés en un sector cada vez más pujante. Tampoco les resulta inspiradora la actitud de la Asociación Rural del Uruguay, que firmó el año pasado un convenio considerado “de avanzada” con los trabajadores del sector.

En Fripur hay sólo siete trabajadores sindicalizados en un total de 2 mil. En 2006 –cuenta el dirigente y maquinista José Umpiérrez– llegaron a contarse 200 empleados afiliados al comité de base del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (suntma).

Pero bastó que la empresa comenzara a recibir las notas de descuento de la cuota sindical para que los empleados comenzaran a sentirse bajo la mira. La repercusión más inmediata se tradujo en el propio salario de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los operarios son jornaleros y dependen de ser convocados a trabajar para reunir un sueldo mensual decente. Cuando no ingresa materia prima a la planta la empresa reduce el personal y lo dedica a tareas de empaque, etiquetado o descongelamiento. Esos días son llamados de “radio”, porque los empleados deben escuchar en una emisora si son convocados o no a trabajar. “Los compañeros después de afiliarse comenzaron a no ser citados. Los capataces y los asistentes ya no los seleccionaban”, relata Umpiérrez. El dirigente trabaja en Fripur desde el 4 de junio de 1987 –recuerda la fecha con precisión de relojero– en la sala de máquinas, el sector especializado en el congelamiento de la materia prima: merluza (la principal), pero también raya y calamar. Está en el turno de seis de la mañana a dos de la tarde. La ventaja que tienen los 14 maquinistas es que son trabajadores mensuales y no están expuestos al régimen de “radio”, por eso son el núcleo del menguado sindicato. Pero además cuentan con otra base de formación como oficiales frigoristas. “Tenemos una experiencia laboral importante, porque somos profesionales. Somos maquinistas navales formados en la Escuela Técnica Marítima de la utu”, cuenta Ernesto Núñez, con década y media en la empresa.

Los maquinistas tienen un buen relacionamiento con el jefe de sector, pero cuando se afiliaron cambió el buen tono y no se salvaron del interrogatorio. “Nos preguntaron qué estábamos haciendo –cuenta el maquinista–. Nosotros les respondimos que teníamos el derecho a sindicalizarnos. Pero allí algunos compañeros sintieron la presión. Por más que les mostramos la fotocopia de la ley de libertades sindicales, en 2009 bajamos de 13 a siete afiliados.”

Los dirigentes consultados por Brecha aseguran que en la propia entrevista inicial de contratación ya se sugiere que no está bien reunirse o hablar demasiado con el otro. El terreno se hace todavía más complicado en el sector de producción, donde la mayoría del personal tiene un bajo nivel educativo o está marcado por contextos socioeconómicos muy difíciles. En las líneas de producción la gran parte de las operarias son mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, jefas de hogar y con un alto número de hijos. Con todo, algunas se animaron a cruzar la línea y se afiliaron al sindicato. Entonces, cuentan, comenzaron a sufrir presión psicológica por parte de las supervisoras. El acoso moral o mobbing está más que descrito en la literatura sobre salud ocupacional. “Le decís a otro operario ‘me alcanzás esa chapa’ y enseguida lo llaman para ver qué le dije o no le dije. No te dejan hablar con nadie. No se puede tener ningún tipo de comunicación con ningún compañero, ni siquiera para hablar de cualquier cosa. Te llaman y te llevan a la punta de la línea –relata la operaria y afiliada al sindicato Patricia Pintos–, te separan, te cambian de lugar, te aíslan, y por supuesto no te dejan entrar a los radios, no te permiten hacer horas extras o te someten a plantones en la oficina de personal”. Ella es moldeadora desde hace siete años. Su trabajo consiste en darle forma con sus manos a las presas de pescado una y otra vez durante ocho horas –o más si hace extras– por día.

“La velocidad de las cintas es tremenda. Es a mil por hora. Y por eso es que ocurren cortes”, cuenta. Aseguran que a veces se producen varios cortes sucesivos, y las encargadas no paran la producción. Aunque hay una enfermería y un médico, ellas dicen que no son revisadas de inmediato, que eso depende de la voluntad de las encargadas. Otra de las tareas que les corresponde es el “control de calidad” de los filetes. Pero la metodología aplicada es bastante peculiar: un sistema coercitivo de puntajes para lograr que no queden restos de espinas, piel u otra imperfección en las piezas. “No se puede tener más de tres puntos porque te vas a tu casa suspendida. Con tres te quedás y con cuatro depende del ánimo de la encargada. Nosotros estamos capacitadas para lo que hacemos, pero el tiempo no da. Quieren cantidad y calidad”, alega Pintos. Cada línea de producción tiene 60 operarios, pero la cantidad de producto supera el número de manos. Umpiérrez plantea que la velocidad de las cintas debería cumplir con determinados estándares internacionales, pero en Fripur se los sobrepasa. Este ritmo frenético no sería aplicado cuando hay visitantes ilustres o inspectores. “Ellos saben que tienen un problema con eso, porque cuando hay una visita es una belleza. Nos miramos y no lo podemos creer.” Además el trabajo se realiza todo el tiempo de pie (y muchas veces no hay asientos para que puedan descansar la zona lumbar).

En cuanto a condiciones de trabajo, los operarios entrevistados podrían publicar un libro. No existen en la empresa sistemas de rotación que prevengan contra toda una serie de enfermedades ocupacionales, sean generadas por el trabajo repetitivo o por el frío (véase recuadro). La planta está climatizada a diez grados, pero además las operarias trabajan de espalda a los túneles de entrada y salida de los productos que van a refrigeración (los cuales tienen temperaturas que pueden llegar a 30 grados bajo cero).

CÍRCULO PERVERSO. A lo largo del pasado período de gobierno los dirigentes sindicales de Fripur denunciaron con insistencia toda esta situación ante el Ministerio de Trabajo. Entre otras cosas, plantearon que la empresa no los dejaba integrar la comisión de seguridad. Este ámbito bipartito para acordar las mejoras vinculadas a la prevención de accidentes y la salud laboral es obligatorio de acuerdo al decreto 291/07. Fripur alega que ese grupo funciona hace un año y está integrado por trabajadores. Se ampara en la pura letra de la norma, que habla de “trabajadores” sin especificar el grado de representatividad que éstos deben tener. El pit-cnt entiende que hubo un error de redacción y que debería especificarse el mecanismo de legitimación de esta representación. La secuela es que el sindicato de la pesquera no conoce lo que se aborda en esta comisión, ni tiene la menor participación en la misma. Por ende, sus planteos no llegan a destino. Núñez asegura que el abogado del mtss, Nelson Díaz –que preside el subgrupo 3 de la pesca–, entiende que la representación le corresponde a los trabajadores afiliados. Este tema buscará ser ingresado en los consejos de salarios. De todos modos, los sindicalistas de Fripur sólo reclaman participar de la comisión y no que se desplace a los obreros que hoy la integran. El presidente del suntma, José Franco, considera que el ministerio ha sido “pasivo” con el caso de Fripur.

Pero además los delegados nunca han tenido la oportunidad de interactuar con el directorio de la empresa. El año pasado generó gran expectativa en el suntma una reunión convocada por la Dinatra, en la que iba a participar la plana mayor de la empresa. “Cuando llegamos estaba el director de Trabajo (Julio Baraibar) reunido con Adriana Fernández (la hija de Máximo Fernández) y otro representante de la empresa. Apenas ingresamos, fue como si hubieran visto al diablo: se pararon y se retiraron. Ni siquiera pudimos decirles buenos días”, relata Núñez. Los empresarios alegaron que en la convocatoria nunca se les aclaró que también iban a participar los trabajadores. El vínculo se ha reducido exclusivamente a los consejos de salarios, aunque los interlocutores empresariales siempre han sido abogados. “Es que el concepto que tiene la empresa del gremio es equivocado –opina el dirigente–. Estamos en un mundo que no es el radicalizado de los sesenta. No nos dan la posibilidad siquiera de explicar lo que nosotros pretendemos. Podemos llegar a acuerdos.” Brecha intentó recabar la versión de la empresa pero fue imposible. No se pudo llegar siquiera a mantener una conversación con las secretarias del directorio.

Pero las múltiples denuncias –y los duros testimonios aportados sobre todo por trabajadoras– llegaron también al Ministerio de Desarrollo Social. Preocupada, la propia directora del Instituto de la Mujer, Carmen Beramendi, mantuvo contactos informales con altos representantes del mtss. Le respondieron que “tenían la idea de que la situación en la planta habría cambiado”. Lo cierto es que lo único que parece haber mejorado levemente es la situación salarial, ya que Fripur estaría cumpliendo con los laudos. Beramendi –dirigente sindical de la pesca entre 1982 y 1990 y ex integrante de la cooperativa Promopez– contó a Brecha que los testimonios que había recibido eran muy duros. “Si bien ya no se hablaba tanto del insulto permanente, aparecía un acoso moral y un destrato continuo. Me contaban que las siguen hasta el baño. Eso es algo que puede enfermar psíquicamente. También está la sobreexigencia laboral, con riesgo de que aparezcan tendinitis o discapacidades de por vida”, comenta.

Aunque la Dinatra pareció tener un rol limitado, sí tuvo un papel más activo la Inspección General del Trabajo. María Narducci –titular de esta repartición en el quinquenio anterior y ahora subdirectora– explicó a Brecha que durante 2006 y 2007 hubo “un importante número” de actuaciones referentes a seguridad, salud y condiciones generales de trabajo. Explicó que un equipo de entre siete y diez inspectores estuvo realizando interrogatorios durante muchos días en la empresa, a partir de denuncias de malos tratos cometidos por parte de los mandos medios de la empresa. Las actuaciones derivaron incluso en una intimación para que se modificaran diversos aspectos de relacionamiento laboral y de recursos humanos. Cuando se acota que no hay régimen de mando medio que no sea instrumentado con el aval de los propietarios, Narducci asiente. Tras esas actuaciones sobrevino un breve tiempo de “calma”, pero en 2008 y 2009 volvieron a llegar a la repartición denuncias por acoso moral y persecución sindical.

Narducci explicó que se trata de situaciones que demandan una serie de elementos probatorios importantes, para lo cual el sindicato debe tener un rol preponderante. Cada caso –precisó– es una suerte de “minijuicio” en el que se deben aportar documentos, testigos y un involucramiento muy activo del denunciante hasta el final. La Inspección –denominada la “policía del trabajo”– sólo puede controlar lo que está previsto en la normativa y debe constatar la violación en el lugar de trabajo. La funcionaria remarcó que el Estado puede promover un entorno de relacionamiento “maduro” entre las partes, que luego pueden acordar mejoras. De todos modos, apuntó que hay una serie de denuncias por represión sindical que “están todavía en curso” en su oficina. Narducci admitió que en Fripur los trabajadores están experimentando dificultades para organizarse e instalar la herramienta de la negociación. “Sería importante que la empresa acepte al otro y reconozca el derecho de los trabajadores a exigir mejores condiciones de trabajo”, opinó.

Más allá de este rol inspectivo, los dirigentes del sindicato de Fripur parecen esperar una señal política, algo así como un gesto que les permita “aunque sea organizar una asamblea de 15 minutos”. Beramendi, por su lado, aunque enfatiza los sustantivos avances en materia de modernización de las relaciones laborales producidas en este período, considera que frente a “situaciones puntuales” en las que no están dadas las condiciones de negociación se requeriría una acción más proactiva y de “mayor presencia” in situ. Sobre todo en empresas con un historial “tan emblemático” en materia represiva. Claro que la cosa no es nada sencilla. Frente a las actuaciones inspectivas, los dueños de Fripur no han dudado en expresar a viva voz su malestar frente a las autoridades del mtss.

La mala salud

 

En 2007 la operaria María Luján Cardozo denunció ante Dinatra la escasa disposición de la fábrica a suministrarle muestras básicas para un examen de alergia. Frente a problemas en los ojos, su alergista le indicó un análisis del látex y le extendió una orden para que se le entregara un guante de la fábrica. La especialista llegó a comunicarse con el médico de la empresa, quien afirmó haber dado órdenes de que se le entregara el guante y una toma de materia prima. En la enfermería, la encargada C E se negó a suministrárselo y le dijo que si “quería materia prima, la comprara en la feria”. Durante un año –y a pesar de que la alergista llegó a enviar cartas a la empresa– no logró su objetivo. Cardozo aseguraba que en su poder tenía las fotocopias de los exámenes que certificaban su alergia y no podía reintegrarse al trabajo hasta completar ese análisis. En 2008 el suntma elevó denuncias en las que se narraban situaciones “denigrantes”, como que no se les permitía a las trabajadoras ir al baño y algunas habían llegado hasta a orinarse. ¿Y en 2010? Hay empleadas que habrían esperado hasta cuatro horas para ser autorizadas a ir a hacer sus necesidades. Patricia Pintos y Gisella González relataron a Brecha que sufren dolores de columna, tendinitis e infecciones urinarias, por el frío y el trabajo repetitivo. “Me dicen que tengo tendinitis porque no sé trabajar, pero hace siete años que soy moldeadora. Esto pasa por hacer todos los días lo mismo”, cuenta Pintos, con relación a las llamadas lesiones de movimientos repetitivos (rmi). La operaria también cuenta que hace un par de años contrajo neumonía con derrame pleural, y no duda de que su trabajo incidió en el cuadro. “Por tendinitis he tenido varias infiltraciones. El médico me dice que tengo que cambiar de trabajo, pero no he podido. Yo creo que la empresa si quiere producir más, debería cuidar a los empleados”, opina. Recientemente el mtss firmó un decreto de jubilación bonificada. El presidente José Mujica dijo en el Consejo de Ministros que Fripur iba a tener que aportar 2 millones de dólares para financiar este beneficio, y que eso era una prueba de que no beneficiaba a la empresa pesquera. El punto es que el decreto solamente involucra a los trabajadores embarcados (Fripur tiene 23 buques pesqueros), pero no a los empleados de producción, que son unos 900. En el suntma aseguran que no todas las empresas pesqueras tienen este tipo de relacionamiento con los empleados. Señalan que Arteva (empresa que exporta surimis y otros procesados) firmó uno de los mejores convenios que existen en el sector. Claro que se trata de una firma de mucho menor porte. En los relatos de Fripur siempre aparece el protagonismo de los encargados o capataces. Según los dirigentes, en la fábrica se dan verdaderos “cursos de maltrato” a los mandos medios.

Mujica y los empresarios

Señales ruidosas

Los dirigentes emepepistas más cercanos a Mujica no se cansan de remarcar su inmunidad a cualquier tipo de presión empresarial. Cuando aún no había asumido, su esposa, Lucía Topolansky, divulgó una frase que el presidente ya les dijo hasta el cansancio a los empresarios: que no lo compran “ni con una montaña de oro” (Brecha, 30-XII-09) . Otro miembro del gobierno, muy cercano al mandatario, no admite siquiera la posibilidad de que alguien pueda pensar en un intercambio de favores entre el gobierno y los Fernández. Y luego recuerda una especie de código indestructible entre los viejos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros: los “vib”, los “valores ideológicos básicos”, intolerantes con cualquier acto de corrupción.

Esta convicción también existe entre miembros del Partido Comunista, un sector que se ha movido hasta el momento como uno de los principales aliados del mpp, pero que no comparte toda una serie de medidas y señales preocupantes del presidente. Así, consideran excesiva la influencia de Alberto Fernández en el entorno presidencial. Fripur llegó a tener en los setenta mandos medios militares, y se conocen relatos de ex presos políticos que vieron cómo los centros de detención eran abastecidos con sus productos. Primero el empresario puso a disposición su avión particular para el traslado de Mujica y Danilo Astori a Brasil en agosto de 2009. En ese momento fuentes gubernamentales habían admitido la gran conformidad de los Fernández con la gestión del fa (véase Brecha, 7-VIII-09). Pero quizás los reparos aumentaron cuando se conoció que el dueño de la planta pesquera financió el bordado de la banda presidencial. Otro movimiento controversial fue su decisión de que los festejos del día de la asunción fueran solventados por un grupo de empresas, entre las que estaban Tenfield, Buquebus y, por supuesto, Fripur. “La particularidad es que algunas de esas empresas se caracterizan por ser muy duras en sus relaciones laborales”, planteó un legislador frenteamplista. Podría agregarse que varias de ellas también se han caracterizado por prácticas monopólicas. Hubo también un grado de perplejidad considerable cuando Canal 10 difundió imágenes de los festejos íntimos en el Quincho de Varela tras la asunción, porque allí se divisaron los rostros de muchos de estos empresarios. Al evento estuvo invitado justamente el dueño de esa emisora: Jorge De Feo. Y en este sentido, algunos dirigentes del fa advierten cierto orgullo del presidente por mantener vínculos amistosos con empresarios importantes, algo que más allá de la claridad de sus objetivos puede llegar a ser peligroso en otros contextos. No se cuestiona el hecho de que Mujica tenga un relacionamiento aceitado con el mundo empresarial, pero sí los ámbitos elegidos para esta interacción (y el ruido que puede significar para funcionarios encargados de fiscalizar a varias de estas empresas).

El caso Dinara

El vínculo de José Mujica con Fripur y el desempeño de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) en relación con una serie de infracciones cometidas por la planta en 2007 son ahora objeto de una investigación judicial. El proceso se reabrió tras una denuncia del abogado Gustavo Salle, quien considera que existen méritos para indagar la responsabilidad del mandatario en función de la exigua multa que se le terminó aplicando a la firma, luego de que la Unión Europea cerrara el ingreso de pescado uruguayo. Una misión del bloque había detectado irregularidades sanitarias en el proceso productivo de varias plantas uruguayas. A raíz de estos hechos, la secretaría de Estado resolvió una investigación administrativa para determinar si hubo incumplimientos en la normativa e imponer eventuales sanciones. De acuerdo al testimonio de Fabiana Terrenoire, una ex funcionaria del mgap, recogido por Búsqueda y El País, si bien los servicios técnicos de la Dinara recomendaron la sanción máxima a Fripur (unas 5 mil unidades reajustables, ur) finalmente a Fripur se la terminó sancionando con la multa mínima (100 ur, o sea 46 mil pesos). Terrenoire, quien públicamente se había presentado como ex asesora de Mujica en temas pesqueros, aunque eso fue desmentido por el jefe de gobierno, declaró el martes 8 ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe. En su testimonio, centralizó la responsabilidad en los mandos medios de la Dinara, en particular en el ex director Daniel Montiel y el actual jerarca Daniel Gilllardoni (ex asesor del primero). Según supo Brecha, Terrenoire presentó documentos que serán estudiados, entre ellos uno elaborado por la Unión Europea. La investigación buscará ahora determinar los posibles perjuicios para el país resultantes de la actuación de Fripur, y también el trayecto del expediente judicial en la Dinara. Uno de los hechos más relevantes de la declaración fue que apuntó a los mandos medios como los responsables de sacar del camino a una abogada que habría cuestionado la forma en que se estaba sustanciando el expediente. Otro de los elementos de la indagatoria será determinar de quién fue la decisión final respecto a la multa. Por lo pronto, el ex ministro Ernesto Agazzi aseguró a Brecha que él no firmó la resolución final, sino que esa decisión fue “reciente”. Insistió en que no mantuvo ningún contacto con el expediente administrativo, más allá de la apertura original.

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