A mediados de mayo, Nueva Caledonia volvió a incendiarse. Un mes antes, el Senado francés había decidido respaldar enmiendas constitucionales presentadas por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, para modificar el cuerpo electoral de este archipiélago ubicado a 16 mil quilómetros de París, en Oceanía, colonia francesa desde 1853. El 13 de mayo la Cámara de Diputados votó en el mismo sentido. No era cualquiera la reforma propuesta por uno de los ministros más detestados por los movimientos sociales de la metrópolis y refrendada por el Parlamento: liquidaba uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos firmados en 1998 en Numea, la capital neocaledonia, entre París y movimientos independentistas. Francia se había comprometido entonces, además de a transferir competencias al gobiern...
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